El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reflexionó en La Cafetera de radiocable.com sobre cómo en España «todavía queda mucho miedo, un componente que participa de nuestro comportamiento social». La muestra, dijo, es la carta que recibió la asociación dos semanas después de la exhumación en la que apareció el anillo del represaliado Eugenio Insúa. La escribía una joven que aseguraba: «Habéis enterrado mucho miedo y silencio guardados».

emilio silva la cafetera 13-2-2020

«Cuando estamos desenterrando una fosa estamos enterrando miedo»- dijo Emilio Silva. Para quien el 23F fue «un caso clarísimo, una enorme fabrica de gente que 40 años después sigue sin levantar cabeza». Un golpe que «buscaba garantizar para unas élites que iban a seguir gobernando sobre un país lleno de miedo»- afirmó (entrevista a partir del minuto 33:30).

En consecuencia, dijo, «todavía hay gente que no se atreve a hablar, que no ha podido disfrutar de todas las ventajas que tiene una democracia». Lo que » determina muchas cosas de nuestra vida política». Porque «el miedo es el mayor obstáculo para que un ciudadano llegue a la política».

Para Emilio Silva «tenemos unos límites sociales en el caso de la cultura española muy claros y perfectamente conectados con la dictadura». De manera que «hay muy pocos comportamientos que se salgan de esos límites, y eso es una cosa aprendida».

Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, señaló: «No hay una cultura de emancipación por la que una persona de 20 años quiera tener un proyecto propio de vida y exija a la sociedad que le proporcione medios para hacerlo». Un comportamiento que «está construido culturalmente». Porque, añadió: «Hemos aprendido a evitar el conflicto». Aunque «hay  grandes situaciones donde alguien rompe eso, como fue por ejemplo el 15M, por el que alguien rompe el comportamiento colectivo, hay muchos conflictos que nunca emergen».

Silva invita a preguntarse «qué tiene que hacer esta democracia para terminar con la situación de esos ciudadanos que son incapaces de hablar, que tienen que medir constantemente lo que dicen».

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Durísimo artículo de opinión en el influyente diario estadounidense sobre la gestión de la crisis y la pandemia por parte de la clase política española. Lo firma David Jimenez, habitual columnista en la versión en español pero que en esta ocasión aparece también en la edición en inglés. Y señala directamente a la incompetencia de los políticos como la razón de que España vuelva a ser el país de Europa más golpeado por el virus. Menciona tanto los enfrentamientos entre líderes y partidos como los errores cometidos al no reforzar sanidad, fijar planes educativos o en el rastreo de casos. Y enfatiza que la pandemia ha dejado claro que España está pagando un alto precio por la mediocridad de sus políticos.

The New York Times señala: «los políticos parecen no entender porqué España vuelve a ser el país europeo más golpeado por la pandemia y han culpado a la irresponsabilidad de los jóvenes, a la incapacidad de los latinos para mantener las distancias e incluso a la inmigración. Pero la respuesta siempre ha estado bajo sus narices: nada ha ayudado más a la expansión del virus que su propia incompetencia». Considera que los españoles «hicieron su parte» y aceptaron con paciencia el confinamiento más estricto del continente y el sacrificio económico para proteger las vidas de los nayores y más vulnerables. Pero enfatiza que el esfuerzo se ve ahora desperdiciado por que la clase política no está a la altura y se pelean entre ellos repitiendo los errores de la primera ola.

El artículo repasa varios de los fallos cometidos como la falta de refuerzo del sistema sanitario, de planes para reabrir los colegios y de los rastreos. Sobre este aspecto subraya que España rastrea menos casos que Zambia, una cuarta parte que Italia y una 20ª que Finlandia. Y critica tanto a los líderes como la cultura política española: «hay pocos incentivos para buscar la excelencia, porque los políticos saben que los españoles votan a sus partidos con la misma lealtad que tienen hacia sus equipos de fútbol». Y lamenta que la ideología y partidismo pesen más en las urnas que la preparación o experiencia de los candidatos. Y sentencia: «Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que el precio de no tener a los mejores al timón es demasiado alto».

El New York Times se publica desde 1851 y está considerado como el diario más influyente de EEUU y el mundo. Es propiedad de la familia Ochs Sulzsberger y el magnate mexicano Carlos Slim también tiene acciones del diario. Desde 2016 tiene una versión en español. En 2017, su edición diaria en papel tenía una tirada de 598.000 ejemplares, mientras que la del domingo superaba el millón. Y en agosto de 2018, contaba con 2,9 millones de suscripciones digitales, lo que deja su distribución total cerca de los 3,8 millones de lectores. Su línea editorial está considerada como liberal/progresistaEn 2012, publicó un reportaje documentando cómo la crisis económica estaba causando miseria y hambre en España, que provocó un gran impacto.

