Dos noticias positivas para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático: En Francia, se ha aprobado este 10 de abril una ley que prohíbe las rutas aéreas domésticas que puedan ser cubiertas en un trayecto de tren de menos de dos horas y media, para reducir las emisiones de carbono. Por otro lado, en Groenlandia la victoria en las elecciones del partido de la izquierda ecologista, Inuit Ataqatigiit, pone en cuestión un gran proyecto de minería de tierras raras que suscitaba una gran controversia y al que se oponen desde la formación política.

Los diputados franceses han votado a favor de prohibir las rutas aéreas domésticas que puedan ser cubiertas en un trayecto de tren de menos de dos horas y media. Esta medida es parte de un proyecto de ley más amplio, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, cuyo objetivo es reducir para 2030 las emisiones de carbono en un 40% (comparado con niveles de 1990).

La decisión ha sido criticada por la industria de la aviación que atraviesa una gran crisis a causa de las restricciones por la pandemia. Sin embargo la votación ha tenido lugar apenas unos días después de que el gobierno galo anunciar que contribuirá con 4.000 millones de euros a la recapitalización y rescate de Air France, su aerolínea de bandera. Y algunos ecologistas han señalado que aunque la prohibición es positiva, la norma «se queda corta» ya que se pedía que se abolieran todos los trayectos aéreos que pueden ser cubiertos en tren en 4 horas.

Por otro lado en Groenlandia, en las elecciones, ha ganado con el 36,6% de los votos el Inuit Ataqatigiit, el partido de la izquierda ecologista, derrotando al Siumut, el partido socialdemócrata, que llevaba gobernando casi ininterrumpidamente la isla desde 1979 -sólo salieron del poder entre 2009 y 2013-. Esto además de suponer un vuelco político, ya que el Inuit Ataqatigiit aboga por la independencia de Dinamarca, tiene además serias implicaciones para un proyecto de minería de tierras raras y las explotaciones mineras en general.

El actual gobierno de Siumut estaba a favor de un gran y controvertido proyecto de a empresa australiana Greenland Minerals -controlada por Shengue Resources, una empresa de China- para explotar los recursos mineros que parecen existir en Kvanefjield (o Kuannersuit en unuit), al sur de Groenlandia, en concreto las tierras raras ricas en neodimio. Este es un componente que se usa para fabrica decenas de productos desde cristales de astronomía, láseres, turbinas eólicas o vehículos eléctricos.

Pero este proyecto, que también contemplaba la extracción de uranio, había suscitado la inquietud y rechazo de la población local y ha tenido un impacto significativo en el resultado electoral. La minería es uno de los principales sectores económicos de Groenlandia y el cambio climático podría facilitar algunas explotaciones hasta ahora difíciles por la presencia del manto de hielo que cubría la isla. Esto permitiría los groelandeses ganar en autonomía e ingresos y reducir su dependencia de los subsidios que les envían de Dinamarca.

Sin embargo en estas elecciones, los votantes han primado la protección medioambiental y que el desarrollo se lleve a cabo sin daños ecológicos. Aunque la mitad de los groelandeses afirman no ser contrarios a los proyectos mineros, se pide que cualquier explotación sea respetuosa del medio ambiente. Y desde el Inuit Ataqatigiit se defendía que el proyecto de Kvanefjield no cumple esas condiciones. Su triunfo puede asimismo dificultar otros planes de extracción minera en la isla, que hace dos años atrajo, precisamente por esto, la atención de Donald Trump y una polémica oferta de compra.

