Cuando el Constitucional fue a por el resto… Ya era demasiado tarde. La judicialización de la política en Cataluña y varios países de Latinoamérica eran una advertencia de lo que sucedió ayer, cuando se produjo un choque sin precedentes entre jueces y parlamento en España. El Tribunal Constitucional impidió al Senado votar la reforma de su renovación. Porque este órgano está caducado. No se ha renovado. Cuatro personas tienen el mandato caducado. Llegaron allí porque Rajoy ganó las elecciones, y se tendrían que haber ido porque las perdió, como se ha hecho durante 44 años. Pero la derecha está haciendo lo imposible para mantener, artificialmente, el poder en los jueces que perdió en las urnas.

En medio de todo este terremoto, Juan L. Uralde nos habla de la Ley de Bienestar Animal, que está previsto que se decida hoy, con la polémica enmienda del PSOE sobre los perros de caza. Se trata de una ley que «tiene como objetivo acabar con el maltrato y abandono animal». Uralde insistió: «Todos los perros tienen que estar protegidos por esta ley».

Además, en Estados Unidos, la comisión del asalto al Capitolio pide imputar a Donald Trump por cuatro cargos penales. Y, en Reino Unido, la Justicia considera legal el plan del Gobierno de deportación de migrantes a Ruanda.

En la sobremesa, el vídeo de un falso Morgan Freeman reconstruido con Inteligencia Artificial pone en alerta la protección de nuestras identidades. Porque con la IA pueden suplantar tu identidad hasta el punto que aparezca un vídeo tuyo afirmando cosas que nunca dijiste.

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Condena de 15 meses cárcel por cortar 28 minutos un carril de una carretera para protestar contra la inacción climática. Esto es a lo que se enfrenta una activista en Sidney tras la promulgación de una nueva y polémica ley para responder a protestas ecologistas. Pero no es el único ejemplo de endurecimiento de leyes y aumento de represión contra las acciones climáticas. En Alemania, los miembros del grupo Última Generación que protagonizaron acciones contra obras de arte son investigados como «miembros de una organización terrorista».

Violet Coco es una empresaria de organización de ventas de Sidney que, tras ver la crisis de los incendios forestales que asoló a Australia en 2019, decidió participar en protesta climáticas. Algo que la ha llevado a enfrentarse a una pena máxima de 15 meses de prisión. Ya ha pasado 11 días en la prisión Silverwater de Sídney después de declararse culpable de una serie de delitos cometidos tras una protesta en el puente de la Bahía de Sídney en abril, en la que estacionó una camioneta y se quedó de pie sosteniendo una bengala encendida. Otras tres personas fueron detenidas al mismo tiempo.

Pero su condena –un mínimo de ocho meses de prisión– ha provocado indignación porque se ha convertido en la primera persona encarcelada en virtud de la nueva y polémica ley de Nueva Gales del Sur, promulgada en respuesta a una serie de protestas ecologistas de gran repercusión. También causó indignación el hecho de que se le negara la libertad bajo fianza mientras apelaba la sentencia, veredicto que el tribunal de distrito anuló esta semana. La apelación de su sentencia será juzgada en marzo.

La nueva legislación ha aumentado las penas impuestas a los manifestantes que bloquearan las calles y puentes principales de Nueva Gales del Sur hasta un máximo de dos años de cárcel o 22 mil dólares de multa. Pero no es el único lugar en el que se han endurecido o retorcido las normas para enfrentarse a protestas por la inacción contra el cambio climático. En Alemania, los jóvenes activistas del grupo ecologista Última Generación, que lanzaron líquidos contra obras de arte en museo o bloquearon aeropuertos y carreteras pegando sus manos al asfalto han sido declarados «miembros de una organización criminal».

Es al menos la acusación que la Fiscalía de Neuruppin ha utilizado para pedir la orden de registro de los domicilios de varios miembros destacados de la organización climática. A través de Twitter, Última Generación reveló que las viviendas de once de sus miembros en todo el país habían sido registradas y que les confiscaron aparatos electrónicos como ordenadores portátiles o unidades externas de memoria, carteles y material escrito.

