El clima extremo combinado con COVID-19 fue «un doble golpe» para millones de personas en 2020, pero ni la desaceleración económica relacionada con la pandemia logró frenar los impulsores calentamiento global y sus impactos que cada vez se aceleran más, asegura un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. Un informe que el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, calificó de aterrador y advirtió que «nos encontramos al borde del abismo».
El año 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados y, además, los seis años transcurridos desde 2015 han sido los más cálidos registrados, y 2011-2020 fue la década más cálida registrada.
Guterres insistió en que «no tenemos tiempo que perder» porque «el clima está cambiando y los impactos ya son demasiado costosos para las personas y el planeta». Por eso, instó a los países a «comprometerse con emisiones netas cero para 2050″.
En 2020, el calentamiento global siguió aumentando, así como los desastres que conlleva, con lluvias y sequias extremas, incendios, aumento del nivel del mar, y entre otras cosas, una temporada récord de huracanes en Caribe. Además, la pandemia de COVID exacerbó aún más el hambre, la pobreza y el desplazamiento que causa el cambio climático en un año que hizo estremecer al planeta.

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El 82,8 % de los españoles está dispuesto a vacunarse cuando le llegue el turno y el 52,8% creen que la situación va a ir a mejor porque ya se ha superado lo peor de la pandemia. Son dos de los datos del informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que revela algunas claves que ayudan a entender como está sobrellevando la población española la crisis del coronavirus y como está afectando a sus vidas.
El 82% de los españoles muestra preocupación porque la pandemia está afectando a su vida personal. A un 58,9% le está afectando «mucho o bastante» frente a un 16,4 % que subraya que no le está influyendo «nada o casi nada» y un 23,3 % que apunta que «algo». Los aspectos que los españoles consideran que más han influido en su vida personal son el distanciamiento de sus seres queridos (38,3 %), las restricciones de movimiento (35,8%) y el trabajo y/o la economía personal (17,3 %).
Sube además, según el CIS de abril, el numero de personas que dicen que la pandemia está afectando a sus relaciones sociales. Es lo que asegura ahora al 71,6 % de la población. El porcentaje de los que piensa que la crisis del coronavirus ha impactado en sus relaciones sociales sube así casi trece puntos más. En el otro extremo, un 12,8 % de los encuestados sostiene que la pandemia no está afectando «nada o casi nada» en sus relaciones sociales y un 14,7 % opina que «algo».
La encuesta del CIS se basó en entrevistas telefónicas realizadas a 3.823 españoles de ambos sexos, mayores de edad, en 1.255 municipios de 50 provincias y del 5 al 14 de abril de este año.
El ERE de 8,291 puestos de trabajo anunciado a los sindicatos por el banco español es noticia en varios medios de todo el globo que enfatizan que se trata de uno de los mayores ajustes de personal de la historia empresarial en España. Se resalta además que este recorte de empleos se produce cuando CaixaBank acaba de terminar la «compra» de Bankia que le ha permitido convertirse en la primera entidad de España por activos nacionales. Se recoge que esta fusión, y las duplicidades y sinergias que conlleva, es precisamente uno de los argumentos de CaixaBank para justificar el ERE, aunque también se señala la crisis por la pandemia y el auge de la banca digital. Pero se subraya que se trata de un «duro golpe» para el empleo en banca en España.
Espagne : le géant bancaire CaixaBank veut sabrer 1 emploi sur 5 ! – https://t.co/zq255VZ1qZ https://t.co/qrf6NJ2Wuy
— Yves Guérif (@yvesnguerif) April 21, 2021
Le Figaro apunta que CaixaBank quiere suprimir casi uno de cada cinco puestos de trabajo. El diario francés resalta que menos de un año «después de recomprar Bankia», el gigante bancario español ha anunciado que planea suprimir 8.291 empleos, casi uno de cada cinco, en un nuevo ejemplo de la destrucción de empleos que se está dando en el sector financiero. Recuerda que la operación con Bankia permitió a CaixaBank convertirse en el primer banco de España en activos nacionales y precisamente ha achacado a la «duplicación y sinergias provocadas por la fusión» este ERE, asi como a las «circunstancias actuales del mercado».
