La comparecencia de José María Aznar y Mariano Rajoy en el proceso judicial por la caja B del Partido Popular es noticia en la prensa internacional. Se subraya que los dos ex presidentes testifican en un caso «embarazoso» para la formación conservadora, ya que se la acusa de llevar una contabilidad paralela y de pagar sobresueldos con dinero ilícito y no declarado. Se enfatiza que Aznar y Rajoy han negado la existencia de una caja B en el PP, pero el principal protagonista del juicio, el ex tesorero Luis Bárcenas, ha asegurado que al menos Rajoy cobró de los fondos y estaba «perfectamente al tanto» de todo.

NOTICIA ACTUALIZADA: Medios como Les Echos, Associated Press, RTN o AFP recogen que tanto Aznar como Rajoy niegan en el juicio el financiamiento irregular del PP

Euronews subraya que dos ex presidente españoles testifican en un juicio sobre la caja b del PP. La TV europea recoge que Mariano Rajoy y José María Aznar declaran como testigos en un proceso sobre la presunta corrupción de su partido y el sistema de contabilidad paralela del PP. Explica que las cuentas eran controladas por Luis Bárcenas que fue el tesorero del partido entre 1990 y 2009, mientras Aznar y Rajoy dirigían la formación conservadora. Añade que la acusación es de engordar, durante 20 años, la caja B del partido con donaciones de empresarios y usar los fondos para pagar sobresueldos y bonus a sus líderes y colaboradores. Resalta que tanto Aznar como Rajoy han negado la existencia de esta caja B, pero Bárcenas ha testificado que estaban «perfectamente al tanto» de ella.

Le Figaro apunta que Rajoy y Aznar comparecen en un proceso «embarazoso» para la derecha. El diario francés se hace eco de que los dos ex presidentes del gobierno testifican en un caso de contabilidad paralela en el seno del Partido Popular que está siendo «embarazoso». Apunta que Rajoy y Aznar comparecerán por videoconferencia en el llamado «caso de la caja B» del partido que tiene como protagonista a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Apunta que éste ha acusado a Mariano Rajoy de recibir fondos ilegales antes de ser presidente y que también entregó sobres con dinero a al menos otras siete personalidades de la formación conservadora que ocuparon cargos en el gobierno.

ACTUALIZACIÓN:

Les Echos destaca que Aznar y Rajoy niegan la existencia de una caja b en el PP a pesar de que esta ha sido reconocida por la justicia. El diario francés, en una crónica de Cécile Thibaud, explica que los dos ex presidentes del gobierno han comparecido como testigos en el juicio por la contabilidad paralela de su partido. Pero enfatiza que quienes «esperaban algo» de las declaraciones de Aznar y Rajoy, han sido defraudados porque ambos, «cada uno a su manera», han negado enérgicamente estar al tanto de irregularidades y la existencia de una caja b en el PP, «a pesar de que ésta ha sido reconocida por dos sentencias judiciales anteriores».

Associated Press, AFP, International Business Times, RTN y otros medios de todo el globo también se hacen eco de la comparecencia de los dos ex presidentes españoles en el juicio sobre la caja B en el PP y subrayan que ambos han negado la financiación irregular.

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La presidenta y líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido copar portadas a nivel nacional y conseguir un protagonismo que otros presidentes y presidentas autonómicas no han logrado. ¿A qué se debe? ¿Por qué cala su discurso? ¿Responde a una estrategia meditada o a la improvisación? Sobre todos estos interrogantes ha analizado La Cafetera de Radiocable.com con José Romero el origen de la popularidad de Isabel Díaz Ayuso.

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En el análisis ha entrado la influencia del libro «No pienses en un elefante» del lingüista norteamericano George Lakoff, que analizó los discursos del Partido Republicano para saber por qué tenían tanto éxito. Entre las respuestas que encontró es que atraían a la gente porque introducían en la conversación elementos muy emocionales desde la figura del «padre protector».

José Romero citaba el artículo de Zarzalejos en El Confidencial sobre la polémica reivindicación de Ayuso de «vivir a la madrileña» para hablar de este concepto sobre el que «la presidenta y su equipo han construido esta aureola de éxito». Sin embargo, «esto no es tan nuevo», y mencionaba la influencia de la retórica del Partido Republicano. Lakoff explicaba muy bien en su libro cómo el Partido Republicano había logrado que sus temas y la forma de plantearlos fueran el del libre mercado, el sentido de la libertad, la reducción de impuestos y el nacionalismo que dominaron el discurso público. Cuatro puntos que «son fundamentales en todo el discurso que ha llevado el PP en la Comunidad de Madrid». De hecho, explicaba Romero, las palabras más utilizadas por la derecha republicana fueron: defensa fuerte, mercados libres, impuestos bajos, menos gobierno y valores familiares. «Y si me preguntas que es vivir a la madrileña yo diría que coincide con esto», afirmó Romero.