Las autoridades aseguran que investigan una acción en la refinería de Schwedt, al noreste de Alemania, que invadieron los activistas y donde cerraron varios conductos. Pero los activistas ecologistas señalan que consideran estas acciones como un «intento de intimidación» y que el hecho de que les hayan abierto una investigaciones como organización criminal «abren a las autoridades todas las puertas para vigilarnos y es precisamente esta posibilidad su objetivo último».

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El gobierno de Países Bajos va a poner coto a los precios de la vivienda, imponiendo límites a los alquileres de más de 300.000 viviendas. Se prevé que la medida entre en vigor a partir de 2024.

Amsterdam

El objetivo de esta limitación de alquileres es proporcionar viviendas asequibles ante la escasez de vivienda que arrastra el país, explicó Público.es. Además, un estudio de la OCDE sitúa a Países Bajos como el país europeo con mayor número de viviendas de alquiler social. Con esta medida, el Gobierno neerlandés espera que para 2024 más del 90% de las propiedades de alquiler social en los Países Bajos se alquilen por menos de 1.000 euros.

Según los cálculos del Gobierno neerlandés, el precio del alquiler de las viviendas señaladas se reducirá una media de 190 euros al mes.

Desde el ministerio de Vivienda explicaron que los precios se indexarán anualmente a la inflación. Y, de esta manera, las propiedades tendrán un alquiler mensual máximo de 1.100 euros aproximadamente. Además, advierten: los propietarios que no cumplan con las rentas máximas podrían ser multados.

Este lunes, día del activismo en La Cafetera, entrevistamos a Susana Hornillo que participa en un «grupo de voluntarios que ha ayudado a unas 10.000 personas en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Sin cobrar un duro, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde y sin preguntarle a nadie a qué partido votó en las últimas elecciones». Y todo, desde la sede de Podemos en Sevilla.

Además, sigue la crisis peruana: Dina Boluarte no renuncia y ya son más de 25 los muertos por la represión de protestas. El Qatargate continúa y se mira cada vez más a Marruecos. En Túnez, elecciones con un 91% de abstención… Y, la investigación que analiza las políticas fronterizas letales de EE.UU.

En la agenda cafetera, precisamente en el día de las personas migrantes, una nueva persona fallecía en el Mediterráneo: una niña de dos años frente a las costas de Lampedusa… Además, hablamos del caso de una activista climática de Sidney, que se enfrenta a 15 meses de cárcel por cortar 28 minutos una carretera. Y, la buena noticia del día: un nuevo fármaco español frenaría el avance del cáncer de páncreas.

 

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Un estudio impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología indica que más del 60% de los encuestados busca información de manera habitual sobre temas de ciencia y salud. Internet es el medio más utilizado para informarse sobre estos temas, y las redes sociales son el canal con más probabilidad de propagar información falsa. En este sentido, una de cada cuatro personas ha reconocido recibir información falsa sobre temas científicos durante la última semana.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha presentado los resultados de la encuesta de desinformación científica en España. El estudio analiza aspectos tales como los hábitos de consumo de información científica, la confianza en los diferentes medios, la actitud hacia las noticias falsas y los factores relacionados con la capacidad de identificar y propagar los bulos científicos.

En total se han realizado 2.100 entrevistas telefónicas a una muestra de personas mayores de 15 años residentes en España. Este estudio ha sido elaborado por Celia Díaz Catalán, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Pablo Cabrera Álvarez, investigador en el Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex (Reino Unido).

El informe ha sido desarrollado en el marco del proyecto IBERIFIER, el observatorio de medios digitales de España y Portugal, en el que FECYT, como organización de interfaz entre la ciencia y la sociedad, se ha involucrado para conocer los factores que subyacen a la desinformación científica en España.

Interés por temas de medicina y la salud

La mayoría de las personas que buscan información muestran un amplio interés en temas científicos. Así, un 68% de los encuestados y encuestadas han manifestado su interés en temas de medicina y salud y alimentación y bienestar físico, y un 60, 7% en ciencia y tecnología.

