El debate en el Congreso que ha terminado con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha sido ampliamente recogido en la prensa internacional. Y uno de los aspectos que ha llamado la atención ha sido la retórica inflamada de la extrema derecha española contra Sánchez y contra la ley de amnistía. Se subraya que el líder de Vox, Santiago Abascal, llegó a acusar al gobierno, en su discurso en el Congreso, de estar dando un golpe de estado y comparó al presidente con Hitler. Se señala que la violencia de estos insultos evidencia la profunda división que existe ahora en la política española, el nivel de ira de la extrema derecha y el turbulento ambiente en el que se mueve el debate.

NOTICIA ACTUALIZADA: La Libre Belgique advierte de que la extrema derecha está instaurando un «clima golpista» en nombre de la unidad de España.

BFMTV resalta que Sánchez es comparado con Hitler por la extrema derecha tras defender la amnistía en Cataluña. La TV francesa explica que en el debate de investidura en el Congreso, el actual presidente español ha defendido la amnistía concedida a los partidos independentistas catalanes a cambio de su apoyo. Pero subraya que eso ha provocado que el líder del partido de extrema derecha Santiago Abascal comparara a Pedro Sánchez con Hitler. Añade que la presidenta del Congreso le llamo al orden y le pidio retirar sus palabras, pero Abascal se negó. Y enfatiza que el violento insulto ilustra la fuerte ira de la extrema derecha en España tras el pacto del gobierno con los independentistas catalanes.

The Irish Times señala que en la turbulenta política española, frases como golpe de estado flotan en el ambiente. El diario irlandés detalla que Pedro Sánchez ha logrado ser confirmado para una nuevo mandato como presidente español, pero el camino político para lograrlo ha sido «complejo y altamente contencioso», y ha sacado a la luz todas las divisiones sobre ideoligía e identidad que catactarican a la escena política española contemporánea. Y enfatiza que la inclusión de los independentistas catalanes entre los apoyos del nuevo gobierno de coalición ha provocado un gran enfado en la derecha y extrema derecha, que ha hecho que en el debate de investidura «flotaran frases sobre un golpe de estado».

Liberation señala que el debate de investidura fue un «pugilato parlamentario» entre dos bandos irreconciliables. El rotativo francés en una crónica de su corresponsal François Musseau apunta que nadie pensaba que el debate pudiera parecerse a otra cosa que un «pugilato parlamentario» y «no falló» fue una sesión «acalorada» en donde quedó en evidencia que la ley de amnistía ha dividido profundamente a los españoles y ha dejado dos bandos irreconciliables. Y detalla que el debate de investidura se ha producido en medio de acusaciones con «acentos insurrecionales» como las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso hablando de dictadura o la ira de la extrema derecha, cuyo líder Santiago Abascal exigió incluso al Supremo la suspensión de la investidura.

ACTUALIZACIÓN:

La Libre Belgique advierte de que la extrema derecha está instaurando un «clima golpista» en nombre de la unidad de España. El diario belga se hace eco en un artículo que firma Alban Elkaim de cómo Vox está deslegitimando la democracia parlamentaria acusando a la amnistía de ser una «agresión al pueblo español» y además está incitando a la calle y a las fuerzas del orden a rebelarse contra el Estado. Destaca además cómo en las manifestaciones ante las sedes del PSOE en varios puntos de España en protesta por la amnistía convocadas por una «nebulosa de grupos de extrema derecha» se repiten escenas de gente haciendo el saludo fascista, ondeando bandera de Falange o cantando el himno franquista del «Cara al sol».

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Se hizo famoso como actor en la serie Los Serrano, pero Fran Perea tiene además otras muchas facetas como es músico, productor de teatro, etc. de las que nos habla en su visita al estudio para la Sobremesa de La Cafetera: «La televisión tiene un poder que arrasa con todo y lo fagocita todo. Pero hago más cosas y tengo un vínculo con el teatro muy fuerte, porque yo soy actor por el teatro». Nos detalla como se metió incluso en la aventura de recuperar los teatros Luchana en Madrid y repasamos también su vertiente musical, de la que nos da muestras en directo interpretando una canción a la guitarra para la audiencia.

