El ex monarca español lleva exiliado en Abu Dhabi desde que se conocieron una serie de escándalos, pero ahora se han desclasificado unos documentos que apoyarían su reivindicación de que salvó la democracia. A Juan Carlos I le gustaría poder regresar a España como un héroe, pero aún quedan zonas oscuras de la Historia, especialmente en torno al 23F sobre el que se han destruido o han desaparecido numerosos documentos, perjudican su relato e impiden hacer un balance honesto sobre el. Es el análisis que hace un artículo de opinión del diario británico de izquierdas firmado por Giles Tremlett que denuncia la ausencia de archivos claves sobre el intento de golpe de Estado de 1981 y defiende que España necesita una nueva ley de Secretos Oficiales.

The Guardian recuerda como desde que se rompió la cadera en una cacería de elefantes en plena crisis del euro en 2012, e incluso después del «aparente acto de humildad» de abdicar en su hijo, los escándalos siguieron acumulándose en torno a Juan Carlos I, especialmente por sus cuentas secretas y regalos millonarios, hasta que en agosto de 2020 se auto-exilió en Abu Dhabi. Destaca que los posibles problemas judiciales de Rey Emérito se fueron resolviendo y ahora «Abud Dhabi se ha convertido en una jaula dorada y quiere volver a casa». Menciona que publicó sus memorias, «Reconciliación» y resalta que aunque los críticos las han considerado «autocomplacientes, poco reveladoras y autojustificadoras, el hecho de que el libro estuviera tres meses entre los más vendidos, indicó que podía seguir habiendo una cantidad significativa de cariño hacia él».

El artículo apunta que en este contexto, Juan Carlos I con el apoyo de varios políticos conservadores empezó su campaña para lograr el regreso a España «convencido de que sería recibido como un héroe». Advierte que la desclasificación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de los archivos del 23F «un episodio crucial de su reinado» pudieron contribuir «a esa ilusión». Repasa los detalles del golpe de Tejero, pero asegura que las 167 páginas de archivos desclasificados han sido «una enorme decepción: reivindican a Juan Carlos pero solo representan una parte de lo que en su día fue un archivo mucho más abultado» Denuncia que varias generaciones de políticos y espías han «desnudado la Historia de España pemitiendo que fuentes cruciales de primera manos fueran o destruidas o escondidas». Menciona que por ejemplo en la desclasificación faltan documentos publicados por El País hace 5 años y otros anteriores que desveló Antonio Rubio sobre una amenaza directa de dos generales a Adolfo Suarez y que han desaparecido. Y advierte que se cree que mucho material sobre el 23F «fue destruido por los servicios de inteligencia o sus dueños políticos».

El diario británico apunta que los «vándalos de la historia» pudieron llevar a cabos estos actos gracias a que España tiene una de las leyes de secretos oficiales más restrictivas de Europa y los intentos por modernizarla han sido bloqueados por los partidos conservadores. En relación a Juan Carlos I, menciona que historiadores o Javier Cercas sostiene que fue quien detuvo el golpe de Estado y resalta que tras la desclasificación el propio monarca ha dejado saber que pretende volver a España «por la puerta grande». Aunque advierte «la mayor mancha en el legado de Juan Carlos es la falta de humildad» y añade «es probable que en realidad sí salvara la democracia, pero un balance honesto requeriría el acceso a todos los archivos sobre su reinado e información sobre de donde provienen sus fondos… y para eso España necesita urgentemente una nueva Ley de Secretos Oficiales».

The Guardian es un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2021, su circulación de pago fue de 105.134 ejemplares.  la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 3º más popular del Reino Unido, solo por detrás de los de BBC y Daily Mail.

Giles Tremlett lleva en España desde 1992 y ha sido corresponsal de The Guardian hasta 2013, aunque en la actualidad es “contributing editor”, una especie de analista destacado. Durante una década y hasta 2016 también fue el corresponsal en España de The Economist. Es además autor de libros sobre España, como la biografía «Franco; El dictador que moldeó un país» y otra sobre Catalina de Aragón, además de «Las Brigadas Internacionales: Fascismo, libertad y la guerra civil española» y “Ghost of Spain”, un viaje sobre el pasado oculto del país, de los que ha vendido más de 200.000 copias. En 2012 fue premiado por el Club Internacional de Prensa como mejor corresponsal extranjero. Entre sus artículos sobre España destaca la defensa de que la izquierda debía unirse para dirigir la recuperación, un perfil sobre Carles Puigdemont o un análisis de cómo un grupo de universitarios creó Podemos y cambió la política europea.

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Solo en 2023, el comercio de estos minerales superó los 2,5 billones de dólares —el 10% del comercio global— y su demanda podría cuadruplicarse para 2040. Su extracción puede ayudar a una transición energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero también guerras y corrupción. La ONU propone un «pacto global» por una minería justa y beneficiosa para todos.

El litio de nuestros teléfonos, el cobalto de nuestros coches eléctricos y el níquel de nuestras baterías no solo impulsan la economía global, sino que están redefiniendo el mapa geopolítico y, en algunos casos, financiado conflictos sangrientos. Así lo advirtió recientemente Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, en una sesión urgente del Consejo de Seguridad dedicada a un tema que, según ella, «determinará el futuro de cientos de millones de personas»: la carrera por los minerales críticos y sus riesgos ocultos.

Una riqueza con dos caras: desarrollo y destrucción

El comercio de estos minerales —que en 2023 movió 2,5 billones de dólares (el 10% del comercio global)— podría triplicarse para 2030 y cuadruplicarse para 2040, impulsado por la demanda de tecnologías verdes. Pero esta bonanza esconde una paradoja: «Mientras estos recursos pueden sacar a países de la pobreza, su extracción irresponsable está alimentando guerras, abusos contra derechos humanos y destrucción ambiental», alertó DiCarlo.