Reuters señala que el ERE de 8.000 empleos en CaixaBank es uno de los mayores ajustes de personal hechos en España. La agencia británica recoge que la entidad que se conviritió en la mayor de España tras adquirir Bankia planea recortar casi una quinta parte de su fuerza laboral y cerrar cientos de sucursales en lo que constituye uno de los mayores ajustes de personal de la historia empresarial en España. Detalla que CaixaBank ha comunicado al sindicato CCOO que aspira a eliminar 8,291 puestos de trabajo y cerrar 1.534 oficinas, un 27% del total, para adaptarse al cambio de los consumidores hacia la banca online.
Capital habla «golpe duro» para el empleo en banca en España tras anunciar el gigante bancario que quiere recortar 1 de cada 5 puestos de trabajo. La publicación económica gala apunta que tras «tragarse» a Bankia, CaixaBank ha considerado «necesario» hacer un ERE para 8.291 empleos. Recuerda que la compara de la entidad rescatada se anunció en septiembre pasado y se finalizó hace un mes y ha permitido a CaixaBank convertirse en un gigante bancario y en el nº1 en España en activos nacionales -aunque señala que sigue por detrás de Santander y BBVA en presencia internacional-. Subraya que este ERE se conoce en un momento en el que la banca ha frente a unos tipos de interés muy bajos, a la crisis económica provocada por la pandemia y a la creciente utilización de servicios de banca digital. Pero enfatiza que los 8.000 despidos suponen el 16% del total de la plantilla de Caixa Bank, que es de 51.000 trabajadores, y el 18% de sus efectivos en España.
La Libre Belgique subraya que la entidad española va a despedir a 8.291 personas. El rotativo belga apunta que el sector bancario «sigue sufriendo» en España y tras la fusión entre CaixaBank y Bankia se ha anunciado la supresión de casi 8.300 empleos, el 16% del total de su plantilla, y el cierr de 1.534 sucursales, casi una cuarta parte de todas las que tiene. Subraya que los anuncios de supresión de empleo se multiplican en el sector bancario español, que resalta que entre 2008 y 2019 ya fueron despedidas casi 100.000 personas y en 2020, el Santander anunció un recorte de 3.500 puestos y Banco Sabadell planea suprimir 1.800.
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Varias organizaciones se han dirigido por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para pedir la adopción urgente de una Ley de Vivienda en España. Reclaman un mecanimo de control de precios del alquiler, un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda, asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada y que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas.
Desde Amnistía Internacional recuerdan que el precio del alquiler en España ha subido un 50% en solo 5 años y hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el último censo de 2011.
Los siete elementos indispensables que debe contener la Ley de Vivienda, según dichas organizaciones consisten, por un lado, en definir la vivienda como un derecho humano subjetivo, establecer la obligación de disponer de un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda e incluir la obligación de asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada.
También, insisten en la necesidad de recopilar estadísticas sobre las personas que han perdido su hogar de manera desagregada por edad, sexo, entre otros aspectos, y la obligación de que los jueces y juezas puedan considerar la situación de una persona en riesgo de pérdida de su hogar antes de dictar la orden de desahucio.
Además, abogan por introducir un mecanismo de control de precios en las viviendas de alquiler que garanticen la asequibilidad de la vivienda, y contemplar las reformas legales necesarias para que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas. Recordando que España ha sido objeto de seis dictámenes desde el año 2015 al 2021 en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que España estaba vulnerando el derecho a la vivienda.
