La coportavoz de Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto subrayó en La Cafetera de Radiocable.com la necesidad de un frente amplio. Jacinto considera que «es más necesario que nunca tejer un frente amplio que no pase solo por la participación de los partidos políticos, sino que sea capaz de ensanchar y de incluir a todos los actores políticos y gentes progresistas de este país que quieren hacer ese proyecto de país del que tanto habla Yolanda (Díaz)». Y, añadió: «En particular en Madrid, tenemos una oportunidad histórica con la convocatoria electoral de 2023 para abrir camino a ese frente amplio que luego se pueda irradiar al resto del Estado». Porque, insistió: «Si compartimos objetivos, no tiene sentido no unificar fuerzas para desalojar nada más y nada menos que a la señora Ayuso de las instituciones».

alejandra jacinto podemos

Desde Chile, con motivo de la toma de posesión Gabriel Boric, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz concedió una entrevista a CNN Chile donde se confesó «muy próxima a la mirada amplia (del gobierno de Boric) de concitar voces diferentes que caminan juntas, pero que pueden pensar diferente». Y anunció: «Voy a hacer un proceso de escucha de seis meses y cuando concluya tomaré una legítima decisión».

Alejandra Jacinto valoró el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, señalando que «el matrimonio PP-VOX se consolida bajo la dirección de Feijóo, que demuestra que estamos ante el viejo PP de siempre, que considera que la corrupción es honorable y que es capaz de entregar el Gobierno a la extrema derecha en Castilla y León»(entrevista a partir del minuto 32:40).

Además, la abogada y activista de los Derechos de la vivienda Alejandra Jacinto subrayó que «es una obligación constitucional que la ley de vivienda salga adelante». Y resaltó: «Entramos en una fase clave para mejorarla, para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional y para que se regulen los precios y podamos pinchar la burbuja de alquiler».

Este jueves el Tribunal Constitucional suspendió la ley catalana de control de los precios de alquiler, una decisión que, según Alejandra Jacinto, «es una autentica lástima porque era una ley que funcionaba de forma eficaz». «En los 61 municipios donde se estaba aplicando se estaban firmando más contratos de alquiler y se había reducido los precios del alquiler»- dijo. Además, subrayó que la decisión del TC «contradice bastante el argumento que hace pocas semanas daba el Consejo General del Poder Judicial, que decía que la regulación de precios no la puede hacer el Estado, sino que deben ser las comunidades autónomas». E insistió en que «el debate competencial no puede seguir siendo una excusa para no hacer nada».

Repercusión:

- Europa Press

- Infolibre

- El Español

Además, La Cafetera, como cada viernes, ha repasado las informaciones de España destacadas en la prensa internacional, que esta semana ha enfatizado sobre la posición de España como alternativa al gas ruso. Con Ana Pastor el programa ha analizado las series ‘Los testigos de Putin’ y ‘Donbass’. Y, en videojuegos, Andrés Belaza ha contado el caso de la pandemia virtual que ocurrió en un juego años antes de la real y cómo el comportamiento de usuarios ha sido estudiado por epidemiólogos.

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En la negociación para un pacto de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León uno de los puntos que con más insistencia se pidió desde la formación de extrema derecha fue la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Emilio Silva, presidente de la ARMH, lo analiza en el programa La Cafetera de Radiocable.com y señala que aunque Vox quiera poder presentar esta «cabellera» a sus votantes, la realidad es que la Ley de Memoria Histórica es CyL era ya prácticamente «irrelevante» y las subvenciones que concedía la Junta «una miseria» para una CCAA en la que hay más de 800 fosas comunes. Pero denuncia que es triste que este tema haya sido objeto de negociación entre dos partidos para un gobierno autonómico y señala la responsabilidad del Estado: «Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones».

emilio silva la cafetera 13-2-2020

Emilio Silva explica que Vox pedía la «cabeza» de la Ley de Memoria Histórica en su negociación con el PP en Castilla y León desde el inicio, pero revela que hasta ahora era «prácticamente irrelevante» en esta comunidad.  «Nosotros como asociación, aunque surgimos en CyL y es donde más exhumaciones hemos hecho, en ninguna hemos tenido ayuda de la Junta. Nosotros no notaríamos la derogación de esa ley. Lo triste es que haya que defender algo que es totalmente insuficiente». Denuncia que en el tema de las exhumaciones se ha seguido la política «del caciquismo y clientelismo» y las ayudas se daban según quien gobernaba y por simpatías.