El ejemplo más crudo es la República Democrática del Congo (RDC), donde se extrae el 70% del cobalto mundial, clave para baterías de teléfonos y coches eléctricos. Allí, grupos armados como el M23 obtienen más de un millón de dólares al mes mediante minería ilícita, según informes de la ONU. «El control de las zonas ricas en minerales no solo financia la violencia, sino que debilita la gobernanza y perpetúa ciclos de conflicto», explicó DiCarlo, quien recordó que el Consejo de Seguridad ya ha impuesto sanciones a actores que comercian con estos recursos en la RDC, Libia y Somalia.

Pero el problema no es exclusivo de África: Myanmar, rico en tierras raras (esenciales para imanes de alta tecnología), vive un conflicto donde la minería ilegal alimenta a grupos armados mientras Ucrania, con reservas clave de titanio y litio, ve cómo la guerra ha paralizado su potencial minero, crucial para la reconstrucción. Y América Latina, con sus vastos yacimientos de litio en el «triángulo del litio» (Argentina, Bolivia, Chile), enfrenta tensiones por su explotación, donde comunidades indígenas denuncian desplazamientos y contaminación de acuíferos.

La ONU propone un «pacto global» por una minería justa

Ante este escenario, la ONU lanzó tres prioridades urgentes para evitar que la fiebre por los minerales críticos profundice las desigualdades y los conflictos. Primero extracción con justicia social: fortalecer las instituciones locales para que las comunidades (especialmente indígenas y rurales) participen en las decisiones y reciban beneficios reales. Y también evitar que la minería reproduzca patrones de explotación laboral y daño ambiental, como ha ocurrido en el Congo o la Amazonía.

En segundo lugar, trazabilidad y transparencia: crear sistemas globales para rastrear el origen de los minerales y cortar el flujo de recursos que financian guerras. DiCarlo mencionó avances como el Proceso de Kimberley (que certifica diamantes «libres de conflicto») y pidió extenderlo a otros minerales. Asimismo dialogar entre países productores (como Chile o la RDC) y consumidores (EE.UU., UE, China) para equilibrar la cadena de suministro.

Y finalmente diplomacia preventiva: incluir la gestión de recursos naturales en los acuerdos de paz. En Colombia o la RDC, se ha visto cómo los conflictos por tierras y minerales pueden reavivarse si no se abordan en las negociaciones. Usar los Paneles de Expertos de la ONU para investigar y sancionar el comercio ilícito, como ya se hace con el carbón de Corea del Norte o el oro de Sudán.

¿Una oportunidad para la paz?

Pese a los riesgos, DiCarlo subrayó que estos minerales también ofrecen una oportunidad histórica: «Si se gestionan bien, pueden ser un motor de desarrollo sostenible, crear empleos dignos y hasta ayudar a construir paz».

Y hay algunos ejemplos esperanzadores: Chile, que ha logrado acuerdos con comunidades indígenas para explotar litio con estándares ambientales y participación local. Noruega, que usa sus ingresos del petróleo para financiar energías renovables y fondos sociales o Ruanda, que ha reducido el contrabando de minerales mediante certificaciones digitales y cooperación regional

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La publicación de los archivos secretos del intento de golpe de Estado de 1981 en España coincidiendo con el 45º aniversario del 23F supuso un bombazo informativo. Pero se produjo por una decisión unilateral del gobierno, ante las deficiencias de la Ley de Secretos oficiales española. Esto evidenció la discrecionalidad para desclasificar archivos y provocó cierta polémica al ser solo parcial. Pero ¿Qué sucede en otras democracias? ¿Cómo se aborda la desclasificación del pasado? En The Conversation detallan casos similares en EEUU, por ejemplo con el asesinato de JFK, en Francia con la Guerra de Argelia y otros en Alemania, Grecia o Italia.


Francesco Segura/Shutterstock
Juan Francisco Sánchez Barrilao, Universidad de Granada

El pasado 23 de febrero, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciaba en redes sociales la intención del Gobierno de desclasificar inmediatamente información sobre el golpe de Estado perpetrado hace 45 años. Para ello, el Consejo de Ministros acordaba al día siguiente la desclasificación de “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981”. En total, se dieron a conocer 153 documentos el 25 de febrero a través de la propia web del Gobierno.

Al margen del alcance del contenido de esos documentos (no pocos de ellos ya conocidos por muchos expertos) y de la propia desclasificación (pues algunos autores la califican de limitada), el anuncio y el acto de hacer pública la información vinieron a evidenciar nuevamente las deficiencias de la preconstitucional Ley sobre secretos oficiales (Ley 9/1968). También pusieron de relieve la discrecionalidad con la que actúan algunos gobiernos tanto a la hora de clasificar como de desclasificar una información como secreta y extraerla así del circuito democrático e histórico al impedir su debido control social.

En cuanto a lo primero, se ha de recordar que la Ley sobre secretos oficiales se aprobó en 1968, durante la dictadura franquista, y fue parcialmente enmendada ya en 1978 (Ley 48/1978). También es necesario saber que desde entonces se han presentados diversos anteproyectos y proposiciones de ley, sin éxito, con el fin de adecuar la norma a las actuales demandas de publicidad y transparencia.

Los sistemas de plazos y la discrecionalidad

En especial se ha propuesto introducir sistemas de plazos en la desclasificación, tal como lo hacen otras democracias occidentales. Con todo, se advierte que tales sistemas acaban por mantener cierta discrecionalidad a la hora de hacer pública información previamente declarada secreta, ya que permiten a los ejecutivos, con carácter general, retrasar todavía más la desclasificación de aquella información que consideren aún comprometedora para la seguridad nacional.

Esto último, a su vez, enlaza con la discrecionalidad del Gobierno de la que hablaba antes con ocasión de la reciente desclasificación de documentos del 23-F, tanto a tenor de la fecha elegida por el Ejecutivo (el 45.º aniversario del golpe), como en relación a los documentos efectivamente clasificados, ya que ni son hoy significativos para la seguridad nacional ni lo fueron hace diez años.

Pero lo cierto es que esto se produce también en otros Estados. Es usual que los gobiernos de democracias occidentales desclasifiquen información especialmente comprometida desde una perspectiva histórica en momentos relevantes y que las desclasificaciones sean finalmente parciales.