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Isabel Serra, número dos de la lista electoral de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, anunció en La Cafetera de Radiocable.com, la propuesta de «gratuidad de la universidad y la FP, frente a las sucesivas subidas de tasas  la reducción de becas por parte de los gobiernos del PP». Aseguró que «la Comunidad de Madrid puede pagar la gratuidad de la universidad y la FP, pero no solo eso, sino que se necesitan plazas de FP». Según Serra, «el conjunto de la educación ha sido un objetivo central para el Partido Popular, para el adoctrinamiento y para favorecer la desigualdad». «Somos la tercera región de Europa con más segregación escolar»- señaló (entrevista a partir del minuto 32:10).

isabel serra

Serra insistió en que el gobierno de la Comunidad de Madrid «no ha dedicado ni un solo euro, a parte de lo que han recibido por parte del gobierno estatal o los fondos europeos, para enfrentar a la pandemia». En Madrid, apuntó: «Hay 600.000 personas cubiertas con ERTE y es de las pocas regiones que no ha complementado esos ERTEs con más ayudas». Y, en cuanto a la hostelería, dijo: «Se ha gastado más euros en el video de propaganda que en ayudas a la hostelería, 7.000 millones por parte del gobierno estatal frente a los cero euros de la Comunidad de Madrid«.

Según Isabel Serra, Ayuso «ha utilizado la pandemia de una forma perversa para jugar con las vidas de los madrileños, pero sobre todo para construirse un perfil estatal contra el gobierno de coalición». «Aún así», dijo, «hay una oportunidad de frenar la posibilidad de que vuelva a ser presidenta». E insistió: «No podemos permitir que Ayuso siga gobernando y tampoco que entre la extrema derecha«.

Serra apeló a la movilización del voto de «los barrios populares» porque, argumentó: «Las veces que la izquierda ha sido mayoría en la Comunidad de Madrid es porque los barrios populares se movilizaron». Además, llamó a «evitar entrar en peleas entre las izquierdas». «Porque la gente está cansada de las guerras entre la izquierda y pide que nos unamos,  echemos a la derecha y evitemos que entre la extrema derecha»- señaló.

Para Isabel Serra «Ayuso ha utilizado la pandemia para continuar cargándose la sanidad pública». Desde su formación, proponen «contratar más personal en condiciones dignas, revertir las privatizaciones, y dotar de recursos la atención primaria, que garantiza el acceso en igualdad de condiciones a la sanidad». Y llamó la atención sobre las listas de espera y la «desatención de muchas otras enfermedades». Además, defendió la propuesta de Unidas Podemos de dar «cobertura universal» en fisioterapia, dentista y oculista: «No puede ser que cuestiones centrales estén derivadas a lo privado».

Respecto a la posibilidad de pactos con Ciudadanos, respondió: «Todo lo discutiremos y lo haremos en función de propuestas programáticas, lo que pasa es que lo hemos visto en estos años es que Ciudadanos tiene un proyecto antagónico a Unidas Podemos«. Por lo que, afirmó: «Es algo muy difícil, por no decir un imposible».

Sobre la candidatura de Toni Cantó, rechazada por la justicia, dijo: «La justicia ha considerado que Toni Cantó no puede hacer trampas y les ha salido mal esto que hace Ayuso permanentemente de premiar a quienes se saltan la ley y a quienes hacen trampas». Según Serra, «la lista de Ayuso tiene a otras tantas personas o que están implicadas en casos de corrupción como la Gürtel y Púnica o que deberían de ser juzgadas por cosas gravísimas». Y citó al consejero de Sanidad Ruiz Escudero, «con los protocolos aplicados en las residencias de mayores durante la primera fase de esta pandemia que dejó sin atención sanitaria a miles de personas». E insistió en que «la lista del PP es una lista que premia a quienes hacen trampas».

En relación a la candidatura de Pablo Iglesias, señaló: «Yo he sido condenada por manifestarme a favor de una persona con discapacidad que fue desahuciada en 2014, con acusaciones absolutamente falsas, con un montaje y una identificación por parte de la policía absolutamente irregular». Entonces, como contó, recurrió la condena al Tribunal Supremo y «en las próximas semanas, puede ser que meses», se pronuncie. Sin embargo, dijo: «Viendo la justicia de este país que muchas veces no es justa no podíamos arriesgarnos a que fuera cabeza de lista y que en mitad de la campaña me inhabilitasen y el partido se quedara sin candidata». Entonces, según contó, se dirigió a Pablo Iglesias y «a partir de ahí él decidió dar este paso hacia adelante». Una decisión que, a juicio de Serra, «ha roto la campaña que tenía pensada Ayuso y ha abierto una oportunidad en la Comunidad de Madrid» y «animado a mucha gente».

