El aumento del 60% de los fondos para investigación que incluyen los nuevos presupuestos generales que prepara el gobierno ha desatado una «cauta celebración» de la comunidad científica en España que tiene la esperanza de que esto ayude a reconstruir y revitalizar un sistema científico dañado por la austeridad. Es lo que destaca la influyente revista científica británica en un artículo que firma Michele Catanzaro. Explica que la «lluvia» de dinero procede en buena parte del fondo de recuperación post-Covid de la UE, y en este sentido advierte de que las esperanzas de que se revierta parte del daño al sistema, conviven con el temor de que el impulso no se mantenga cuando se acaben estos fondos.

Nature resalta que los científicos españoles están «celebrando con cautela un notable aumento del presupuesto para investigación» y tienen la esperanza de que pueda revitalizar el sistema científico golpeado por una década de austeridad y recortes. Explica que el gobierno español ha presentado en el Parlamento unos PGE que incrementan los fondos para ciencia en un 60% con respecto a 2020 y que en caso de ser aprobados, elevarían el presupuesto del Ministerio de ciencia y tecnología hasta los 3.200 millones de euros, la mayor cantidad destinada nunca en España a la ciencia. Cita a investigadores como Amaya Moro Martín -que denunció en la propia revista en 2017 el abandono de la ciencia en España- o Jorge Barrero que lo celebran como un «cambio de tendencia» y una «gran noticia».

El artículo detalla que buena parte del aumento de dinero viene del fondo de recuperación post-Covid de la UE ya que, de los 140.000 millones de euros para España, el gobierno va a destinar 1.100 millones al Ministerio de Ciencia, añadiendo otros 2.100 millones de sus propios recursos. Enfatiza que muchos investigadores esperan que este dinero ayude a reconstruir el sistema científico español, muy golpeado desde la crisis financiera de 2008. Recuerda que los recortes y la austeridad redujeron a la mitad el presupuesto para investigación en 2013 y a penas ha crecido tras la recuperación económica . También resalta que el número de científicos en España se ha reducido y algunos hablan de «una generación perdida». Y advierte de que algunos investigadores temen que el incremento presupuestario no se mantenga cuando se acaben los fondos europeos, pero resalta que el gobierno de Sánchez y su ministro de ciencia Pedro Duque tienen planes para mantenerlo y alcanzar la meta de destinar el 3% del PIB a I+D.

Nature es una de las más antiguas y pretigiosas revistas científicas. Su primer número fue publicado en 1869. Se edita desde el Reino Unido por la compañía Nature Publishing Group, subsidiaria de Macmillan Publishers, propiedad del Grupo Editorial Holtzbrinck (dueños del semanario Die Zeit). La revista es leída por científicos e investigadores de todo el mundo siendo la mayor parte de los artículos exposiciones de trabajos de investigación muy técnicos. Pero también incluye editoriales y noticias científicas de carácter general así como artículos sobre política científica en diferentes países. 

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La Organización Metereológica Mundial (OMM) informa de que la desaceleración industrial por la pandemia no ha frenado los niveles récord de gases de efecto invernadero, «que atrapan el calor en la atmósfera, aumentan las temperaturas y provocan un clima más extremo». Según explica Juan López Uralde en La Cafetera de radiocable.com, «ese parón en la emisión de gases no ha tenido consecuencias en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera». De modo que, «la concentración sigue creciendo, porque lleva una inercia». Y, advierte: «Si seguimos emitiendo tal cantidad de gases, la capacidad de sumideros de carbono -fundamentalmente océanos y bosques, no será suficiente para frenar ese crecimiento» (minuto 52:20).

polucion contaminacion aire

Los datos que ofrece la organización concluyen que las concentraciones de dióxido de carbono subieron en 2019 y el promedio mundial anual superó el umbral de 410 partes por millón, un aumento en comparación con el año anterior. Y, en 2020 este incremento ha continuado a pesar de las medidas de confinamiento que redujeron las emisiones de muchos contaminantes y gases a la atmósfera.