Con respecto a Los Serrano, el actor recuerda: «Fue todo muy loco. Era la época de la TV analógica y se reunía toda la familia a ver las series. Llegamos a tener 8 o 9 millones de espectadores, algo que ahora es impensable» y subraya que la serie «marcó generacionalmente» a España. Aunque a nivel personal revela que durante un tiempo estuvo «peleado» con la serie o al menos con que le asociaran siempre a ella, ahora ha optado por darle «la importancia y el ritual necesario». Y nos revela que la serie le convirtió incluso en alguien conocido en Finlandia: «No sabemos cómo, pero se emitió en Finlandia y fue un éxito y he mantenido vínculos laborales con el país».

Perea también repasa las repercusiones que tuvo en su vida el pronunciarse políticamente y resalta que considera que «hay demasiada opinión y poco argumento en lo que a política se refiere en España». Aunque lamenta que la cultura no suela estar en la mesa de diálogo de la política: «no es un elemento de primera necesidad, como debería ser. Si desde las instituciones se manda continuamente el mensaje de que la cultura no es importante, la gente entiende que la cultura no es importante».

En la entrevista, el artista habla además de como ha cambiado la industria, especialmente la de la música, y ahora se vive más de las actuaciones en directo que de la venta de discos y además del papel clave que juegan las redes sociales: «nos han hecho esclavos digitales, porque roban mucho tiempo, pero si no existieran, tendrías que gastarte mucho dinero en promoción». Y reflexiona sobre cómo habría sido el fenómeno de Los Serrano con redes sociales: «No quiero ni imaginármelo. Hubiera sido una locura», apunta aunque resalta que ahora se puede monetizar esa parte también. Nos desvela, como anécdota, que nació un 20 de noviembre de 1978 y que su madre intentó retrasar su llegada al mundo porque había decidido ya llamarle Francisco y, siendo de izquierdas, no quería parir en ese día.

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El papel y la responsabilidad, en el conflicto entre Israel y Palestina, de la ONU es significativo y grave ya que una resolución suya sirvió de base para crear los dos estados, aunque luego se fracasara en asegurar el proceso. Tras la guerra en Gaza iniciada el 7 de octubre, ha habido 4 intentos fallidos de aprobar una resolución del Consejo de Seguridad para parar el conflicto. La Asamblea General sí aprobó una pidiendo un alto el fuego, pero no es vinculante. En The Conversation examinan qué otras vías de resolución  de este conflicto puede seguir la ONU, en el contexto actual y cuando el gobierno israelí incluso ha declarado persona non grata a Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

gaza-13-mayo-2021-Fady Hanona-MSF

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Rafael Bustos García de Castro, Universidad Complutense de Madrid

El conflicto actual entre Israel y Palestina se está cebando con la población civil de Gaza, población que no solo tiene esa condición, sino que además es refugiada, ya que fue expulsada de su territorio en 1948 y está bajo la protección de la UNRWA, única agencia de Naciones Unidas que se ocupa específicamente de los palestinos. A estos refugiados se les ha vuelto a desplazar brutalmente y sobre ellos pende la amenaza desde el pasado mes de octubre de una expulsión total al Sinaí .

En este conflicto la responsabilidad de Naciones Unidas es especialmente grave porque, excediendo sus competencias, una resolución suya sirvió de base para crear no uno, sino dos estados. El organismo internacional recomendó un plan de partición de dos estados, pero en lugar de asegurar un proceso de autodeterminación, planteó repartir el territorio sin contar con la opinión de la población.

¿Qué puede hacer Naciones Unidas para detener lo que está ocurriendo? Primero hay que tener en cuenta la naturaleza del conflicto. Se trata de un conflicto armado en situación colonial, que entra jurídicamente dentro de la categoría de conflictos armados internacionales a los que aplica el derecho humanitario. Es también un contexto de apartheid, como ha reconocido la ONU al menos desde 2017 (Informe CESWA). Al mismo tiempo, es un conflicto con asedio sobre una de las zonas más densamente pobladas del planeta, cuya media de edad es de 18 años, en el que existen rehenes y prisioneros de guerra.

