Acampada ante el consulado español en Ámsterdam el 2 de septiembre de 1975 en protesta por el consejo de guerra contra José Antonio Garmendia Artola y Angel Otaegi, integrantes de ETA. Mientras que al primero se le conmutó la condena de muerte, Otaegi fue fusilado el 27 de septiembre de ese mismo año.
Fotograaf Onbekend/Anefo/Wikimedia Commons, CC BY
Gaizka Fernández Soldevilla, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo
El 27 de septiembre de 1975, hace 50 años, la dictadura llevó a cabo sus cinco últimas ejecuciones, también las últimas de la historia de España. En Madrid fueron fusilados tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota): José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. En Burgos y Barcelona, dos integrantes de ETApm (ETA político-militar): Ángel Otaegi Etxeberria y Juan Paredes Manot o Manotas (Txiki).
Habían sido condenados a muerte por el asesinato de los agentes de la Policía Armada Lucio Rodríguez Martín y Ovidio Díaz López y de los guardias civiles Gregorio Posada Zurrón y Antonio Pose Rodríguez.
68 víctimas mortales entre 1968 y 1975
A finales de la década de los sesenta, organizaciones de extrema izquierda, ultraderecha y nacionalistas radicales habían comenzado a cometer atentados en todo el planeta. En España, ese ciclo de violencia coincidió con la etapa final del régimen. Entre 1968 y 1975 bandas terroristas como ETA, el FRAP y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) causaron 68 víctimas mortales.
La mayoría llevaban la firma de ETA, que había apostado por la estrategia de acción-reacción-acción: cometer atentados para provocar una represión salvaje hasta que estallara una “guerra revolucionaria”. En efecto, la dictadura respondió con leyes, estados de excepción, detenciones masivas, malos tratos y torturas.
Ahora bien, la espiral de acción-reacción no llegó hasta sus últimas consecuencias. La represión era un pilar fundamental del régimen y jamás desapareció, pero se había ido aminorando con el tiempo. Fue importante el papel de Tomás Garicano Goñi, ministro de Gobernación entre 1969 y 1973, quien intentó modernizar las Fuerzas de Orden Público (FOP) para minimizar su faceta más brutal, aunque sus efectos no se vieron a corto plazo.
Indultos pragmáticos
A pesar de que los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte desde septiembre de 1963 hasta febrero de 1974, todos los condenados por delitos de sangre con connotaciones políticas fueron indultados por el Gobierno franquista. Ese perdón, más que a consideraciones morales, respondía a dos motivos pragmáticos. El primero, sortear un obstáculo al acercamiento del régimen a Europa occidental. Y el segundo, en palabras del vicepresidente (1967-1973) y luego presidente (1973) Luis Carrero Blanco, no caer en la “trampa” de los terroristas: “hacer mártires”.
En 1973 hubo un punto de inflexión. A consecuencia del creciente malestar de las FOP y de las presiones de la ultraderecha, que lo acusaba de ser un blando, Garicano se vio obligado a dimitir en junio. Y el 20 de diciembre ETA mató a Carrero Blanco, a su escolta y a su chofer.
El nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, anunció un proyecto de “democratización del régimen” conocido como “Espíritu del 12 de febrero”. Cosechó el apoyo del sector aperturista del franquismo, pero también el rechazo tanto de la oposición antifranquista como de la extrema derecha. En cualquier caso, a consecuencia del miedo al contagio de la Revolución de los Claveles portuguesa, a la conflictividad laboral, estudiantil y vecinal, así como a las presiones internas, solo logró cambios legislativos menores.
Ejecución de Puig Antich
Pese a su supuesto reformismo, el Gobierno respondió al aumento de la “subversión” con mano dura. Así confirmó la pena máxima impuesta a Salvador Puig Antich, integrante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), que había matado al subinspector Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Ese mismo día fue ajusticiado un hombre que había asesinado a un guardia civil.
La ejecución de Puig Antich no originó una gran campaña de protesta, por lo que se dedujo que el coste de la medida era asumible. Sin embargo, no sirvió para detener la ofensiva terrorista.
Tampoco fue suficiente como para aplacar a la ultraderecha, que rompió públicamente con el Gobierno tras el atentado indiscriminado de ETA en la cafetería Rolando, perpetrado el 13 de septiembre de 1974. En esta acción terrorista murieron 13 personas y unas 70 resultaron heridas.
En octubre, el sector más liberal abandonó el Gobierno Arias, con lo que el proyecto “democratizador” desapareció. No obstante, su salida fue insuficiente para los inmovilistas, que siguieron a la contra. El presidente conservaba el respaldo de Franco, que era el más importante, pero su posición era cada vez más débil. Necesitaba un golpe de efecto.
Durante 1975, los terroristas causaron un total de 33 víctimas mortales. El 25 de abril de ese año, el Gobierno decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa para potenciar la actuación policial contra ETA. En una de las publicaciones de la banda se podía leer: “La acción de [el pueblo de] Euskadi ha sido clave en el proceso que ha llevado al Régimen del Espíritu del 12 de febrero a las mayores brutalidades de signo ultra”.
En agosto y septiembre se celebraron cuatro consejos de guerra (dos ordinarios y dos sumarísimos). Se ajustaron a la legislación vigente en aquel momento, pero estamos hablando de una dictadura: no contaban con las garantías exigibles en un Estado de derecho, por lo que no pueden ser considerados juicios justos desde la perspectiva actual.
Con todo, no debemos olvidar que los procesados eran miembros activos de organizaciones terroristas. Había algunos indicios sobre su responsabilidad en los cargos que se les imputaban. Por ejemplo, Txiki fue reconocido por seis testigos. Uno de ellos aseguró que “la cara del asaltante que le encañonó no la olvidaría en mucho tiempo”.
A la postre se condenó a la pena capital a ocho miembros del FRAP y a tres de ETApm por su participación en el asesinato de cuatro funcionarios.
Presión internacional sin efecto
Ni las movilizaciones en España, ni las presiones internacionales de entidades como la ONU, la Comunidad Europea y el Vaticano, influyeron en el ánimo de Arias Navarro. Tampoco las voces críticas que, dentro del propio régimen, recomendaron clemencia. El 26 de septiembre de 1975 el Gobierno conmutó seis de las sentencias de muerte, pero dio el “enterado” a las cinco restantes. Los fusilamientos se produjeron al día siguiente.
La imagen de prosperidad, normalidad institucional y modernidad occidental que el régimen había pretendido proyectar al mundo se evaporó. Era evidente que fue una dictadura hasta el final.
Las ejecuciones no neutralizaron el terrorismo: la semana después se produjeron 9 asesinatos. Tampoco sirvieron para traer de vuelta al redil a la ultraderecha, ni para fortalecer la posición de Arias Navarro, ni para dar un balón de oxígeno a la moribunda dictadura, que no sobreviviría al fallecimiento de Franco el 20 de noviembre. En palabras del abogado Marc Palmés Giró, se trató de “sangre inútil”.
También fue inútil la sangre derramada por los terroristas, que no consiguieron sustituir una dictadura por otra. Causaron casi 500 víctimas mortales entre 1976 y 1982. A pesar de la violencia de uno u otro signo, la transición democrática saldría adelante.
Gaizka Fernández Soldevilla, Responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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