Como explica Juan López Uralde, esto responde a «la inercia» y, como describe la OMM, a que las concentraciones son la suma de las emisiones pasadas y actuales. Según los científicos, la reducción de emisiones causada por el COVID-19 al final no tuvo un impacto mayor que el de estas variaciones.

Para Uralde, la solución pasa por «cambios estructurales que realmente hagan de esa reducción una constante». De manera que «seamos capaces de contener ese crecimiento en la acumulación». El diputado y exdirector de Greenpeace también puso el foco en los privilegios del diésel en España y en cómo, a diferencia de otros países como Reino Unido, sigue sin dar la espalda a este combustible. Además, destacó el caso de «slapp» en la campiña gallega, en concreto del caso de Manuel, un agricultor gallego que se ha visto envuelto en lo que se conoce como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública. Unas demandas que suelen presentar grandes empresas o despachos, a quienes denuncian alguna irregularidad sobre asuntos públicos, según explica Greenpeace.

Además, en la página internacional el programa analizó las últimas informaciones sobre el clima social en Guatemala después de las protestas que terminaron con parte del parlamento en llamas. Así como también puso el foco en los primeros nombramientos del gabinete de Joe Biden y el juicio por corrupción al que se enfrenta el expresidente Nicolas Sarkozy (minuto 30:55).

En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, se hizo hincapié en los efectos contaminantes del comercio y consumo electrónico, y en la exigencia de Amnistía Internacional sobre la protección de las víctimas de violencia sexual en España (minuto 44:05).

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Es el caso de Manuel, el agricultor gallego que, tras denunciar la contaminación de una empresa ganadera, ahora se enfrenta a una demanda judicial por parte de dicha corporación. Greenpeace pone el foco en su caso como víctima de una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Un tipo de demandas que, según explica Juan López Uralde en La Cafetera de radiocable.com, funcionan como demandas judiciales intimidatorias que utilizan las grandes corporaciones «para tratar de frenar movimientos sociales o de protesta».

El caso concreto de Manuel, agricultor de la comarca de Limia, es el de una denuncia de la empresa Coren, «que se deshace de los residuos de sus granjas ganaderas vertiéndolos en el medio ambiente»- cuenta Uralde. En consecuencia, la corporación, para frenar esa denuncia, han presentado una demanda contra Manuel cuando, «lo que realmente están haciendo y lo que denuncia Greenpeace es tratar de silenciar la denuncia de esa contaminación del medio ambiente que están causando con su ganadería intensiva» (minuto 59:15).

Fuente: Greenpeace

Fuente: Greenpeace

El procedimiento consiste en «actuar contra personas destacadas de movimiento sociales que pueden perjudicar sus intereses y actúan legalmente contra ellos». De hecho, la organización ecologista señala ue las víctimas más habituales de estas demandas son activistas, periodistas independientes o investigadores, «que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en los sistemas democráticos».

Según explica Greenpeace, el término SLAPP tiene sus raíces en Estados Unidos, donde en las últimas décadas este ha resultado ser «un fenómeno realmente preocupante para la libertad de expresión, tanto que actualmente algunos estados han implementado legislación para evitar este tipo de demandas». Como ha ocurrido también en Canadá y en Australia.

Esta práctica de acoso judicial «está cada vez más extendida en Europa, donde no existe ninguna legislación a día de hoy que las regule», apunta Greenpeace. Y pone el ejemplo de Italia, donde solo en 2017 se presentaron más de 9.000 demandas penales contra periodistas. Y en Portugal, Celtejo, una empresa explotadora de eucalipto, demanda al activista medioambiental Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales evidenciando su relación con la contaminación del río Tajo.

