En los los consejos de administración de la gran banca española, a pesar de los avances de los últimos años, la presencia de las mujeres no llega ni al 30% que dictan las recomendaciones internacionales. Del total de 90 consejeros que hay en las seis principales entidades, únicamente 24 son mujeres, frente a 66 hombres. Y únicamente hay dos, Ana Botella, presidenta del Santander, y María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, con auténtico poder ejecutivo. Y su retribución es además 27.000 euros inferior a la media general.

La desigualdad de género en la cúpula bancaria es puesta de relieve en un artículo de Vicente Clavero en Público que pone de relieve como poco más de la cuarta parte (26,7%) de los consejeros bancarios son mujeres. Entre estas, además de Botín y Dancausa, hay dos, Natalia Aznárez y María Teresa Bassons que representan a paquetes accionariales importantes en Caixabank, mientras que las otras 20 son independientes.

Por entidades, el Santander es quien más mujeres tiene en su consejo de administración, seis. Le sigue Caixabank, con cinco, Bankinter y BBVA, cuatro, Sabadell con tres y Bankia, con dos. Las consejeras bancarias son, en general, mujeres de entre 50 y 60 años, españolas -aunque hay una iraní y otra británica-, con amplia experiencia en el ámbito empresarial o financiero. Dos son abogadas del Estado en excedencia y hay también una ex minsitra, Cristina Garmendia.

En cuanto a la retribución, excluyendo a Ana Botín y Maria Dolores Dancausa, las únicas dos que están al frente de sus entidades y que fueron las mejor pagadas en 2019, las otras 22 consejeras se repartieron 4,8 millones. Esto supone 220.000 euros por cabeza de media. Una cantidad que se sitúa 27.000 euros por detrás de lo que cobraron de media, los consejeros masculinos.

Fridays for Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima, con el apoyo de cientos de organizaciones sociales, llaman a una acción global por el clima el próximo 24 de abril. Una manifestación por el clima convocada el viernes 24 de abril a las 22h «mediante la proyección de sombras y sonidos desde los balcones».

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Desde ‘Juventud Por El Clima’ explican: «Aunque no podamos salir de casa, aún podemos manifestarnos, porque ninguna crisis debe quedar desatendida, y menos ahora que sabemos lo que pasa cuando nos enfrentamos a ellas sin estar preparadas».

«Las organizaciones firmantes, de acuerdo con la ciencia, manifestamos que sí, que participamos de la idea de la necesidad de apoyar la salida de las crisis generadas por el coronavirus, pero matizamos que esta no puede reproducir el modelo que nos ha conducido hasta la emergencia ecológica y social actual»- afirma el manifiesto.

Proponen «salir del inmovilismo actual y transformar la actividad económica de un modo climática y socialmente justo». En base a dos principios básicos. Por un lado, «enfrentar una reducción drástica de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en línea con las indicaciones científicas y alcanzando la neutralidad lo más rápidamente posible». Y, por otro,

Desde el punto de vista social, consideración absolutamente prioritaria de las personas y de los colectivos vulnerables, garantizando para ellos unas condiciones de vida dignas.

Greenpeace, una de las entidades sociales que apoyan la iniciativa defiende que «la salida de la crisis sanitaria se debe realizar de forma justa y sostenible». Porque, «la crisis climática sigue siendo una realidad y, pese a estar formalmente declarada desde muchas instituciones, sigue sin ser reconocida como tal por algunos dirigentes, que optan por desoír las indicaciones científicas a través de una inacción culpable».

 

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue entrevistada en La Cafetera de radiocable.com, donde defendió su oferta de pacto al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Arrimadas criticó la «manera improvisada» y «unilateral» de las actuaciones del gobierno ante la crisis del coronavirus. Pero instó a pasar de las «improvisaciones a la «planificación», de la «incertidumbre» a la «seguridad», y de la «unilateralidad» que al «consenso». «El gobierno tiene que apoyarse en la oposición y los agentes sociales y dejar de improvisar» -afirmó.

De ser así, en su opinión,  la oposición tendrá «muy difícil» decir «que ni siquiera se sienta en la mesa”.

Ines Arrimadas

La Presidenta de Ciudadanos justificó su oferta de pacto por la «situación extraordinaria» del país.  Y aseguró hacerlo en nombre «del interés general» aunque advirtió de que todavía «hay que definir para qué está tendida la mano».

Arrimadas defendió que «muchas cosas se podrían haber hecho antes»: «ir acumulando EPIS, ir cerrando eventos multitudinarios, o ir protegiendo las  residencias de ancianos».  «Creo que soy la primera líder nacional que llamó a Pedro Sánchez para decirle al presidente que estábamos muy preocupados y que deberíamos tomar medidas».