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

El decreto ley que el gobierno español ha aprobado para regular el trabajo a distancia es noticia en numerosos medios internacionales. Se pone de relieve que esta práctica laboral ha tenido un boom durante la pandemia, haciendo que el porcentaje de teletrabajadores en España pase del 5% al 34%. Y entre las medidas de la nueva ley, la que más llama la atención en el exterior es que se fije que el teletrabajo debe ser voluntario y sobre todo que son las empresas quienes tienen que hacerse cargo de los costes que implique para su empleado.

 (Foto: Flickr/Tulankide)

Reuters destaca que la ley de teletrabajo en España hace que el empleador pague los costes. La agencia británica explica que el gobierno español ha acordado con sindicatos y patronal de empresarios un proyecto de ley para regular el trabajo a distancia, tras provocar la pandemia que millones de personas tuvieran que hacerlo. Y resalta que se ha determinado que tendrá que ser el empleador quien cubra los costes del teletrabajo. En este sentido recoge las palabras de Pablo Iglesias señalando que este compromiso de las empresas es fundamental para respetar los derechos de los trabajadores, además de apuntar que la ley prevé que haya flexibilidad de horarios y tiempo de desconexión.

The Huffington Post apunta que España impone normas para el teletrabajo que prohíben su imposición y hace que las empresas costeen los gastos. La edición francesa del digital de EEUU recoge que según el proyecto de ley aprobado este 22 de septiembre por el gobierno de izquierdas en España, las empresas no podrán imponer el teletrabajo a sus asalariados, ni usar el rechazo para un despido, y además deberán costear los gastos de equipamiento, herramientas y consumo ligados a la actividad. También menciona que estos derechos se aplicarán a los asalariados que trabajen desde sus casas al menos el 30% de su tiempo durante mínimo tres meses.

The Washington Post apunta que Europa y España tratan de asegurar el derecho a desconectar con el teletrabajo. El diario estadounidense apunta que la pandemia y el masivo cambio hacia el teletrabajo ha hecho desaparecer la línea entre trabajo y vida personal para muchas personas y ha hecho que en Europa el «derecho a desconectar» esté en el centro de los debates sobre la protección de los trabajadores. Explica que en España, el gobierno ha preparado una legislación para hacer que los empleadores paguen los gastos de quienes teletrabajen, pero además se establezca el derecho a un horario flexible que fije de forma clara el tiempo que el trabajador deba estar disponible.

Les Echos subraya que España obliga a establecer un contrato individual para el teletrabajo. El rotativo francés, en un texto que firma Cécile Thibaud, se hace eco del nuevo decreto para regular el trabajo a distancia aprobado por el gobierno español y apunta que es de aplicación inmediata y se ha «aprovechado» de la «explosión» de esta práctica provocada por la pandemia que ha hecho que de un 5% de trabajadores a distancia se haya pasado a un 34%. Pero enfatiza que la norma establece que el teletrabajo debe ser voluntario y la empresa debe comprometerse a proporcionar el material necesario y reembolsar los costes que supone para el trabajador, además de firmar un contrato individual con cada uno.

The Jakarta Post señala que España acuerda que los empresarios paguen los gastos de quienes trabajen desde casa. El periódico indonesio recoge que el proyecto de ley del gobierno español sobre el teletrabajo ha sido acordado con sindicatos y patronal y hace que sean las empresas quienes cubran todos los costes que sus empleados tengan para trabajar desde casa, incluyendo equipos informáticos y mobiliario. Y añade que los trabajadores podrán además pedir flexibilidad de horario el acuerdo deberá ser voluntario.

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¿Hay un problema generalizado y real con los okupas en España? Los datos dicen que no. Los allanamientos solamente afectan al 0,06% de las viviendas en España. Entonces, ¿por qué consigue tanto protagonismo? La Cafetera de radiocable.com ahonda en causas como que esta sea una manera de adelantarse a una de las posibles consecuencias de la crisis: que haya personas con serias dificultades para pagar alquiler y los grandes poseedores de vivienda no tengan mecanismos rápidos para expulsar a la gente de sus hogares.

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Desde hace unos meses se ha instalado la preocupación por el número de ocupaciones en España. Una acción política que llegó al Congreso este miércoles cuando Vox presentó una moción que exigía penas de cárcel para okupas. La propuesta fue rechazada por la mayoría de parlamentarios y dio lugar a intervenciones políticas que insistían en que, si se acude a los datos, se demuestra que es un problema relativamente menor. Señalaron que los allanamientos solo se producen en el 0,06% de las viviendas en España. Por lo que el temor a la okupaciones que fomentan desde hace semanas algunos líderes políticos no tendrían un fundamento lógico.

