E. Robinson

Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.

 

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Eugene Robinson – Washington: Hizo falta el caso de «JihadJane» para arrojar luz sobre lo que a estas alturas debería ser evidente: cualquiera que diga ser capaz de identificar a un terrorista potencial por la apariencia o la nacionalidad se está engañando. Hay un motivo para que todos nosotros nos tengamos que quitar los zapatos en el aeropuerto.

Durante años, ciertas voces de la derecha han defendido enérgicamente el fichado racial-étnico-religioso. Tras el intento de volar un aparato comercial por los aires el día de Navidad, Newt Gingrich escribía que ha llegado el momento de «hacer un perfil de los terroristas y discriminar activamente según la información del sospechoso». Gingrich se quejaba de que «dado que nuestras élites temen la honestidad políticamente incorrecta, creen que es mejor humillar al inocente, retrasar al inofensivo y arriesgar las vidas de todos los estadounidenses en lugar de hacer lo evidente, eficaz y necesario».

No citaré más de la larga diatriba de Gingrich, pero cualquier lector llegará a la conclusión de que si el ex presidente de la Cámara estuviera a los mandos de un detector de metales de un aeropuerto, pondría especial atención a cualquiera parecido a Omar Faruk Abdulmutalab – el nigeriano acusado del atentado frustrado del día de Navidad – al tiempo que esencialmente dejaría pasar a alguien como Colleen LaRose, de 46 años, procedente de Pennsburg, Pa.

Lo cual, a la sazón, habría sido un error peligroso.

Según la acusación federal, Larose era una habitual de las páginas islamistas radicales que a veces contribuía como JihadJane. Presuntamente había expresado su deseo de convertirse en un mártir del Islam, y el fiscal que instruye el caso sostiene que con anterioridad a su detención el pasado octubre, estaba conspirando activamente para asesinar a un artista sueco que había dibujado una viñeta retratando como un perro al profeta Mahoma.

Bien, ha de señalarse que si el relato de la acusación es cierto, Larose no parece tener el cerebro más privilegiado del firmamento yihadista. En sus aportaciones en la red parece no haber echo grandes esfuerzos o ninguno por ocultar su identidad, al margen de elegir un nom de guerre que en la actualidad es el equivalente a una alarma activada. Pero Abdulmutalab tampoco es que fuera un cerebro diabólico. Lo que los dos tienen en común es que ambos parecen haber sido solitarios y alienados, haber buscado significado a sus vidas, y haber hecho elecciones pésimas.

No tienen en común mucho más. Abdulmutalab es un varón joven, negro, rico y extranjero con un nombre que suena musulmán. LaRose es una mujer rubia de ojos azules y mediana edad que creció en Texas, abandonó el instituto, se casó y se divorció un par de veces, conoció a un novio de Pennsylvania y terminó viviendo sin pena ni gloria en un pequeño municipio a 50 millas de Filadelfia donde los vecinos dicen que a menudo se la oía hablar con sus gatos.

En Internet presumía supuestamente de que su aspecto físico y su nacionalidad le permitirían viajar con libertad y sin levantar sospechas mientras desempeñaba su misión – auto-asignada, según parece – de asesinar al viñetista sueco Lars Vilks. No hay indicios de que hubiera algún contacto real con Al-Qaeda, que ha puesto un precio de 100.000 dólares a la cabeza de Vilks. Según la acusación, Larose se desplazó a Europa para encontrarse con individuos anónimos de mentalidad parecida, y también sustrajo presuntamente el pasaporte de su novio con la intención de entregarlo a un compañero yihadista para que lo utilizara. Pero no parece que tuviera la menor idea de cómo asesinar a alguien.

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Sin embargo, los aspirantes a terrorista pueden terminar convertidos por accidente en verdaderos terroristas. ¿Y qué perfil la habría elegido entre la multitud? ¿Se supone que el FBI ha de administrar una lista de damas de pueblo aficionadas a los gatos, cuyos movimientos han de ser seguidos y analizados?