Estados Unidos, Francia, Alemania y otros casos similares

Así sucedió en marzo de 2025 con ocasión de la reciente y sorpresiva desclasificación masiva, pero no total, de documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy (1963). El Gobierno de Estados Unidos ordenó la liberación de casi todos los archivos todavía retenidos por motivos de seguridad nacional (alrededor de 80 000 páginas).

También unos años antes, en diciembre de 2021, el Gobierno francés decretó una desclasificación parcial de información sobre la no menos traumática Guerra de Argelia.

Siguiendo los ejemplos mencionados en el propio acuerdo del Consejo de Ministros de España por el que se ha desclasificado documentación del 23-F, están los casos de Italia en 2014 y 2021, cuando se hizo pública información referente a grandes atentados terroristas cometidos entre 1969 y 1984; y en 2016, cuando se dio a conocer un archivo de 13 000 páginas sobre crímenes cometidos por tropas nazis y fascistas entre 1943 y 1945.

También tenemos el ejemplo de Grecia en 2024, que consistió en la desclasificación de 58 informes sobre el golpe de Estado de 1974 en Chipre.

En esa tónica de desclasificar información relativa a terceros Estados también está el caso de Alemania en 2012, cuando se hizo pública la transcripción de una reunión privada entre su embajador y Juan Carlos I poco después de los sucesos del 23-F; y el de Estados Unidos, cuyo Gobierno desclasificó en 2016 numerosa documentación sobre la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

En esos casos, como en el supuesto que estamos comentado, se han alegado como razones la historia, la memoria e incluso la reparación para responder así a la demanda constante de acceso a documentación relevante y comprender el pasado mediante “una interpretación más completa y contrastada de los hechos”, en el conocimiento mismo “de nuestra historia colectiva”.

Y todo ello, claro, sin poner en riesgo las necesidades de secreto y discreción que exigen en cada momento la seguridad nacional (Ley 36/2015 de Seguridad Nacional).

Esto supone la apertura a una limitación discrecional al acceso público de información relevante para la sociedad; con especial consideración para periodistas e historiadores, que son agentes directos en la conformación de la opinión pública y de la memoria colectiva.

Solo una previsión normativa de desclasificación automático-temporal permitiría, aún de manera diferida en el tiempo, el conocimiento y el control directo por la sociedad de su propia historia. Eso sí, tal control quedaría aún limitado temporalmente, pero al final sería posible, permitiendo así a la ciudadanía reencontrarse con su pasado, en particular con ocasión de hechos potencialmente comprometedores.The Conversation

Juan Francisco Sánchez Barrilao, Profesor Titular de Universidad. Derecho Constitucional., Universidad de Granada

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Tras más de cinco décadas de ausencia humana en el espacio exterior, la misión Artemis II prevista para este mes de abril de 2026 sobrevolará la cara oculta de la Luna. En total, los cuatro astronautas se alejarán más de 400 000 kilómetros de la Tierra, el punto más distante en el cosmos al que jamás haya llegado nuestra especie. En Sinc detallan que esta misión espacial abrirá una nueva era de exploraciones y descubrimientos, ya que, aunque no alunizará, pondrá las bases para que lo haga la Artemis IV en 2028.


Por fin, después de sucesivos aplazamientos, ya hay fecha marcada en el calendario: el 1 de abril, a las 18:24 de la hora local en Florida (00:24 AM del 2 de abril en horario peninsular español) está programada la primera oportunidad para que despegue de la Tierra la misión espacial que abrirá una nueva era de exploraciones y descubrimientos. Si las circunstancias climáticas no son favorables, la ventana de lanzamientos prevé otros intentos el 2, 3, 4, 5, 6 y 30 de abril.

Tras más de cinco décadas de ausencia humana en el espacio exterior desde el fin de la era Apolo, la misión Artemis II se alza como el salto más arriesgado y fascinante de nuestra generación. La diosa de la mitología griega, Artemisa, sucede a su hermano gemelo, Apolo.

El reto es monumental: la tripulación deberá validar el funcionamiento crítico de los sistemas de soporte vital de la nave Orión, en la que viajan los astronautas, mientras se enfrentan a la intensa radiación de los cinturones de Van Allen y a un viaje de 10 días sin la posibilidad de realizar un aborto rápido.

Nunca el ser humano llegó tan lejos

Lo más asombroso es que, al realizar un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, estos cuatro astronautas (incluyendo a la primera mujer y al primer afroamericano en una misión lunar) se alejarán más de 400 000 kilómetros de la Tierra, alcanzando el punto más distante en el cosmos al que jamás haya llegado nuestra especie. Para hacernos una idea, en ese espacio de 400 000 km cabrían, uno al lado del otro, todos los planetas del sistema solar (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) y aún sobraría espacio.

Para el gran reto de proteger a los astronautas de la radiación solar extrema y cósmica durante Artemis II, la NASA emplea una estrategia de “defensa por capas”. Bajo el nombre de ‘Experimento Matroshka’, combina tecnología de detección avanzada para monitorear los niveles de radiación y unas soluciones físicas ingeniosas que mitigan la exposición basándose en múltiples capas de protección.

Diferencias entre la misión Apolo 17 y Artemis II

Cuando en 1972 los últimos tres astronautas en misión a la Luna se montaron en el Apolo 17, los medios tecnológicos eran muy diferentes: Apenas había espacio en el módulo de tripulación. Esta vez viajarán cuatro astronautas con más espacio habitable. La generación de energía era mediante pilas de combustible, frente a los paneles solares actuales. El único ordenador de a bordo contaba solo con unos pocos kilobytes de memoria total, muchísimo menos de lo que hoy en día tienen incluso relojes inteligentes o dispositivos electrónicos comunes. Mientras, el Orión dispone de múltiples computadoras redundantes, con millones de veces más memoria y procesamiento.

Las telecomunicaciones, muy básicas, se concentraban en una sola señal de radio en la banda S de aproximadamente 2 GHz. Hoy son superadas por una infraestructura con mayor ancho de banda y fiabilidad, con comunicaciones digitales más robustas que soportan voz, telemetría y transmisión de datos científicos más complejos.