Y señala: «El verdadero responsable de todo esto es el Estado. Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones. Como ha pasado en Castilla y León. Y eso es lo triste». El presidente de la ARMH revela que hasta ahora, la Junta castellano-leonesa venía dando unas subvenciones de 100.000 euros al año, pero ellos no las piden y denuncia que son «una miseria literalmente. Porque habiendo 800 fosas comunes en esa CCAA es una miseria moral que se ponga ese dinero que no lo resolvería en 200 años. Es casi un insulto». (Audio a partir de min 76:00)

Silva subraya que quizá a Vox el conseguir acabar con ella en CyL le «venga bien para enseñar la cabellera de la Ley de Memoria Histórica a su electorado. Pero es triste que esto se haya dejado en manos de administraciones locales y forme parte de la negociación de partidos políticos». Y pone como símil que en Euskadi una formación pusiera como condición dejar de apoyar a las víctimas de ETA: «Nadie entendería que eso se dejara en manos de dos partidos que están negociando un gobierno», asegura.

En La Cafetera, vuelve denuncia que la responsabilidad de esta situación recae en el Estado: «Su inactividad ha dejado que estas políticas, por mínimas que sean, caigan en manos de una negociación como esta». Y denuncia «se ha dejado que se convierta en un debate sobre migajas y los derechos de los desaparecidos y sus familias deberían ser mucho más serios para el Estado. Y deberían ser derechos».

Emilio Silva también analiza la paradoja de que la fiscal general, Dolores Delgado, haya anunciando que está estudiando el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  para ver si puede investigar en la invasión de Ucrania. ·Hay doble moral porque ese artículo podría haber permitido la intervención de España en el tema del Sahara, de Israel contra Palestina, en los atentado en muchos países donde han muerto ciudadanos españoles,. Es llamativo cómo ese artículo está ahí, aparcado y dormido mientas hay conflictos en el mundo con cientos de miles de refugiados». Y apunta: «Esto permite ver cuales son los intereses y cuando se activa la justicia universal. Y como el poder recurre a esas herramientas, que las tiene en la mano todos los días y accesibles, para unos casos y otros no».

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

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La guerra en Ucrania ha dado un vuelco al debate energético en Europa y el objetivo de reducir la dependencia del gas ruso se ha vuelto prioritario para la UE. En este contexto, España ha emergido en la prensa de todo el globo, como posible «punta de lanza» y » alternativa» por su capacidad para suministrar gas de otras fuentes -Argelia o vía las terminales de GNL-. Se pone de relieve que en Bruselas se mira a España como «parte de la solución», aunque se resalta que la falta de mejores interconexiones energéticas con Francia y el resto del continente dificulta esta opción. Pero numerosos medios apuntan que ante esto se está relanzando el proyecto de gasoducto a través de los Pirineos MidCat, que Francia bloqueó por su coste y dudas sobre su utilidad, y que ahora desde España se vuelve a defender ante la necesidad de la UE mejorar y diversificar sus fuentes de abastecimiento. Y se apunta también que este proyecto podría ser una solución de futuro para gases como el hidrógeno verde.

TV5 plantea «¿Puede ser España la punta de lanza alternativa para el suministro de gas en la UE?». La TV francesa recoge las palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen que defiende que España «puede y debe tener un rol importante» para reducir la dependencia de Rusia en el gas. Se recuerda que España cuenta con la red más importante de terminales de regasificación y almacenamiento de GNL que se transporta por barco y además dispone de un gasoducto de 750km de largo, el MedGaz, que la conecta con Argelia y que tiene capacidad para llevar 10.000 metros cúbicos por año. Resalta que esta diversificación ha hecho que la UE vea a España como «parte de la solución» para reducir la importación de gas ruso. Pero advierte de que para ello, será necesario mejorar las infraestructuras de conexión con el resto de la UE. Y subraya que en particular se habla de resucitar el proyecto de MidCat, gasoducto que uniría Cataluña y el sudeste de Francia, desestimado en 2019 por falta de acuerdo en la financiación y dudas sobre su utilidad. Menciona que ahora hasta Nadia Calviño pide que se retome señalando que también podría servir para el suministro de hidrógeno.