Para informarse sobre temas de salud, tres de cada cuatro personas encuestadas prefieren acudir al personal sanitario como principal fuente de información. Sin embargo, internet o las redes sociales son el medio preferido para informarse sobre temas de ciencia y tecnología (82,1 %), de medio ambiente y ecología (76,6 %) y de Alimentación y bienestar físico (72,9 %). Estos datos coinciden con los resultados preliminares de la XI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, 2022 que se harán públicos en 2023.

Las redes sociales son el medio basado en internet más recurrido para realizar consultas sobre todos los temas expuestos en la encuesta, a pesar de que cerca del 62 % de las personas encuestadas señalan este medio como el principal canal por el que han recibido información dudosa durante la última semana.

Según señala a SINC Díaz Catalán, “puede resultar contradictorio que para informarse se acuda a los medios que más suspicacia provocan. Sin embargo, esto podría tener que ver con la facilidad de uso que caracteriza a las aplicaciones de redes sociales y el cómo las hemos integrado en la cotidianeidad, de tal manera que resulta más intuitivo buscar en estas algo que nos interesa, que en otros medios especializados, en los que no se entra de manera tan habitual”.

Por otro lado, si se analiza el conjunto, una de cada cuatro personas ha reconocido recibir información falsa sobre temas científicos durante la última semana. La percepción de no haber recibido información veraz aumenta en temas como la pandemia de la covid-19, las vacunas, cambio climático, bienestar y nutrición.

Esta experta señala que “la desinformación es un problema global agravado tras la pandemia de la covid-19 en temas relacionados con la salud y la ciencia. Se trata de un dato preocupante, como así se refleja en las diferentes respuestas que se están dando a la desinformación desde distintas instituciones”, destaca.

Radio, TV y prensa en papel, los medios con más credibilidad

En oposición a las redes sociales, la radio, la televisión y la prensa escrita en papel se erigen como los medios de comunicación que más credibilidad suscitan en la población española.

Durante los últimos años, con el objetivo de hacer frente a la desinformación, han surgido diferentes medios de verificación o fact checking que tratan de arrojar evidencias ante informaciones que han sido divulgadas por distintos medios. Cerca del 25 % de las personas encuestadas ha consultado alguna vez algún medio de verificación, aunque el porcentaje decrece cuanto menor es su nivel de estudios.

Entre todas las personas encuestadas, tan solo el 10 % no se siente nada segura de que la información que recibe sea veraz. Entre las personas con estudios primarios, el porcentaje prácticamente se duplica.

Efectos de la desinformación

La mayoría de la ciudadanía española cree que la desinformación y la divulgación de bulos produce efectos negativos en la población. Siete de cada diez personas (71,5 %) está totalmente de acuerdo con que “la desinformación y los bulos tienen la capacidad de manipular las creencias de las personas”; seis de cada diez se muestran completamente de acuerdo con la afirmación “la circulación de desinformación o bulos puede tener efectos perjudiciales para la salud de la población” y con “la desinformación y los bulos provocan que los ciudadanos desconfíen de las instituciones”.

La mitad está totalmente de acuerdo con que “la circulación de bulos entre la población acerca del covid-19 ha tenido un efecto perjudicial en la credibilidad del personal experto y científico”.

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Seis meses después de que Argelia rompiera el Tratado de Amistad y cooperación con España y anunciara la congelación de los intercambios comerciales, a excepción del gas, la crisis se mantiene y su impacto se deja sentir cada vez más en numerosas empresas españolas. Es lo que destacan Le Monde, Daily Sabah y varios medios argelinos que han puesto de relieve que no se vislumbra ninguna apertura en el conflicto que mantiene Argel con Madrid y que esto está generando «inquietud2 y «ansiedad» en sectores empresariales afectados. Se recogen también los datos oficiales que indican que la caída de exportaciones hizo que España haya dejado de ganar 500 millones de euros en cuatro meses.