LaRose puede ser única a causa de su aspecto, pero no es en absoluto la primera estadounidense de quien los agentes del orden piensan ha sido seducida por la ideología de la jihad. Omar Hammami, que de joven fue delegado de la clase en su segundo año en Daphne, Alabama, es una figura clave de Al-Shabab, un grupo insurgente islamista de Somalia afiliado a al-Qaeda. En diciembre, cinco jóvenes del norte de Virginia fueron detenidos en Pakistán y acusados de intentar ingresar en Al-Qaeda.

«Washington sigue evitando ser intelectualmente honesto con la guerra en la que estamos inmersos», afirma Gingrich. Pero la honestidad intelectual exige tener en cuenta el hecho de que los terroristas y los aspirantes a terrorista nos salen de una cantera única. Esto significa que en los aeropuertos y en otros sitios deben existir medidas de vigilancia para todos.

«Discriminar activamente», como recomiendan Gingrich y otros, haría algo más que seleccionar a un montón de inocentes. Garantizaría que la próxima JihadJane – que podría estar siguiendo las instrucciones de superiores más nefastos que sus gatos – se nos pasa desapercibida.

Eugene Robinson
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E. Robinson

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Eugene Robinson – Washington. Si la reforma sanitaria termina atravesando la línea de meta por los pelos, será gracias a que el Presidente Obama y los Demócratas del Congreso han reconocido – ya era hora – la verdad que han tenido delante de las narices durante más de un año: les es políticamente más rentable intentar hacer todo lo posible simplemente por hacer lo correcto.

No importa lo que los Demócratas traten de hacer ni el cómo lo hacen, los Republicanos van a quejarse, obstruir y atacar. Esa es la lección ineludible de todo este ejercicio, y es difícil dilucidar porqué costó tanto llegar a esa conclusión. Los Demócratas tenían un aspecto ridículo, sentados alrededor del fuego cantando canciones de campamento mientras la oposición merodeaba por el bosque afilando lanzas y flechas.

Como si quisieran darme la razón, algunos Republicanos ya están hablando de tratar de derogar la ley de reforma a pesar de que aún no ha sido aprobada. Esto no tiene aire de bipartidismo en absoluto – que el Partido Republicano, con una retórica cínica pero hábil, ha elevado a la categoría de virtud divina.

Hay que admirar la cara dura del Partido Republicano. George W. Bush legisló igual que una apisonadora siempre que implantó sus radicales iniciativas — bajadas tributarias enormes, una enorme alteración del equilibrio entre privacidad y seguridad, la toma de control de la política educativa a lo «gran gobierno» sin precedentes, y un programa de prestación a las recetas de Medicare caro y sin financiación para las obligaciones.

Pero en el momento en que los Republicanos pasaron a la oposición, descubrieron la obligación moral de que el partido en el gobierno lo haga todo de manera bipartidista. Los Demócratas, conscientes de las encuestas que apuntan que la afiliación al partido se ha debilitado de manera dramática durante la última generación, se mostraron encantados de complacer. En su puesta de largo legislativa – el proyecto de estímulo económico de 862.000 millones de dólares — el nuevo presidente y el nuevo Congreso llegaron a extremos insólitos para dar cabida a ideas Republicanas tales como bajar los impuestos. Pero, por supuesto, ninguna buena acción queda sin castigo: más de un año después, el Partido Republicano todavía ataca el estímulo como si lo hubiera diseñado el Presidente Mao.

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En la sanidad, los Republicanos interpretaron el bipartidismo como algo equivalente a que todo tiene que hacerse como dicen ellos, lo que básicamente habría significado que no habría reforma ni por accidente. Una vez más los Demócratas cedieron. Desde el principio, la Casa Blanca decidió no sacar adelante una sanidad verdaderamente universal – el objetivo con más solera del partido – sino que se conformaría con algo más modesto.