Señalan el alto número de desalojos, destacando que desde el año 2013 hasta el 2021, se han producido en España 469.513 desalojos, 274.618 por impago del alquiler, 172.693 por impago de la hipoteca y 22.202 por otras cuestiones. Y, en 2020 hubo un total de 29.406 desalojos. También ponen el foco en la ausencia de estadísticas sobre personas que han perdido su vivienda. Apuntan que casi una década después de que Naciones Unidas pidiera desglosar las cifras de personas sin vivienda, las estadísticas sobre desalojos no muestran el número de personas que han perdido su vivienda como consecuencia de un desalojo, ni por tanto existen datos desagregados que permitan obtener un diagnóstico sobre el acceso y disfrute del derecho a la vivienda en España y diseñar estrategias ajustadas a la realidad.
El escaso parque de vivienda social es otro de los problemas sobre la vivienda en España, que, afirman, cuenta con un parque de viviendas que representa el 2,5% del total de viviendas. Situándose a más de 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que se sitúa en el 9% aproximadamente. De modo que España sólo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre y está muy alejada de países como Holanda (30%), Austria (24%) Dinamarca (20%) Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%).

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¿Es compatible el sistema económico actual con la sostenibilidad del planeta? ¿A qué retos nos enfrentamos para cambiar el modelo energético actual? ¿Pueden las energías renovables mantener el nivel de consumo actual? Sobre ello reflexionó el Antonio Turiel, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, en La Cafetera de Radiocable.com.
Para Antonio Turiel, «el capitalismo tal y como lo entendemos hoy en día es un sistema económico que necesita del crecimiento, que nos aboca al crecimiento sin freno, pero vivimos en un planeta finito». Un planeta que, recordó, «tiene una capacidad finita de absorber los residuos de nuestra actividad y una capacidad finita de recursos». Estamos en un sistema económico «orientado al crecimiento en el que hay que incrementarlo todo, el consumo y los residuos». De ahí, dijo, «tener un sistema económico cuyo objetivo es crecer en un planeta finito no tiene demasiado sentido».
Además, «el gran problema al que nos enfrentamos es que el petróleo crudo convencional ya tocó el máximo en 2005″, a lo que se suma la «caída del diésel desde 2015, y ahora empieza a manifestarse en escasez de plásticos y de otras materias primas que requieren el diésel para su producción». Aunque, «hasta ahora hemos hecho como que no pasaba nada, nos empezamos a preocupar porque vemos que faltan materias primas para hacer muchas cosas».
Sin embargo, señaló la falta de competitividad de las energías renovables que, «pueden dar mucha energía pero no tanta como la que hemos sacado de combustibles fósiles». Porque, explicó, «no es tan versátil, es más cara y menos competitiva». Y, para Turiel, «pensar que seguirá habiendo crecimiento es hacerse trampas al solitario». Cuando lo que hay que hacer, dijo, es «adaptarnos a la situación».
Sobre el objetivo de que el 74% de la energía sea renovable en 2030, Antonio Turiel señaló que «tiene un poco de trampa» porque «depende de cuánta energía produzcamos en 2030″. Lo que hay que preguntarse, según Turiel, es «ese porcentaje sobre qué se aplica».
En cuanto al coche eléctrico, destacó que hay «una serie de limitaciones que demuestran que no es un modelo escalable al tamaño actual». Porque, señaló: «No podemos plantearnos que podamos tener los 26 millones de coches en España con motor de combustión interna». Teniendo en cuenta que «la producción actual de litio cuesta aumentarla, (…), con la producción actual de litio, si lo destinásemos solo a producir coches eléctricos -olvidándonos de móviles, portátiles y tablets- se podrían producir alrededor de 8 millones de coches eléctricos al año». Cuando, recordó, el año pasado se produjeron 80 millones de coches en total, y hace dos años 100 millones, y en el mundo hay 1400 millones de coches». De modo que, a este ritmo «costaría sustituirlos 175 años». Por tanto, «solo mirando la restricción que impone el litio es evidente que es un modelo que no se puede escalar». Para Turiel, sería «un modelo inescalable, disponible para gente con renta alta y no para la mayoría de la gente» (entrevista a partir del minuto 63:00).
