Gaizka Fernández Soldevilla, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo
El yihadismo, la pandemia de covid-19, la invasión rusa de Ucrania o el reciente apagón son situaciones en las que ha peligrado nuestra seguridad y se ha roto nuestra normalidad. España se ha visto afectada por ellas, pero ninguna ha dado pie a la declaración del estado de excepción. Hace medio siglo sufrimos por última vez uno de ellos, fruto de la combinación entre la violencia política y una dictadura agonizante.
Oleada terrorista en Europa y el mundo
¿Cuál era el contexto general? De 1970 a 1989, la llamada tercera oleada internacional de terrorismo acabó con la vida de 73 780 personas. En su fase inicial (1970-1975) se produjeron 2 253 víctimas mortales. Europa Occidental concentró el 68,3 % de los asesinatos: en Reino Unido hubo 1 145 y en Italia, otra democracia, 85.
Cartel de ETA, 1975.
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
En España, el comienzo del ciclo coincidió con el turbulento final de la dictadura. Desde que ETA comenzó a asesinar en 1968 hasta el fallecimiento de Franco se acumularon 68 víctimas mortales.
Víctimas mortales del terrorismo durante la dictadura.
La espiral de acción-reacción-acción
La mayoría respondían a la estrategia de acción-reacción-acción de esta banda: provocar, mediante atentados, un aumento de la represión que justificara nuevos actos terroristas y acabara desembocando en una “guerra revolucionaria”.
En efecto, los atentados reactivaron la represión, con hitos como el proceso de Burgos (1970). Además, las Fuerzas de Orden Público (FOP) fueron incapaces de neutralizar la amenaza. Al contrario, surgieron nuevos grupos, como el FRAP, y ETA logró una nueva baza propagandística con el asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco (1973).
Su sucesor, Carlos Arias Navarro, combinó un discurso reformista con el endurecimiento de la lucha antiterrorista. Desde agosto de 1963 todas las penas de muerte por delitos de sangre con motivación política habían sido conmutadas. Sin embargo, en marzo de 1974, tras dar su enterado el Gobierno, fue ejecutado Salvador Puig Antich, condenado por el asesinato de un policía.
En vez de acabar con el terrorismo, aquel castigo ejemplarizante reforzó la espiral de acción-reacción. Hubo 19 víctimas mortales en 1974 y 33 en 1975. La mayoría eran agentes de la ley. La imagen de debilidad que transmitía el Gobierno hizo que el sector más duro del franquismo rompiera con él.
La violencia de ETA durante la dictadura.
Estado de excepción y represión
Arias Navarro parecía superado por los acontecimientos. El 22 de abril de 1975 ETA político-militar asesinó al inspector José Ramón Morán. A los dos días, las FOP arrestaron a uno de los máximos dirigentes de la banda. Fue entonces, el día 25, cuando el Gobierno decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa durante tres meses. Su objetivo era potenciar la actuación policial contra ETA, aunque también fue reprimida la oposición democrática.
Sin olvidar que nos referimos a una dictadura ilegítima, el Gobierno pudo apuntarse algunos tantos. Por un lado, gran parte del FRAP fue desarticulado. Por otro, gracias a un agente infiltrado en ETA político-militar, Mikel Lejarza (Lobo), cayeron la práctica totalidad de sus comandos. La propia organización reconoció que había recibido “un duro golpe”.
Más detenciones, pero sin acabar con la violencia
Se habló de entre 2 000 y 4 000 arrestos durante el estado de excepción. Aunque no son cifras contrastadas, sugieren un significativo crecimiento respecto a años anteriores. Pero la violencia no cesó. En ese trimestre los terroristas asesinaron a ocho personas, seis de las cuales eran agentes de la ley.
Por añadidura, hubo más errores que aciertos policiales. El trabajo poco selectivo de las FOP supuso un grave problema. En vez de apostar por la investigación, los mandos ordenaron redadas masivas en las que se detenía a muchos sospechosos sobre cuya actividad delictiva no había pruebas. Eso se traducía en una posterior liberación sin cargos. Es lo que ocurrió, según el Servicio Central de Documentación (SECED), la agencia de inteligencia del Gobierno, con el 43 % de los 338 arrestados durante el primer mes del estado de excepción.
Algunas de las operaciones policiales desembocaron en enfrentamientos armados con los etarras, seis de los cuales fallecieron, al igual que dos colaboradores. También se registraron episodios de malos tratos y torturas a los detenidos, tanto a los terroristas como a quienes no lo eran. Y hubo bastantes casos en los que los funcionarios se extralimitaron, causando heridos y doce víctimas mortales.
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Paralelamente funcionó una represión extralegal. Por ejemplo, en mayo de 1975 un comando, en el que se sospecha que participaron algunos guardias civiles, desvalijó y unos días después quemó el caserío-estudio en el que trabajaban el escultor comunista Agustín Ibarrola y su hijo, José. Ese mismo mes se registraron ataques ultraderechistas contra diez librerías, un fenómeno que al término de 1975 habían padecido 42 de estos establecimientos.
Justificación para seguir matando
Ni el estado de excepción ni el Decreto Ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo (26 de agosto) ni la ejecución de cinco terroristas el 27 de septiembre sirvieron para acabar con los atentados. Al contrario, esas medidas extremas fueron utilizadas como justificación por bandas como ETA y los GRAPO para seguir matando.
Desde su perspectiva, ni el fallecimiento del dictador (noviembre de 1975), ni el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política (diciembre de 1976) ni las primeras elecciones libres (junio de 1977) ni la Ley de Amnistía (octubre de 1977) cambiaban nada. Su objetivo nunca había sido derribar el régimen, sino sustituir una dictadura por otra. Por ese motivo el terrorismo se multiplicó durante la transición democrática.
Gaizka Fernández Soldevilla, Responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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