Pero, ¿hay tanta sofisticación en el discurso de Isabel Díaz Ayuso y su equipo? Para José Romero «cabalgan a lomos de lo que existió en Estados Unidos en el caso del Partido Republicano». Un partido que «invirtió millones de dólares en dar formato a estas viejas ideas y se centró en estudios sobre temas de psicología lingüística para ver de qué manera empezaban a expresar de una forma distinta conceptos tradicionales como la bajada impuestos para atraer a grandes segmentos de población». Y citaba el ejemplo de sectores conservadores cuando hablan de alivio fiscal para hablar de reforma fiscal y trasladan la idea de que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en manos del Estado.  Una idea que «viene de estas aproximaciones que han hecho los americanos, de esta gran corriente que viene de Estados Unidos». Y y el error, según Lakoff, que habrían cometido los demócratas es que en Estados Unidos abandonaron sus valores y se metieron en la agenda de los republicanos.

Además, «el lenguaje emocional es muy difícil de rebatir con temas puramente racionales«. En el caso de Ayuso, su reivindicación de libertad durante la pandemia, el modelo que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid de que el Estado no debe decidir sobre cómo nos comportamos. Cuando, más que libertad es «egoísmo sin importar beneficio general». Y, por alguna razón «no se está consiguiendo rebatir con eficacia esa visión de la libertad tan equivocada».

Sin embargo, esta estrategia de defender el concepto de libertad de Ayuso puede volverse en contra del Partido Popular en otros territorios, que no están apostando por la misma gestión de la pandemia que la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Un gran incendio producido en los campamentos de Balukhali en la ciudad de Cox’s Bazar (Bangladesh) ha provocado la muerte de 15 personas, heridas a 560 y destruido los refugios y escasas pertenencias de unas 10.000 familias, que se van a ver nuevamente desplazadas, Pero además el fuego en este campo, en el que vivían unas 900.000 personas, supone un nuevo y duro golpe para la comunidad rohingya, que sufre desde hace años unas condiciones de vida pésimas, con un acceso reducido a la atención médica y otros servicios humanitarios, imposibilidad de regresar a sus hogares en Myanmar y dificultades para trabajar en Bangladesh.

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Las autoridades bangladeshíes han explicado que el incendio en el campo fue «masivo y devastador», duró varias horas y destruyó los refugios y viviendas de miles de personas que residían en el campamento. Según la ONU, las llamas se cobraron además la vida de 15 personas, mientras otras 560 resultaron heridas y más de 400 están desaparecidas. Miles de refugiados perdieron lo poco que tenían y se estima que hasta 10.000 familias (cerca de 50.000 personas) han quedado nuevamente desplazadas.

ONG´s como Médicos Sin Fronteras detallaron cómo su clínica en Balukhali quedó también completamente destruida, aunque tanto el personal como los enfermos pudieron ser evacuados y no sufrieron daños. Este no es, en cualquier caso, el primer incendio en el campo en los últimos meses, ya que la masificación y los materiales temporales y endebles con el que están construidos los refugios hacen el fuego se propague rápidamente.

El incendio supone un gran golpe para la comunidad rohingya, que ha estado sufriendo las consecuencias del deterioro de las condiciones de vida en los campamentos con un acceso reducido a la atención médica, un aumento de la violencia y unas condiciones de vida básicas insuficientes. Los rohingyas han visto también como se les niega la posibilidad de regresar a sus hogares en Myanmar de manera segura y con dignidad y cómo las restricciones a su libertad de movimiento y la falta de acceso a los medios de subsistencia en Bangladesh, incluida la capacidad para trabajar, significan que dependen por completo de la asistencia humanitaria.

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Más de un centenar de mujeres han hecho público un manifiesto que pone las bases para la creación de una nueva formación política feminista «pensada por y para las mujeres». Defienden, bajo el lema «Feministas al Congreso», que llevar las reivindicaciones del feminismo a las instituciones es una «razón de justicia histórica» y aseguran no sentir que ningún partido representa los intereses de las mujeres. Entre las firmantes están ex diputadas de Podemos, escritoras, filósofas o activistas.

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«Tenemos la firme convicción de que llevar las reivindicaciones feministas a las
instituciones es una razón de justicia histórica, puesto que ningún partido político representa nuestros intereses». Así arranca el manifiesto, según detalla un artículo de Marisa Kohan en Público, con el que un centenar de mujeres intenta poner las bases para la creación de un partido feminista. Defienden que hay «una ofensiva global que se está perpetrando contra nuestros derechos» y denuncian que las instituciones no cumplen «con nuestras demandas, que utilizan como arma arrojadiza», pero que no forman parte de las prioridades de los partidos que dicen representarnos».