En la página internacional, el programa puso el foco en las novedades sobre el juicio del caso George Floyd, cuyo jurado declaró culpable al policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, destacaron la petición por carta de varias organizaciones al Gobierno para que garantice el derecho a la vivienda. Y, con César Dos Santos, La Cafetera conversó, como cada miércoles, sobre la comunidad de oyentes.

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En 2020, los bancos de alimentos españoles atendieron a medio millón más de personas que el año anterior: 1.560.000 personas en total, de las cuales más de 360.000 fueron niños. Estos datos suponen que en el año de la pandemia, la demanda se ha incrementado en un 50% y en lo que va de 2021, el incremento se mantiene. Y a pesar de que Isabel Díaz Ayuso se ha referido a algunas de las personas que acuden a las colas del hambre como «mantenidos subvencionados«, la Federación Española de Bancos de Alimentos ha detectado que el perfil de quienes requieren sus servicios se ha diversificado y ya no se limitan a las personas en situación de pobreza severa, sino que también hay gente que antes de la crisis tenía rentas medias o bajas.
#NingúnHogarSinAlimentos – Este año, la demanda a los Bancos de Alimentos @fesbal_org ha aumentado un 50% y muchas familias y jóvenes se encuentran por primera vez en situaciones de vulnerabilidad.
¡Súmate a la campaña!@FundlaCaixa @caixabank
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— Federación Española de Bancos de Alimentos-FESBAL (@fesbal_org) April 20, 2021
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) advierte de que este aumento del 50% en la demanda puede agravarse aún más si no se produce una mejoría de la economía. De hecho, la tendencia al alza ya se está produciendo en lo que va de 2021, con una subida del 20% en las peticiones de ayuda. Y alertan de que una vez superada la crisis sanitaria, la emergencia social persistirá, especialmente cuando terminen las medidas excepcionales como los ERTE. En este sentido prevén que la demanda de alimentos sufra una subida fuerte a finales de verano.
FESBAL también señala que que el perfil de personas que acuden a las «colas del hambre» se ha ampliado: ya no necesitan alimentos únicamente las personas en situación de pobreza severa, sino también familias que antes de la crisis tenían rentas medias o bajas, y parejas jóvenes que han perdido sus empleos.
Los bancos de alimentos españoles aseguran que están preparados para hacer frente a un aumento «razonable» de la demanda. Pero en colaboración con la Fundación «la Caixa» y CaixaBank han lanzado la segunda edición de la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos, que tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar la alimentación básica de familias en situación de vulnerabilidad. Y apuntan que de momento tienen reservas para un mes más.
En 2021, ha aumentado un 20% la demanda de ayuda a @fesbal_org y no prevén que la situación mejore en breve
Pero solo hay reservas para un mes. Por eso, hacen un llamamiento a colaborar con los bancos de alimentos, donaciones o la campaña #NingúnHogarSinAlimentos @FundlaCaixa pic.twitter.com/L3I7P6ldA1
— Noticias CMM (@CMM_noticias) April 19, 2021

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Las clases semipresenciales y las desigualdades que está provocando la pandemia podrían aumentar la tasa de abandono escolar. Según informa Público.es, distintas organizaciones, expertos y docentes han advertido de las consecuencias de la pandemia sobre la educación. Entre ellas, el crecimiento de las desigualdades y la desconexión que pueden provocar a los alumnos y alumnas por las clases semipresenciales.
Aunque en 2019 la tasa de abandono escolar alcanzó el 17,3%, menor que años anteriores, temen que se agrave como consecuencia de la pandemia. Desde Save the Children prevén que el abandono escolar pueda llegar a crecer 1,7 puntos, y desde la UNESCO ya estiman que 24 millones de alumnos y alumnas en el mundo abandonen los estudios por la crisis sanitaria.