Le Monde apunta que la disputa entre Argel y Madrid aún dura e inquieta ya a sectores económicos. El diario francés apunta que seis meses después de que Argelia rompiera su tratado de amista con España por la nueva posición sobre el Sahara Occidental, los intercambios económicos bilaterales siguen paralizados, «para desgracia de las empresas afectadas de lleno». Detalla como hay ventas bloqueadas, inversiones congeladas y proyectos en punto muerto de eses España y cita al responsable de una empresa de fabricación de maquinaria para trabajos públicos que realizaba casi toda su actividad en Argelia y que lleva dos meses sin facturar ni un solo euro. Pero enfatiza que es solo un ejemplo, porque hay docenas de empresas españoles funcionando «al ralentí» al no poder vender sus productos en el país norteafricano.

 

El artículo apunta que hay también algunas empresas argelinas que están siendo víctimas de este bloqueo al depender de materias primas o piezas españolas. Pero apunta que el impacto para la economía española ya se ha empezado a cuantificar y subraya por ejemplo que la congelación de las operaciones bancarias entre ambos países ha supuesto que España dejara de ganar uno 487 millones de euros en cuatro meses.

Daily Sabah apunta que el estancamiento del comercio hispano-argelino desata ansiedad empresarial. El diario turco pone de relieve que desde junio la relación comercial entre España y Argelia está paralizada, con ventas bloqueadas e inversiones congeladas y esto está provocando la desesperación de las empresas más afectadas. Recuerda la disputa entre Madrid y Argel se inició tras el giro de posición del gobierno español revirtiendo su posición de neutralidad, mantenida durante décadas, con respecto al Sahara Occidental. Y resalta que la crisis diplomática desatada ha hecho que docenas de pymes españolas que tenían fuertes lazos comerciales con Argelia estén sufriendo especialmente, aunque señala que las cifras del Ministerio de Comerico revelan que en entre junio y septiembre de este año, las exportaciones de España al país norteafricano registraron una caída de 500 millones de euros.

La prensa argelina, por su parte, enfatiza el impacto económico del crisis. El digital Algerie 360 habla de «perdidas colosales» para las empresas, TSA asegura que en la crisis comercial entre Madrid y Argel «no se ve la menor apertura» y la publicación ObserveAlgerie subraya que en la disputa diplomática «las empresas españolas tienen pérdidas gordas», mencionando la estimación del Ministerio de Comercio que habla de que España ha dejado de ganar 500 millones de euros en cuatro meses por el bloqueo comercial.

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

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El Congreso de los Diputados ha vivido dos importantes votaciones en las últimas horas. Por un lado ha sido aprobada la reforma legal que elimina el delito de sedición, modifica el de malversación y rebaja de las mayorías en el CGPJ para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero además, ha recibido el visto bueno definitivo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que entre otras cosas, incorpora por primera vez en Europa una baja laboral por menstruaciones muy dolorosas. Paradójicamente, mientras en la prensa nacional, todos los titulares y la atención se centran en la primera norma, especialmente por el desafío que han planteado el PP y el propio TC, este asunto no ha suscitado excesivo impacto en los medios de todo el globo, que en cambio están poniendo de relieve el hecho de que España sea pionera en cuanto a un permiso menstrual para las mujeres.

Euronews resalta que España aprueba una nueva ley que introduce una baja menstrual pagada para reglas muy dolorosas. La TV europea recoge que los diputados españoles han dado luz verde con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones a la nueva norma que crea un permiso menstrual para mujeres que sufren periodos muy dolorosos y que refuerza el acceso al aborto en los hospitales públicos. Y se hace eco de la reacción de la ministra de Igualdad Irene Montero que ha asegurado que «esta legislatura es una legislatura de conquistas feministas».

Frankfurer Allgemeine Zeitung resalta que España es el primer país europeo en aprobar un baja menstrual. El diario alemán señala que la imagen de mujeres yendo a trabajar con fuertes dolores abdominales «pronto serán historia» en España tras apoyar el Congreso de los Diputados una ley que contempla una baja menstrual para mujeres con dolores severos. Añade que la nueva norma tambuén fortalece el acceso al aborto en los hospitales públicos, «un derecho que aún enfrenta obstáculos en un país parcialmente católico estricto».