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Tres ciudades españolas son incluidas en la «Lista A» de Carbon Disclosure Project, CDP, que reconoce las 33 urbes europeas y 88 mundiales que mayores esfuerzos han hecho para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, a pesar de la pandemia. Barcelona, Murcia y Vitoria son destacadas por la organización dependiente de Naciones Unidas y permiten a España figurar entre los países de la UE con más ciudades en la lista.

BARCELONA SKYLINE

CDP es proveedor de datos para el Portal de Acción Mundial sobre el Clima de la ONU y desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015 los esfuerzos ambientales de las ciudades de todo el planeta. En su Lista A 2020 recoge las 88 que han mostrado mayor progreso en la adaptación y resiliencia al cambio climático desde 2015, demostrando el emprendimiento de acciones de impacto y urgentes.

Dinamarca es el país con mayor número de ciudades en la lista, seis. Le siguen Suecia (5), Finlandia (4) y España junto a Portugal ambas con 3. Barcelona y Vitoria repiten en el ranking, pero este año se incorpora Murcia, junto con urbes como Florencia, Helsinki, Porto o Copenhague.

Quizá el dato más esperanzador es que si en 2015, se incluyeron 44 ciudades en la lista, cinco años después son justo el doble, 88. Y entre ellas figuran Berlin, París, Boston, Atenas, Estocolmo o Los Ángeles. Además, con respecto a las europeas, si en 2015 sólo el 60% de las ciudades incluidas tenían objetivos de reducción de emisiones, ahora las 33 urbes que aparecen los tienen. Y 14 de ellas tienen asimismo objetivos de neutralidad en emisioones frente a las 3 de 2015.

Un informe de Naciones Unidas describe la estrategia de grupos violentos no estatales, incluidos terroristas, extremistas de derecha y del crimen organizado como los carteles mexicanos que están utilizando las redes sociales para difundir su narrativa, aumentar la polarización mundial y la desconfianza de los gobiernos para reclutar adeptos.

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Según el nuevo informe del Instituto de Investigación Interregional sobre Crimen y Justicia de las Naciones Unidas estos grupos han difundido teorías conspirativas sobre el origen del COVID-19 «que generalmente atribuyen a los gobiernos, etnias o religiones (…) y ellos dicen tener «el verdadero conocimiento» sobre el origen del COVID-19″.

El estudio indica que los mensajes a menudo se personalizan para coincidir con la audiencia y las ideologías de estos actores violentos no estatales. Por ejemplo, citan el caso de grupos de extrema derecha de Estados Unidos que «han circulado teorías que culpan a los inmigrantes y extranjeros como los responsables de propagar al virus».

Asimismo, señalan a personas asociadas al ISIS y Al-Qaeda que también han difundido teorías de conspiración que afirman que el virus «es un «soldado de alá» que está castigando a los incrédulos y a los enemigos de los musulmanes».

El objetivo de estas teorías sería socavar la confianza en los Gobiernos, y reforzar narrativas extremistas y estrategias de reclutamiento.

Entre las tácticas empleadas destacan la de crear contenido simple y muy visual como la más común entre los grupos de extrema derecha. Además, para esquivar las medidas de control, evitan el uso de ciertas palabras o símbolos que pueden identificarse fácilmente como parte del «lenguaje extremista».

Otra estrategia sería la de redirigir seguidores y visitantes a canales menos controlados y cifrados. Como en el caso del grupo ultraderechista estadounidense ‘movimiento boogaloo’. Según explican, primero publicó contenidos en Facebook para atraer seguidores, y luego les invitó a unirse a discusiones en redes de aplicaciones de mensajería como los canales de Telegram, «donde era posible compartir materiales más extremos».

Sin embargo, el uso de canales encriptados y menos controlados comenzó antes de la crisis del COVID-19. Citan un informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en el que señalan la suspensión de Twitter de más de 200.000 cuentas de extremistas en agosto de 2016 como origen de un «éxodo en línea hacia servicios de mensajería cifrada de extremo a extremo como Telegram, WhatsApp y Viber».