Radio France enfatiza que la guerra en Ucrania relanza el proyecto de gasoducto MidCat en España. La emisora gala explica que frente a la dependencia europea del gas ruso, numerosas voces se están alzando para recuperar el gasoducto Midi-Cataluña que permitiría asegurar la interconexión entre España y Francia. Recuerda que el proyecto, pensado para llevar a Europa el gas desde Argelia, se abandonó en 2019 porque Francia lo consideró demasiado caro y no sentía su necesidad y utilidad. Apunta que los ecologistas de ambos países también se opusieron decididamente al proyecto. Pero enfatiza que la guerra en Ucrania ha relanzado el debate y ha evidenciado que España, gracias al gasoducto que la conecta con Argelia y las terminales de GNL tiene capacidad para 80.000 m3 de gas, tres veces más de lo que necesita, y podría exportarlo. Pero advierte «sin interconexión con Francia no le sirve de mucho».

International Business Times resalta que España emerge como opción cuando la UE trata de recortar su dependencia del gas ruso. El digital anglosajón pone de relieve que con su gasoducto submarino que conecta con Argelia y su amplia red de terminales de gas natural licuado, España está bien colocada para ayudar a Europa a recortar su dependencia de Rusia para el suministro de gas. Subraya que como consecuencia de la invasión de Ucrania, la UE se ha puesto como objetivo reducir en dos tercios sus importaciones de gas ruso para finales de año. Enfatiza que ante esto, España puede jugar un importante papel gracias al gaseoducto Medgaz que la une con Argelia y a las seis plantas de regasificación de GNL que tiene. Pero advierte de que para que esto pueda beneficiar a sus vecinos europeos serán necesarias importantes inversiones para crear conexiones gasísticas con el resto del continente.

Les Echos señala que la posibilidad de que España aprovisione a Europa de gas «tropieza» en los Pirineos pero hace resucitar el MidCat.  El diario francés apunta que la alternativa europea al gas ruso podría pasar por España, que tiene otras fuentes de aprovisionamiento y una importante capacidad de almacenamiento de la que podrían aprovecharse los países vecinos. Pero señala que la falta de interconexiones gasísticas suficientes con Francia impide que de momento esto pueda suceder. Aunque enfatiza que la crisis en Ucrania y el objetivo de reducir la dependencia de la UE del gas de Rusia ha hecho que proyecto de gasoducto MidCat que uniría España y Francia, «vuelva a salir del cajón».

Reuters recoge que España pide a la UE que ayude a financiar su interconexión energética con Francia. La agencia británica se hace eco de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica español que señala que la amplia capacidad gasística de España podría ser usada para ayudar a las necesidades europeas y reducir la dependencia del gas ruso si se comparte el coste de las infraestructuras de interconexión. Se pone de relieve que en la actualidad solo hay un gasoducto que conecta España y Francia y que una nueva interconexión llevaría varios años, por lo que no sería una solución inmediata. Pero se enfatiza que desde España se pide a la UE que afronte su financiación porque permitiría garantizar y diversificar el suministro y además se podría también usar para el transporte futuro de gases de bajas emisiones como el biometano o el hidrógeno verde.

The Politico y la TV belga RTBF también han puesto el foco en la capacidad de España para ser alternativa en el suministro de gas a Europa en el actual contexto de guerra en Ucrania, la falta de interconexiones y la recuperación del proyecto del MidCat que uniría España y Francia.

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Las imágenes del bombardeo ruso de una maternidad de Mariupol ocupan las portadas de los periódicos en medio planeta. La Cafetera de Radiocable.com subraya el golpe para la conciencia de estas imágenes que revelan, un día más, la inmoralidad de la acción de Putin. Según Médicos del Mundo en Mariupol viviendas y hospitales han sido dañados durante los combates de los últimos días con fuego de mortero, tiroteos y bombardeos aéreos. El acceso a la atención médica se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para las mujeres embarazadas y los ancianos. En este contexto, cabe reivindicar que las autoridades globales, que se dicen sensibilizadas por lo que está ocurriendo, refuercen las capacidades y las competencias sobre justicia universal, tanto locales en nuestros gobiernos como de impulso a las instituciones de Naciones Unidas.