Además, tampoco se observa un crecimiento notable en número de denuncias por ocupación. Según los datos del Ministerio del Interior recopilados por El País, solo ha habido un 5% más de denuncias que en el mismo periodo de 2019.

Entonces, ¿responde el fenómeno a una demanda de la ciudadanía? Ni siquiera, porque es un asunto que no está entre las principales preocupaciones de la sociedad española. No se ha conseguido trasladar el miedo a las okupaciones entre la mayoría de la población. Según las últimas encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la vivienda no preocupa ni al 5% de la sociedad. Cuando se les pregunta por cuál es el problema que existe en España, solo para el 1,2% de los encuestados lo es. Ni cuando les preguntan por cuál es el que más les afecta personalmente la mayoría habla de la vivienda, solo el 3,5%.  La ciudadanía se muestra mucho más preocupada por el coronavirus, el empleo, la economía, la sanidad y la educación.

Los datos revelan que, además de no ser un problema relevante en España, es un fenómeno que no ha conseguido ni instalarse en la agenda política ni en la agenda pública, a pesar de su repercusión mediática.

La Cafetera también conversó con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que reflexionó s obre cómo en España «todavía queda mucho miedo, un componente que participa de nuestro comportamiento social». Un ejemplo, dijo, es la carta que recibió la asociación dos semanas después de la exhumación en la que apareció el anillo del represaliado Eugenio Insúa. La escribía una joven que aseguraba: «Habéis enterrado mucho miedo y silencio guardados». La muestra de que cuando se desentierra una fosa «se entierra el miedo».

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Un indicador clave del cambio climático, el hielo marino del Ártico está despareciendo y en este 2020 su extensión mínima anual tras la temporada de deshielo de verano es la segunda más baja registrada desde que empezaron hace 42 años las mediciones. En concreto, el pasado 15 de septiembre, la extensión mínimal anual era de 3,74 millones de kilómetros cuadrados. Únicamente en 2012 se registró un volumen inferior. Los ecologistas han lanzando la alarma por la rapidez de la desaparición del hielo marino y los expertos alertan además de que el registro actual no es definitivo porque un aumento de calor a final de la temporada podría reducir aún más la extensión.

Los registros del hielo marino del Ártico se guardan desde 1979, cuando se iniciaron las observaciones por satélite. La medición de los 3,74 millones de kilómetros cuadrados de hielo de este 2020 es del Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de EE. UU. (NSIDC) y ha sido confirmada por el Instituto Instituto Alfred Wegener, con cifras de la Universidad de Bremen que la eleva ligeramente hasta los 3,8 millones de kilómetros cuadrados. Pero otras agencias espaciales como UMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) coinciden en que este año se alcanzó la segunda extensión más baja de hielo marino.

La tendencia de disminución de la extensión de hielo es una constante en este siglo y los últimos 14 años, de 2007 a 2020, se han registrado, en los satélites, las 14 extensiones mínimas más bajas en 42 años. Aunque de momento el «récord» de mínimo se produjo en 2012 cuando se midió 3,39 kilómetros cuadrados. En 2020, en comparación hay más hielo en el Mar de Beaufort, pero menos en las regiones de Laptev y el este de Groenlandia.

La preocupación en cualquier caso tras este registro es grande, porque implica que el Ártico es ahora más oceáno que hielo y hace temer que el casquete polar marino pueda casi desaparecer dentro de algunas décadas, haciendo que estacionalmente, el Oceano Ártico pueda estar libre de hielo. Los científicos denuncian además que las temperaturas en la zona están aumentando más del doble de rápido que el promedio mundial, algo que también señalan desde Greenpeace. llamando a la acción para proteger esta región de vital importancia para el planeta. En este 2020 se han llegado a medir 38ºC en Siberia, la mayor temperatura registrada nunca en el Círculo Polar Ártico, y ha habido además incendios y vertidos causados por el deshielo.

(Foto: Flickr/Christophermichel)

 

Con unos «abusivos» servicios mínimos de casi el 100%, este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de huelga de educación en la Comunidad de Madrid convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y Stem. A pesar de que la Consejería de Educación cifra en un 4,5% la participación, CCOO asegura que los datos de seguimiento están «muy alejados» de los que presentó la administración. El objetivo de la huelga convocada durante el 22 y 23 de septiembre es reclamar un plan que garantice la seguridad, más profesores y la presencia de personal de enfermería en todos los centros.