La Cafetera, además, analizó con José Romero, la posición de España respecto a las reformas propuestas por Bruselas. Por otro lado, con Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, se puso el foco en el informe anual que realizó la organización sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo. Y, en la página internacional, las elecciones de Ecuador marcaron la actualidad y dieron como vencedor al conservador Guillermo Lasso y la derrota del correísta Andrés Arauz.

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España se convirtió el 18 de marzo en el cuarto país europeo en despenalizar y regular la eutanasia, justo en un momento en que la cuestión se está debatiendo en otros parlamentos como Francia o Portugal y está también en el foco en países como Suiza o Polonia. Coincidiendo con el inicio el pasado 8 de abril de las sesiones en la Asamblea Nacional francesa, numerosos medios galos están poniendo como referencia el caso de España y señalando las «lecciones» que se pueden extraer. Se resalta que la ley que legaliza la eutanasia y el suicido asistido establece «garantía severas» pero se ha aprobado con una amplia mayoría parlamentaria -aunque apunta que la derecha y la extrema derecha se han opuesto y han anunciado un recurso-  y un aún mayor apoyo social superior al 85% de la población.

RFI destaca que la eutanasia vuelve al corazón del debate político europeo y que España ya ha dado el paso. La radio explica que varios parlamentos europeos han recuperado de nuevo la cuestión relativa al «fin de la vida» y la eutanasia que en Francia se debate en la Asamblea Nacional desde el 8 de abril. Y subraya que en este campo, España ya ha dado el paso y se ha colocado, al lado de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, como el cuarto país europeo que la autoriza. Detalla que la nueva ley ha contado con una mayoría muy amplia y el apoyo del 85% de la población y es vista como una victoria para la asociación por el derecho a morir dignamente. Recuerda asimismo que en España ha habido varios enfermos muy mediatizados cuyo «camino» se ha seguido.

France Info apunta que en el debate sobre la eutanasia, España ha optado por la legalización. La emisora gala apunta que en toda Europa la cuestión sobre lo que en Francia se ha denominado «fin de vida libre y elegido» se está abordando de distintas maneras. Explica que en Polonia se ha prohibido, pero en España se acaba de legalizar. Detalla que se han establecido una serie de garantías «bastante severas», pero permite a las personas que sufren una enfermedad grave e incurable que les provoca un sufrimiento insoportable acceder a la eutanasia. Añade que la ley constó en un amplio apoyo de 202 votos en el Congreso y aunque la extrema derecha de Vox ha anunciado que la va a recurrir, la legalización de la eutanasia suscita la adhesión del 87% de la población española.

Liberation resalta que España, tras 30 años de lucha, es el 4º país de la UE que aprueba la eutanasia. El diario galo, en un reportaje de su corresponsal François Musseau detalla que la ley de eutanasia aprobada en el Congreso a mediados de marzo entra en vigor el 25 de junio y permitirá a cualquier persona que sufra una enfermedad grave e incurable o crónica e invalidante «decidir sobre su propia vida. Subraya que tras Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, España se convierte en el cuarto país europeo en aprobar la eutanasia y enfatiza la «legión» de obstáculos que ha enfrentado un país «de herencia católica». En este sentido apunta que algunos casos mediáticos, como el de Ángel Hernández que ayudó a morir a su mujer María José en 2019 han contribuido a la causa, aunque fuera el de Ramon Sampedro el que iniciara la campaña. Aunque advierte de que España aún tiene pendiente conseguir que se aplique la ley y menciona los recursos de PP y Vox y el aval de las comisiones de garantías como retos.