UNICEF/Skyba

UNICEF/Skyba

El Gobierno español ya valora una denuncia, coordinada con otros países, ante la CPI contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania. Así lo anunció la ministra de Justicia este jueves, que también explicó que esta acción iría en paralelo y por la vía internacional a las diligencias de investigación que se han abierto en la Fiscalía General del Estado.

Mientras, las organizaciones están publicando informes sobre los ataques contra la población civil. Según Amnistía Internacional, tras una investigación de los hechos, «el ataque aéreo ruso que mató a 47 civiles en la ciudad ucraniana de Chernigov puede constituir un crimen de guerra». Basándose en entrevistas y en el análisis de las imágenes de vídeo, el equipo de respuesta a la crisis de Amnistía Internacional concluye que ese ataque fue, con toda probabilidad, un ataque aéreo ruso en el que se utilizaron al menos ocho bombas aéreas no guiadas. Fue, según Amnistía, «un ataque despiadado e indiscriminado contra la población que estaba dedicada a sus quehaceres diarios en viviendas calles y tiendas». La organización asegura que «no pudo identificar un solo objetivo militar legítimo en el lugar del ataque ni en sus inmediaciones».

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La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre la guerra en Ucrania a petición de 39 países y se examinarán las acciones de todas las partes implicadas. Algunas voces defienden incluso acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. La CPI tiene la capacidad de hacerlo si encuentra pruebas. Pero ¿hay posibilidades reales de que esto suceda? Un artículo de The Conversation analiza la cuestión. Advierte de que es «extremadamente difícil» demostrar la intención de cometer crímenes de guerra y hasta ahora sólo seis persona han sido condenadas por ello en este tribunal. Pero señala algunas de las claves del caso y los posibles escenarios y precedentes de órdenes de arresto.

putin declara guerra ucrania

 

Catherine Gegout, University of Nottingham

La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre las acciones en Ucrania a petición de 39 países. Este es un paso importante en la condena mundial de la invasión rusa.

Varios Estados, la Unión Europea y la Unión Africana se han alineado para condenar al presidente ruso Vladimir Putin. Algunos líderes, como el primer ministro británico Boris Johnson, ya han acusado a Putin de crímenes de guerra, al tiempo que han respaldado la investigación de la CPI.

Algunos expertos han destacado las dificultades de utilizar el derecho internacional para condenar a Rusia, y la investigación examinará las acciones de todas las partes implicadas en el conflicto. Pero la CPI tiene la capacidad de acusar a Putin de crímenes de guerra si encuentra pruebas de que los ha cometido. Sin embargo, es extremadamente difícil demostrar la intención de cometer crímenes de guerra. Tan difícil, que sólo seis personas han sido condenadas por la CPI y han cumplido condena.

El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, necesidad, distinción y proporcionalidad. Es un crimen de guerra cuando no se distingue a los civiles de las tropas militares, cuando no se minimiza el daño a los civiles y cuando hay destrucción, sufrimiento y bajas innecesarias.

Crímenes de guerra en Ucrania

Para acusar a alguien, el fiscal de la CPI debe demostrar que los presuntos delitos son crímenes atroces: genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El fiscal determina la gravedad teniendo en cuenta la escala, la naturaleza, la forma y el impacto de los supuestos crímenes.

Las investigaciones de la CPI pueden durar años, pero los fiscales tienen varias ventajas en este caso que podrían agilizar el proceso. En primer lugar, la CPI lleva investigando los presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde 2014, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda inició una investigación preliminar. En 2015, amplió el alcance para incluir cualquier presunto delito cometido a partir del 20 de febrero de 2014.

En 2020, dijo que había una base razonable para creer que se habían cometido tres tipos de crímenes: los cometidos en el contexto de las hostilidades, los cometidos durante las detenciones y los cometidos en Crimea. Ahora el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, está abriendo la investigación propuesta por su predecesor, y ampliándola para incluir la reciente invasión en Ucrania.