Con todo y con ello, la expedición de la misión Apolo 17 consiguió llegar a la Luna, donde estuvo 75 horas trabajando intensamente. Los astronautas recolectaron muestras de rocas y polvo lunar que se trajeron a la Tierra (cerca de 100 kg), condujeron un vehículo lunar para explorar más terreno, colocaron sensores y sondas para para medir gravedad, calor, actividad sísmica y partículas y hacer experimentos científicos, etc.

Finalmente, una diferencia clave entre ambas misiones es que, si bien Apolo 17 fue la culminación de una carrera espacial esencialmente estadounidense, nacida de la rivalidad geopolítica de la Guerra Fría, Artemis II representa una nueva forma de explorar el espacio. Se trata de un esfuerzo internacional y colaborativo en el que varias agencias y países trabajan juntos para regresar a la Luna: Europa (ESA), Japón (JAXA), Canadá (CSA), Emiratos Árabes (UAESA), Australia (ASA), etc.

El gran ensayo general

Por su parte, la nueva misión ni siquiera tiene previsto alunizar, como se consiguió hace ya más de 50 años, pero será esencial para que, en 2028, Artemis IV lo logre con más garantías de éxito. Artemis II y Artemis III (misión también tripulada que se desarrollará en la órbita baja terrestre el año que viene para probar los trajes espaciales y diversas tecnologías críticas) serán el gran ensayo general antes del estreno más esperado de la exploración lunar.

Como en un teatro, cada sistema de la nave, desde la propulsión y la navegación hasta las comunicaciones, el soporte vital y la reentrada a gran velocidad, será testado bajo los focos de la realidad, con astronautas como protagonistas y la Tierra como público expectante. Todo se pondrá en escena con precisión, como quien ajusta la música, el vestuario y la coreografía, para que Artemis IV pueda, finalmente, brillar en su histórico estreno sobre la Luna.

Cuando esto ocurra en 2028, dos de los cuatro astronautas del Orión descenderán al suelo lunar para recopilar muestras, hacer experimentos científicos, estudiar el terreno y tomar datos del entorno de nuestro satélite antes de volver a la órbita lunar y regresar a la Tierra. En total, 30 días, una misión tres veces más larga que la que nos espera en los próximos días.

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A menudo se etiqueta a España como un «país machista», pero «las apariencias engañan» porque si se observa con detenimiento se descubre una realidad que no se ajusta al estereotipo y un país «donde se toman la protección de las mujeres más en serio que en casi cualquier otro lugar». Es lo que pone de relieve un reportaje en el diario alemán que detalla los avances que ha hecho España en materia de igualdad y lucha contra la violencia hacia las mujeres desde la aprobación de la Ley contra la violencia de género de 2004. Enfatiza que el sistema desarrollado en España le ha permitido ser considerado pionero en la materia y señalando que «hay mucho de lo que puede aprender Alemania en este ámbito».


Suddeutsche Zeitung subraya que un visitante desprevenido o un turista alemán podría caer fácilmente en la trampa de los estereotipos en España y pensar que es un «típico país machista» y peligroso para las mujeres, ya que los medios informan casi a diario sobre asesinadas por su pareja o expareja. Pero enfatiza que «las apariencias engañan» ya que en 2025, según el Ministerio de Igualdad, 48 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, la cifra más baja desde que se tienen registros en 2003. Como comparación destaca que en Alemania, estos casos se registran oficialmente desde hace pocos años y en 2024, la cifra de casos mortales de violencia doméstica contra mujeres fue de 132. Y resalta que en España, el debate no es nuevo y los informes, las protestas y las movilizaciones constantes demuestran la importancia que el país le da a la violencia de género hasta el punto de ser considerado pionero en Europa en la lucha contra ella.

El artículo apunta que desde que se aprobó en 2004 la Ley contra la violencia de género, funciona un centro que monitoriza los casos. Y subraya que un elemento clave del sistema español son las estructuras especializadas «que aún no existen en Alemania» y entre las que resalta las salas propias en los juzgados, la formación específica para jueces y abogados, asi como para policías, trabajadores sociales y profesores. Detalla que tanto el poder judicial como la policía actúan siguiendo protocolos fijos para tratar con las víctimas y se pueden emitir ordenes de protección en pocas horas y menciona también las tobilleras y pulseras electrónicas para localizar a agresores. Recoge las palabras de la ministra de Igualdad Ana Redondo que defiende que todas estas iniciativas han ayudado a la transformación de una sociedad machista hacia una cultura de igualdad» y a visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres. Y subraya que la propia embajadora alemana ha elogiado la sensibilización española hacia la violencia de género y defendido que Alemania puede aprender mucho de España en este ámbito.

Süddeustche Zeitung es un diario alemán fundado en Munich en 1945. Es el periódico más leído de Alemania, rozando los 1,5 millones de lectores, y junto con el FAZ, los dos diarios de referencia. Su línea editorial es «liberal progresista» y está considerado “el diario intelectual del liberalismo de la izquierda alemana”. En sus páginas han escrito algunos de los más importantes periodistas alemanes. Pertenece al Südwestdeutsche Medien Holding y su tirada, a finales de 2025, superaba los 251.400 ejemplares en papel.

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Ya sea el mejillón cebra, la hormiga argentina, cabras, conejos o las acacias las invasiones biológicas suceden desde hace siglos y provocan la extinción de especies autóctonas pero también reconfiguran las interacciones y los hábitats. Para entender mejor los trastornos sistémicos y las amenazas a la biodiversidad que suponen las especies invasoras, existe, según detalla en The Conversation, una herramienta de evaluación complementaria, EEICAT, que permite la clasificación extendida del impacto ambiental de las invasiones biológicas.