Equinox habla de las «lecciones españolas» para el debate francés sobre la eutanasia. La publicación señala que la pandemia ha vuelto a poner el foco sobre el «tabú de la muerte» y a nivel legislativo se está debatiendo en Francia y otros países europeos. Pero enfatiza que España ha vivido una «revolución» en su relación con la muerte y la posibilidad de tomar decisiones con respecto a ella y ha aprobado la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Apunta que ha habido «desafíos intelectuales, morales y jurídicos fascinantes» y han existido asimismo movimientos de oposición a la norma, pero enfatiza que en España la eutanasia es apoyada por el 87% de la población.

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Según un estudio sobre el sistema mundial de cuidados publicado por UNI Global Union, el 52% de trabajadores y trabajadoras aseguró que su salario no les permitía satisfacer necesidades básicas, como vivienda, alimentos y transporte. Más del 30% siguen sin tener un acceso adecuado a equipos de protección individual (EPI) y el porcentaje es todavía más elevado en los países más afectados por el virus.

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El informe que recoge las opiniones de 3.001 trabajadores de cuidados en 37 países, señala que un tercio de estas personas afirmaron que no se les paga mientras esperan a recibir los resultados de las pruebas para el coronavirus y casi un cuarto de ellos dijeron que no se les concedía un permiso remunerado para recuperarse en caso de enfermedad.

A nivel mundial, más del 80% de la fuerza de trabajo en el sector de los cuidados y el 90% de los trabajadores que prestan cuidados de larga duración son mujeres. Esta presencia femenina predominante en los trabajos de cuidados incide en las cuestiones más importantes que plantearon los trabajadores en la encuesta.

El 48% de los encuestados dijeron que la dotación de personal era una de sus preocupaciones principales y alrededor del 75% dijeron que el nivel inadecuado de personal afectaba a su capacidad para prestar cuidados de calidad.

El 31% siguen sin tener acceso adecuado a EPI.  Y el 65% de las personas encuestadas que han experimentado el fallecimiento de un compañero o paciente dijeron que no habían recibido apoyo de sus empleadores para afrontar la ansiedad, el miedo y otros problemas de salud mental relacionados con su trabajo.

Desde UNI instan a los países a mejorar urgentemente las condiciones de trabajo y pagar a los trabajadores que prestan cuidados de larga duración. Así como garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras de cuidados tengan acceso adecuado a EPI, acceso prioritario a las vacunas y pruebas gratuitas y frecuentes para la COVID-19.

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Desde Naciones Unidas señalan «cinco cosas urgentes» que debemos hacer para mejorar la salud después de la pandemia, que «no ha hecho más que agravar las desigualdades en la salud y el bienestar en muchas naciones y entre países». Entre sus recomendaciones está la de una mayor inversión en atención primaria y evitar recortes en el gasto público en salud y otros sectores sociales. Señalan que al menos la mitad de la población mundial sigue sin acceso a los servicios sanitarios esenciales y que más de 800 millones de personas gastan al menos el 10% de sus ingresos familiares en atención sanitaria. Unos gastos que, advie conducen a la pobreza a casi 100 millones de personas cada año.

SATSE CORONAVIRUS

Insisten que es necesario acelerar el acceso equitativo a la tecnología relacionada con la COVID-19 entre países y en cada uno de ellos. La organización destaca que, tras el rápido desarrollo y aprobación de las vacunas contra la enfermedad, el siguiente desafío es garantizar su acceso a todas las personas que las necesitan.

Además, hacen hincapié en que se debe priorizar la salud y la protección social, apuntando que en muchos países, el COVID-19 ha causado «graves repercusiones socioeconómicas superiores al impacto del virus en la salud pública», como la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, problemas educativos y dificultades en la alimentación.

Aunque reconoce que algunos países ya han puesto en marcha planes de protección social, advierten que «será vital garantizar que estas inversiones tengan el mayor impacto en los más necesitados».