En segundo lugar, las nuevas tecnologías facilitan la recopilación de pruebas, como imágenes y grabaciones de los hechos, junto con testimonios de víctimas y testigos. La CPI recibirá las numerosas pruebas reunidas por organizaciones como la agencia de periodismo de investigación Bellingcat. También se dispondrá de las pruebas de los teléfonos móviles de los ciudadanos ucranianos.

¿Arrestar a Putin?

Una vez que se encuentren pruebas suficientes para establecer de manera razonable que se han cometido crímenes atroces, el fiscal puede solicitar a una sala de la CPI que emita una orden de detención contra la persona presuntamente responsable. Esto podría obligar a la persona a comparecer en el juicio, garantizar que no obstruya la investigación e impedir que siga cometiendo atrocidades.

Si la CPI emitiera una orden de detención contra Putin, este no podría viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.

Pero una orden de detención no es una garantía de condena. Y es difícil vincular directamente a un jefe de Estado en funciones con delitos cometidos por las fuerzas armadas sobre el terreno. En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, por cuatro cargos de crímenes contra la humanidad cometidos en 2010 y 2011. Ese mismo año fue trasladado a La Haya. Su juicio comenzó en 2016 y fue absuelto tres años después.

La CPI consideró que las pruebas presentadas en el caso de Gbagbo “no eran suficientes para apoyar una condena”. La fiscalía no demostró que Gbagbo tuviera una “política” para atacar a la población civil, ni un “plan común” para mantenerse en el poder cometiendo crímenes contra civiles. No demostró que los discursos de Gbagbo contribuyeran a los crímenes cometidos en la violencia postelectoral.

Precedentes

Además de Gbagbo, la CPI solo ha lanzado órdenes de detención contra otros dos jefes de Estado en ejercicio o recientemente destituidos, y ninguno de ellos ha sido juzgado. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en activo sobre el que recayó una orden de detención de la CPI. Desde 2009 se le busca por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur (Sudán).

En 2020, el consejo militar gobernante de Sudán acordó entregarlo a la CPI. Sin embargo, el Gobierno sudanés ha acordado ahora crear un tribunal especial sobre crímenes de guerra en Sudán, y el alcance de la investigación del tribunal incluiría a Bashir.

En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra el líder de Libia, Muamar Gadafi, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue asesinado antes de que pudiera ser juzgado.

Si se produjese un cambio de régimen en Rusia, Putin podría seguir siendo entregado a la CPI, o, como ocurrió con Bashir en Sudán, Rusia podría crear su propio tribunal para investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Este es un caso legal inusual porque ni Ucrania ni Rusia son signatarios de la CPI. Pero Ucrania ha hecho dos declaraciones a la CPI dando a la corte jurisdicción ad hoc para los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

En los Estados en los que la CPI ejerce su jurisdicción, lo hace sobre los crímenes independientemente de la nacionalidad de las personas que los hayan cometido, incluso si son ciudadanos de estados que no son parte de la CPI, por lo que pueden investigar a Putin.

Ucrania también está buscando otra vía para responsabilizar a Rusia del crimen de agresión a través de la Corte Internacional de Justicia, que ha programado audiencias públicas. Este tribunal de la ONU se ocupa de las disputas entre países, por lo que no daría lugar a ningún cargo penal contra Putin como individuo.

Dada la escalada de la situación en Ucrania, con muchas muertes de civiles y niños, los líderes de todo el mundo deben asegurarse de que la CPI tiene la financiación y la capacidad para llevar a cabo sus investigaciones. La postura generalizada de 141 Estados en la Asamblea General de la ONU contra la invasión de Ucrania es una clara señal para Putin de que podría incurrir en responsabilidad personal por esta invasión. La Corte Penal Internacional sólo ha dictado órdenes de detención contra tres jefes de Estado. ¿Podría ser Putin el siguiente?The Conversation

Catherine Gegout, Fellow at the Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, 2021. Jean Monnet Research Fellow, EUI, Firenze, 2019-20. Pierre Keller Visiting Professor at the Harvard Kennedy School in 2019. Associate Professor in International Relations, University of Nottingham

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Cancelaciones de obras culturales, censura de medios, sanciones a «actores responsables de desinformación»,… La Cafetera reflexiona sobre las líneas rojas que se están traspasando en Europa en materia de libertad de expresión y el peligroso territorio por el que se desliza una sociedad cuándo abre las puertas a la caza de brujas. Subrayando que, así como Putin debe ser llevado ante la justicia internacional, también, paralelamente, no se deben olvidar las líneas en materia de derechos civiles que se están atravesando en Europa.