Existen argumentos razonables en favor del enfoque comedido y moderado que adoptó el Presidente Obama – la atención sanitaria sí representa casi la sexta parte de la economía, y tal vez una recesión acusada no sea el mejor momento de acometer una reestructuración radical que podría tener un impacto real y a largo plazo sobre el creciente gasto. Pero hasta el paquete de reforma moderado que aprobó la Cámara vio rebajadas sus pretensiones en el Senado. Es digno de aprobarse porque consagra el principio de que la sanidad debe ser universal, pero no es ninguna revolución.

Pero los Republicanos tachan hasta este conjunto muy modesto de modificaciones – prudente, gradual, fiscalmente disciplinado – de socialismo desenfrenado. Retratan la legislación sanitaria como una «socialización», aunque la idea de tener un pequeño plan de salud público limitado, restringido y estrechamente contenido de cualquier tipo ha sido abandonada desde hace tiempo. Pintan a los Demócratas como un montón de izquierdistas resentidos a cuenta de una ley que habría aprobado Richard Nixon.

No hay nada que los Demócratas puedan hacer, a corto plazo, para contrarrestar el éxito que han tenido los Republicanos a la hora de indignar a los conservadores con la excusa de la reforma sanitaria – y sembrar la duda en la mente de los independientes. Ese daño tardará tiempo en cicatrizar. Los antecedentes sugieren que hasta los contados elementos del paquete legislativo que habrían entrado en vigor con efecto inmediato – incluir a los hijos en el seguro paterno hasta los 26 años – habrían aplastado rápidamente parte del diálogo Republicano sobre la derogación. Los derechos sociales son fáciles de reconocer y extremadamente difíciles de anular.

Lo que se puede corregir, y se está corrigiendo, es el daño que presidente y Congreso han causado a su valoración entre el electorado Demócrata. Gracias a los vigorosos mítines estilo campaña de Obama en defensa de la reforma sanitaria, las encuestas muestran que la popularidad de la legislación entre los Demócratas aumenta poco a poco. Si los Demócratas quieren tener posibilidades de ganar en noviembre, su principal electorado debe ser movilizado, no desmotivado.

Las encuestas empezaron a cambiar en el momento en que los líderes Demócratas adoptaron una postura clara. Tener el valor de defender las convicciones propias: qué concepto.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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Olvida todo lo que te han contado.

El ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un tratado internacional secreto, que está siendo impulsado por las grandes industrias de los EEUU. Sabemos de estos tratados gracias al seguimiento que están haciendo algunas organizaciones en pro de los derechos civiles. Incluso Reporteros Sin Fronteras lo ha denunciado.

Se pretende equiparar la propiedad intelectual a las patentes del medicamento.  Leyes como la española, solo preparan el terreno.

La magia de Internet reside en que el más millonario de los ricos de Wall Street puede acceder a la misma información que el más pobre que se conecta a Internet en la India desde un cibercafé. De permitir que salga adelante,  sólo podrán acceder a los materiales de la red quienes puedan pagarlos.

No pienses en los pequeños creadores. Estos acuerdos no están destinados a ellos:

¿quienes son los beneficiados en España por la Ley Sinde?

 

Aspecto que presentan a esta hora cientos de páginas.

Desde primera hora de la mañana, horas antes de la comparecencia del Presidente Zapatero, cientos de páginas enlazaban y reproducían de nuevo el Manifiesto contra la Ley Sinde. Es la primera vez que una misma noticia, un mismo post, es repetido dos veces en un mismo blog. Y ha sucedido en miles de ellos a la vez.

Según los resultados de google, más de 25.300 suaurios han protestado en las últimas 24 horas contra el procedimiento de cierre de webs aprobado hoy por el gobierno.

Nunca antes una Ley había tenido tal contestación social, desde tantos sectores,  ni siquiera durante la aprobación de la LSSI:  Facebook -cuyo grupo de protesta alcanza ya los 225.00 usuarios-, twitter, blogs, páginas webs , diarios electrónicos (1,2,3,4,5,6,7y mas…), … la respuesta ha sido masiva.