Sobre los los pactos propuestos por Pedro Sánchez, la líder de Ciudadanos preguntó si el gobierno pretende «imponer la retórica de Pablo Iglesias» y «atacar al jefe de Estado» o atacar «la propiedad privada o hacer un cambio de régimen».

Preguntada por la hipótesis de convocatoria electoral tras la crisis que planteaba el periódico La Razón en su portada,  la líder de Ciudadanos contestó: «Estoy pensando en cómo salvamos vidas y empleos; no sé si ahora tenemos que estar pensando ya a corto plazo en otras elecciones». Considera que «lo más importante y lo más urgente es que se consensúen ya las medidas en tres ámbitos: el  plan de contingencia sanitaria, el de reactivación económica y el de protección social.

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Las cuentas offshore de Juan Carlos I podrían ser la gota que colme el vaso y una verdadera amenaza para la monarquía en España. Es lo que apunta el digital francés en un artículo que firma Maryse Lhommet. Repasa los detalles y últimas revelaciones sobre las cuentas en Suiza del ex-monarca y profundiza en el impacto que pueden tener sobre la institución y se une así a otros muchos medios internacionales que han puesto el foco en el caso, la decadencia de Juan Carlos y la puesta en cuestión de la Casa Real.

Destaca que Felipe VI ha sido muy consciente de que en el contexto actual el escándalo de su padre afecta a la monarquía en su conjunto y ha intentado distanciarse de él. Pero advierte de que no es seguro que su actitud haga olvidar a los españoles el comportamiento «en total contradicción con los deberes inherentes a un rey» de Juan Carlos. Aunque subraya que, pese a todo, el republicanismo no es aún la «corriente dominante» en España.

Le Taurillon resalta que tras la transición y durante varias décadas, la monarquía española parecía que «nada podía afectar a la institución en el corazón de los súbditos». Pero apunta que los escándalos de Juan Carlos, la «figura central de esta monarquía restaurada», han asustado tanto al actual rey, su hijo Felipe VI -que desde su llegada al trono intenta restaurar la imagen de la Casa Real-, que ha renunciado a su herencia personal. Y advierte de que podría ser una «verdadera amenaza» para la monarquía.

El artículo recuerda que «el pueblo español históricamente ha preferido cerrar los ojos sobre las excentricidades de su soberano». Pero enfatiza que el último escándalo de las cuentas en Suiza atenta contra la institución monárquica en conjunto. Y apunta que aunque Felipe VI ha «entendido muy bien» el riesgo y ha intentado distanciarse de su padre. Pero advierte de que no es seguro que esto haga olvidar a los españoles el comportamiento «en total contradicción con los deberes inherentes a un rey» de Juan Carlos. Aunque señala que pese a todo el descontento por este escándalo que existe en España, «si el republicanismo español no es por el momento, salvo fuera de Cataluña, la corriente dominante».

Le Taurillon es una publicación digital francesa sobre actualidad europea creada en 2005 por el grupo «Jeunes Européen-Françe (la sección francesa de la asociación Jóvenes Europeos Federalistas) para contrarrestar la ola eurófoba en la red. Su línea editorial es pro-europea y federalista, aunque no está afiliado a ningún partido político. Tiene edición en francés, pero también en alemán, ingles, italiano e español y acumula 170.000 lectores mensuales. En 2012 recibió el premio Ciudadano Europeo 2012 del Europarlamento. 

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A través de un comunicado, Amnistía Internacional instó a las autoridades marroquíes a «poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas sólo por protestar o expresar sus ideas de forma pacífica, entre ellas decenas de manifestantes de Hirak del Rif, artistas de rap, autores de blogs y periodistas».

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La organización destacó las cifras ofrecidas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sobre «el número de personas privadas de libertad en todo el país por la expresión legítima de sus opiniones», que ascendía a 110 en marzo de 2020. Y denunció que las cárceles de Marruecos «están saturadas y un porcentaje considerable de la población reclusa está en detención previa al juicio».

Además, hicieron hincapié en la situación «de los casos de personas de edad avanzada o con patologías previas» que «deben considerarse de inmediato alternativas a la detención si no representan una amenaza para ellas ni para la sociedad». Así como considerar «la puesta en libertad basada en la presunción de inocencia para las que estén en espera de juicio acusadas de algún delito».