En suma, se trata de una situación que obliga necesariamente a negociar, pero en la que las partes mantienen objetivos incompatibles. Por un lado, Hamás pide un intercambio inmediato de secuestrados (200 aproximadamente) en su poder por los 10 000 palestinos en cárceles israelíes. Por su parte, Israel rechaza negociaciones o treguas y seguirá con el ataque hasta que se libere a los cautivos.

Mientras tanto, las familias de los prisioneros y de los rehenes piden precaución y salvar vidas.

Cuatro fallos en un mes

El Consejo de Seguridad, principal responsable, ha fallado en cuatro ocasiones durante un mes en aprobar una resolución que obligue a detener las hostilidades: el proyecto presentado por Brasil el 18 de octubre fue vetado por EE. UU., mientras que el proyecto de EE. UU. del 25 de octubre fue vetado por Rusia y China. Por último, los dos proyectos de Rusia del 16 y del 25 de octubre no lograron los votos necesarios.

A raíz de este bloqueo, se activó el mecanismo Unión pro paz, que permite intervenir a la Asamblea General de Naciones Unidas. En Sesión Especial de Emergencia del 27 de octubre la Asamblea General aprobó, rápidamente y sin dilación, una resolución por 121 votos a favor y 14 en contra, instando a un “alto el fuego inmediato y acceso humanitario ininterrumpido” (Res/A/ES-10/21). Por desgracia, la resolución no es vinculante, a menos que el Consejo de Seguridad la haga suya. Esto es lo que ha pedido la República Popular China, que es la actual presidenta rotatoria del Consejo durante el mes de noviembre.

También podría considerarse la opción defendida por la República de Sudáfrica de enviar una misión de interposición de Naciones Unidas. Aunque cuenta con precedentes, esta opción presenta dos inconvenientes. El primero es que debe ser costeada principalmente por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales podrían negarse. El segundo es que requeriría el improbable permiso de paso de Egipto, por no hablar de Israel.

Entre tanto, la crisis diplomática creada por Israel el 25 de octubre al declarar persona non grata al secretario general, António Guterres, ha hecho más difícil el socorro a la población civil al haber denegado los visados necesarios tanto a este como a los altos funcionarios de Naciones Unidas. El secretario general es clave en su labor como mediador en conflictos internacionales, por lo que algunas partes intentan mantenerlo aislado.

Otras vías de resolución

También está la vía de la Corte Internacional de Justicia, que actualmente debe pronunciarse sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí, una opinión jurídica que solicitó la Asamblea General. Igualmente, caben medidas cautelares o provisionales por violación de la Convención contra el Genocidio, de la que son partes tanto Israel como Palestina. Así fue en 2020 cuando, a instancias de Gambia, la corte ordenó a Myanmar tomar medidas provisionales para detener el genocidio contra los rohinyás.

Finalmente, se pueden emplear las sanciones, que Naciones Unidas usó con éxito en el pasado. Fue la Asamblea General la que inició, curiosamente a petición de la India, una investigación de las leyes discriminatorias adoptadas por Sudáfrica en 1948. Posteriormente, se unió el Consejo de Seguridad (en 1966) para levantar un régimen gradual y cada vez más pesado de sanciones que abarcaba desde el embargo de armas, la tipificación del crimen de apartheid hasta el boicot a las empresas sudafricanas. Finalmente, Sudáfrica tuvo que reconocer la independencia de Namibia en 1988, antes de desmantelar su propio sistema en 1990. Como recuerdan dos profesores sudafricanos, Mpfariseni Budeli y Andre Mbata Mangu, en casos de severa discriminación, es imprescindible una combinación de fuerzas locales y movilización internacional.The Conversation

Rafael Bustos García de Castro, Profesor e investigador, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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La primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez ha dejado duros cruces de acusaciones y reproches, pero también discursos interesantes sobre la necesidad de concordia entre territorios y también un buen número de anécdotas que repasamos en este episodio de La Cafetera de Radiocable.com. Y además de comentar las valoraciones del debate de los medios, escuchamos las de los oyentes de la Resistencia y los momentos que han elegido como los más destacados de la sesión: desde la risa de Sánchez al reconocimiento de la legitimidad de la investidura de Feijóo pasando por la cita a Machado-Ismael Serrano o la pregunta al PP de si retirará la amnistía si vuelve a gobernar.