La solución, afirma el informe, para por la información precisa, responsable y confiable para intensificar los esfuerzos colectivos para contener la transmisión de COVID-19.

En concreto, destacan cinco herramientas. Por un lado, la visualización de datos. De manera que, a través del Big Data se puedan visualizar las capas de desinformación, mostrar narrativas interconectadas, detectar sentimientos y cuentas de bots, «para tomar decisiones oportunas basadas en conocimientos visuales».

Por otro, la inteligencia artificial, utilizando algoritmos «para guiar al público a detectar la desinformación» y «detectar en el menor tiempo posible las noticias e informaciones falsas». Así como recurrir a aplicaciones móviles y bots de mensajería que califiquen noticias como «falsas o confiables» para «ayudar al público a diferenciar entre verdades y mentiras dentro de aplicaciones como Whastapp, Viber y Facebook Messenger».

También apuntan a las extensiones para navegadores web que «monitoricen la fiabilidad de los sitios de noticias al navegar y desplazarse dentro de las redes sociales». Y a la educación sobre los medios digitales, para «luchar contra las noticias falsas educando y ayudando a las personas a identificarlas».

El informe concluye que el uso de la tecnología para detectar y desacreditar las noticias falsas debe tener como objetivo «involucrar y empoderar a los usuarios para que puedan comprender el problema y tomar su propia decisión informada sobre lo que es verdad y lo que no».

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Las autoridades polacas están usando toda una serie de duras medidas para reprimir las protestas pacíficas contra la sentencia del Tribunal Constitucional que limita gravemente el acceso al aborto en Polonia. Lo denuncia Amnistía Internacional que ha documentado en el transcurso de la Huelga de las Mujeres en Polonia, el uso de pulverizadores de pimienta, la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente y la incitación a la violencia, por parte de las autoridades, contra las personas que protestan.

Fuente: Partido de los Socialistas Europeos

Fuente: Partido de los Socialistas Europeos

“Ante una prohibición casi total del aborto, la ciudadanía de Polonia se ha movilizado de forma impresionante. Mujeres de todas las edades, desde niñas hasta abuelas, se han unido a unas protestas en su abrumadora mayoría pacíficas. Sin embargo, no satisfechas con violar sus derechos reproductivos, las autoridades han aprovechado esta oportunidad para reprimir también su derecho a protestar pacíficamente”, ha asegurado Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

La ONG denuncia varios episodios de represión. Así por ejemplo, durante la Huelga de las Mujeres que se congregaban pacíficamente frente al edificio de la televisión pública en Varsovia, la policía las acorraló junto con periodistas que cubrían el evento y usó pulverizadores de pimienta.

También han documentado el uso excesivo de la fuerza por la policía, cargas desproporcionadas contra quienes protestan y los discursos de las autoridades que podrían animar a que se cometan más actos de violencia contra estas personas. AI denuncia asimismo la detención de personas que protestaban pacíficamente y pide que se retiren los desproporcionados cargos penales formulados.

Los intentos por revertir la contaminación de la mayor laguna salada de Europa y en concreto la apuesta por convertir el Mar Menor en una persona jurídica para protegerlo han llamado la atención del diario británico. En un reportaje que firma Ricardo Perez Solero, apuntan que la situación del ecosistema murciano se ha convertido en la «peor crisis ecológica» española que tiene además un fuerte impacto en la economía de la zona. Y detallan el «ambicioso» proyecto para dar derechos legales al Mar Menor -que también ha sido destacado en septiembre por el diario francés Liberation- como una nueva forma de intentar salvarlo.