El 14 de abril de 2014, 276 niñas de la escuela secundaria de Chibok, en el noreste de Nigeria fueron secuestradas por un grupo terrorista islamista radical. El impacto e indignación que provocó este caso generó el movimiento #BringBackOurGirls que recabó apoyo en todo el mundo. Seis años después, 164 de las menores han conseguido regresar con sus familias, pero 112 aún siguen en poder sus captores. Y aunque el presidente de Nigeria ha asegurado que «no las olvidan», las familias de las secuestradas le acusan de pasividad.

(Foto: Flickr/Stephendmelkisethian)

Lo sucedido en Chibok, donde las niñas fueron sacadas de sus dormitorios en plena noche conmocionó a Nigeria y a buena parte del planeta. En torno al eslogan #BringBackOurGirls (traed de vuelta a nuestras chicas) se artículo todo un movimiento de protesta y denuncia que secundaron personalidades como Michelle Obama, Madonna, Hillary Clinto o Salma Hayek, entre otras, y que tuvo una gran presencia mediática y sigue activo en la actualidad apoyando a las familias afectadas.

Seis años después del secuestro, 164 de las niñas han logrado escapar, ser rescatadas o liberadas en virtud de negociaciones. Pero hay 112 que siguen sin haber vuelto a sus hogares y se cree que aún están en manos de Boko Haram -aunque también hay rumores de que muchas podrían haber muerto-. El actual presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, ha asegurado en una declaración con motivo del sexto aniversario que su caso no es «un asunto olvidado». Pero sus palabras han sido criticadas por las familias y el movimiento BBOG.

Sostienen que el mensaje presidencial es un simple ‘corta y pega’ del del año anterior «con actualizaciones menores para engañar a la población». Pero sobre todo apunta que Buhari -que no era presidente cuando sucedió el secuestro, pero que fue elegido al año siguiente con promesas de acabar con Boko Haram- ha sido una «decepción». Le acusan en concreto de pasividad y letargo frente al problema y de no tener un plan integral para hacerle frente.

La Cafetera de radiocable.com analiza con José Romero los debates que se abrirán a nivel global tras la pandemia. Uno de ellos, el de la globalización y la apertura internacional frente a la vuelta a las fronteras nacionales. Un planteamiento que, para Romero, es «peligroso». La globalización, señaló, «puede haber tenido aspectos que han impactado negativamente en la vida de la gente, en tema de la desigualdad». Pero, defendió: «en términos generales, se debería seguir apostando por la cooperación Internacional» (Entrevista a partir del minuto 68:20).

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José Romero analizaba así las reflexiones de Hariri sobre el tema la globalización post coronavirus y su tesis sobre la vuelta al Estado nació, post coronavirus. Sobre la expansión del virus por culpa de la globalización, Hariri enfrenta el debate analizando la propagación de otras grandes pandemias de la historia y hace referencia a la peste negra que en el siglo IX se propagó desde Asia a Europa occidental y en 10 años mató al 25% de toda la población entre Europa y Asia.

Otro de los debates es el uso de la tecnología y las consecuencias positivas y negativas de la hiperconectividad. Según Nielsen estamos pasando 80 horas a la semana conectados. Esto quiere decir que, según estos datos, estamos conectados más de tres días a la semana. Lo puede tener aspectos negativos, dijo, así como positivos, como hablar con amigos, trabajar, o ver películas. Pero ¿Cómo sería un confinamiento sin las herramientas que ofrece la tecnología actual. Sin las numerosas posibilidades que ofrece el acceso a Internet para informarse, escuchar música, o ver contenidos audiovisuales?.

Sobre la responsabilidad individual y los márgenes de la libertad se darán dos debates, tras el confinamiento. «Tendremos dos opciones -opinó Romero-. O asumimos nosotros la responsabilidad individual de vigilar determinadas normas para evitar contagiar a otros. O que esas normas te las imponga el Estado, limitando tu capacidad de movimiento, o tecnológicamente, como pasa en China. Para Romero, «ninguno» de estos dos últimos escenarios «son deseables» y abogó por «buscar un entorno donde el ciudadano sea mucho más responsable que en el pasado».

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El 14 de abril de 2010 se presentaron en Buenos Aires varias denuncias para pedir en Buenos Aires la investigación al régimen de Franco por «genocidio» y crímenes contra la humanidad. Los demandantes apelaron al principio de jurisdicción universal. Diez años después, el proceso sigue vivo y sumando denuncias y nuevos testimonios, convertido en el único proceso judicial abierto en el mundo contra el franquismo.

Darío Rivas, hijo de un asesinado por el franquismo en Galicia, fue, según recuerda un artículo de Juan Miguel Baquero en Eldiario.es, el primer querellante. Le acompañaba en aquel 14 de abril, Inés García Holgado y una decena de asociaciones. Y la querella que presentaron en Argentina, a 11.000 km de donde tuvieron lugar los hechos y apelando al principio de jurisdicción universal, se convirtió en la primera causa abierta para juzgar los crímenes de la dictadura española.