En Twitter -cuyos usuarios han sustituido su fotografía de perfil por una imágen de protesta- cientos de mensajes comparten la protesta. Muchos de ellos dirigidos contra la Ministra Ángeles González-Sinde:

lanieto: RT @rnovoa: Apa, a signar tothom contra la llei Sinde #SindePírate https://www.facua.org/es/sieslegaleslegal/index.php (RT!)

noticias247: Sitios web de enlaces cierran en protesta por la aprobación de la ‘Ley Sinde‘ contra la piratería: La Asociación d… http://bit.ly/a8hJPb (expand)

capitan_mapache: Entre la Sinde y la SGAE nos acabarán dejando hasta sin redes sociales por el paso que vamos.

tic616: Esto les debería costar votos, no?

Reconocidos bloggers como Enrique Dans abordan el tema. ?l titula en su blog: «La pantomima de una democracia»:

«…»Impresionante. E indignante. Un gobierno que no solo se deja manipular por grupos de presión e introduce puntos adicionales en una ley que nada tienen que ver con ellos, sino que además desprecia abiertamente la voluntad popular, expresada de manera clara y diáfana en miles de páginas en la red.

 Julio Alonso en el recién estrenado «Nación Red» titula: «El gobierno contra los ciudadanos digitales»:

«La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet

[Si te ha interesado lee también: «No es por la cultura, es por el  ultracapitalismo, amigo??] 

 

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Defendía hoy el Presidente del Gobierno que, con la Ley de Economía Sostenible, se pretende que haya «menos sectores no sostenibles y aumenten el tamaño de los otros sectores», los de las telecomunicaciones. Son los que, según el Presidente, han sufrido menos el golpe de la Crisis.

Lo dice mientras, paralelamente se aprueba la conocida como Ley Sinde. Toda una contradicción. Si así quieren impulsar el sector de las telecomunicaciones se están equivocando. El Presidente, eso sí, no ha hecho ni una sola mención explícita a la polémica sobre esta materia en la rueda de prensa.

Esa Ley es un error, un grandísimo error contra la libertad de expresión y contra el futuro de Internet. Como decía esta mañana: si esa Ley hubiera existido hace 10 años Internet no existiría tal y como la conocemos. Así de simple.

El Presidente del Gobierno no está defendiendo la cultura, está defendiendo el ultracapitalismo. De salir adelante el anteproyecto de Ley dejará en un limbo legal a miles de páginas web, entre ellas, todas aquellas que tengan reproducido un simple artículo de periódico o un vídeo de youtube.

Lo que veníamos denunciando hace meses lo ha visibilizado Reporteros sin fronteras advirtiendo: «Peligro internacional para la libertad de expresión en Internet»

Para empezar, aparquemos los mitos:

Primer mito: Internet no es el oro del «todo gratis», nunca lo fue. Una conexión cuesta cerca de 40 euros: difícilmente podríamos llamarle así. Las principales beneficiarias, por tanto, son las operadoras de telefonía, no el usuario final. Hasta tal punto llega la hipocresía, que Telefónica se anuncia en Chile y Argentina como una oferta «Sin restriccions P2P«

Segundo mito: No son sólo los autores españoles, ni los cineastas, quienes han conseguido colar la Ley Sinde. Son las grandes compañías transnacionales, las grandes industrias extranjeras del cine -fundamentalmente norteamericanas-, de los libros, de los periódicos y del ocio multimedia. El ultracapitalismo más liberal que trata de imponer su modelo por todo el planeta. Lo están haciendo a través de una estrategia común denominada ACTA, pero de esto hablaremos después. Con ella se pretende equiparar textos, libros, música y cine a las patentes del medicamento…

Tercer y mas complicado mito: ¿Debe un autor cobrar toda la vida por una obra que escribió hace años? ¿Existe realmente la originalidad de una obra? ¿no son acaso, variaciones sobre creaciones ajenas? ¿Por qué no debería equiparse a otras actividades donde la creación recibe dinero hasta que es rentabilizada?. Si fue una victoria del progresismo, ¿no debería ser progresivo? ¿Debe seguir cobrando derechos Julio Iglesias como si fuera un pequeño y autor?