The Guardian describe el paraje de Los Urrutias. en la laguna salada de Murcia, cuyo aspecto «parece idílico con flamencos, cormoranes y garzas» pero advierte que el viento y el olor a podrido desvelan una situación de «grave desequilibrio ecológico». según admite el gobierno murciano y de «ecocidio», según los ecologistas. Explica cómo en 2016 una «eutrofización extrema» provocada principalmente por vertidos de nitratos de la agricultura, tiñó de verde las aguas y mató el 85% de las algas marinas y a miles de peces. Añade que esto hizo que la laguna oliera mal, el precio de las casas se desplomará, afectando al turismo y la economía. Apunta que el Mar Menor es el peor desastre ecológico español y enfatiza que la población local está «furiosa».

Pero el reportaje pone de relieve que para intentar protegerlo, ha surgido una nueva idea: dar derechos legales al Mar Menor reconociéndolo como una persona jurídica. Cita a una de las abogadas detrás de la «ambiciosa propuesta» que explica que como en el sistema legal español no hay hueco para proteger los derechos de un ecosistema, han creado un nuevo modelo de justicia. Detalla que el proyecto dejaría la representación de la laguna en tres grupos, -guardianes legales, comité de monitorización de protectores y consejo científico- pero además cualquier ciudadano podría presentar una demanda en nombre del Mar Menor. Apunta que el concepto no es del todo nuevo, ya que en Nueva Zelanda, Ecuador, India o Colombia se han reconocido ciertos derechos a ríos o ecosistemas y en Canadá se intentó con el Lago Erie. Resalta que en Murcia ya han presentado una iniciativa legislativa popular y están recogiendo firmas para llegar al medio millón que permita llevarla al parlamento.

The Guardian es un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2015 su circulacion era de 171.318 ejemplares, la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 2º más popular del Reino Unido, solo por detrás del Daily Mail.

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Con el anuncio del presidente del gobierno Pedro Sánchez la vacuna contra la covid-19 se instala en la agenda política del Ejecutivo, que ya anuncia un plan de vacunación para el primer trimestre de 2021.  España contará con 13000 puntos de vacunación y una estrategia «única» para todo el país minuto 09:40). Un asunto que copa las portadas de la prensa nacional, así como la reacción política de PP y Vox a la nueva ley de educación, la Ley Celaá. Ambas formaciones aseguran que el gobierno pretende acabar con los centros de educación especial en base a una interpretación de la ley, que, textualmente, afirma: «El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad«. Una interpretación que ha desembocado en protestas, a pesar de la insistencia de PSOE y Unidas Podemos en que el gobierno no va a eliminar los centros de educación especial.

pedro sanchez españa europa

En la página internacional La Cafetera ha puesto el foco en la situación de Guatemala, donde varios manifestantes tomaron y quemaron parte del Congreso (minuto 33:30). Las protestas, que en su mayoría fueron pacíficas, buscaban mostrar el rechazo al presupuesto nacional para el año 2021 que reduce las partidas para salud y protección social. El programa también ha analizado la repercusión por el asesinato de un hombre en Brasil en circunstancias similares al caso de George Floyd en Estados Unidos. Mientras, en el país aún presidido por Donald Trump, este continúa vertiendo dudas sobre los resultados electorales, a pesar de haber perdido la demanda de Pensilvania.

Además, en la agenda de cafetera, la que conforma la audiencia, el programa ha seguido la situación en Polonia, donde continúa la Huelga de Mujeres desatada desde hace semanas por el controvertido proyecto de ley del aborto (minuto 45:52). La nueva ley prohibiría el aborto por anomalías graves e irreversibles del feto, que supone el 98% de las interrupciones legales del embarazo que se practican en el país. Tras las protestas, Amnistía Internacional ha denunciado la «imparable represión de las protestas». Por otro lado, los oyentes han destacado la alerta de Naciones Unidas sobre cómo varios grupos terroristas están aprovechando la pandemia para captar adeptos en redes sociales. Según explica la organización, se trata de grupos terroristas, extremistas, supremacistas blancos y hasta carteles mexicanos que «están difundiendo teorías conspirativas sobre el origen del COVID-19 que generalmente atribuyen a los gobiernos, etnias o religiones (…) y ellos dicen tener “el verdadero conocimiento” sobre el origen del COVID-19″.