Introducidas en las islas, las cabras pueden alterar el paisaje en detrimento de las especies locales.
Eduardo Bena/Shutterstock

Elena Angulo, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC); Franck Courchamp, Université Paris-Saclay y Laís Carneiro, Universidade Federal do Paraná (UFPR); Université Paris-Saclay

Cuando se mencionan las invasiones biológicas, solemos pensar en un duelo dramático: un depredador foráneo que llega para erradicar a una presa nativa. Sin embargo, este enfoque en la extinción directa oculta una realidad mucho más insidiosa. Gran parte de las invasiones más devastadoras no se limitan a eliminar especies; remodelan el entorno alterando los hábitats, reconfigurando las interacciones y modificando los procesos de una forma que no se puede reflejar únicamente en las listas de especies invasoras.

Tomemos como ejemplo las cabras o los conejos –que alteran desde la dispersión de semillas hasta la capacidad de reforestación natural–, introducidos en islas de todo el planeta. Aunque su voracidad puede, efectivamente, llevar a la flora local a la extinción, su impacto cala más hondo. Estos herbívoros invasores despejan el sotobosque, aceleran la erosión y modifican los regímenes de incendios, dejando cicatrices en el paisaje mucho después de que los rebaños hayan desaparecido. Estos trastornos sistémicos amenazan la biodiversidad de forma tan profunda como la pérdida de una sola especie.

Por eso, a la hora de evaluar el impacto de las invasiones biológicas no basta con considerar únicamente sus efectos en la flora y fauna nativas como hace la clasificación del impacto ambiental de taxones exóticos (EICAT, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como advertimos en un reciente estudio, generan un espectro de impactos que se extiende mucho más allá.

Ingenieros de los ecosistemas

Hemos catalogado 19 tipos distintos de impactos ambientales. 12 de ellos afectan a niveles superiores al de la especie: las comunidades, el funcionamiento de los ecosistemas o las condiciones abióticas, tales como el ciclo de los nutrientes, la estructura del hábitat o las propiedades físicas del suelo y del agua.

La omisión de estos efectos es crítica porque muchas especies invasoras actúan como “ingenieros de los ecosistemas”. No se limitan a habitar un entorno, sino que lo modifican activamente, influyendo en el destino de comunidades enteras. Por ejemplo, los conejos, al igual que ciertas hormigas, transforman el ecosistema que invaden de manera total, desde el suelo y la vegetación hasta la fauna.

Para capturar este matiz, hemos desarrollado una herramienta de evaluación complementaria: EEICAT, la clasificación extendida del impacto ambiental de las invasiones biológicas.

Del invasor a la invasión

EEICAT es una evolución: aporta una expansión necesaria a las evaluaciones de impacto. Basada en el modelo EICAT, desplaza la unidad de evaluación de la especie invasora al evento de invasión.

Bajo este nuevo marco, ahora se pueden tener en cuenta los 19 tipos de impactos, y a una población invasora se le pueden asignar una o varias categorías de gravedad en cualquier nivel ecológico. Con EEICAT, podemos revelar los efectos sobre las especies nativas, las comunidades, los procesos e incluso las condiciones abióticas del ecosistema. Se trata de un enfoque basado en cada invasión, y no en el invasor de forma global.

La necesidad de esta distinción es evidente en los ecosistemas acuáticos invadidos por el mejillón cebra (Dreissena spp.). En innumerables lagos y ríos, estos moluscos amenazan a las poblaciones de mejillones nativos mediante la competencia y la bioincrustación (su acumulación), un impacto clásico bien recogido por las evaluaciones estándar. Pero simultáneamente, transforman el ecosistema acuático en sí mismo: al filtrar partículas, reducen la turbidez, alteran los ciclos de nutrientes y desencadenan cambios en cascada en la vegetación y en las redes tróficas. EEICAT nos permite mapear tanto el golpe directo a la biodiversidad como la reingeniería sistémica del lago o del río.

Muchos mejillones de cebra formando un aglomerado en la orilla del mar

Mejillones cebra.
Sam Stukel (USFWS)/Flickr

Una lógica similar se aplica al medio terrestre. La hormiga argentina (Linepithema humile) es tristemente célebre por eliminar a las hormigas nativas, simplificando las comunidades hasta convertirlas en ciudades fantasma donde, prácticamente, solo habita esta especie invasora. Pero su influencia es mucho más profunda. Al perturbar los mutualismos entre plantas e insectos, estas invasoras alteran la dispersión de semillas, la polinización, los ensamblajes de invertebrados e incluso los procesos del suelo. Estos efectos indirectos a nivel ecosistémico varían considerablemente según el clima y la integridad del ecosistema receptor.

Dos hormigas juntan sus bocas mientras la cabeza de otra aparece un poco más abajo

Hormigas argentinas intercambiando fluidos (trofalaxia).
Davefoc/Wikimedia Commons, CC BY-SA

El contexto lo es todo

El reino vegetal ofrece, quizás, el argumento más claro a favor de este enfoque. Las especies de acacia, introducidas en todo el mundo, manifiestan su influencia de maneras radicalmente distintas. En Sudáfrica, actúan como supresores agresivos de la flora nativa y transformadores de la química del suelo mediante el enriquecimiento de nitrógeno. En la Europa mediterránea, la misma especie puede ejercer una presión competitiva moderada, pero modificar profundamente los regímenes de incendios, la acumulación de hojarasca y la hidrología.

Árbol con flores amarillas en un paisaje verde con un muro de piedra

La mimosa (Acacia dealbata) es una especie autraliana que se ha establecido en otras partes del mundo y se comporta como especie invasora, por ejemplo, en Galicia y el norte de Portugal.
Certo Xornal/Wikimedia Commons, CC BY

Adoptar EEICAT no significa reinventar la rueda. Podemos apoyarnos en las décadas de estudios de impacto que ya existen. Este marco recoge un conjunto más amplio de categorías que abarcan los niveles biológico, ecosistémico y abiótico. Utiliza los mismos cinco niveles de gravedad, desde Preocupación Mínima hasta Impacto Masivo, y con las mismas reglas de decisión.

Debido a que esta metodología se basa en la invasión, nos permite rastrear cómo una misma especie se comporta de manera diferente según la región, o cómo varios invasores acumulan su presión sobre un mismo ecosistema.

