Sucursal de Caja Madrid en la primera década del siglo XXI.
RTVE
Pedro Fernández Sánchez, Universidad CEU San Pablo
La desaparición de la mayoría de la cajas de ahorro españolas tras la crisis de 2008 marcó el final de una etapa de casi dos siglos de historia. Estas instituciones habían formado parte de la vida diaria de millones de españoles y su presencia era habitual en pueblos y ciudades.
Las primeras entidades de este tipo surgieron a comienzos del siglo XIX. Su objetivo era sencillo: ayudar a los trabajadores a ahorrar una pequeña parte de su salario. Esta reserva les ayudaría en caso de algún imprevisto como enfermedad o pérdida de trabajo.
Además, desde sus inicios promovieron prácticas poco habituales para su tiempo. El Estatuto de Ahorro Popular de 1933 legalizó una práctica propia que las cajas venían realizando desde sus inicios: que mujeres casadas abrieran cuentas sin permiso del marido. Además, los menores también podían hacerlo sin la figura de un tutor. Estas medidas reforzaron la idea de que las cajas estaban al servicio de quienes tenían menos recursos.
El origen del Monte de Piedad y de la Caja de Ahorros de Madrid
El Monte de Piedad de Madrid nació en 1702. Su objetivo era ofrecer pequeños préstamos para los que el prestatario ponía como garantía un objeto, como una joya, ropa o utensilios del hogar. La persona entregaba esa prenda y recibía una cantidad en efectivo. Luego, si devolvía el dinero, podía recuperar el objeto. El acceso a un préstamo pequeño podía evitar problemas graves. También ofrecía una alternativa a prestamistas que cobraban intereses muy altos.
Más de un siglo después, en 1838, se creó la Caja de Ahorros de Madrid (CAM). Ambas instituciones funcionaron unidas desde el principio. La Caja fomentaba el ahorro de las familias y el Monte atendía a quienes necesitaban un crédito sencillo, seguro y a un bajo tipo de interés.
Esta combinación permitió que muchos hogares salieran adelante en momentos de dificultad.
El interés del franquismo por las cajas de ahorro
La popularidad de las cajas llamó la atención del régimen franquista (1939-1975). También despertó interés su naturaleza jurídica, ya que no eran entidades privadas. Las autoridades consideraban que sus fondos podían servir a los objetivos del Estado.
Desde la década de 1940 comenzó un proceso de control sobre estas entidades, que tuvieron que invertir en productos elegidos por el Gobierno. También debían conceder préstamos para la construcción y la adquisición de vivienda. Además, a través de su Obra Social asumieron funciones que el Estado no ofrecía: educación, cultura y salud. Así, atendían necesidades básicas en un país que salía de una guerra y en el que no existía el Estado del bienestar.
En los años 60, el Gobierno impulsó la ordenación del sector bancario para introducir mayor competencia en el sector y, al menos nominalmente, hacer desaparecer el modelo mixto y que los bancos privados tuvieran que elegir entre desarrollar actividades industriales o comerciales.
Para ello promulgó, en 1962, La Ley de Ordenación del Crédito y de la Banca (LOCB) que, además, integró a las cajas de ahorro en el sistema financiero español. La nueva normativa amplió las posibilidades de actuación de las cajas al establecer la reforma y ampliación de sus operaciones. Estas se dirigían ahora hacia créditos a empresarios agrícolas y artesanos y a empresas comerciales, industriales y pesqueras, así como a los pequeños ahorradores para favorecer el acceso a la propiedad agrícola, de vivienda y de valores mobiliarios. El cambio coincidió, además, con un periodo de fuerte crecimiento económico en España.
El Estado, que históricamente había justificado su intervención en las
cajas de ahorro por la necesidad de garantizar los ahorros depositados en ellas, encontró con esta legislación un mecanismo para asegurar la financiación de actividades y empresas que consideraba prioritarias, pero en las que la banca privada quizás no estaba interesada en invertir por los bajos rendimientos.
Así, las cajas fueron un eficaz instrumento gubernamental para financiar el desarrollismo de los años sesenta, como ya lo habían sido durante el periodo de autarquía de los primeros años de posguerra. De hecho, eran las instituciones financieras con una mayor proporción de activos invertidos en deuda pública.
Durante el franquismo, las cajas de ahorro dejaron de ser instituciones de beneficencia social para serlo de la Administración, del Instituto Nacional de Industria, de un buen número de grandes empresas privadas españolas y también de determinados sectores económicos, con la construcción de viviendas ocupando un lugar muy destacado.
La competencia entre bancos y cajas
Los tipos de interés los fijaba el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Por ello, los bancos y cajas buscaron mejorar su posición en el mercado mediante la apertura de sucursales, la publicidad, la creación de nuevos tipos de productos financieros y una incipiente informatización y mecanización de los procesos. Pero de todos estos métodos, la apertura de sucursales fue el favorito del sector financiero.
La Caja de Madrid ofrecía productos atractivos para las familias, como la cuenta de ahorro vivienda o la cuenta de ahorro escolar, que aumentaron su popularidad entre los madrileños.
Además, en la década de los 60, comenzó una fuerte expansión por los pueblos y ciudades de la región. En 1975, el 64 % de sus sucursales estaban en la capital, un 28,2 % en otras localidades provinciales y un 7,8 % en provincias limítrofes.
Entre 1960 y 1975, la CAM era la institución financiera con mayor presencia en la provincia de Madrid. Si en 1960 tenía 17 sucursales, en 1970 eran 121 (un aumento del 612 % frente a un crecimiento de sucursales bancarias del 52 %).
No obstante, durante los cinco años siguientes las tornas cambiaron y las aperturas de la banca privada aumentaron un 123 % frente a un 57 % de la CAM. A pesar de ello, la CAM era la institución financiera con mayor presencia en la región: a comienzos de 1975, había 10 localidades madrileñas con oficina de la caja pero no de bancos privados. Boadilla del Monte era la única localidad madrileña en la que se daba el caso contrario.
Y en términos de ahorro, si en 1965 gestionaba 3,84 pesetas de cada 100 depositadas en Madrid, en 1975 ya eran 8,64 de cada 100, y pasó de ser la octava entidad financiera de la provincia a ser la cuarta en 1975.
De la expansión nacional a su desaparición
La reforma legislativa de 1962 y la estrategia temprana de apertura de oficinas de la CAM permitieron reducir la concentración bancaria en Madrid durante los últimos años del franquismo y convertir a esta caja de ahorros en una institución financiera de referencia en la región.
Tras la llegada de la democracia, las cajas pudieron abrir oficinas fuera de sus provincias. La entidad madrileña siguió creciendo con rapidez en ese nuevo escenario: su presencia se extendió por gran parte del país, convirtiéndose en la cuarta entidad financiera española.
La crisis de 2008 cambió la situación. Muchas cajas tuvieron pérdidas graves por su exposición al sector inmobiliario y, para garantizar su supervivencia, muchas de ellas se fusionaron. La unión de Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro regionales llevó a la creación, en 2011, de una nueva entidad: Bankia. Un año después, y debido a sus problemas financieros, fue nacionalizada.
En 2021 se aprobó su integración en CaixaBank. Con ello terminó la historia de más de 180 años de la Caja de Ahorros de Madrid. No obstante, el Monte de Piedad de Madrid sigue funcionando, aunque ahora es la Fundación MonteMadrid
Pedro Fernández Sánchez, Pedro Fernández Sánchez, Universidad CEU San Pablo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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