Escena película solaris

El director de orquesta ruso Valeri Guérguiev ha sido apartado de la escena cultural mundial. Varias orquestas y festivales han anulado sus compromisos y ha sido despedido de la Filarmónica de Munich, de La Scala de Milán y de la Filarmónica de París. También, el Metropolitan Opera de Nueva York ha cancelado las actuaciones de la soprano rusa Anna Netrebko, criticada por su supuesta complacencia con Vladimir Putin. No ha importado que Netrebko declararse en Instagram su oposición a esta guerra.

En España, la Filmoteca de Andalucía ha cancelado la proyección de Solaris, de Andréi Tarkovski. La institución se ha justificado diciendo que lo hace en el marco de las recomendaciones de la European Film Academy, y dicen en la Filmoteca que la delicada situación mundial les ha llevado a cancelar esta proyección. Y, el Festival de Cannes también ha anunciado que no aceptará delegaciones rusas en su próxima edición. Cannes ha dicho que une su voz a la de todos aquellos que se oponen a esta situación inaceptable. Y, de esta manera, han decidido que, a menos que se ponga fin a la guerra de agresión en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano, no se recibirán delegaciones oficiales procedentes de Rusia ni se aceptará la presencia de ningún organismo vinculado al gobierno ruso.

En Europa tanto Google, YouTube como Twitter han cancelado las emisiones de Russia Today y de la agencia rusa Sputnik en las redes sociales. El bloqueo y la cancelación de cuentas responde al reglamento especial que aprobó la Unión Europea el pasado 2 de marzo, supuestamente, para luchar contra la desinformacion y la propaganda ante la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, como se ha destacado en La Cafetera, el bloqueo de Russia Today y Sputnik sienta un grave precedente y de dudosa legalidad contra la libertad de expresión. Pero, las líneas rojas que se han atravesado no se quedan allí.

Este martes Josep Borrell anunció que la UE aprobará un nuevo marco para sancionar a «responsables de la desinformación», un concepto tan amplio como subjetivo, ahora periodistas y opinadores estarán también bajo la mira telescópica de la arbitrariedad.

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La carta en la que el ex monarca español ha anunciado que no trasladará su residencia de forma inmediata de Abu Dhabi a España, pero que planea «visitas frecuentes» es destacada en numerosos medios internacionales que ya se habían hecho eco de que el archivo de las investigaciones por fraude contra Juan Carlos «abrían la vía a su regreso«.  Se pone de relieve que ha sido la Casa Real de Felipe VI quien ha divulgado el comunicado de Juan Carlos I en el que asegura «preferir seguir residiendo» por ahora en los Emiratos Árabes, donde se exilió en 2020 por los escándalos financieros. Se apunta asimismo que Juan Carlos ha «lamentado sinceramente» el impacto en la opinión pública de «eventos pasado de su vida privada» y algún medio también subraya que el presidente del gobierno ha defendido que el Rey Emérito «debe una explicación a los españoles».

ABC News resalta que el emérito visitará España «periódicamente», pero vivirá fuera. La TV estadounidense detalla cómo el Rey Felipe VI ha «aceptado el deseo de su padre de volver a España para visitas periódicas, aunque Juan Carlos seguirá residiendo en los Emiratos Árabes. Se hace eco de la carta enviada por el ex monarca en la que expresa su «deseo de visitar a familiares y amigos» en España tras el archivo de las investigaciones en su contra por el fiscal del Tribunal Supremo. Enfatiza que Juan Carlos ha señalado que prefiere seguir viviendo en Abu Dhabi «por razones de ámbito privado» y que ha admitido «la importancia para la opinión pública de eventos pasados de su vida privada» añadiendo que «lo siente sinceramente».