Además, en la sección de Memoria Histórica de cada jueves, hablamos con Emilio Silva de la presencia de banderas franquistas en el debate de investidura y en las protestas por la ley de amnistía: «Lo hacen delante de la policía y sin que se haga nada. Lo que demuestra la amabilidad de esta democracia con el franquismo». Y en la Sobremesa nos visita en el estudio el actor y música, Fran Perea, con quien conversamos de cultura, de su pasado como gran estrella por la serie «Los Serrano» y de las repercusiones que tuvo para él significarse políticamente.

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Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con los corresponsales extranjeros que cubren España dentro de la iniciativa que está impulsando su partido para internacionalizar la polémica por la ley de amnistía y que la Unión Europea se pronuncie en contra. Lo recogen el Financial Times y The Guardian que subrayan que el PP ha llegado a comparar la norma acordada por el gobierno de Pedro Sánchez con las que se aprobaron en Polonia, Hungría o Rumanía y que motivaron medidas desde la UE por temores sobre el Estado de derecho. Y recoge también que González Pons incluso ha dado el «paso extremo» de comparar la ley de amnistía con las legislaciones del franquismo.


El Financial Times subraya que la oposición española pide a la UE que detenga la ley de amnistía. El influyente diario económico británico en una crónica de su corresponsal Barney Jopson pone de relieve que la derecha española está comparando la «altamente divisiva» ley de amnistía a independentistas catalanes que acabara con las investigaciones criminales contra varios cientos de ciudadanos que intervinieron en el 1-O, con «las leyes de la dictadura de Franco». Recoge que Alberto Núñez Feijóo, en particular, ha tachado la ley de anti-constitucional y de destruir el principio de igualdad ante la ley y ha justificado llevarla ante la UE, por considerar que tiene mecanismos para asegurar que los estados miembros cumplen los tratados. Y destaca que el PP ha comparado la ley de amnistía de Pedro Sánchez con las normas aprobadas por los gobiernos de Hungría, Polonia o Rumanía que amenazaron el estado de derecho y provocaron críticas en Bruselas.

 

En este sentido recoge que Feijóo ha asegurado que considera que España «no está una situación radicalmente diferente de la de estos países» y recuerda que la Comisión Europea ha expresado preocupación por la división que la ley estaba provocando en España, pidiendo explicaciones al gobierno. Menciona asimismo que la ley de amnistía ha provocado manifestaciones ante la sede del PSOE durante 11 noches consecutivas y la CEOE ha señalado que la norma «dificulta el crecimiento y el empleo». Aunque detalla que si bien la medida de gracia va a beneficiar a Puigdemont, también se podrán acoger a ella directores de colegios, funcionarios y bomberos entre los 309 casos criminales que se abrieron tras el 1-O.

The Guardian enfatiza que el PP urge a la UE a intervenir sobre la ley de amnistía en Cataluña igual que en Polonia o Hungría. El rotativo británico pone de relieve en un artículo que firma Sam Jones que los conservadores españoles sostienen que la controvertida medida de gracia a los independentistas catalanes acordada por el gobierno socialista reclama «el tipo de acciones que la UE ha tomado cuando ha habido temores por el Estado de derecho en Polonia, Hungría o Rumanía. Detalla que el borrador de la norma sobre la amnistía revela que beneficiaría a cientos de personas involucradas en el 1-0 incluyendo a Careles Puigdemont, su principal ideólogo. Añade que los partidos de derecha española acusan a Sánchez de degradar la democracia con una cínica maniobra para seguir en el poder.

