Fernando Conesa, Universitat Politècnica de València

En la última década, el gasto militar mundial no ha dejado de crecer. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2023 aumentó un 6,8 % respecto al año anterior. El resultado es un ciclo expansivo que está alterando los presupuestos de los Estados.

El argumento para el gasto militar es la búsqueda de una disuasión creíble: si el coste de atacar es inasumible porque el adversario tiene capacidad de responder causando alto daño en vidas y recursos materiales, el atacante se abstendrá de hacerlo. La disuasión consiste no solo en armarse, sino en que el contrario lo sepa.

Sin embargo, esta lógica tiende a convertir la prevención en sospecha y la inversión en defensa del otro en amenaza, alimentando una espiral de rearme. Además de elevar la desconfianza mutua, esto aumenta el riesgo de incidentes, ya sean provocados o por errores.

Y aunque la disuasión también ha operado como contención eficaz del conflicto, como ocurrió bajo la doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada durante la Guerra Fría, no resuelve por sí sola las causas políticas y sociales que lo incuban.

Crece la demanda de I+D para defensa

En la actualidad, la ventaja militar no depende tanto del tamaño de los ejércitos y de sus arsenales, sino de su calidad tecnológica. La I+D y las innovaciones que de ella derivan se convierten en un factor estratégico de primer orden para mantener o alterar equilibrios de poder.

Hay, por ello, una creciente demanda de I+D para defensa, que presenta singularidades culturales respecto a su homónima civil. Por un lado, el secreto es, a menudo, un requisito operacional, jurídico e incluso de seguridad nacional. Por otro, es esencial la fiabilidad, pues los sistemas militares operan en entornos extremos y no pueden fallar.

El impacto de la tecnología dual

A diferencia de épocas anteriores, la frontera entre lo militar y lo civil hoy es porosa. No sólo hay innovaciones civiles procedentes del lado militar, sino que un volumen significativo de las capacidades militares deriva de tecnologías de doble uso originadas en la I+D civil: microelectrónica avanzada, inteligencia artificial, 5G/6G, ciberseguridad, materiales compuestos, fabricación aditiva…

Este acercamiento obliga a reforzar los controles sobre la cooperación científica internacional, con cláusulas de acceso selectivo a datos y a instalaciones, restricción de nacionalidades en los equipos o mayor compartimentación de tareas. En este terreno, la gobernanza institucional de la investigación se vuelve tan importante como la excelencia científica y se debe dotar de nuevas políticas, procedimientos y mecanismos para la decisión.

Deeptech, solo para quien puede pagarla

Recientemente, se ha puesto una especial atención en las llamadas tecnologías profundas –deeptech–, caracterizadas por un alto contenido en ciencia, barreras de entrada considerables en inversión y tiempo de desarrollo, y objetivos ambiciosos. No contar con acceso a estas tecnologías punteras aboca a un país a una gran dependencia de terceros y pone en riesgo la soberanía propia.

El interés de las deeptech para defensa es evidente por su capacidad de generar asimetrías estratégicas: aporta innovaciones de las que el adversario carece y que tardará en copiar. Estas tecnologías representan también retos científicos y oportunidades industriales, y pueden dar respuestas a demandas sociales que rebasan con mucho el perímetro estrictamente militar. De ahí su carácter dual.

¿Es ético investigar en armamento?

No se puede negar que la cuestión de la defensa crea una tensión estructural en las instituciones académicas. La demanda de mayor contribución a la seguridad nacional confronta con valores tradicionales en universidades y centros públicos de investigación: la difusión del conocimiento, la libertad para investigar, la colaboración internacional o la transferencia de tecnología a la industria.

Durante décadas, ha existido un pacto social que daba el visto bueno a dedicar más fondos públicos a la I+D a cambio de su orientación a desafíos sociales, económicos y globales y que ha reforzado la confianza entre ciencia, empresa y sociedad.

Las tensiones geopolíticas, sin embargo, han desplazado parte de las expectativas sociales. Desde los gobiernos democráticos, se busca que la I+D pública aporte más a la defensa. Surge entonces el dilema: ¿cómo responder a esta demanda sin traicionar valores que han hecho de la universidad una institución singularmente útil al bien común?

Claves para una decisión comprometida

Una de las claves pasa por preguntarse en cada caso sobre el objeto y el beneficiario de la investigación. Así, no es lo mismo colaborar en el desarrollo de armas de destrucción masiva que en sistemas de encriptación de comunicaciones; tampoco es igual tener relación con una empresa que exporta armas a una dictadura represora que colaborar con quien provee al propio ejército.

La responsabilidad sobre la decisión a tomar en la academia es compartida. En un entorno en el que rige la libertad de cátedra, la responsabilidad recae, en primer término, en el propio investigador. El científico va a ser quien diseñe y ejecute la investigación, y deberá anticipar los usos plausibles de los resultados de su trabajo.

Compete también a los responsables de las estructuras de I+D, que deben componer una estrategia en la que encaje esa investigación, y al personal de transferencia de conocimiento, que puede precisar las condiciones contractuales de su transferencia. Asimismo, hay una responsabilidad última en la dirección de la institución, que autoriza y vela por el cumplimiento normativo, además de asumir las consecuencias legales. Cada actor debe ser consciente de su parcela de responsabilidad.

Este enfoque de gobernanza se puede operar mediante herramientas que compatibilicen apertura y seguridad. Algunas opciones podrían ser (a) la identificación de proyectos y resultados de doble uso; (b) la formación continua en regulaciones de ciberseguridad, protección de datos o tecnologías duales; (c) la diligencia debida sobre socios y cadenas de valor; (d) las cláusulas que delimiten ámbitos de explotación, territorios, contrapartes y finalidades… Se trata de construir un andamiaje para hacer poder adoptar decisiones con criterio y argumento, al igual que en su día se hizo con la investigación biomédica.

Velar por la paz

Con todo, conviene recordar que preparar o hacer la guerra siempre supone el fracaso de no haber evitado el conflicto por medios pacíficos. Lo que mejor previene la guerra es construir relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas. Europa ofrece un ejemplo notable de construcción de la paz en su interior.

Los fondos estructurales, los programas Erasmus o de I+D han tejido una confianza y cohesión más fuerte que las coyunturas políticas, asentando en su seno un periodo de paz desconocido tras muchos siglos. Desde las instituciones académicas debemos reivindicar y reforzar estos instrumentos de relación e intercambio.

Fernando Conesa, Jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferenc, Universitat Politècnica de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.