Gestionar la realidad, no solo las especies

Al adoptar el marco EEICAT, podemos finalmente capturar toda la magnitud de los efectos de las invasiones biológicas en los ecosistemas y adaptar las estrategias de gestión a las realidades complejas del mundo vivo, invasión por invasión.

Las invasiones biológicas no se resumen solo en la pérdida de especies; son también una reescritura silenciosa de los ecosistemas. Desde la química del suelo hasta la frecuencia de los incendios forestales, sus impactos resuenan en el medio ambiente mucho después de su llegada.The Conversation

Elena Angulo, Científico titular del CSIC, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC); Franck Courchamp, Directeur de recherche CNRS, Université Paris-Saclay y Laís Carneiro, Doutora em Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Paraná (UFPR); Université Paris-Saclay

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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El incremento mundial de la presencia de mujeres en los parlamentos en 2025 se estanca en un mínimo crecimiento del 0,3%, el mismo porcentaje que en 2024 y el avance más débil desde 2017. Y el año pasado cayó además un 4% el número de mujeres que presidían parlamentos. La región de las Américas sigue siendo la que tiene mayor representación femenina, con un 35,6% del total de parlamentarias. Bolivia se une a Cuba, Nicaragua y México en este selecto grupo.


A fecha de 1 de enero de 2026, las mujeres ocupan el 27,5% de los escaños parlamentarios nacionales en todo el mundo, un aumento apenas perceptible respecto al 27,2% del año anterior, según el último informe de la Unión Interparlamentaria (UIP). El documento, titulado «Women in parliament 2025″, basado en datos de 49 países que renovaron sus cámaras en 2025, revela una preocupante desaceleración en la lucha por la igualdad política.

El dato más alarmante es el fuerte descenso de mujeres que presiden los parlamentos. La proporción de mujeres como presidentas de estas cámaras ha caído al 19,9% (54 presidentas), frente al 23,7% del año anterior. De los 75 nuevos presidentes de parlamento designados o elegidos en 2025, solo 12 fueron mujeres, un escaso 16%.

América, a la cabeza, con cuatro países en el grupo de la paridad

La región de las Américas sigue siendo la que tiene mayor representación femenina, con un 35,6% del total de parlamentarias. Durante 2025, las mujeres alcanzaron el 36,1% de los escaños en las 20 cámaras que celebraron renovaciones en 13 países de la región.

América Latina destaca especialmente en el grupo de países que han alcanzado la paridad o incluso tienen más mujeres que hombres en sus cámaras bajas o únicas. Bolivia se une a Cuba, Nicaragua y México en este selecto grupo de las Américas, que a nivel mundial completan Ruanda, Andorra y Emiratos Árabes Unidos.

El papel crucial de las cuotas y los récords nacionales

El informe subraya que las cuotas bien diseñadas e implementadas siguen siendo un factor decisivo. En 2025, las cámaras con algún tipo de cuota eligieron o designaron un promedio del 30,9% de mujeres, frente al 23,3% en aquellas sin cuotas. El caso de Kirguistán, que experimentó el mayor avance mundial con un aumento de 12,9 puntos porcentuales, ejemplifica este éxito.

Varios países marcaron hitos históricos: Australia alcanzó su máximo histórico con un 46% de escaños para mujeres mientras Chequia vio aumentar la representación femenina en su cámara baja del 25% a un tercio de los diputados. Ecuador logró un 45% de mujeres en su Asamblea Nacional. Y Japón vivió un año histórico: por primera vez tiene una primera ministra mujer y, tras las elecciones de julio, la representación femenina en la cámara alta alcanza un récord del 29,4%

Las regiones rezagadas y la amenaza de la violencia

En el extremo opuesto, la región de Oriente Medio y Norte de África se mantiene como la de menor representación, con solo un 16,2% de media. Países como Omán, Tuvalu y Yemen no tienen ninguna mujer en sus cámaras bajas o únicas.

El informe también alerta sobre un grave obstáculo: la violencia contra las políticas. Estudios de la UIP revelan que el 76% de las parlamentarias de la región de Asia-Pacífico sufren violencia psicológica. Un informe de 2026, When the public turns hostile, confirma que las diputadas sufren más intimidación por parte del público, tanto en línea como fuera de ella, que sus colegas hombres (un 76% frente a un 68%). Este clima de hostilidad puede disuadir a muchas mujeres de presentarse a cargos públicos, perpetuando el lento avance hacia la igualdad.

Algunos países, como Filipinas y Colombia, ya han comenzado a legislar para prevenir y castigar la violencia política contra las mujeres, un paso necesario para proteger su participación y acelerar un progreso que hoy avanza a paso de tortuga.

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La magnitud del terremoto de Kamchatka del 29 de julio de 2025 fue de 8,8 y provocó un tsunami que se extendió por todo el Pacífico. Un satélite sobrevoló la zona 70 minutos después del evento y capturó imágenes en alta resolución que revelaron la curvatura y dirección de estas olas catastróficas, además de realizar mediciones precisas del nivel del mar. Según un estudio del que se hacen eco en Sinc, los satélites podrían ayudar a investigar estos fenómenos.


Estas olas monstruosas pueden recorrer miles de kilómetros, atravesar cuencas oceánicas enteras o devastar las costas; y pese a ello, todavía se desconocen las causas exactas de su formación. Un estudio, publicado en Science, revela que los satélites podrían ser útiles para investigar dichos fenómenos extremos.

De hecho, uno de ellos recabó información del tsunami de Kamchatka de 2025 poco después de su génesis y proporcionó mediciones en alta resolución de la superficie del mar con una precisión de centímetros.

Aunque la monitorización mediante sensores del fondo marino y medidores costeros ayudó a captar parte del evento, los sistemas se vieron limitados por la cobertura y la atenuación de las ondas de corta longitud. Por ello, los investigadores creen que los satélites podrían ser una herramienta complementaria que delimite el origen de los terremotos, sus riesgos y la dinámica de las zonas de subducción.