Fuente: @frlorente / CC.OO.

Señalan «la falta de recursos humanos e infraestructuras».  Desde el sindicato CCOO denuncian que «siguen faltando 1.057 docentes de los 7.398 comprometidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».

La huelga fue convocada para los días 22 y 23 de septiembre con el objetivo de protestar por la falta de medidas de seguridad, profesores contratados, sanitarios, protocolos y medidas que garanticen las necesidades educativas del alumnado.

Aseguran que del refuerzo covid de profesorado «falta el 50%», que desde el 2 de septiembre «no se ha cubierto ninguna baja», y que hay centros «con menos del 50% de plantilla».

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Hacinados en campamentos de chabolas, con duras condiciones laborales y desprotegidos frente al coronavirus y sin medidas básicas de higiene. Así viven, según denuncia un reportaje del diario británico, los inmigrantes que recolectan la verdura y la fruta en los campos e invernaderos de Almería, conocidos como el «Mar de plástico» y que constituyen la «huerta de Europa». Explican que las malas condiciones de vida y de explotación laboral en esta zona han sido ya a menudo denunciadas -la prensa internacional de hecho les ha dedicado ya un buen numero de artículos-, pero, con la pandemia y la segunda ola de coronavirus, la situación de desprotección y falta de acceso a mascarillas o desinfectante es un nuevo motivo de preocupación y denuncia. Y vuelve a poner bajo los focos al campo español.

The Guardian detalla el caso concreto de Hassan un marroquí que vive en El Barranquete, uno de los más pobres de los 92 campamentos informales que acogen a entre 7.000 y 10.000 inmigrantes que trabajan en el llamado Mar de plástico de Almería, las 31.000 hectáreas de invernaderos que son conocidos como «la huerta de Europa». Y enfatiza que muchos de estos trabajadores esenciales que recogen la fruta y verdura que luego llega a los supermercados británicos, viven en chabolas sin electricidad, agua corriente o sanitarios. Añade que a las malas condiciones de vida hay que sumarle las laborales «a menudo terribles» trabajando del amanecer al alba, bajo altas temperaturas y a cambio de un salario de 5 euros la hora. Y enfatiza que ahora además en plena segunda ola de la pandemia, los inmigrantes denuncian que les han dejado completamente desprotegidos.

El reportaje subraya que no son casos aislados y que han entrevistado a 45 inmigrantes empleados en cultivos de Almería y todos denunciaron las «condiciones de explotación sistemática» antes y durante la pandemia. Pero ahora además apuntan que no han tenido acceso a equipos de protección personal, a pesar de que la ley española lo estipula, ni han recibido suficientes mascarillas, guantes o desinfectante -cita el caso de un trabajador al que le dieron dos mascarillas en seis meses- ni han podido mantener la distancia social al trabajar.

Se resalta que tanto organizaciones de consumidores británicos como el relator de pobreza extrema de la ONU han denunciado y pedido a España que se investigue esta «tragedia humana» y las «inaceptables condiciones» de estos trabajadores. Pero aunque se menciona el plan de 1,1 millón de euros de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad y los programas del Ministerio de Trabajo para proteger a los trabajadores de la Covid19, The Guardian apunta que los inmigrantes tienen pocas esperanzas de ver una mejoría. Y cita a uno de ellos señalando: «sólo importa que trabajemos para que haya verdura en Alemania o Reino Unido. Es como si hubieran olvidado que también somos seres humanos».

The Guardian es un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2015 su circulacion era de 171.318 ejemplares, la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 2º más popular del Reino Unido, solo por detrás del Daily Mail.

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En un nuevo análisis sobre la red social Amnistía Internacional denuncia que Twitter «sigue sin hacer lo suficiente para proteger a las mujeres de violencia y abusos en Internet». La organización reconoce «algunos progresos bienvenidos», pero insiste en que «tiene que hacer mucho más para abordar el problema».

hablando por movil comunicacion

Desde la publicación de Toxic Twitter en 2018, Amnistía Internacional ha puesto de relieve la magnitud de los abusos que sufren las mujeres en Twitter, por ejemplo en Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos. Y señalado que las mujeres han seguido denunciando los abusos que sufren en Twitter «y la falta de respuesta adecuada de la empresa».

Señalan que, debido a la falta de datos significativos proporcionados por Twitter, resulta difícil incluso calibrar toda la extensión del problema. Y sigue sin proporcionar datos detallados y desglosados por país de las denuncias de abusos realizadas por las personas usuarias. Además, destacan que no proporciona datos sobre cuántas de ellas denuncian tipos específicos de lenguaje abusivo, como insultos basados en el género o la raza.