¿Sólo deben recibir la cultura quienes la pueden pagar?

En efecto hay una desconocida estrategía comercial, que se está negociando a espaldas de los ciudadanos y que, como digo, tiene nombre: se llama ACTA. Cito de Wikipedia:

El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al «incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global».[…]
A pesar de que el título del tratado sugiere que el acuerdo sólo cubre falsificaciones de bienes físicos (como medicinas), el tratado propuesto tendrá un alcance más amplio, incluyendo «la distribución de Internet y de las tecnologías de la información»

Las negociaciones de ACTA se llevan a cabo de forma secreta y no pertenecen a ninguna organización internacional. La Comisión Europea, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, y el Departamento australiano de Comercio y Asuntos Extranjeros, y otras agencias de gobierno han reconocido haber participando en las negociaciones de ACTA

Esto se lleva cocinando en silencio desde hace años y solo tras algunas filtraciones y denuncias como la de Reporteros sin Fronteras, los implicados se han visto a dar explicaciones.

El objetivo es afianzar un negocio nada social, aunque eso cueste 30 años. A tiempo estamos todavía de exigir que la palabra cultura recupere su verdadero significado.

Desde hace unos meses, un grupo de ciudadanos intenta poner en pie el Premio Maria Amelia López Soliño. Es también, paralelamente, un homenaje para la «bloguera más anciana de la red» fallecida en mayo de 2009 y un modo de incentivar iniciativas que acerquen Internet a los mayores y les ayuden a integrarse.

 

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María Amelia López Soliño se convirtió en una celebridad de la red a finales de 2006. Por su 95 cumpleaños, su nieto le regaló un blog. Y ella lo abrazó entusiasmada pasando a ser la blogger más vieja del mundo. Conectó con miles de personas gracias a su blog e incluso ganó el Premio internacional BOB.

Siempre dijo que en Internet había encontrado un instrumento para luchar contra la soledad y animó a los miembros de su generación a descubrirlo: «Para animar a todos los ancianos a que tengan el Internet. Y para que sus familiares hagan un esfuerzo por enseñarles. Así podrán conocer gente nueva, comunicarse y aprender cosas todos los días. A mí me sacó 20 años de encima. Todos los ancianos con un Internet.»

Entonces se constituyó un grupo de admiradores y seguidores de Maria Amalia, a los que ella llamaba «mis blogueros». Son los mismos que estan ahora intentando instaurar el Premio Internacional en su nombre. Pretenden homenajearla y sobre todo reconocer la  iniciativa que mejor sirva para acercar la red a los ancianos.

Ya han creado un blog con historias destacadas y donde explican su propósito en favor de los mayores: «fomentar su integración en el mundo tecnológico e internet como medio de combatir el aislamiento en que muchas veces viven, así como animarles a mantenerse intelectualmente activos y a tener una mayor participación social. Pretendemos también que sirva de punto de encuentro entre ellos donde puedan aportar sus opiniones, enlazar sus blogs para que otros les conozcan y servir de plataforma divulgativa de espacios en la Red de su interés.»

De momento no han logrado el apoyo de las instituciones en su propósito. El Ayuntamiento de Muxía se interesó en principio por ello pero pretendiendo destacar su localidad más que el aspecto social del Premio. Asi que recurren a la red en busca de ayuda. Han creado un grupo para catalizar las iniciativas y un perfil en Facebook donde recaban apoyos. Y ya han logrado el respaldo de blogs como Mi mesa cojea y columnistas como Maruja Torres.

Maria Amalia

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El gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la Ley de Economía Sostenible.  La Ley, que pretende «impulsar la recuperación económica y la creación de empleo con una renovación profunda del modelo productivo en España», incluye también el polémico aspecto de la Propiedad Intelectual.