Satélites: grandes aliados

Para saberlo, un equipo internacional liderado por la Universidad de San Diego (EE UU) analizó los datos del satélite SWOT de la NASA que sobrevoló la región por casualidad 70 minutos después de que empezara el evento.

Observaron que el satélite capturó el campo de ondas completo y contemplaron la curvatura, dirección y longitud de las olas de este fenómeno catastrófico. Asimismo, los análisis de sensibilidad revelaron que el tsunami se generó a unos 10 kilómetros de la zona de subducción, una información valiosa que no puede obtenerse mediante las técnicas tradicionales.

Estos hallazgos constituyen la primera evidencia espacial en alta resolución sobre el origen de un tsunami, y evidencian que estos aparatos pueden ayudar a la investigación sobre la dinámica de grandes fenómenos provocados por terremotos de subducción en el océano, unos de los eventos naturales más peligrosos.

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El presidente español es entrevistado en el influyente diario económico estadounidense que además le dedica un perfil en el que pone de relieve que se ha convertido en el estandarte de la oposición política en Occidente a Donald Trump. Bajo el titular de «revuelta española» pone de relieve que frente a la tibieza y complacencia con el líder estadounidense de la mayoría de líderes europeos, Pedro Sánchez está siguiendo la «simple táctica de decir no» a Trump. Apunta que en este sentido se ha negado a subir el gasto de defensa al 5%, ha criticado como un «gran error» la guerra de Irán -y antes la de Gaza- y ha rechazado permitir el uso de las bases en España para los ataques de EEUU contra Teherán. Y enfatiza que aunque su posición, que mantiene desde hace una año, ha provocado cierta irritación en la UE, cada vez son más los líderes del continente que se unen a sus críticas a la guerra de Irán y a Trump.


Wall Street Journal destaca que incluso antes de haber empezado la guerra en Irán, Pedro Sánchez ya había decidido oponerse a ella. Explica que en el último año, mientras muchos líderes europeos han caminado de puntillas con Trump, el presidente español ha seguido una táctica alternativa: la teoría de «simplemente decir No» de la diplomacia del propio presidente estadounidense, defendiendo que la «alianza será más sana, si se airean los desacuerdos con Trump que si se bordean». Y subraya que en la guerra de Irán, el «telegénico» Sánchez ha recuperado el simple eslogan de «No a la guerra» para negarse a permitir el uso de las bases para los ataques en Oriente Medio, «aunque Trump se enfadara». Enfatiza que cuando España rara vez es el centro de gravedad de los asuntos europeos, Sánchez se ha convertido en un estandarte dentro de un continente frustrado por el miedo a enfrentarse al presidente de EEUU.

El diario resalta que en su entrevista, el presidente español ha insistido en que la guerra de Irán «es un gran error para el mundo y también para EEUU». Recuerda que desde la vuelta al poder de Trump, la mayoría de los líderes europeos han intentando ganarse su atención «mediante deferencia y halagos”, pero tras los ataques a Irán, muchos han ido girando hacia la posición de Sánchez rechazando la guerra y las presiones sobre la OTAN. Advierte que ser «complaciente con Trump se ha vuelto cada vez más impopular en Europa» y subraya que “la disputa ha beneficiado a Sánchez, cuya popularidad interna había disminuido tras ocho años en el poder”. Menciona que algunos líderes europeos han dicho en privado que el enfrentamiento del líder español con Trump estaba poniendo en riesgo los esfuerzos europeos para evitar una guerra comercial, mantener la ayuda a Ucrania o reforzar la OTAN. Pero enfatiza que en el gobierno español quitan importancia a las amenazas de Trump y muchos creen «que no tiene tantas cartas» y que además EEUU exporta más a España de lo que importa.

Apunta además que España ha sido durante mucho tiempo uno de los países de Europa más «ambivalentes» en relación al poder de EEUU, porque a diferencia de las naciones que fueron ocupadas por los nazis, «su libertad y su democracia le deben muy poco a los estadounidenses». Recuerda en este sentido que Washington cooperó con Franco durante su dictadura. Aunque resalta las palabras de Pedro Sánchez que asegura: «Tenemos un desencuentro temporal, pero creo que la relación entre España y EEUU es más cercana que nunca, A los americanos les encanta España».

Wall Street Journal es un diario estadounidense fundado en 1889 que publica Dow Jones & Company, una división de News Corporation que pertenece desde 2007 al magnate australiano Rupert Murdoch, que también controla Fox News y el británico The Times. Se le considera la biblia de la información financiera. En 2025 tenía más de 4,5 millones de suscriptores (entre edición impresa y digital) y su circulación en papel a finales de 2024 rondaba los 475.000 ejemplares, siendo el diario con mayor circulación de todo EEUU. Su línea editorial es conservadora y radicalmente a favor de la libertad y el libre mercado, aunque un estudio de 2004 aseguró que sus noticias eran más liberales o progresistas que las del NYT o NPR. El WSJ fue el primero en publicar información sobre los abusos financieros en Enron o el escándalo de las stock options.

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Los ataques a desaladoras en el Golfo Pérsico en el marco de la guerra de EEUU e Israel contra Irán han vuelto a poner el foco en el uso del agua, un recurso vital, como arma en los conflictos armados, algo que no es nuevo y se ha usado también en Gaza, Siria y Ucrania o en las guerras mundiales. En The Conversation detallan las implicaciones que podría tener la estrategia de destrucción de desaladoras en la actual guerra, pudiendo afectar en gran medida a Kuwait, Oman o Arabia Saudí y también a Israel. Pero sobre todo advierten de los riesgos de seguir recurriendo al agua como recurso bélico por el daño que inflige a la población civil, a la salud pública y al medio ambiente. Y se defiende que es esencial abandonar el campo de batalla hídrico y proteger el agua.



Países del golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar dependen en gran medida de la desalación para obtener recursos hídricos.
Stanislav71/Shutterstock

Javier Lillo Ramos, Universidad Rey Juan Carlos

En el conflicto entre Israel-Estados Unidos (EE. UU.) e Irán parece que se han atacado infraestructuras de suministro de agua por los dos bandos. Mientras Irán denuncia el bombardeo estadounidense de la planta desalinizadora de la isla de Qeshm, el mismo Irán parece haber atacado la planta desalinizadora de Bahréin, un pequeño país del golfo Pérsico.