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UNICEF pide «acabar con el mito de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad de la covid-19″. Según un informe sobre las consecuencias de la pandemia para los niños y niñas «se demuestra cómo, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede marcar su vida».

Fuente: ONU

Fuente: ONU

«Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños», afirma Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Que, además, advierte de que «el futuro de toda una generación está en riesgo».

El informe concluye que en 87 países los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19.  No obstante, señala que «se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta».

Señalan que «las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares».

Entre los problemas derivados de la pandemia, destacan que alrededor de un tercio de los países analizados registró una caída de al menos el 10% en la cobertura de servicios de salud como vacunación de rutina, atención ambulatoria de enfermedades infecciosas infantiles y servicios de salud materna. Porque, «el miedo a la infección es una razón importante para no acudir al centro médico».

Además, alertan de una disminución del 40% en la cobertura de los servicios de nutrición para mujeres y niños en 135 países. Y 65 países informaron de una disminución en las visitas domiciliarias de trabajadores sociales en septiembre de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.

A ello se suman las consecuencias del cierre de escuelas. En noviembre de 2020, 572 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas en 30 países: el 33% de los estudiantes matriculados en todo el mundo.

A nivel mundial, se estima que el número de niños que viven en la pobreza multidimensional – sin acceso a educación, salud, vivienda, nutrición, saneamiento o agua- se ha disparado en un 15%, o 150 millones de niños más para mediados de 2020.

En este contexto, UNICEF propone asegurar que todos los niños continúen con su educación, «incluyendo en este principio el cierre de la brecha digital», así cono garantizar el acceso a los servicios de nutrición y salud, y hacer que las vacunas sean asequibles y estén disponibles para todos los menores. También, apoyar y proteger la salud mental de niños y jóvenes y «poner fin al abuso, la violencia de género y la negligencia en la infancia».

Piden aumentar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene y abordar la degradación ambiental y el cambio climático; revertir el aumento de la pobreza infantil y garantizar una recuperación inclusiva para todos; y redoblar los esfuerzos para proteger y apoyar a los niños y sus familias que viven en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento

Desde Naciones Unidas alertan de «una ola de peligrosa desinformación con ciudadanos que no creen en la existencia de la pandemia y no cumplen las medidas recomendadas de salud». La califican como «una de las consecuencias actuales más peligrosas de la falta de confianza en las instituciones y Gobiernos».

Movil

Para Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la desinformación en Latinoamérica ha tenido un «fuerte impacto» por «los problemas estructurales que ya existían mucho antes, como la desigualdad, y los desafíos inherentes a la pandemia que comparte con otras regiones».

Según el experto, la confianza de los ciudadanos reside en un tema de legitimidad, «de que los Gobiernos respondan a sus necesidades y aspiraciones». Algo que «se obtiene a través de resultados y procesos». De manera que «si no hay resultados concretos de las políticas públicas eventualmente las personas empiezan a perder esa confianza en que las instituciones están ahí para responder a sus necesidades y para coadyuvar a sus aspiraciones».

Desde la organización citan un informe que analizó la veracidad de las informaciones sobre coronavirus en Twitter y que concluye que «sólo el 59% de la información que está en las redes sociales en América Latina es verificada o confiable». Mientras en países como Argentina y Jamaica casi el 80% de las noticias se consideran fiables, en países como Venezuela y Perú no superan el 25%.

Como viene advirtiendo la OMS, no solo en caso de Latinoamérica, sino mundial, «uno de los mayores retos que enfrentan para derrotar a la pandemia es que aún existen personas que siguen negando la existencia del coronavirus o desconocen su gravedad». Y, en consecuencia, «se niegan a seguir las medidas de distanciamiento social o uso de mascarillas a pesar de que la ciencia aconseje lo contrario».

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