El diario británico asegura en un editorial que para lograr la disolución definitiva de la banda, el nuevo gobierno español tendrá que gestionar con «sumo cuidado» dos asuntos: el de los presos y el de las ideas indepentistas. Y sostiene que el reto recaerá sobre el Partido Popular «cuyos instintos siempre han sido ser duro con el separatismo vasco. Debe corregirlo». Otros medios también reflexionan sobre como debe ser la gestión política de la paz.

El Financial Times defiende en un editorial que «aunque ETA haya renunciado a la violencia, no se ha comprometido a disolverse. Para facilitar que se dirija en esa dirección, el Gobierno ha de gestionar con sumo cuidado dos asuntos. Primero, ha de decidir cómo tratar a los presos de ETA. En algunos casos, se han de considerar acuerdos de indultos y libertades condicionales. Y en general, los etarras encarcelados en prisiones fuera del País Vasco han de ser acercados a cárceles más próximas.»

«Segundo, España ha de evitar criminalizar expresiones legítimas de la opinión vasca. En marzo, el Tribunal Supremo ilegalizó a Sortu, formación predecesora de Bildu, por supuestos vínculos con Batasuna. Ahora bien, si los partidos se comprometen con la democracia y eluden la violencia �??como hizo Sortu-, es mucho más saludable dejar que en las elecciones se derroten sus ideas que tomar medidas en su contra y se vean obligadas a la clandestinidad. Salvo que haya un vuelco en las cercanas elecciones generales, tales retos recaerán sobre el Partido Popular, cuyos instintos siempre han sido ser duro con el separatismo vasco. Debe corregirlo. Las recientes maniobras de ETA son las últimas contracciones de una organización moribunda. Sólo una torpe posición política podría insuflarle nueva vida.»

Le Figaro reflexiona en un análisis de Benoit Pellistrandi sobre el mapa político que queda tras el fin de ETA: «constituye un acontecimiento histórico considerable. En España nadie se deja engañar, aunque se impone una prudencia extrema. Tiene su origen en una retórica política anclada en la proclamación de un conflicto del �??gran País Vasco�?�, actualmente sometido a dos soberanías distintas, y que requiere, por tanto, ser analizada sin concesiones ni ingenuidad. Los inversores pronto entenderán la madeja de la estructura territorial española, y podrían reaccionar con severidad. El debate de las elecciones del 20 de noviembre se centra en la estructura del Estado y, por tanto, en la gobernanza del país.

En otras palabras, la cuestión que se plantea es la sostenibilidad financiera del modelo administrativo español. Con ello se pone en duda el modelo surgido con la transición democrática. Aceptar este desafío, y el de la negociación vasca son los dos retos históricos, prácticamente equiparables a los de 1975, tras la muerte de Franco, que tiene que asumir la sociedad española en su conjunto.»

El Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca en artículo de Leo Wieland: �??el separatismo no se limita al País Vasco, pero se supone que ahí al menos ha acabado la violencia. El Estado central, que otorga muchas libertades financieras, culturales y políticas a sus diecisiete Comunidades Autónomas, es tan estable como el consenso de sus dos potencias más fuertes, los socialistas y el Partido Popular. Fue el gran logro de la Transición, es decir del paso conciliador del franquismo a la democracia, lo que creó los fundamentos para la España moderna; también bajo inclusión de los comunistas.»

Bajo el leitmotif �??café con leche para todos�?� las provincias obtuvieron más derechos y un mayor margen de maniobra de lo que habían tenido �?? también los vascos y los catalanes. Sin embargo, bajo el signo de la polarización de partidos el consenso sobre esta base se ha diluido. El gobierno de minorías del jefe de gobierno Zapatero, que durante mucho tiempo ha aislado con éxito a la oposición conservadora pactando con los regionalistas y que como precio se ha visto obligado a hacerles importantes concesiones, es partícipe de ello en gran manera. Pero también aquí se perfila un cambio desde el anuncio de ETA. Zapatero y el candidato conservador a la presidencia, Mariano Rajoy, hablan discretamente el uno con el otro y calculan minuciosamente cada palabra que pronuncian de puertas afuera�?�.

Y el mismo FAZ apunta en una crónica de Paul Ingendaay: «El camuflaje no encubre la auténtica disputa de los próximos meses. El brazo político del nacionalismo vasco ha acaparado el poder y ha arrinconado a los pistoleros, para evitar así que se malgaste la posibilidad de llevar a cabo una política real. Si se demuestra que las acciones violentas de motivación política realmente forman parte del pasado y la gente se acostumbra a la distensión, podría surgir algo nuevo para lo que actualmente aún falta la imaginación. En ese caso podría llevarse a cabo en el País Vasco un debate libre sobre el Estatuto de Autonomía, sin amenazas ni presión desde fuera.»

La Repubblica considera en un texto de su enviado Daniele Mastrogiácomo que «el mérito de todo esto corresponde a un grupo de hombres y mujeres que, en el momento más crítico de su trayecto político, han tenido el valor de romper con la línea radical de ETA y han impuesto una opción de democracia y libertad. Ahora el camino es cuesta arriba, con tres problemas por resolver: las 829 víctimas a tutelar, los 750 detenidos con diferentes posiciones y condenas y el inmenso arsenal que tiene que ser entregado. El PNV presiona por un gesto inmediato a favor de los detenidos, pero esto suscitaría la sensibilidad de los familiares de las víctimas. Tendría un peso sobre el resultado electoral. Zapatero, Rubalcaba y Rajoy han seguido las fases de las negociaciones sin entremeterse, y han decidido no abordar el tema ETA en este retazo de campaña electoral. Se ocupará el gobierno que salga de las elecciones. Cualquier iniciativa, temen los grandes partidos, sería interpretada con sospecha. Todos pensarían que el Estado está negociando en secreto la rendición. Se aventajarían las posturas más radicales.»