Ante la sensación de estar «abandonadas a su suerte» que denuncian las firmantes, abogan por crear un partido que no estará ligado a ninguno de los existentes y que esté «pensado por y para las mujeres» con el objetivo de poner la agenda feminista en el centro de la política. Y entre los temas que piden abordar están la abolición del género, los feminicidios, la prostitución, la pornografía, la explotación laboral y reproductiva, la compraventa de bebés, la violencia obstétrica, la misoginia religiosa o el borrado biológico y social de las mujeres.

A pesar de que admiten que la ley trans que prepara el Ministerio de Igualdad -y que está provocando una fuerte división en el movimiento feminista- ha sido uno de los detonantes de su iniciativa, la nueva formación ha asegurado que pretende distanciarse del Partido Feminista de España que dirige Lidia Falcón. Aseguran que su partido será «exclusivamente feminista y no ligada a la clase obrera».

Entre las firmantes del documento se encuentran nombres como la exdiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, Lola Sánchez Caldentey, la ensayista y escritora Pilar Aguilar Carrasco, las filósofas Victoria Sendón de León y Ana Pollán, la escritora Consuelo García del Cid o la activista Amelia Tiganus, entre otros.

España se ha llevado una doble «reprimenda» desde organismo europeos que vigilan libertades y derechos. Por un lado la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha asegurado que España debería reformar la Ley de Seguridad Ciudadana «dado su potencial represivo» y evaluar en profundidad su funcionamiento práctico y su impacto en los derechos humanos. Y por otro lado, el mismo organismo ha mostrado su preocupación por las «crecientes condenas de prisión a artistas» y ha pedido una reforma del Código Penal -y en concreto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona- para proteger más la libertad de expresión.

España debería reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Es lo que recomienda el dictamen de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Según explica un artículo de Andrés Gil en ElDiario.es, han repasado aspectos polémicos como la normativa sobre controles y registros de personas en lugares públicos; la vigilancia de manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de éstas; las severas sanciones administrativas previstas por la Ley y las devoluciones de extranjeros en la frontera española en Ceuta y Melilla.

Y aunque, se reconoce y respalda las conclusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2020, se advierte de que «si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable». Añade que «dado el potencial represivo de esta ley», debería revisarse con regularidad. Asimismo se señala que  hay «una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes» y habla de que están formuladas de manera «excesivamente amplia».

Pero además, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha mostrado su preocupación por las «crecientes condenas de prisión a artistas por sus letras». Lo ha hecho en una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, poco después de la polémica por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, aunque se menciona también actuaciones contra otros artistas por canciones controvertidas o contra activistas en redes sociales por «declaraciones consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor».

Mijatovic señala «disfunciones entre la legislación española y las normas internacionales de derechos humanos» y por ello pide una reforma del Código Penal -y en concreto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona- para proteger más la libertad de expresión.

El exdirector de Greenpeace  Juan López Uralde habló en La Cafetera de Radiocable.com sobre la polémica desatada en Madrid porque el Organismo Autónomo Parques Nacionales «ha decidido cerrar estaciones de esquí en Navacerrada, consecuencia de que cada vez son menos los días de nieve por el cambio climático».

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El caso de Navacerrada no es el único. Según apuntó Uralde, en el Pirineo también «hay una enorme polémica» en torno a un proyecto de ampliación de la estación de Cerler porque, «si no va a haber nieve, ¿por qué se amplía?». Por lo que, según Uralde, «tiene todo el sentido cerrar Navacerrada, a pesar de la polémica».

Aunque «habrá olas de frío como la de Filomena, que den nieve muy intensamente, la nieve está en retroceso»- explicó. Porque no nieva los suficientes días como «para poder sostener la actividad de una estación de esquí como la de la sierra de Guadarrama».

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Los datos lo demuestran. El techo de cristal en la política existe: solo un 6% de jefaturas de Estado y Gobiernos los lideran mujeres. Unos datos que La Cafetera de Radiocable.com ha puesto de relieve para entender el freno que suponen para la inclusión de mujeres en la política afirmaciones como la de Diego Movellán. Un diputado  del PP que en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados se dirigió a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmando que «en Podemos (partido al que pertenece Díaz) las mujeres solo suben si se agarran fuerte a una coleta». Una afirmación que generó un fuerte rechazo social, que contrastó con la escasa repercusión política en su partido.

yolanda diaz ministra tras comentario machista de Diego Movellan

 Como prueban los datos de Naciones Unidas, pese de los avances globales, el número de países sin ministras ascendió hasta 12, en comparación con los nueve del año anterior. España no está entre estos países, en cambio, como apuntaron varios oyentes, comentarios como el de Movellán no contribuyen a la inclusión de mujeres en altos cargos políticos.