 

Menciona que el 70% de los votantes españoles se oponen a la amnistía, que ha habido enormes manifestaciones en contra y que el PP ha intensificado su ataque a la ley coincidiendo con el debate de investidura. Y recoge que Núñez Feijóo asegura que esto deja a España frente a una situación sin precedentes y urge a la UE a intervenir porque «el deterioro de democracias como la española tendrá consecuencias para las instituciones europeas». Cita asimismo a Esteban González Pons que primero ha comparado la ley de amnistía con la que intentó aprobar Rumanía en 2019 para beneficiar a políticos acusados de corrupción y en donde intervino la UE y logró que el gobierno convocara un referéndum y luego ha dado el «paso extremo» de señalar que la norma es del tipo que se aprobaban durante el franquismo.

The Politico advierte de que la agitación española por la amnistía alcanza el escenario europeo con «intercambio de golpes» entre PP y PSOE. El digital estadounidense apunta que la lucha política sobre el futuro de España se ha expandido a la escena de la UE después de que aliados de Pedro Sánchez hayan respondido a los conservadores europeos que le acusaban de socavar el Estado de derecho del bloque con la oferta de amnistía. Explica que el lider del PP europeo, Manfred Weber, intervino en la polémica española al acusar al gobierno español de debilitar la independencia judicial con la ley de amnistía y se comprometió a tener un debate en el Parlamento Europeo. Aunque subraya que los socialistas europeos, aliados de Sánchez, respondieron acusando a los conservadores de ser malos perdedores y de no aceptar los resultados del 23J.

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Victoria Villarruel es hija, sobrina y niega de militares, alguno de los cuales ha sido investigado crímenes de lesa humanidad, y mantiene un discurso negacionista que cuestiona las cifras de la represión de la dictadura en Argentina. Es la candidata a la vicepresidencia que acompaña al ultra Javier Milei que opta a dirigir el país en la votación de este 19 de noviembre. Y Villarruel ha vuelto a utilizar la memoria histórica en su campaña al criticar que la ESMA, que fue el mayor centro de detención y exterminio de la dictadura sea el Museo de la Memoria y propone convertirlo en una escuela “para disfrute de todo el pueblo argentino”.


La Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA y donde se formaban los cadetes de este cuerpo militar, funcionó mientras duró la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983 como el mayor centro de detención, torturas y exterminio del país. Se calcula que por sus sótanos pasaron unas 5.000 personas que se oponían a la dictadura, de las que unas 4.500 murieron a causa de las torturas infligidas o arrojas al mar. Tras el regreso de la democracia hubo intento de demolerlo, pero en 2015, el gobierno de Cristina Kirchner optó por convertirlo en símbolo de la memoria histórica argentina y abrir allí en museo.

Ahora sin embargo, Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por el partido La Libertad Avanza que encabeza, el ultra Javier Milei y que disputa este 19 de noviembre la segunda vuelta para elegir presidente del país, ha decidido utilizar la ESMA para hacer campaña y lanzado la provocadora propuesta de convertirlo en escuela, porque asegura» Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas”.

Villarruel es hija, sobrina y nieta de militares, solía visitar a Videla en la cárcel, ha promovido el reconocimiento de los represores y abandera una guerra cultura revisionista con respecto a la dictadura que cuestiona las cifras de víctimas de la represión militar y promueve lo que llama una «memoria completa» reclamando que también se hable de las víctimas de la guerrilla y el «terrorismo de izquierdas». Durante toda la campaña se ha caracterizado por cuestionar el consenso que existe en Argentina sobre la dictadura y la represión y su propuesta de que la EMSA pase de ser un Museo de la Memoria a una escuela es el último escalón.

Aunque el movimiento de defensa de los derechos humanos en Argentina ya ha salido a repudiar estas declaraciones de Victoria Villarruel y ha prometido «plantarse para defender la ex ESMA». En concreto Estela de Carlotto, histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo ha denunciado que la candidata a la vicepresidenta de Milei: «Quiere borrar la historia, pero la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos y el pueblo argentino».

