Brais Suárez Eiroa, Universidade de Vigo y David Soto-Oñate, Universidade de Vigo
Esta semana, Azerbaiyán acoge la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29). Los objetivos principales de este encuentro son acordar un esquema de financiación para la mitigación y adaptación ante el cambio climático y presentar planes nacionales para cumplir el Acuerdo de París, es decir, limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Un umbral que, aunque sea temporalmente, en realidad ya hemos superado.
A pesar de la credibilidad menguante de estas reuniones, es vital movilizar acuerdos multimillonarios que aceleren genuinamente la mitigación del cambio climático. Muchas personas sufren ya las secuelas del inmovilismo climático: los millones de desplazados climáticos, los sectores que sufren las consecuencias económicas o la población de la Comunidad Valenciana, en España, que acaba de sufrir una de las peores catástrofes de su historia.
Justicia climática para los más afectados
Los límites de +1,5 ºC o +2 ºC reflejan puntos de inflexión ecológicos que, de superarse, podrían desencadenar consecuencias irreversibles a escala mundial.
Conforme nos acercamos a estos valores, los impactos sociales del cambio climático se multiplican y agravan, despertando las voces que reclaman abordar el cambio climático desde la perspectiva de la justicia climática; es decir, teniendo en cuenta las diferentes responsabilidades en el problema y también el impacto desigual que genera.
Para entendernos, bajo el problema del cambio climático subyace un problema distributivo perverso. Aquellos que más contribuyen al problema –que más se benefician de él– y más alcance de acción tienen para ponerle freno, menos sufren sus consecuencias negativas y menos incentivos tienen para resolverlo. Por el contrario, aquellos más vulnerables ante los efectos del cambio climático, menos capacidad de reacción tienen tanto para mitigarlos como para adaptarse a ellos.
Mientras debatimos los umbrales ecológicos, muchas regiones del planeta –y sus habitantes– sufren ya transformaciones irreversibles.
El caso de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) se ha consolidado como un actor central en la lucha contra el cambio climático. Su política climática plantea reducir un 55 % las emisiones netas para 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
Además, la UE, sus Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones son conjuntamente los mayores contribuyentes a la financiación climática, y esperan movilizar cien mil millones de dólares en 2025.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. En un estudio reciente –pendiente de publicación en la revista especializada Mitigation and adaptation strategies for global change–, hemos analizado la responsabilidad climática de la UE para estudiar si su política obedece a criterios de justicia climática, y concluimos que el esfuerzo de la UE está muy por debajo de su responsabilidad.
Para llegar a esta conclusión, hemos utilizado el presupuesto climático remanente global –la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que se pueden emitir antes de superar un límite– para estimar el que le correspondería a la UE según un criterio distributivo per cápita.
Por otro lado, hemos reconstruido las emisiones históricas (1850-2050) de la UE por el lado del consumo usando datos disponibles y las proyecciones de su política climática.
Así, hemos evaluado los objetivos de reducción de GEI de la UE en diez escenarios distintos. Estos parten de cinco años base diferentes para empezar a computar el presupuesto de carbono de la UE: 1850 (desde la industrialización de Europa occidental), 1990, 2000, 2015 (desde el Acuerdo de París) y 2021 (sin considerar las emisiones anteriores). Y para cada uno de ellos se ha estimado el presupuesto de carbono teniendo en cuenta dos límites: +1.5 ºC y +2 ºC.
En general, cuanto más atrás en el tiempo comencemos el cómputo, mayor será la cuota de responsabilidad de la UE en el presupuesto global y mayor el consumo del presupuesto asignado hasta el año 2020. Esto puede explicarse por el alto nivel de emisiones de GEI de la UE entre 1850 y 2020 en comparación con otras regiones del mundo. Por ejemplo, la UE sólo representa el 8 % de la población mundial entre 1950 y 2020, pero históricamente emitió el 22 % de las emisiones netas de GEI desde una perspectiva basada en el consumo.
Nuestros resultados muestran que en siete escenarios, la UE ya ha agotado su presupuesto y en los otros tres lo hará en los próximos años. En el escenario más favorable –limitar el calentamiento a +2 °C sin considerar las emisiones anteriores a 2021–, la UE habrá consumido casi el doble de su presupuesto climático para 2050, y en el más desfavorable –limitar el calentamiento a +1,5 °C sin considerar las emisiones anteriores a 2021–, más de cinco veces. Esto, en el hipotético caso de alcanzar efectivamente su neutralidad en 2050.
Impacto climático de la UE desde 1990 hasta 2050 desde la perspectiva del consumo. En azul: emisiones de GEI. En naranja: consumo del presupuesto en el escenario +1.5ºC y año base 2021. En verde: consumo del presupuesto en el escenario +2ºC y año base 2021. Los puntos rojos indican el momento en el que se supera el límite presupuestario en cada escenario.
Adaptado de Suárez-Eiroa et al. (2024), CC BY-SA
De aquí emanan dos implicaciones inmediatas. Por un lado, la política climática europea –probablemente la más ambiciosa del planeta– no está diseñada para cumplir con el presupuesto climático global. Si ni siquiera la política climática más avanzada se hace cargo de su parte del presupuesto global, difícilmente podremos limitar los impactos a 1,5 ºC o 2 ºC.
Por otro lado, que la UE exceda su presupuesto implica que su política no está construida sobre principios de justicia climática e incurre en una conducta que podría ser considerada abusiva hacia las comunidades más afectadas por el cambio climático, un hecho que, incluso, se ha llegado a señalar como otra dimensión de los procesos de colonización.
Justicia climática para la COP29
Países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Reino Unido también han consumido su presupuesto climático. Han construido su prosperidad a costa de generar un problema que ahora es de todos. Más allá de los impactos en el planeta, el cambio climático afecta a las personas y es fundamentalmente un problema social. Sin poner la dimensión social en el centro del debate, difícilmente podremos diseñar políticas que integren la justicia climática.
Para concluir, dos ideas que podrían ser de ayuda para integrar la justicia climática en la COP29. Primero, es necesario imponer objetivos más ambiciosos que consideren los límites ecológicos, pero también los impactos desiguales generados. Segundo, las naciones del norte global han emitido cantidades desproporcionadas de GEI desde la Revolución Industrial. Los Estados con mayor deuda climática tienen la obligación moral de financiar la acción climática global, tanto en términos de mitigación como de adaptación.
Por ello, instamos a los participantes de la COP a tener presente el principio de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas” promovido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que actúen en consecuencia.
Brais Suárez Eiroa, Investigador postdoctoral en economía política ecológica, Universidade de Vigo y David Soto-Oñate, Investigador en el Departamento de Economía Aplicada, Universidade de Vigo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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