Después de que la propia ministra pidiera que Diego Movellán retirara sus palabras al «mostrar un ejercicio claro de machismo», éste dijo retirar sus palabras, pero, acto seguido, añadió que «todos los españoles saben cómo funciona Podemos».

En la página internacional, el programa analizó las consecuencias de que Turquía haya decidido abandonar el acuerdo europeo contra la violencia de género. Además, también puso el foco en la petición de «coherencia» de Bruselas a España sobre las restricciones de movilidad aplicadas dentro y fuera del país.

En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, se señalaron las dificultades laborales por las que pasan los jóvenes en España, agravadas por las consecuencias de la pandemia. Así como la odisea por la que siguen pasando las personas residentes en el exterior para poder votar por el voto rogado.

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Si en 2012, el New York Times denunció el hambre y la miseria en España provocados por la crisis económica y fotografió a gente rebuscando en contenedores de basuras, en 2021, la agencia estadounidense ha puesto el foco en la existencia de un nuevo tipo de víctimas colaterales de la actual crisis sanitaria del coronavirus: aquellos que han visto devastadas sus finanzas y tras perder su empleo y sus casas se han visto obligados a vivir en sus coches. El reportaje, que firma Álvaro Barrientos, muestra con fotografías a al menos dos pamploneses que están en esta situación a causa de las consecuencias de la pandemia en España, pero apunta que hay «multitud más de víctimas económicas» que no están recibiendo ayuda de los servicios públicos.

Associated Press detalla el caso concreto de Javier Irure, un limpiador de 65 años de Pamplona que tras ser desahuciado de su vivienda, recogió sus cosas y se fue a vivir a su coche, un viejo Renault Clio, en el que lleva tres meses. Pero enfatiza que es sólo una de la multitud de «víctimas económicas» de la pandemia de coronavirus: gente que no ha enfermado, pero ha visto como las restricciones de movimiento y actividades decretadas por el gobierno para controlar la Covid-19 han sido letales para su estabilidad financiera. En el caso de Irure, apunta que intentó lograr ayuda de los servicios sociales, pero solo ha obtenido «vagas promesas» y depende de la ONG local, Ayuda Mutua.

El reportaje pone de relieve que la pandemia ha golpeado a la economía española con particular dureza por su dependencia del turismo y sector de servicios y a pesar de los ERES y otras ayudas se han perdido más de un millón de empleos. Añade que además han aumentado los divorcios, provocando que más gente viva sola y en precario. Recoge asimismo que medio millón más de personas han recurrido a ayuda de Caritas que ha abierto hasta 13 centros para atender a la gente sin hogar. Y entre estos, resalta el caso de Juan Jiménez, otro pamplonés de 60 años que lleva, tras dejar de poder hacer frente a su hipoteca, casi un año viviendo en su Ford de segunda mano que va trasladando de un parking a otro de la ciudad para no atraer la atención. Aunque él mismo señala «somos invisibles, nadie quiere saber nada de nosotros».

Associated Press o AP es una agencia de noticias independiente de EEUU fundada en 1846. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que pertenece a periódicos y emisoras de radio y TV estadounidenses contribuyentes. AP produce 2.000 noticias diarias en cinco idiomas -inglés, alemán, neerlandés, francés y español- que son publicadas por más de 1.300 medios en todo el mundo que están suscritos a su servicio. Además distribuye anualmente 1 millón de fotos y 70.000 videos y es una de las organizaciones encargada de los recuentos electorales en EEUU desde 1848. Tiene más de 3.300 empleados y ha obtenido 54 premios Pulitzer, 32 de ellos por sus fotografías.

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Tras tomar posesión del inmueble ya desalojado por la familia Franco, un informe del gobierno determinó la necesidad de modo inmediato un conjunto de actuaciones para garantizar la seguridad y conservación del patrimonio cultural y evitar riesgos para trabajadores y personas que accedieran al Pazo de Meirás. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de emergencia para la contratación de los trabajos por un coste total de 398.000 euros.
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En concreto, hay actuaciones previstas sobre sistemas y servicios de seguridad; reparación y refuerzo en la instalación eléctrica y para mantener la integridad del edificio y la conservación del patrimonio cultural depositado, entre otras. Las correspondientes contrataciones o encargos ya se han efectuado, según ha detallado el ejecutivo y en algunos casos, incluso han dado ya comienzo la obras.

El coste final de todas las actuaciones previstas es de 382.975,27 euros, «un presupuesto imprescindible para que en el plazo más breve posible puedan ser abordados proyectos de puesta en valor del inmueble desde el punto de vista histórico e institucional», según ha defendido el gobierno.

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