Der Spiegel apunta que el Parlamento español despeja el camino para que las mujeres puedan tener días por enfermedad por dolores menstruales. El semanario alemán explica que los diputados españoles han votado a favor de un proyecto de ley que incluye una «baja laboral menstrual» para mujeres con dolores severos. Resalta que el gobierno español «de tendencia izquierdista» ha logrado «romper un tabú» y ha celebrado la norma como un «logro feminista». Añade que no hay ningún otro país de Europa con una legislación similar que solo existe en Japón, Indonesia o Zambia. Aunque advierte de que también hay algunas voces que muestran preocupación por la ley.

RTBF subraya que España es el primer país de Europa que crea un permiso menstrual con una ley que «acaba con la estigmatización». La TV belga pone de relieve que en una primicia europea, el Congreso de los Diputados ha votado la aprobación de una baja laboral a la que podrán acogerse las mujeres que tengan reglas muy dolorosas. Detalla que el permiso deberá ser concedido por un médico, pero a diferencia de otras bajas por salud, la indemnización se cobrará desde el primer día. Recoge las críticas de la derecha a la norma que aseguran que marginará y estigmatizará a las mujeres, pero menciona las reacciones de mujeres y abogadas que destacan lo contrario que es una ley específica que permitirá acabar con la estigmatización».

La aprobación de la ley que incluye la baja menstrual también es noticia en otros medios globales como TF1, Reuters, Huffington Post, 20 Minutes, Today o BFMTV, entre otros.

Por su parte la reforma legal para renovar el Constitucional y modificar la sedición y la malversación no ha suscitado demasiada atención en la prensa internacional y apenas es recogida por un par de medios.

The Politico «Sánchez provoca el enfado de los unionistas con la reforma del Código Penal». La versión europea del digital estadounidense pone el foco sobre la derivada catalana del texto aprobado en el Congreso para modificar el Código Penal. Explica que «podría beneficiar a los líderes independentistas» porque suprime el delito de sedición y suaviza las sanciones por la malversación. Pero enfatiza que esta reforma ha provocado «feroces críticas» de la oposición de derechas de complacer a los independentistas porque necesita el apoyo de ERC.

Anadolu recoge que los diputados españoles votan eliminar la sedición y cambiar la ley de malversación. La agencia turca recoge que tras una «tensa sesión», la mayoría del parlamento español votó a favor de una reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y reduce las penas por corrupción. Subraya además que esta reforma ha provocado una gran rechazo de la oposición que acusa al gobierno de «asalto a la democracia» y de liderar un «golpe de estado».

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Los titulares hablan de un gran enfrentamiento entre el gobierno y los jueces, cuando lo que hay es un gran enfrentamiento de la derecha contra el gobierno y la legitimidad de las urnas. «Vamos a expulsarles de todas las instituciones del Estado», dijo la dirigente popular Isabel Díaz Ayuso. Se dice que el Gobierno ha intentado un atajo para cambiar a los jueces. Sin embargo, no es verdad. Ha intentado equilibrar el sistema de jueces para que en el futuro nadie pueda volverlo a bloquear. Los jueces, manejados por el PP, han intentado incluso paralizar esa tramitación de ley. Toda una anomalía democrática. El Congreso fue el que diseñó el anterior sistema de elección de jueces. Y, como entonces, tiene derecho a cambiar ahora el sistema porque el PP lo mantiene bloqueado. De hecho, Rajoy modificó unilateralmente el delito de malversación pensando en el caso de Artur Mas. Y entonces no hubo este escándalo. Pero, por suerte, esto es muy fácil: si no te gusta, en las próximas elecciones votas a otro.

congreso 15-12-2022

Además, en España se aprobó la nueva ley del aborto que garantiza, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos. Ya que hasta ahora no era posible en cinco comunidades autónomas porque muchos médicos se declaraban objetores de conciencia y rechazaban practicarlo, obligando a las mujeres a viajar largas distancias para interrumpir sus embarazos, como informó el New York Times.

En Perú se registró el número más alto de fallecidos en el primer día de estado de emergencia. Tras siete días de protestas hay al menos 18 muertos y más de 400 heridos. La UE dio luz verde al impuesto a multinacionales. Y la prensa internacional se hizo eco del informe de Amnistía Internacional sobre la masacre de Melilla. BBC, The Guardian, Washington Post y The Independent ponen el foco el informe que denuncia «crímenes de derecho internacional».