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La primera sesión de investidura llega en un momento en el que la ultraderecha polariza el clima político mientras la sociedad se debate entre el apoyo a la amnistía o el rechazo. Pero en este episodio de La Cafetera de Radiocable.com resaltamos que esta investidura tiene también otra particularidad: Sánchez ha conseguido el compromiso de apoyo de 179 diputados, lo que -de producirse- le convertirá en uno de los Presidentes que más respaldo ha recibido en España. Además, lo policromado de los partidos que han anunciado su apoyo le convierte en el primer presidente que representa verdaderamente a la España más plural.

En el programa también conversamos con Pilar del Río sobre la crisis política en Portugal… que se ha desinflado porque el juez ha rebajado los cargos de corrupción del caso que provocó la dimisión de Antonio Costa y analizamos también otras noticias internacionales como la reacción post-debate de Javier Milei en Argentina acusando a sus rivales de hacer una campaña psicológica para desequilibrarle o el bloqueo en Estonia a la norma que permitía el registro de parejas del mismo sexo. Y en la Sobremesa celebramos el Día del Oyente con explicaciones a nuestros mecenas y el debate: ¿Que haría tú para conseguir más suscriptores?

 

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¿Que harías tu para conseguir más suscriptores para La Cafetera? Abrimos un debate con nuestra audiencia en este episodio de la Sobremesa contándoles algunos aspectos del funcionamiento interno del programa y con una tormenta de ideas y propuestas sobre mecenazgo, crowdfunding y formas de apoyar un proyecto alternativo. Y nos recomiendan desde hacer videos de apoyo con caras conocidas, a calendarios sexys o sinergias con otros programas. Y nos recomiendan eslóganes como «En la Cafetera, siempre se te espera», «Suéltate las melenas y hazte mecenas» o «Mecename otra vez». En el día de los oyentes, también nos recuerdan como conocieron el programa y regalamos el libro «Play like a girl» a Joan Baptiste.

La paz en Cataluña puede ser al precio de agravar el «perenne odio entre izquierda y derecha» y resucitar las «Dos Españas». Con esta idea de fondo analiza el prestigioso semanario británico el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la amnistía. Subraya que a pesar de todas las gruesas críticas de la derecha, en el texto del pacto, de la «larga lista de peticiones iniciales de Puigdemont» no se recoge más que el fin de la judicialización del conflicto, ya que el resto o no se menciona o se hace de forma «vaga». Sostiene que la furia con la que la derecha ha acogido el acuerdo «es tan intensa, porque garantiza que Sánchez seguirá gobernando». Y sobre el presidente español asegura: «no  es el amoral y sediento de poder que describen sus rivales conservadores», aunque apunta que la amnistía a cambio de la investidura, sí puede ser retratado como algo «sucio en su propio beneficio». Pero por encima de todo advierte del alto precio que puede pagar por gobernar en cuanto a crispación con la derecha: «un atmósfera calmada y razonable parece más lejos que nunca».


The Economist empieza repasando la retahíla de insultos de Vox, PP, Aznar o el CGPJ a Pedro Sánchez, -hablando de golpe, de principio del fin de la democracia o de poner la constitución al servicio de separatistas y terroristas-, tras anunciarse el acuerdo con Junts y la amnistía e ironiza apuntando «no corren el riesgo de infravalorar la cuestión». Pero enfatiza que el pacto entre PSOE y Junts empieza resaltando que ambos partidos seguirán estando en desacuerdo, en particular sobre el referéndum, pero defienden el fin de la judicialización del conflicto. Y subraya que esa parece la única cuestión de la «larga lista de peticiones iniciales de Puigdemont» en la que parece haber ganado. Y lo justifica señalando que con respecto a un verificador internacional que pedían los independentistas, solo de menciona un «vago mecanismo más que un mediador» y en cuanto al reconocimiento de los tratados internacionales como marco legal para el conflicto que también pedía Puigdemont, dado que la Constitución declara la inviolabilidad de la integridad territorial, señala: «ningún primer ministro español podría nunca aceptarlo y no se menciona en el acuerdo».

