Aunque apunta que las pruebas son «bastante endebles», la denuncia política y la investigación judicial sobre si las manifestaciones del Día de la Mujer en España contribuyeron decisivamente a la explosión de la pandemia en marzo son recogidas por el influyente Neue Zürches Zeitung. El reportaje, que firma Samuel Misteli, destaca que hay una disputa entre el gobierno y la oposición en la que ahora también están involucradas la justicia y de forma «inusual» la Guardia Civil por un informe que apunta que las manifestaciones del 8M se autorizaron a pesar de conocer el riesgo del virus y de forma negligente hacia la salud pública. Y avisa que el informe contiene una «gran cantidad de errores» -que otros medios internacionales ya habían señalado- pero que la revisión del 8M se está convirtiendo en un «escándalo peligroso»para el gobierno de Pedro Sánchez.

El Neue Zürcher Zeitung explica que en aunque España ya tiene «suficientes problemas» con los datos de muertos e infectados de la pandemia, la política que «ha vuelto a la hostilidad habitual» se centra en una cuestión concreta: determinar si el feminismo y sus partidarios en el gobierno tuvieron la culpa de la propagación explosiva del virus por las marchas masivas del 8M. Detalla que en la disputa están involucrados la oposición de derechas, la justicia y «de forma inusual» la Guardia Civil y se atribuye al gobierno un «abuso de poder» por autorizar concentraciones masivas en el Día de la Mujer a pesar de conocer ya el riesgo del coronavirus.

El artículo apunta que esta polémica en España es tan antigua como la crisis de la Covid19, pero se ha recrudecido tras el informe del 8M de la Guardia Civil. Pero enfatiza que las pruebas que se utilizan «para mostrar que el simbolismo político de las marchas fue más importante para el gobierno que la salud de la población son bastante endebles». Señala en este sentido que el informe contienen «una gran cantidad de errores» como decir que la OMS declaró la pandemia el 30 de enero, cuando lo hizo el 11 de marzo. El NZZ asegura que la motivación de los autores del informe «no está clara», pero la oposición está «disfrutando descuartizando el caso del 8M». Y advierte de que aunque el gobierno de Pedro Sánchez denuncia una «emboscada política», la revisión del 8M puede ser un «escándalo peligroso» cuyo final no parece cercano.

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) es un periódico suizo creado en 1780 y que se publica en alemán. Es uno de los de mejor reputación en Suiza y es conocido por publicar artículos en profundidad, sobre todo de asuntos internacionales. Pertecene al NZZ Mediengruppe. Su línea editorial es de centro-derecha y liberal. Su tirada supera en 2018, los 11.000 ejemplares. Y aunque es suizo se lee en el conjunto de los países de habla alemana.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este 9 de junio la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y la noticia es recogida por varios medios internacionales con titulares como «España hace obligatorio denunciar la violencia hacia los niños» o «España endurece su legislación sobre violencia hacia los menores». Entre las medidas que contempla destacan modificar el plazo para evitar que prescriban los crímenes, protocolos para colegios, policías, jueces y sanitarios . La norma también es conocida como Ley Rhodes, en reconocimiento al pianista y activista británico James Rhodes que ha destacado la importancia de esta ley y su orgullo de que con ella España sea un «nº1 del mundo en protección de la infancia».

Espero que @InesArrimadas @Santi_ABASCAL @gabrielrufian y @andoniortuzar agreguen su apoyo a un derecho humanitario tan vital.
España convirtiéndose en el país número uno del mundo en protección infantil es algo que seguramente todos deberíamos celebrar.

— James Rhodes (@JRhodesPianist) June 9, 2020

Tras el visto bueno del gobierno, la Ley de Infancia pasa ahora al Congreso de los Diputados para proseguir su tramitación, pero esta parece garantizada al apoyarla PSOE, Podemos y PP. La norma recoge aportaciones de distintas organizaciones y en su elaboración han participado distintos gobiernos, aunque también puede incorporar enmiendas en su discurrir parlamentario.

Entre las medidas más importantes está la obligación de todo ciudadano de denunciar ante las autoridades cualquier indicio de violencia contra menores y la modificación de los plazos de prescripción de estos delitos, que se empieza a aplicar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como hasta ahora, para facilitar la denuncia que suele hacerse en edad adulta.

Además se crean nuevas figuras para velar por los derechos de los menores, como un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y protocolos claros para detectar indicios de distintos tipos de violencia en los colegios. Policías y jueces también recibirán formación para detectar y abordar situaciones de maltrato infantil y se desarrollará un protocolo sanitario. La aprobación de la ley ha sido recogidas en la prensa internacional.

Reuters destaca que Espala hace obligatorio denunciar la violencia hacia los niños. La agencia británica se hace eco de la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto para proteger a la infancia subrayando esta obligatoriedad de denunciar así como la extensión del plazo para que las victimas denuncien los abusos sufridos cuando eran niños. Apunta que casi 38.000 menores fueron víctimas de violencia en España en 2018, aunque advierte de que las estimaciones indican que solo se denuncia uno de cada cinco crímenes cometidos contra menores por lo que los afectados podrían ser muchos más. Y menciona que el decreto se llama «Ley Rhodes» en reconocimiento al pianista que denunció los abusos sexuales que sufrió en su infancia y que ha asesorado al gobierno español.

Challenges dice que España endurece su legislación sobre violencia hacia los menores. La publicación francesa explica que el gobierno ha presentado un proyecto de ley para obligar a todos los españoles a comunicar cualquier caso de maltrato infantil y prolongando de facto la prescripción de actos violentos cometidos hacia menores de edad, al determinar que el plazo de entre 5 y 20 años que existe para denunciar los delitos en función de su gravedad, empiece a contarse a partir de los 30 años y no de los 18, como hasta ahora.

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