Además, La Cafetera conversó sobre la obra de teatro ‘Aprendiz de muerte’, «un canto a la vida» que reflexiona sobre la salud mental del que nos habla su director Juan Carlos Barón. En videojuegos, las novedades de los ‘Game Awards’. En ‘Plata o Plomo’, la serie documental ‘Pepsi, ¿dónde está mi avión?’. Y… ¡Nueva entrega de Spoiler sobre el capítulo 7 de ‘Peripheral’

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La investigación de bienes de procedencia ilegítima durante el franquismo que está llevando a cabo la Biblioteca Nacional de España ha encontrado ya en sus fondos más de 6.000 bienes expoliados. Emilio Silva, presidente de la ARMH, valora en el programa La Cafetera de Radiocable.com este hecho y destaca que es solo el inicio de la investigación sobre las consecuencias del saqueo que se llevó a cabo a miles de familias o intelectuales republicanos». En este sentido denuncia que la presencia de obras de arte y bienes robados por la dictadura en sitios como el Museo del Prado o la Biblioteca evidencia como el «Estado democrático ha encubierto esto durante más de 45 años y ha mirado para otro lado». Y considera que esto ha contribuido que no se haya construido una cultura democrática fuerte y arraigada en España.


Emilio Silva explica que la noticia de los 6.000 bienes robados por el franquismo que tiene la Biblioteca Nacional de España la ha divulgado el periodista Peio H. Riaño de Eldiario.es que está haciendo un trabajo «rascando» en todos los sitios donde pudo haber este tipo de incautaciones. Y enfatiza: «Hay libros, obra gráfica de artistas, fotografías que tenían propietarios legítimos… pero esto es solo el principio, porque lo que anuncia la Biblioteca Nacional es que esto es el inicio de la investigación sobre las consecuencias del saqueo que se llevó a cabo a miles de personas».

Entre los bienes incautados por el franquismo hubo bibliotecas como la de Pedro Salinas que tenía 600 ejemplares con dedicatoria manuscrita de muchos de los grandes autores del mundo de la literatura nacional o internacional. El presidente de la ARMH asegura: «Esto nos da la medida de que no tenemos que mirar solo a la operación de saqueos, sino al hecho de que el Estado democrático haya encubierto esto durante más de 45 años y haya mirado para otro lado. Y en el momento en que ha habido un proceso social en España que ha mirado a ese pasado y ha denunciado cosas, la mirada también va a lugares como la Biblioteca Nacional».

Apunta que en el primer trimestre de 2023 está previsto que se haga público el informe definitivo sobre lo que hay en la BNE y «veremos entonces hasta qué punto, arrasaron con las estanterías de casas de muchas familias republicanas, de intelectuales, etc.» Pero Silva advierte: «muchas veces esos bienes no se quedaban en la Biblioteca, a veces tenían otros destinos. Y ya hemos visto como gestionaba el patrimonio la familia del dictador y otras grandes familias del régimen que tomaban prestado, dicho esto con millones de comillas, cosas de donde les daba la gana, ya fuera de la estantería de una biblioteca o de la catedral de Santiago de Compostela».

Recuerda asimismo el presidente de la ARMH que en el Museo del Prado, el propio Peio Riaño reveló que había 62 cuadros incautados por el franquismo y un inventario previo de la pinacoteca puso de manifiesto que había una gran cantidad de obras cuyo paradero es desconocido: «Todo esto ha sido parte de una cultura donde ha sido muy difícil separar lo público de lo privado», denuncia. Y añade: «Hay muchos ejemplos de cosas privadas que están saqueadas en lo público, pero también hay cosas públicas saqueadas en lo privado. Y todo ese maremagnum cultural ha impedido construir una cultura democrática fuerte profunda y arraigada en la cabeza de los españoles. Y eso es porque en este país no se ha cultivado eso desde ningún gobierno.»


[Audio a partir de 1:04:00]

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