Construir comunidades seguras, sanas e inclusivas es otro de los puntos que destaca la OMS, ya que actualmente, 8 de cada 10 personas que carecen de servicios básicos de agua potable viven en zonas rurales, al igual que 7 de cada 10 personas que carecen de servicios básicos de saneamiento. De ahí la importancia de que las comunidades rurales dispongan de servicios sanitarios y otros servicios sociales básicos.

Por último, reclaman que se potencien los sistemas de datos y la información sanitaria para «disponer de un mayor número de datos actualizados y de calidad (…), clave para averiguar dónde existen desigualdades y abordarlas». Puesto que, sólo el 51% de los países han incluido el desglose de datos en sus informes de estadísticas sanitarias nacionales, según una evaluación mundial de la OMS.

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El objetivo de inmunizar al 70% de la población, las dudas sobre Astra Zeneca y el parón que puede suponer, el récord de 453.000 dosis en un sólo día e incluso la polémica por la negociación del gobierno autonómico para comprar la vacuna rusa Sputnik, al margen de la UE han sido noticia en los medios de todo el globo para quienes la marcha de la campaña de vacunación contra la Covid19 es el gran asunto de interés.

El compromiso anunciado por Pedro Sánchez de que España habrá vacunado al 70% de la población en agosto gracias al aumento del ritmo de inmunización por la llegada de suficientes dosis ha sido especialmente destacado. Aunque algunos también han advertido que el cambio de protocolos con la vacuna de Astra Zeneca en España puede complicar el objetivo. Aunque en general se destaca que España está en la vanguardia entre los grandes países de la UE en cuanto a población inmunizada.

Euronews pone de relieve que se acelera el ritmo de vacunación en España, Francia y Alemania. La TV europea recoge cómo en varios países del continente esta semana se ha producido un aumento de la velocidad de vacunación contra la Covid19. Sobre España apunta que la campaña se ha acelerado con el objetivo de que 33 millones de españoles sean vacunados de aqui al fin del mes de agosto. Menciona asimismo avances en Francia, Alemania y Hungria.

The Washington Post destaca que España prepara un incremento en la campaña de vacunación al aumentar la velocidad de suministro. El diario estadounidense recoge el anuncio del presidente español de que el importante incremento en la distribución de las vacunas va a permitir al país inmunizar al 70% de la población adulta, unos 33 millones de personas, a finales de agosto.

Reuters apunta que España aumenta su ritmo de vacunación y planea tener inmunizada al 53% de la población en julio. La agencia británica detalla que el gobierno español ha desvelado que la campaña de vacunación se ha acelerado y esto permitirá haber inmunizado por completo a 25 millones de personas a finales de julio. Añade que esto supone el 53% de la población total y el 64% de todos los adultos, lo que está en línea con el objetivo global de la UE de vacunar al 70% de la población para lograr la inmunidad de grupo.

The Financial Times recoge que la decisión de España de limitar las dosis de Astra Zeneca a mayores de 60 años complica el objetivo de vacunación. El rotativo británico recoge la decisión de los gobiernos de España e Italia de restringir el uso de la vacuna de la firma anglo-sueca a los menores de 60 años tras el informe de la EMA. Y enfatiza que este cambio de política y protocolos puede complicar los esfuerzos por acelerar los programas de vacunación y el objetivo de inmunizar a la población para este verano.

The Irish Times se hace eco de las críticas al gobierno de Madrid por negociar la compra de la vacuna rusa. El rotativo irlandés recoge que el ejecutivo local de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a «críticas generalizadas» por saltarse los protocolos e iniciar conversaciones para la compra de la Sputnik V, la vacuna rusa que aún no ha sido aprobada por la UE. Detalla que el Consejero de Sanidad madrileño, Ignacio Ruiz-Escudero ha defendido la decisión. Pero enfatiza que se trata del último de la letanía de incidentes relacionados con la pandemia que han enfrentado al gobierno madrileño del PP con el central de izquierdas y menciona las críticas a Diaz Ayuso de Ciudadanos y Mas Madrid.

