Me voy a referir brevemente al debate en el que participé el sábado, sin detenerme demasiado en el incidente, al que ya se han referido otros, pero del que apuntaré que no todo puede valer en televisión y menos contra quien en ese momento pide respeto.
Pero resulta que el detonante para recibir las descalificaciones fue la argumentación que hice sobre la Ley de Servicios Mínimos. Dije que una ley como ésa «no puede ser elaborada por el PP». Y quiero explicarlo, como traté de hacerlo allí.
No parece descabellado pedir que una ley tan sensible, que afecta a derechos fundamentales de los trabajadores -como ha reconocido el propio Rajoy- goce de amplísimo consenso: consenso con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los partidos de la oposición etc.. Que se aproveche la mayoría absoluta para evitar toda oportunidad de consenso es el peor de los escenarios para que quede legitimada.
Así traté de expresarlo y hubiera bastado con contestar argumentando otra cosa, para que el debate se hubiera producido en un tono edificante y no insultante.
Quizá haya quien crea que es precisamente la mayoría absoluta del PP la que legitima que esta ley se pueda desarrollar, pero conviene recordar que la última reforma laboral fue escrita al dictado de la CEOE y de FEDEA, como recordaba en agosto el economista Alejandro Inurrieta. ¿Se puede imaginar el mismo proceso para redactar una ley de servicios mínimos en las huelgas?
Resulta, además, que los servicios mínimos ya existen. Lo ideal es que la empresa llegue a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Pero si no hay acuerdo ¡los fija la empresa! Y resulta, y es bueno que se sepa, que es cierto que, con frecuencia, los servicios mínimos incumplen la legislación pero justamente por lo contrario: porque las empresas imponen servicios mínimos excesivos, «abusivos» según los jueces. Pero los tribunales tardan dos años en dar la razón a los sindicatos, lo que se convierte en una flagrante injusticia para los derechos de los trabajadores. Porque ya es tarde.
Insisto en que todo esto puede ser contestado desde la razón, pero nunca desde el insulto.
La iniciativa en este caso no puede tenerla la derecha. De la misma forma que el final de ETA sólo puede protagonizarlo la derecha, porque es la única capaz de garantizar que no se rompa el país en dos, -conteniendo el ala más dura de los suyos y equilibrando las respuestas-, parece obvio que leyes como la de huelga sólo pueden hacerse desde el más amplio consenso, y preferiblemente desde la izquierda para evitar conflictividad social y laboral.
Ante esto se puede contestar con una contra-argumentación, con las razones que sea, o se puede descalificar a base de insultos. Lo que no se puede pedir es que cuando te insultan tratando de exponer tus ideas te quedes callado, como si no estuviera ocurriendo nada a tu alrededor. Porque lo que ocurre es grave, en el fondo y en las formas.
Compilación con las descalificaciones. Aquí el debate completo.
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