José María Baldasano Recio

Llevamos veintinueve COP, que son las reuniones de las partes que firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La primera COP se celebró en Berlín en 1995 y su objetivo fue la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. La última se celebró en noviembre del año pasado.

Hay dos preguntas frecuentes sobre estas reuniones anuales: ¿sirven para algo? ¿Hay que modificar su formato? No existe una respuesta única. Son habituales las críticas contra su ineficacia, aunque algunos analistas resaltan su necesidad para situar la agenda climática en el centro de la agenda global.

¿Qué ha pasado con las emisiones?

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sugiere que estas reuniones han servido para muy poco. Las emisiones de CO₂ debido al uso de los combustibles fósiles han seguido creciendo, un 8 % desde el Acuerdo de París logrado en la COP21 en 2015.

Según el informe de 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la brecha de emisiones, las emisiones de CO₂equiv han alcanzado 57,1 Gt CO₂e en 2023. Las debidas al dióxido de carbono (CO₂) fósil han sido de 37,0 ± 2 Gt CO₂, un 66 % más que en 1990. La concentración de CO₂ actual es de unos 422 ppm, frente a los 280 ppm anteriores a la Revolución Industrial.

Por otro lado, el aumento de temperatura global ha alcanzado el umbral de 1,5 °C señalado como límite seguro en el Acuerdo de París de 2015.

Se habla del fracaso de la CMNUCC y sus COP, pues no han conseguido estabilizar las concentraciones de GEI. Pero surge otra pregunta: ¿cuáles serían estos valores en el caso de que no hubieran existido estas reuniones? La respuesta es: claramente mayores. Su existencia es de absoluta necesidad, aunque ello no impide realizar un análisis crítico del recorrido de estos más de 30 años.

De las primeras COP al Acuerdo de París

La función de estas cumbres es considerada por muchos como un proceso por etapas. Antes de la COP21, se esperaba un aumento de un 16 % de las emisiones en 2030, mientras que ahora se espera que sea solo del 3 %. A pesar de todo es insuficiente, ya que incluso los actuales compromisos nos llevan a aumentos de la temperatura global de entre 2,1 y 3,2 °C para final de siglo.

En las primeras COP, la cuestión principal era reducir las emisiones de los GEI, especialmente en los principales países emisores y responsables de su acumulación histórica. De la COP1 surgió el Mandato de Berlín que dio lugar en la COP3 al Protocolo de Kioto en 1997, que después del fracaso de la COP15 de Copenhague y su climagate, se alargó hasta el año 2020, en la COP18 de Doha (2012).

Dada la dificultad de asumir la reducción de emisiones, pero especialmente por los países emisores históricos (Estados Unidos, Reino Unido, etc.), así como los nuevos emisores (China, Rusia, etc.), se tomó una decisión diplomática: orientar el objetivo a limitar el incremento de la temperatura a un máximo de 2 °C. Así, se tomó como objetivo un efecto y no la causa. Gran estrategia del lobby fósil, no explicitar claramente la relación causa-efecto que conlleva posponer sine die la urgencia de limitar las emisiones de CO₂, que son el origen del problema.

Fue en la COP15 de Copenhague (2009) donde se mencionó “que el aumento de la temperatura mundial debería permanecer por debajo de 2 °C”. En la COP16 de Cancún (2010) se convirtió ya en un objetivo, aunque sin definir la base para medir este incremento de temperatura, razón del informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del año 2018. La responsabilidad de reducir las emisiones se transfirió a los gobiernos.

Se necesitó todo un complejo proceso diplomático de cinco años para poder llegar al Acuerdo de París en la COP21 en 2015.

Medidas siempre a largo plazo

Otra característica sistemática en la toma de decisiones son los largos plazos de tiempo para el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Aquí algunos ejemplos:

• Protocolo de Kioto de 1997: entró en vigor en 2005, la fecha de cumplimiento se puso en el 2012, pero fue prorrogado al 2020.
• Acuerdo de París de 2015: entró en vigor en 2016, pero se inicia en 2020.
• Las contribuciones determinadas a nivel nacional fueron definidas en 2013, con una primera versión en 2015, una primera revisión para 2020 y posteriores cada 5 años (2025, 2030…).
• Fondo Verde del Clima (FVC/GCF): establecido en la COP16, creado en 2011, tenía como objetivo elevar la financiación climática a 100 000 millones de dólares anuales para 2020.
• Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG): establecido en la COP29, es un fondo de 300 000 millones de dólares anuales para 2035.
• Abandono de los combustibles fósiles: únicamente se mencionó “la reducción progresiva del carbón” en la COP26 (2021) y una “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos” en la COP28 (2023). Ambas son simples valoraciones cualitativas.

Los plazos de ejecución siempre son largos, hay una incapacidad de respuesta a corto y medio plazo.

La influencia de los países petroleros

Otro punto importante a señalar es el incremento progresivo de asistentes y delegados, aspecto que se podría valorar positivamente, pero que ha provocado la desnaturalización de estas reuniones, pasando inicialmente de unos 5 000 a más de 70 000 en las últimas COP. Esto provoca que las decisiones y aprobaciones sean un proceso complejo multilateral entre los 197 países, con una gran limitación para alcanzar el consenso.

Además, las dos últimas COP han sido en países con una economía basada en los combustibles fósiles: la COP28 en Emiratos Árabes Unidos y la COP29 en Azerbaiyán, y anteriormente la COP18 fue en Qatar.

Las empresas y países petroleros han tenido una presencia controvertida en las COP, operando como obstáculo al progreso de las políticas climáticas. Afirman participar para contribuir a una transición energética sostenible, pero su objetivo ha sido priorizar sus intereses económicos sobre una acción climática efectiva. Bloquean sistemáticamente los acuerdos climáticos para continuar con el uso de los combustibles fósiles. Su participación implica tensiones en los compromisos globales para limitar el calentamiento global, generando preguntas sobre la capacidad de la COP para ser verdaderamente independiente.

El creciente número de delegados de empresas y países petroleros en las COP ha levantado alarmas sobre el equilibrio de poder en las negociaciones y en la formulación de políticas climáticas, con cerca de 2 500 delegados en la COP28 de Dubái y 1 770 en la COP29 de Bakú. Las cifras superan a las delegaciones de países más vulnerables, lo que que refleja una desproporción preocupante. Es uno de los lobbies más activos. Su presencia refleja su estrategia para moldear la narrativa climática, defendiendo soluciones negacionistas que perpetúan el uso de los combustibles fósiles.

Mientras tanto, las voces de las comunidades más afectadas climáticamente quedan relegadas, lo que cuestiona la legitimidad de estas cumbres como espacios efectivos para la acción climática. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de las COP para priorizar las soluciones y la justicia climática.

En realidad, ¿cuántas COP más nos podemos permitir? Pues estas suceden:

• Con mucha inercia frente a la urgencia del cambio,
• entre las evidencias científicas y los intereses económicos,
• entre las necesidades y el poder real de intervención, y los intereses geoestratégicos;
• con el aumento de la población mundial, el consumo de energía, el desarrollismo y consumismo.

A pesar de que las COP tienen una credibilidad cuestionable, es vital acelerar de forma urgente las políticas climáticas actuales. Muchas personas ya sufren el inmovilismo en abordar las consecuencias del cambio climático. La distancia entre dónde estamos y dónde deberíamos estar es enorme. La ambición de las respuestas no refleja la situación de emergencia climática en la que se encuentra la humanidad.

José María Baldasano Recio, Catedrático Emérito de Ingeniería Ambiental

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.