Desde entonces, la justicia argentina y más concretamente la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, María Servini de Cubría, investiga las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en España entre 1936 y 1977. Hoy en el sumario hay varios centenares de querellas por desaparecidos en fosas comunes, bebés robados, presos esclavos, etc. Además se ha señalado, con nombre y apellidos, a alguno de los presuntos criminales, como los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, acusado de torturador.

Los denunciantes recurrieron a la justicia argentina ante la falta de avances en España. Y diez años después de la primera querella, las autoridades españolas siguen sin colaborar con la investigación. Algunos incluso consideran que esta ha sido boicoteada y numerosas peticiones de la jueza Servini -que de hecho tenía previsto acudir este mes de marzo a España para tomar declaraciones a varios testigos- han sido denegadas.

Pese a todo, y segun resalta Emilio Silva, presidente de la ARMH, la querella argentina ha supuesto «un hito que ha permitido visibilizar a las víctimas, señalar a algunos de los verdugos y dar un tratamiento penal en sede judicial a las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista». Y además ha dado esperanza a las víctimas, algo que resume así Alejandro Lerena, abogado en la causa: «En el oscuro manto de impunidad que cubre España, hace diez años se abrió una pequeña grieta que poco a poco se va agrandando y dejando pasar, tras 40 años de oscuridad, un poco de esa luz que es la justicia».

La lucha contra el cambio climático debe ser el núcleo de la estrategia económica que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis económica que va a provocar la pandemia del coronavirus.  Es lo que piden 180 políticos, directivos de grandes empresas, sindicatos, ONG y expertos que han conformado la Alianza Europea para una Recuperación Verde. Han empezado publicando un manifiesto dirigido a la Comisión Europea en el que también señalan que las grandes inversiones que se requerirán para combatir una crisis que ya predicen «será más fuerte que la de 2008″, tendrán que alinearse con los “principios ecológicos”.

Se trata de una iniciativa impulsada, según explica un artículo de Manuel Planelles en El País, por el diputado en el Parlamento Europeo de Los Verdes, Pascal Canfin, en línea con la carta que 13 ministros de Medio Ambiente y Clima de la UE enviaron a Bruselas reclamando que no se deje atrás el Pacto Verde por el coronavirus. Esta estrategia europea se estaba desarrollando, pero la magnitud de los problemas que está provocando la pandemia ha provocado que algunos países del Este y sectores económicos hayan cuestionado que se mantengan las políticas climáticas.

Ante esto, países como Alemania, Francia, Italia, Suecia o España, entre otros, han reaccionado por carta y ahora además se ha creado también esta alianza. En ella están incluidos 79 eurodiputados, 37 directores generales de multinacionales y grandes empresas -entre las cuales están L’Oreal, Volvo, Nestlé,Danone, Ikea o Enel-, 28 asociaciones empresariales, confederaciones y federaciones sindicales y siete ONGs, además de varios grupos de expertos. Entre los firmantes se encuentran, por parte española, Iratxe García y Jonás Fernández del PSOE, Izaskun Bilbao del PNV y Soraya Rodríguez de Cs, además de la ministra, Teresa Ribera. Y entre las compañías figuran Iberdrola y la Asociación Empresarial Eólica, entre otros.

La alianza se compromete a trabajar juntos, “compartir conocimientos, intercambiar experiencia y crear sinergias” para poner en marcha las inversiones de “recuperación verde” que se necesiten. Porque, aunque todos señalan que la lucha contra la pandemia debe ser la prioridad de la UE, defienden que el Pacto Verde de la Comisión puede tener un “enorme potencial para reconstruir” la economía europea.

(Foto: Flickr/uropeanparliament)

CEAR, Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, MPDL, Ayuda en Acción, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes España y más de 200 organizaciones y 40.000 personas reclaman al gobierno español «que garanticen los derechos de las personas extranjeras en España y pongan en marcha una regularización extraordinaria urgente».

CEAR migrante asilo refugiado

Las entidades firmantes de la petición impulsada por CEAR y apoyada por cerca de 40.000 ciudadanos reclaman al Gobierno español que «se ponga en marcha de manera urgente un proceso de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular y de solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud».

En el comunicado defienden que la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español «es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica».

Además, a medio plazo consideran que «debería aprobarse una política migratoria ágil y eficaz» con «medidas permanentes como la flexibilización de los requisitos para la obtención y renovación de permisos de residencia y trabajo».

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