El pasado mes de diciembre la red se incendió ante la propuesta del Ministerio de Cultura. Se pretendía crear un comité administrativo para perseguir las descargas de Internet que tuviera capacidad para cerrar páginas web. El Presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que apagar el fuego, desautorizando a su Ministra e introduciendo una cierta supervisión judicial en el proceso.

Tres meses después y con leves modificaciones, el gobierno ha seguido adelante con su «policía cultural de Internet», tal y como lo ha definido el diario EL PAIS.

«La sección [el comité] podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.

Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad «pretendan causar un daño patrimonial». -explican en TVE

«Moncloa pone así en marcha un procedimiento exprés, reservado para la protección de los derechos fundamentales, para cerrar webs de descargas ilegales y para ello deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.» -concluye TVE

El problema no es, en efecto menor. De superar la tramitación parlamentaria Blogs, webs, y páginas de enlaces vivirán en un permanente limbo de legalidad.

Según la Ley el comité podrá «retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto«. Cualquier página web con un link a un artículo de EL PAIS o a cualquier otra página web se encontraría dentro de ese supuesto.

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[18-3-2010] Iñaki Gabilondo en Noticias Cuatro: «El diario ??Gara?? afirma en su editorial de hoy que existe una corriente irrefrenable de voluntad de paz en Euskadi y que todos han de colocarse en actitud positiva ante el proceso.

Y alude a la resistencia que manifiestan aquellos que desean que el problema se perpetúe, y obstaculizan la apertura de un proceso absolutamente democrático.

Entendemos lo que quieren decir porque, a fuerza de años, hemos adquirido una gran soltura en traducción simultánea. Pero lo que ocurre no es tan laberíntico ni necesita tantos circunloquios.

Si ETA se disuelve o si la izquierda abertzale rompe con ETA, la normalización democrática se produce de forma automática. La izquierda ??abertzale?? regresa a la legalidad política, participa en la vida pública y en las elecciones, alcanza la representación correspondiente y defiende sus objetivos como el resto de los partidos.

Esa es la normalización, para alcanzar la cual no hace falta ningún complicado proceso. Comprendemos que quienes han estado varias décadas justificando asesinatos en nombre de la enorme complejidad del problema vasco, no puedan concebir un final sin gran aparato, mediadores internacionales, mesas de diálogo y nubes de negociadores en la sombra. Pero ya sólo ellos creen en eso. ETA es la venda que les impide ver. Si se la quitan, comprobarán que todo está clarísimo.?

Las aperturas del informativo de Iñaki Gabilondo, cada día

[Si te ha interesado lee también:
«No es por la cultura, es por el ultracapitalismo, amigo
«]

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la llamada «Ley de Economía Sostenible» y su polémica «Ley Sinde». De hacerlo se permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días y con escasísimas garantías jurídicas. Me sumo a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Es la primera vez que en este blog se publica dos veces la misma entrada:


 Manifiesto: En defensa de los derechos
fundamentales en Internet


 

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que?

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es abierto y necesario. Súmate a él y difúndelo por Internet

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E. Robinson

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Eugene Robinson – Washington: La administración Obama está cometiendo un error garrafal en materia sanitaria. No hablo de la ofensiva final de la legislación integral de reforma, que es justa y necesaria. Me refiero a la venta de más de 100.000 remolques y casas prefabricadas contaminadas – una medida que puede poner enferma a la gente.

Los remolques son la herencia de la tibia respuesta de la administración Bush al Huracán Katrina. Fueron adquiridos por la Agencia Federal de Gestión de Desastres como vivienda temporal destinada a los desplazados de la Costa del Golfo, pero algunos de los inquilinos informaron de ardor en los ojos, garganta irritada, dolores de cabeza y hemorragias nasales.