Por otro lado varios corresponsales extranjeros han puesto asimismo de relieve el significativo incremento del ritmo de vacunación en España y en concreto el récord de más 453.000con de dosis inoculadas en en solo día.

Maria Tadeo de Bloomberg: «Tras un día monstruo en la vacunación en Alemania con 656.000, España alcanza un nuevo récord de 454.000. Se empieza a ver claro que no era cuestión de la logística nacional, sino de la distribución. Si las vacunas fluyen, los números suben fácilmente.»

Henry de Laguerie de Europe1, ironizaba hablando de «clásico de la vacunación» comparando el récord de España de 453.000 dosis en 24 horas con el de Francia de 437.000.

Pierre Briançon de The Politico, publicaba este gráfico, sobre el porcentaje de población totalmente inmunizada.

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Según la Consulta Pública realizada por el Instituto de la Juventud de España, nueve de cada 10 jóvenes apoyan regular los precios de alquiler. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la emancipación y el empleo. Valoran muy negativamente la calidad y estabilidad del empleo y más del 90% exige que las prácticas laborales sean remuneradas, que es necesario bonificar la contratación juvenil, fortalecer los planes públicos de empleo y fomentar el empleo juvenil en el ámbito rural. Además, el 84% considera necesario reforzar la educación en igualdad de género.

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«Esta consulta pone de manifiesto la enorme preocupación de los jóvenes por no poder emanciparse y la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda, sin más retrasos ni hipocresías”, dijo María Teresa Pérez, directora general del Injuve.

El empleo y la vivienda figuran como dos de las grandes preocupaciones de los jóvenes en España. Valoran muy negativamente la calidad y estabilidad del empleo. Señalando como problemas los bajos salarios (un 20%), los requisitos de experiencia (un 18%), la temporalidad (un 16%) y la falta de oportunidades y el incumplimiento de los derechos laborales (un 10%).

Sobre la vivienda, los jóvenes valoran por debajo de 4, en una escala de 10, sus posibilidades de acceder a una vivienda antes de los 30 años y marcan como principales obstáculos la inestabilidad laboral en un 37%, la insuficiencia de ingresos en un 33% y el alto precio de los alquileres en un 20%. Además, la gran mayoría, nueve de cada 10, está de acuerdo en que es necesaria una regulación de los precios del alquiler. Además, consideran que se deberían impulsar ayudas para acceder a la vivienda y ven necesario ampliar el parque público de vivienda.

En cuanto a educación, defienden las becas como garantía de la igualdad de oportunidades. Detectan como problemas más destacados la falta de inversión en la educación pública, las elevadas ratios profesor-alumno y la falta de adecuación de los temarios y contenidos al mercado laboral. Además, el 84% considera necesario reforzar la educación en igualdad de género, un 92% ve imprescindible impulsar la Formación Profesional y un 90% cree que la educación online ha puesto de manifiesto la brecha digital.

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Desde que el Mundial de Fútbol 2022 se asignó a Qatar en 2010, 6.500 trabajadores inmigrantes habrían muerto en las obras de construcción, según reveló el periódico británico The Guardian. Esta cifra supone que de media mueren 12 trabajadores cada semana haciendo los estadios, aeropuertos, carreteras y hoteles de lujo que se están construyendo para el evento. Y la mayoría de los fallecidos provenían de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.

La FIFA minimizó la cifra y dijo que «la frecuencia de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos» y Qatar defiende que la mayoría han sido muertes naturales. Pero ONGs como Amnistía y HRW cuestionan estos argumentos y denuncian el «escandaloso» recuento de muertos y piden a la FIFA que presiones a las autoridades qataríes para que se mejoren la situación y condiciones de estos trabajadores. Y algunos países y selecciones de fútbol se han unido a las protestas contra lo que algunos ya denominan el «Mundial de la vergüenza».