Le Figaro apunta que el ex rey Juan Carlos «prefiere quedarse en Abu Dhabi». El rotativo francés explica que el Emérito ha comunicado su voluntad de seguir en los Emiratos Árabes a pesar del reciente cierre de las investigaciones fiscales que le concernían y que le habían obligado a exiliarse. Recoge la carta de Juan Carlos, difundida por la Casa Real española, en la que anuncia que tras el archivo de las causas en su contra ha empezado a pensar en regresar a España, «pero no de forma inmediata» y aunque resalta que anuncia «visitas frecuentes». Recuerda que el ex monarca español ha admitido que tuvo que exiliarse en agosto de 2020 por las sospechas de malversación y para «facilitar el ejercicio de las funciones» de Felipe VI.

Reuters subraya que el ex monarca español seguirá en los Emiratos tras archivarse las investigaciones por fraude. La agencia británica se hace eco del anuncio de la Casa Real española de que Juan Carlos I seguirá de momento residiendo en Abu Dhabi pero visitará España frecuentemente. Explica que este comunicado se conoce después de que la fiscalía cerrará la semana anterior dos investigaciones sobre presunto fraude del Emérito en sus acuerdos de negocio que provocaron su exilio en 2020. Añade que también estaba siendo investigado por blanqueo por la autoridades suizas, pero todas estas causas han sido archivadas en los últimos meses al no encontrase «suficientes evidencias» de actividad criminal. Añade que esto había desatado las especulaciones sobre un regreso a España, que Juan Carlos asegura haber descartado, al menos en lo «inmediato».

L´Independant recoge que Juan Carlos no volverá a vivir en España y la petición de explicaciones de Sánchez. El periódico francés destaca que tras el archivo de las investigaciones en su contra que habían abierto la vía a su posible regreso a España, Juan Carlos ha escrito una carta anunciando que quiere seguir residiendo de manera permanente en Abu Dhabi u volver a España de visita. Y enfatiza que esta decisión «no ha sido del gusto» de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que ha insistido que el rey emérito «sigue debiéndoles una explicación a los españoles».

La carta de Juan Carlos y el anuncio de que seguirá manteniendo su residencia en Abu Dhabi aunque visitará España «frecuentemente» también son destacados en medios como NBC, Ouest France, Houston Chronicle, RND, Ansa, International Business Times, TV5 o Vanity Fair, entre otros.

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El 75% del bosque o selva amazónica muestra un incremento en su deterioro desde el año 2000 “compatible con la aproximación a una transición crítica” en la que “la deforestación y el cambio climático pueden haber empujado a la Amazonía hacia un umbral de extinción del bosque”. Así de contundente son las conclusiones de una investigación de la Universidad de Exeter publicada en Nature. Esto incrementa el temor de que el Amazonas se pueda estar acercando al punto de no retorno que terminaría convirtiendo el bosque tropical en una sabana.

El estudio de la Universidad de Exeter, del que se hace ElDiario.es, se ha basado en observaciones reales por satélite y ha concluído que tres cuartas partes de la selva amazónica han perdido resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Añaden qu este ecosistema padece “temporadas secas más largas y mayor frecuencia de las sequías” además de la acción humana directa.

Alertan de que este tipo de deterioro es el camino para convertirse en sabana. Es decir, pasar de un ecosistema de bosque tropical a otro con árboles más pequeños, más arbustos y una densidad mucho menor. Su dosel arbóreo, en contraste con el de una selva, presenta poca cobertura.

Aunque la imagen más habitual de sabana se relaciona con África, este biotopo también se da en Brasil. La zona de El Cerrado, al sur del bosque tropical, es la sabana más grande del mundo. Y está acelerando su deforestación a base de incendios para convertirse en fincas de cultivo industrial de soja.

Los investigadores tambén han aportado «evidencias del riesgo de extinción del bosque que tendría unas profundas implicaciones en la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y el cambio climático a escala global”. En concreto señalan que la capacidad de la Amazonía, en su estado de bosque, de ser una especie de esponja de CO2 y absorber emisiones de gases de efecto invernadero, podría revertirse.

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