Acabo de recibir un mail de la familia Couso. Denuncian, con justificado enfado, las trabas, las mentiras y los argumentos con los que el Ministerio de Justicia está intentado asustar a la comisión judicial que se desplazará la próxima semana a Iraq para reconstruir el homicidio de Couso. Ayer se filtró a la prensa un oficio en el que se les «advertía» de los supuestos problemas de seguridad que acarrearía tal viaje.

El gobierno sabía desde verano que la comisión judicial iba a desplazarse a la zona por lo que el argumento de que no han tenido tiempo suficiente para preparar la seguridad del mismo es simplemente ridículo.

El asunto es lamentable, pues más allá de un viaje judicial -y eso ya sería suficientemente relevante- se trata de un viaje con una profunda carga psicológica para la familia y los testigos que acudirán al lugar de los hechos. Lejos de mostrar sensibilidad humana ante el asunto, el gobierno ha preferido incumplir uno de sus compromisos, y ceder ante las presiones de los EE.UU.

Públicamente, Francisco Caamaño, el Ministro de Justicia, se había comprometido a facilitar la investigación de Pedráz sobre la muerte de Couso. Pero a la vista está que hace exactamente lo contrario. El gobierno, desde luego, se está luciendo con este tema.

«En referencia al Oficio que la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia remite el 12 de enero al Juzgado de Instrucción Nº 1, la familia Couso quiere manifestar lo siguiente:

-La Comisión judicial está compuesta por nueve personas (Juez, Secretario, cuatro testigos y tres abogados) y no por 17 o 18 personas como indica el escrito de la Dirección General.

-El Ministerio de Justicia conocía desde hace tiempo la existencia de este plan de viaje. Por tanto el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para preparar las medidas de seguridad del mismo. Sin embargo, envía una advertencia -cuando queda tan solo una semana para la realización del viaje- afirmando que no hay medios suficientes de seguridad.

Esta afirmación supone una dejación de funciones, el abandono de una responsabilidad obligada y un grave intento de intimidar a los integrantes de la comisión judicial para que, por miedo, no lleven a cabo su cometido constitucional. ¿Envía las mismas advertencias el Ministerio cuando algún ministro se desplaza a Afganistán junto a decenas de periodistas? ¿Por qué en ese caso sí hay medios para la seguridad y en éste no?

-Los letrados de la familia y de la acusación solicitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores una AUTORIZACI�?N DIPLOMÁTICA EN MISI�?N que no ha sido en ningún momento contestada y que evidencia que el impedimento no procede de Irak, sino del gobierno español. El ejecutivo español no está cooperando con la Justicia como le obliga la separación de poderes, la sentencia del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, los cuales han autorizado la formación de esta comisión judicial.

-Nuestros letrados son españoles, forman parte de una comisión judicial junto a testigos y letrados y han sido citados por un Juez español. Por lo tanto: EL GOBIERNO ESPA�?OL TIENE QUE BRINDARLES PROTECCI�?N. Es su responsabilidad. Del mismo modo, debe entregar a la comisión la AUTORIZACI�?N DIPLOMATICA EN MISI�?N.

-Resulta esperpéntico e insultante el comentario sobre la niebla realizado en el Oficio. No queda claro si pretende indicar que, al haber niebla, la inseguridad y el riesgo es mayor o si intenta convencer de que, por haber niebla a primera hora de la mañana, es ya imposible realizar una inspección ocular y una reconstrucción de los hechos. Si no fuese por lo grave de tal afirmación, debería ser incorporado de inmediato a los chistes populares.

Finalmente, y viendo los intentos de seguir torpedeando el normal desarrollo de una instrucción judicial, esperamos ver en el futuro nuevos cables diplomáticos que nos ilustren sobre estas indignas dejaciones.

Las novedades incorporadas a la investigación – el testimonio de la sargento Adrianne Kein o las declaraciones esta misma semana de nuevos testigos (periodistas de las relevisiones Abu Dhabi y Al Jazeera desplazados a España para declarar) que corroboran que no había elemento alguno que justificara el ataque contra los periodistas- muestran la necesidad de seguir adelante con este proceso en busca de Justicia para José Couso».

En el año 2009 la empresa española Endesa pasó a ser del dominio casi absoluto de la italiana Enel. Sucedió después de importantes tensiones políticas en las que se pusieron en evidencia los intereses de los principales partidos. El PSOE había intentado que la compañía se quedara en manos españolas, en Cataluña, mientras que el PP, en pleno ataque de anticatalanismo, apostó por la venta al extranjero, concretamente a la alemana E-On:

«Espero que España no caiga en el nacionalismo económico cateto, y que las OPAS se resuelvan con criterios de competencia y no de nacionalidad» , llegó a decir el expresidente Aznar sobre el asunto

El gobierno defendía que había que apostar por crear un gran gigante nacional y no dejar que un espacio tan estratégico para un país como el de la energía, terminara en manos de un tercero, con intereses geoestratégicos propios. No pudo ser y tras diversas zancadillas terminó en manos italianas, también con la oposición del PP. No es momento de profundizar mucho más pero es por tanto, en estos momentos, una empresa extranjera, italiana, bajo el control de Berlusconi, pues un amplio porcentaje de la compañía Enel es propiedad del Ministerio de economía. El tiempo pasa y ahora hemos sabido que Aznar será asesor externo de la misma.

Conviene recordar esto porque uno puede criticar o no el derecho de los expresidentes del gobierno a trabajar para una compañía privada tras su retirada. Pero con lo que seguramente estaremos de acuerdo es con lo controvertido que resulta poner sus conocimientos, contactos y recursos -obtenidos gracias a su posición-, al servicio de compañías extranjeras que luchan contra nosotros en ámbitos estratégicos.

Porque Aznar ha sido fichado por Endesa para ayudar en su expansión por latinoamérica, defendiendo los intereses del estado italiano en mercados donde compiten empresas españolas que defienden intereses del estado español.

Y no es el único debate que emerge con este asunto. Por su trabajo dicen que recibirá la nada desdeñable cantidad de 200.000 euros anuales. Digo «dicen» porque nada les obliga a dar cuenta de la cifra real que podría estar cobrando el expresidente.

Una situación que nada tiene que ver en transparencia, por cierto, con el reciente fichaje de 126.500 euros brutos de Felipe González por su labor para el Consejo de Gas Natural: las retribuciones de esta empresa deben ser reportadas incluso a la CNMV.