Sin embargo, en el caso de España, explica Público.es, los efectos serán diferentes según la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid por ejemplo, una de las regiones que peores resultados sobre equidad en la educación, Comisiones Obreras (CC.OO.) alerta de la «preocupante» situación que llega a situaciones como la de un instituto de Móstoles, donde se está recogiendo dinero para pagar la tasa de la EVAU a estudiantes sin recursos.
Desde CC.OO. proponen varias soluciones como la vuelta a la presencialidad, una atención individualizada, bajar los ratios de alumnado, ayudas a las familias y la exención de tasas para familias sin recursos.

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Los militares estadounidenses que participaron en la limpieza de los terrenos en los que cayeron cuatro bombas de hidrógeno en España en 1966 y que quedaron expuestos a la radiación tendrán derecho a las ayudas que hasta ahora les había negado el Departamento de Veteranos gracias a una nueva proposición de ley presentada en el Congreso que reconoce que fue un «accidente con riesgo radioactivo». Es lo que recogen varios medios de EEUU, como ABC News, Fox, AP, Military.com o The New Tribune.
Recuerdan que lo sucedido en Palomares está considerado el peor accidente radioactivo de la historia de EEUU, pero durante 55 años los afectados han visto sus demandas de ayudas rechazadas. Ahora además de las reclamaciones judiciales a punto de ser falladas, los veteranos pueden ver sus denuncias y su causa reconocidas por ley, ya que la proposición se ha hecho en un momento de mayoría demócrata en las dos cámaras. Esto podría asimismo reactivar las peticiones de España a EEUU para que se complete la retirada total de tierras contaminadas a la que se comprometió el gobierno de Obama en 2015.
Bill Would Give US Vets of 1966 Spain Bomb Accident Benefits https://t.co/QJH57aD51T
— Darlene S Williams (@DSWzonepicktick) April 18, 2021
ABC News resalta, en concreto, que los veteranos de EEUU que estuvieron expuestos a la radiación mientras respondían a un accidente con bombas de hidrógeno en España en 1966 tendrán derecho a las ayudas por incapacidad que durante décadas les han sido negadas por del Departamento de Asuntos Veteranos, gracias a una nueva legislación presentado en el Congreso de EEUU. Detalla que la proposición ha partido de dos demócratas de Connecticut, el senador Richard Blumenthal y la congresista Jahana Hayes, que defienden la necesidad de enmendar las leyes actuales para que la limpieza de Palomares sea considerada una «actividad con riesgo radioactivo», dado el fracaso del Departamento de Veteranos en hacerlos.
Se recogen, también en otros medios, las palabras de Blumenthal que se refiere al accidente sucedido en España como un «desastre nuclear que causó un indecible sufrimiento y daño a los militares que participaron en la limpieza». Y se critica que durante 55 años, el Departamento de Veteranos no haya reconocido el riesgo de radiación que existió en Palomares. Se recuerdan los detalles del accidente de 1966 en el que se esparcieron 3kg de plutonio altamente radioactivo en suelo español en lo que está considerado el peor accidente radioactivo de la historia de EEUU.
Y apuntan que de los 1.600 militares que participaron en la limpieza, apenas quedan 300 o 400 que tienen puestas sus esperanzas en esta proposición de ley, que cuenta también con el apoyo de las conocidas senadoras Elisabeth Warren y Dianne Feinstein, que por primeva vez se presenta conjuntamente en Senado y Congreso en un momento de mayoría demócrata en ambas cámaras.
Palomares nuclear disaster seriously harmed servicemembers sent to clean up radioactive material. By not recognizing their radiation risks for 55 yrs, the VA cut off benefits&health care. It’s past time to honor these vets&enact the Palomares Veterans Act. https://t.co/S7peDrnSHB — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 16, 2021
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