Las fuentes de agua dulce en el golfo Pérsico

El agua es un recurso crítico en los países del Golfo y, en muchos de ellos, son las plantas desalinizadoras las que proveen la mayor parte del suministro de agua potable (el 93 % en Kuwait, 86 % en Oman, 70 % en Arabia Saudi, 48 % en Qatar, 42 % en Emiratos Árabes Unidos).

Las desalinizadoras de Irán, en contraste, solo aportan el 3 % del suministro de agua potable, que se basa fundamentalmente –los embalses están muy por debajo de su capacidad tras cinco años de sequía– en el aprovechamiento de las aguas subterráneas, que ya ha sobrepasado el umbral de sobreexplotación.

En Israel, con más recursos de aguas superficiales, el suministro del 50 % de agua potable es proporcionado por cinco grandes desalinizadoras.

Un recurso bélico en conflictos armados

El uso del agua como arma no es nuevo. Hay numerosos ejemplos que han ocurrido desde la antigüedad en diferentes zonas del globo. Muchos de ellos implican la destrucción de infraestructuras de captación y distribución.

Los ataques más recientes se registraron en los conflictos de Gaza, Siria y Ucrania. Entre ellos se incluyen la supuesta destrucción intencionada de la presa de Kakhovka en Ucrania, de la que se acusan mutuamente Rusia y Ucrania, así como la destrucción y daños de presas en el río Irpin y en Oskil por el ejército ucraniano y de una presa en el río Inhulets por las tropas rusas.

Otros actos relativamente cercanos en el tiempo han sido aquellos perpetrados por el Estado Islámico en Irak y Siria. También en la I Guerra Mundial y en la II Guerra Mundial ocurrieron casos similares en Europa y Asia. Las inundaciones provocadas han sido utilizadas de manera recurrente en los últimos siglos como estrategia ofensiva o defensiva en conflictos en algunas áreas de los Países Bajos.

Implicaciones del uso del agua como arma

El agua empleada como recurso estratégico con fines bélicos tiene diferentes implicaciones que conviene considerar. Una de ellas está relacionada con la rapidez de los efectos generados cuando se produce una intervención (por ejemplo, la destrucción de una instalación). Otra, más importante, tiene que ver con los graves daños extensivos a la población –a corto y largo plazo– que esa intervención puede ocasionar.

Si bien estos daños pueden permanecer y prolongarse en el tiempo –lo cual puede ser contraproducente para quien los ha provocado en el caso de una invasión–, tienen un impacto poco decisivo en el curso del conflicto, incluso en el control de la población a escala local.

Aunque el objetivo sea infligir un grave daño al oponente, hay varias formas de hacerlo, dependiendo de si el propósito es estratégico, táctico, represivo, terrorista o extorsionador. Una de ellas consiste en provocar un corte en el suministro de agua, que a su vez puede estar causado por daños en instalaciones de captación y potabilización –sean presas, pozos, plantas de potabilización, o desalinizadoras–, por daños en infraestructuras de distribución –canales, conducciones, depósitos, etc.– o simplemente por una contención de caudales en cauces de cuencas transfronterizas.

Otra modalidad de ataque consiste en utilizar el agua como un factor de riesgo directo. Por ejemplo, por inundaciones provocadas, contaminación inducida, etc.

Hay que destacar que tanto las intervenciones en el corte de suministro como las inundaciones provocadas pueden causar impactos negativos en infraestructuras de generación de energía y centros de operaciones informáticas, como objetivos adicionales.

La destrucción de infraestructuras de saneamiento –plantas de tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, etc.– puede tener impactos muy negativos. No solo afecta al suministro de agua potable, que puede contaminarse, sino que también genera un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades que van a tener un mayor impacto en los sectores de la población más vulnerables, especialmente en la infancia.

Todos estos efectos (estén relacionados con cortes en el suministro, con daños en los sistemas de saneamiento, con inundaciones provocadas o con contaminación inducida) van a tener una mayor incidencia en la población en aquellas regiones donde el agua es más escasa. Y donde, además, a la afección directa a la población se añaden otros graves impactos acumulativos en áreas cultivables, con implicaciones en el suministro alimentario, y en ecosistemas.

A la destrucción física de infraestructuras hídricas causada por bombardeos se le suman otro tipo de ataques que están adquiriendo mayor relevancia en los últimos conflictos: aquellos que pueden determinar la parada y bloqueo de tales instalaciones –causados por cortes en el suministro energético y ataques a los sistemas informáticos que controlan las infraestructuras hidrológicas– y aquellos basados en la desinformación a través de medios y redes sociales. Estos últimos tienen como objetivo sembrar el pánico en la población a través de la la diseminación de noticias falsas como, por ejemplo, la posible contaminación biológica del agua potable.

La necesidad de abandonar el campo de batalla hídrico

Así, considerando los graves impactos que causa emplear el agua como un arma contra la población civil, es crítico que no se utilice como tal. Pero también es esencial proteger los recursos hídricos –incluyendo instalaciones e infraestructuras– y ecosistemas asociados. Por ello, se hace necesaria la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional sobre medio ambiente con el fin de limitar y mitigar tales impactos en conflictos armados.

Aunque tal y como señalaba al comienzo de este texto, el agua se sigue utilizando como arma, también se está produciendo una mayor reacción internacional ante ello. Así, en 2019 se presentó la Lista de Principios de Ginebra sobre la Protección de las Infraestructuras Hidráulicas como documento de referencia para su uso por las partes en conflictos armados, con recomendaciones que van más allá de la legislación vigente. Pero es imprescindible que los países apoyen y sigan estas iniciativas a escala global. Si no es así, todos perderemos en las guerras.The Conversation

Javier Lillo Ramos, Colaborador honorífico en el Grupo de investigación sobre Cambio Global Terrestre y Geología Ambiental, Universidad Rey Juan Carlos

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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