El Sierra Club comenzó a analizar el aire del interior de algunos de los remolques en 2006 y concluyó que había presentes niveles inusualmente elevados de formaldehído. El gobierno esperó casi dos años, a medida que los partes de enfermedad se amontonaban, antes de anunciar en 2008 que todos los inquilinos de los remolques debían mudarse.

Las pruebas adicionales realizadas por el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Gestión de Desastres descubrieron que, de media, la presencia de formaldehído en el interior de los remolques era del orden de cinco veces los niveles propios de un recinto cerrado. «La exposición prolongada a estas concentraciones puede relacionarse con un mayor riesgo de cáncer, y a concentraciones superiores a este margen también puede darse un mayor riesgo de enfermedades respiratorias», reza el comunicado del Centro. El formaldehído es particularmente peligroso para las personas con asma o bronquitis.

El gobierno realizó sus exámenes en los meses de diciembre y enero, en los que las concentraciones del producto tóxico serían más reducidas. Las temperaturas más cálidas — como las propias de la zona de la Costa del Golfo la mayor parte del año – elevan significativamente las concentraciones.

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En enero, la Agencia accedió a vender 93.000 remolques y 9.300 casas prefabricadas — prácticamente todo el inventario que aún posee – a un precio simbólico. Los compradores son mayoristas que planean revender las viviendas prefabricadas, y cada habitáculo llevará una pegatina de advertencia de que sólo es para uso esporádico, no residencial. La teoría es que la exposición limitada y esporádica al formaldehído – como la propia de alguien que utiliza el remolque como almacén trastero, por ejemplo, o como refugio de caza de temporada — es más segura que la exposición constante fruto de vivir, comer y dormir dentro.

Sin embargo, el gobierno federal está vendiendo residencias prefabricadas en cuyo interior sabe que es peligroso vivir. Viniendo de una administración que dice creer en la protección del consumidor, esta no es forma de manifestar su interés.

La venta, fijada para finales de abril, debería ser suspendida.

No hay etiqueta de advertencia que pueda absolver de su responsabilidad subsidiaria al gobierno, a los mayoristas o a los minoristas eventuales de estos remolques y casas prefabricadas. Teniendo en cuenta el estado de la economía — en especial la pandemia nacional de desahucios y ejecuciones hipotecarias — es una locura simular que no va a haber familias que compren estas viviendas prefabricadas como residencia principal.

Los funcionarios decían al Washington Post que los remolques tendrán muy poca demanda porque muchos se encuentran en malas condiciones, habiendo permanecido durante tanto tiempo sin inquilinos y a la intemperie. Pero mi estimación es que si problemas como las humedades, los hongos y las fugas de propano abarataran aún más el precio a pie de calle, la cifra de potenciales compradores no hará sino aumentar. Las cosas están muy mal, y hasta un remolque mohoso – con una pegatina de advertencia — es un lugar más acogedor para dormir que el asiento trasero de un vehículo.

La Agencia Federal gastó 2.700 millones de dólares en adquirir los remolques y las viviendas prefabricadas y ha dedicado 220 millones más en concepto de almacén. Se espera que la venta de los remolques recupere 279 millones de dólares — una cantidad significativa, desde luego. Pero, ¿es correcto que el gobierno ponga a la venta un producto que sabe defectuoso? E incluso si los remolques se forran de adhesivos de aviso, quizá poniendo tibias y calaveras, ¿eso va a disuadir de los inevitables pleitos si los compradores enferman?

Estos remolques no tienen que ser vendidos, tienen que ser destruidos. Y la Agencia de Protección Medioambiental – ¿le suena la EPA? – tiene que imponer de una vez los estándares aceptables de concentración de formaldehído en recintos cerrados.

La agencia es consciente del problema desde hace más de dos décadas. A finales de la década de los 80, docenas de empleados del cuartel general de la agencia en Washington informaban de problemas respiratorios y otros síntomas tras unas reformas. Una de las sustancias químicas liberadas por los materiales de construcción recién instalados era, nada menos, formaldehído.

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