El diario financiero publica un artículo de Raymond Zhong que denuncia las «profundas disfunciones políticas» que se dan en España y no se arreglarán con el rescate que baraja pedir Rajoy. Y cita la influencia de Montoro, vinculado con un lobby pro-renovables, en la reforma energética que finalmente aprobó el gobierno.

(Foto: Flickr/Partido Popular)

El Wall Street Journal habla de una: «España, rescatada pero no salvada. Mientras Mariano Rajoy pondera otro rescate, siguen las profunda disfunciones políticas. Esta es podredumbre que el rescate de Europa no va a arreglar.» Y explican que «una de las últimas y más necesarias reformas fue la de la tarfia eléctrica para reducir el deficit tarifario crónico que introduce un impuesto del 6% a todas las formas de producción, renovables y demás.»

Pero señala: «Esta no es exactamente la reforma que los observadores esperaban unos meses atrás. En julio, el ministro de Industria, José Manuel Soria propuso  gravar la generación de energía solar, eólica y térmica a una tasa mayor que la de combustibles fósiles para pagar e déficit -que después de todo vino por pagar a los productores de energías renovables. Pero el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro insistió en que el nuevo impuesto sería independiente de la tecnología.»

El texto apunta: «Tenemos alguna idea de por qué. El hermano del señor Montoro y el hermano de su jefe de gabinete llevan un grupo de presión que asesora a empresas solares. `Este conflicto de interés que analizan no existe porque no hay una política de fiscalidad de energía que hayamos cambiado´, dijo el señor Montoro a Bloomberg. `Hemos hablado de ello, pero la política no se ha decidido´ añadió. La política se decidió en el Consejo de Ministros un par de semanas más tarde.»

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La decisión del Juez Pablo Ruz de procesar por genocidio y asesinato a siete agentes secretos de Pinochet que secuestraron, torturaron y mataron al diplomático español Carmelo Soria es destacada por varios medios anglosajones. Señalan que los acusados se beneficiaron de leyes de amnistía aunque estuvieron presos por otros delitos.

El Washington Post destaca que los sospechosos se habían beneficiado de la Ley de Amnistía. Explican: «Seis chilenos y un estadounidense acusados del secuestro, tortura y asesinato en 1976 de Carmelo Soria, un funcionario español de la ONU en Chile han sido acusados el martes por un juez español, Pablo Ruz, que emitió una orden internacional de arresto para que sean juzgados en España. Los sospechosos nunca fueron juzgados por asesinato o tortura en Chile, ya que estaban protegidos por la ley de amnistía puesta en marcha dos años después del asesinato de Soria.

El americano se llama Michael Townley y pasó cinco años en una prisión de EE.UU. por complicidad en el asesinato en 1976 en Washington del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente. Townley estaba en el Programa de Protección de Testigos de EE.UU. hasta una fecha tan reciente como 2010.»

La BBC recuerda que una investigación del Washington Post demostró que Soria murió por torturas, pero Chile se negó a investigarlo. Su artículo apunta: «El diplomático de la ONU Carmelo Soria trabajaba en Chile cuando fue secuestrado, torturado y asesinado en 1976. Es una de las cerca de 3.000 personas que perdieron la vida durante el régimen del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El juez Pablo Ruz ha acusado a seis chilenos y un estadounidense, todos los cuales trabajaban para la policía secreta de Pinochet, de genocidio, asesinato y secuestro.»

Y señala: «En su día, las autoridades chilenas, dijeron que el Sr. Soria había conducido borracho su coche y caído a un canal. Meses más tarde, una investigación del Washington Post demostró que su muerte fue resultado de torturas, pero las autoridades militares de Chile se negaron a abrir otra investigación.  El presente caso fue presentado por el presidente de la Fundación Allende en España y recogido por el juez Ruz después de que otro juez español dictaminara que la investigación de los presuntos delitos contra el Sr. Soria `no había sido diligente´ en Chile.»

ABC News recoge que entre los procesados están Townley y Contreras. Explican «El juez Pablo Ruz ha procesado a siete personas vinculadas al ex régimen del dictador chileno Augusto Pinochet y al asesinato de Carmelo Soria. El americano es Michael Townley que ha estado cinco años en una prisión de EE.UU. por complicidad en el asesinato de Orlando Letelier. Entre los chilenos está el ex director de la DINA, Manuel Contreras, quien está preso en Chile por su papel durante la dictadura de Pinochet. El resto de acusados fueron declarados culpables en 1993 por encubrir el asesinato de Soria, han cumplido sus sentencias y están viviendo en libertad en Chile, segun Alfonso Insunza, abogado chileno que representa a la familia de Soria.»

El diario galo asegura en un artículo de su corresponsal Sandrine Morel que los planes del gobierno para crear una entidad que absorba los activos inombiliarios tóxicos de los bancos españoles buscan «hacer una buena purga de una vez por todas». Pero se advierte que no es una garantía de que se sanee de verdad el sistema financiero.

(Foto: Flickr/Bankia)

Le Monde señala: «Una buena purga, una vez por todas. Y pasar -finalmente- la página de la crisis inmobiliaria que lastra las cuentas de los bancos. Esa es la ambición del gobierno español con la creación del banco de disociación (`banco malo´), que se hará cargo de los activos tóxicos de los bancos ibéricos.»

Pero resalta: «La operación, presentada el lunes 29 de octubre, ha sido impuesta por Bruselas a cambio de la ayuda de 100.000 millones de euros puesta a disposición de España este verano para recapitalizar sus bancos. Pero no es seguro que garantice la definitiva consolidación del sector bancario debilitado por los 184.000 millones en activos inmobiliarios clasificados como `potencialmente problemáticos´ por el Banco de España.»

El texto se pregunta: «¿Será esto suficiente para sanear de verdad los bancos españoles? `Si la crisis inmobiliaria no se resuelve, se volverá a contaminar todo el sistema financiero y el problema será mucho más grande´, advirtió a medidados de octubre, Ignacio Sanmartín, gerente de investigación de Bienes Raíces del BBVA.»

[Leer el artículo completo en Le Monde]