El artículo detalla cómo pese a esto, «la furia de la derecha era predecible» y se ha desatado con manifestaciones, algunas violentas, y declaraciones contundentes de Feijóo, Ayuso o Abascal. Pero apunta: «su furia es tan intensa porque la permanencia de Pedro Sánchez en el poder parece asegurada». Señala eso sí que habrá que esperar para ver si el pacto estabiliza el conflicto en Cataluña, y recoge que los independentistas más radicales prometen insistir en su lucha e incluso de habla de crear otro partido. Pero considera que «el movimiento independentista parece cansado» y cree que muchos catalanes están deseando poder centrarse en otra cosa.

Finalmente el semanario británico pone de relieve que la paz en Cataluña puede ser al precio de «agravar el perenne odio entre izquierda y derecha en España». Se muestra contundente al defender a Pedro Sánchez de quien asegura: «No es el amoral y sediento de poder que describen sus rivales conservadores», aunque apunta que la amnistía que ha ofrecido para lograr su investidura y a la que se había opuesto antes, «puede fácilmente ser descrita como un sucio acuerdo en su beneficio personal». Y termina advirtiendo de que la cara b del acuerdo con Junts, es que puede suponer un avance en Cataluña, pero «la atmósfera política calmada y razonable en Madrid parece más lejos que nunca» y el gobierno en minoría de Sánchez penderá además de los «hilos más finos».

The Economist es un semanario británico que se publica desde 1843 y considerado un referente en el  análisis de las relaciones internacionales y la economía. Su opinión influye en la imagen exterior de los países, en los inversores internacionales y marca la agenda de otros medios de comunicación. Desde agosto de 2015 ha dejado de pertenecer a Pearson y ahora Exor, compañía de la familia italiana Agnelli dueña de Fiat, controla el 43,4%. La familia Rothschild posee el 25% de las acciones. El resto se reparte entre otras destacadas familias británicas y empleados y ex trabajadores de la revista. Su línea editorial es neoliberal tanto a nivel económico -a favor del libre mercado, la globalización y la libre inmigración- como en temas sociales -han apoyado el matrimonio gay, la legalización de las drogas o el control de armas-. Y políticamente han respaldado tanto a candidatos conservadores como de izquierdas. Sus artículos no van firmados. Su circulación media en 2023 superaba los 515.000 ejemplares en papel, pero combinada con las suscripciones digitales supera los 1,2 millones de copias.

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En 1998, la ruptura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Aznalcóllar provocó uno de los mayores desastres ecológicos de España que afectó significativamente a toda la zona y al Parque Nacional de Doñana. En noviembre de 2022, la Junta de Andalucía anunció el permiso favorable a la reapertura de la mina. Ahora el proyecto ha entrado en una fase que obliga al vaciado de las balsas, lo que puede provocar vertidos durante 18 meses. Juan López de Uralde lo analiza en el programa La Cafetera de Radiocable.com y enfatiza que los vertidos de la mina se van a añadir a los impactos que ya sufre Doñana por la falta de agua y los regadíos ilegales.


Juan López de Uralde resalta que la noticia de la reapertura de la mina de Aznalcollar nos retrotrae «a finales de los años 90, cuando la presa de la balsa se rompió y se vertieron 5 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en el entorno del parque nacional de Doñana en una de las mayores tragedias ambientales vividas en España». Recuerda asimismo, que la multinacional que operaba la mina, Boliden, se fue de España sin asumir ninguno de los enormes costes que supuso la limpieza de Doñana. Resalta que fue entonces la Junta de Andalucía quien retiró los lodos tóxicos y limpió la zona evitando que la situación empeorara «pero lo tuvimos que pagar todos los españoles, porque la empresa se fue de rositas».

Y denuncia que 25 años después, «como si fuera una pesadilla», la Junta de Andalucía que ahora gobierna el PP y Juanma Moreno ha anunciado que se va a reabrir la mina. Pero el ex director de Greenpeace enfatiza que «para reabrir la mina de Aznalcóllar, lo primero que hay que hacer es vaciar del todo la balsa, produciendo un vertido de miles de metros cúbicos de residuos tóxicos, continuando las agresiones para una Doñana que ya está muy dañada». Señala que el parque sigue sufriendo el impacto de la falta de agua y los regadíos ilegales a los que ahora se añadirán los vertido mineros: «Es una mala noticia y una marcha atrás».

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