Cuando faltan menos de dos años para la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar se ha recrudecido la polémica por las condiciones laborales de los trabajadores que están construyendo las instalaciones para el evento y la vulneración de derechos humanos. The Guardian ha detallado que hasta 2020 ha habido más de 6.500 muertes de trabajadores desde que comenzaron las obras en 2010. En concreto 2.711 de India, 1.641 de Nepal, 1.018 de Bangladesh, 824 de Pakistán y 557 de Sri Lanka, según fuentes de estos gobiernos. Y la cifra total de fallecidos es incluso mayor, ya que no están incluidos los trabajadores procedentes de Filipinas y Kenia.

Los datos oficiales sobre las causas de muerte hablan a veces de múltiples lesiones contundentes debido a una caída desde una altura; asfixia por ahorcamiento; causa indeterminada de muerte por descomposición. Aunque la mayoría de las veces, y según defiende el gobierno de Qatar, la causa oficial es «muerte natural». Aunque esto podría indicar la falta de autopsia y según denuncian desde Amnistía «son naturales porque son por consecuencia de un fallo respiratorio, un fallo cardiaco. Pero si analizamos qué ha llevado a esa fallo cardiaco o respiratorio no estaríamos tan de acuerdo en hablar de muertes naturales».

Humans Right Watch habla también en un informe de otros abusos cometidos con los trabajadores inmigrantes del Mundial como retrasos en los pagos, incumplimiento de contratos e incluso suspensión de los salarios. Amnistía Internacional por su parte ha detallado ocho formas de explotación que sufren los trabajadores y ha pedido a la FIFA que utilice su influencia sobre las autoridades qataríes para ayudar a poner fin a los abusos.

Y en esta causa, han contado con el apoyo de diversos países como Alemania, Noruega y Holanda que con ocasión de los partidos de clasificación para la Copa mundial de Qatar 2022 han dado su apoyo a la campaña en favor de un mayor respeto a los derechos humanos.

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La Ley Climática se aprobó en el Congreso, con los únicos votos en contra de Vox, y se remitirá al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria sin necesidad de pasar por el Pleno del Congreso. Esta norma se propone alcanzar la neutralidad climática, es decir, emisiones cero de CO2, en el año 2050. Hasta entonces, también se buscará el objetivo en 2030 de hacer descender un 23% las emisiones respecto a 1990, y acabar con la venta de coches contaminantes en 2040. La Cafetera de Radiocable.com analizó estos y otros detalles de la nueva Ley Climática con sus oyentes.

polucion contaminacion aire

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso dio luz verde al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, con 22 votos favorables, cinco en contra y 10 abstenciones.

Para el año 2030, esta nueva ley prevé reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990. Además, alcanzar una penetración de energías de origen renovable de, como mínimo, un 42%; y lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. En el ámbito rural, el despliegue de energías renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural.

En 2050, España debería alcanzar la neutralidad climática (emisiones cero) y el sistema eléctrico debería estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable. El texto también prevé las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos -excluidos los matriculados como vehículos históricos- no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones.

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, que contemplen medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad.

Además,  partir de la entrada en vigor de la Ley Climática, no se otorgarán en el territorio nacional nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para estos. Y, tampoco se admitirán actividades de explotación de hidrocarburos en las que estén previstas la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen, conocida como «fracking«.

La norma también establece que las Administraciones Públicas deberán fomentar el conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública. Y, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico en el sistema educativo.

La Cafetera, además, analizó la repercusión de la actualidad española en medios internacionales, que siguen poniendo el foco en la propuesta de jornada laboral de cuatro horas en España. En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, destacaron que 9 de cada 10 jóvenes en España están a favor de regular el precio del alquiler, según una encuesta del Instituto de Juventud. Además, el programa terminó, como cada viernes, con el relato de la periodista Ainhoa Goñi, Tierra, sobre la vuelta a los orígenes y la vida en el campo, en la voz del actor Patxi Freytez.

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