Desde Amnistía Internacional afirman que la red social se ha mostrado reticente a divulgar información detallada sobre el número de moderadores de contenidos que emplea, y qué clase de cobertura proporcionan en diferentes países e idiomas.

Instan a la plataforma a ser más transparente «en cuanto a la manera en que diseña y aplica procesos automáticos» para identificar abusos en Internet contra las mujeres. Reconocen que ha revelado detalles sobre su uso de algoritmos para combatir la desinformación durante la actual pandemia de COVID-19. Sin embargo, critican que «siga sin ofrecer el mismo nivel de transparencia» sobre cómo se usan los algoritmos para abordar los tuits abusivos.

Twitter ha respondido «reconociendo que debe hacer más». Sin embargo, sobre la publicación de datos desglosados por país o región, «Twitter afirma que esto podría ser susceptible de interpretaciones erróneas y dar una impresión engañosa del problema»- informa Amnistía Internacional.

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La ONU viene advirtiendo desde hace semanas de los riesgos de concentrar la distribución de la vacuna contra el coronavirus en unos pocos países en lugar de distribuirla a nivel mundial entre los más vulnerables. Su Secretario General, António Guterres, insistió en frenar el «vacunacionalismo» que, «no es solo injusto, sino que es contraproducente». Advirtiendo de que «ninguno de nosotros estará seguro hasta que todos estemos seguros». De los riesgos de monopolizar la vacuna debatió La Cafetera de radiocable.com en su análisis sobre las intervenciones de líderes mundiales por el 75 aniversario de Naciones Unidas.

Secretary-General António Guterres briefs journalists on his priorities for 2020 and on the work of the organization.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpaba a China «por desatar esta plaga en el mundo», la mayoría de líderes mundiales centraron sus discursos en el multilateralismo y la solidaridad entre países para hacer frente a la pandemia. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó a «recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad». Y su homólogo en Costa Rica insistió en que «es fundamental que las vacunas lleguen primero a los más vulnerables».  Señalando que «la salud es un bien público global».

El programa también conversó con José Romero sobre las aportaciones históricas a las innovaciones científicas y sanitarias en tiempos de pandemia. Por ejemplo, como escribió el periodista Federico Kukso en la agencia Sinc, enfermedades como la fiebre amarilla en el siglo XVIII y el cólera y la viruela en el siglo XIX condujeron a la limpieza de las grandes ciudades, la eliminación regular de basura, y trajeron amplios bulevares a París y mejoraron los sistemas de agua en Londres.

Entre las innovaciones en medio de desastres destaca la de la bicicleta. En 1816 la erupción del volcán Tambora (Indonesia) hizo que se produjera una niebla seca que llegó incluso a Estados Unidos, lo que provocó que las cosechas fueran muy pobres. Y que los caballos se murieran de hambre y fuera necesario buscar alternativas para desplazarse. Entonces, Karl Dreis inventó el precursor de la bicicleta, un nuevo sistema de transporte con dos ruedas.

En la página internacional La Cafetera ahondó en la información publicada por BBC Mundo sobre cómo la ciencia ha calculado cuánta gente es necesaria en movilizaciones para lograr un cambio de régimen. Como señaló la periodista Pilar de la Peña, el trabajo de investigación corresponde a la politóloga de Harvard Erica Chenoweth que ha estudiado todos los grandes movimientos de protesta prácticamente desde el siglo XX. Gracias a la evaluación de tasa de éxito de  algunos de estos movimientos, Chenoweth ha calculado el porcentaje de población que es necesario para deponer regímenes autoritarios.

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) urge al Gobierno a una «moratoria para todo tipo de desahucios, incluidas las ocupaciones, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021″. Insisten en que «erradicar el problema es solo una cuestión de voluntad política».

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Piden hacer efectiva «una moratoria real, para todo tipo de desahucios», hasta como mínimo el próximo 31 diciembre «por justicia a las 1.024.766 familias que ya han perdido su hogar desde 2008″. Tiempo «más que suficiente para tirar adelante con una Ley de Vivienda integral», como la que presentaron en 2018. Una ley que ponga solución a la «emergencia habitacional cronificada».

En Barcelona, la PAH protestó este lunes delante de la sede de la Delegación del Gobierno, y entregaron una carta dirigida al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo la moratoria. En la carta, pidieron al Gobierno que «promulgue una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31/12/21, estableciendo en su caso las posibles compensaciones a pequeños propietarios».

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