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¿Podría Putin ser condenado por crímenes de guerra en Ucrania?
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre la guerra en Ucrania a petición de 39 países y se examinarán las acciones de todas las partes implicadas. Algunas voces defienden incluso acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. La CPI tiene la capacidad de hacerlo si encuentra pruebas. Pero ¿hay posibilidades reales de que esto suceda? Un artículo de The Conversation analiza la cuestión. Advierte de que es «extremadamente difícil» demostrar la intención de cometer crímenes de guerra y hasta ahora sólo seis persona han sido condenadas por ello en este tribunal. Pero señala algunas de las claves del caso y los posibles escenarios y precedentes de órdenes de arresto.
Catherine Gegout, University of Nottingham
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre las acciones en Ucrania a petición de 39 países. Este es un paso importante en la condena mundial de la invasión rusa.
Varios Estados, la Unión Europea y la Unión Africana se han alineado para condenar al presidente ruso Vladimir Putin. Algunos líderes, como el primer ministro británico Boris Johnson, ya han acusado a Putin de crímenes de guerra, al tiempo que han respaldado la investigación de la CPI.
Algunos expertos han destacado las dificultades de utilizar el derecho internacional para condenar a Rusia, y la investigación examinará las acciones de todas las partes implicadas en el conflicto. Pero la CPI tiene la capacidad de acusar a Putin de crímenes de guerra si encuentra pruebas de que los ha cometido. Sin embargo, es extremadamente difícil demostrar la intención de cometer crímenes de guerra. Tan difícil, que sólo seis personas han sido condenadas por la CPI y han cumplido condena.
El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, necesidad, distinción y proporcionalidad. Es un crimen de guerra cuando no se distingue a los civiles de las tropas militares, cuando no se minimiza el daño a los civiles y cuando hay destrucción, sufrimiento y bajas innecesarias.
Crímenes de guerra en Ucrania
Para acusar a alguien, el fiscal de la CPI debe demostrar que los presuntos delitos son crímenes atroces: genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El fiscal determina la gravedad teniendo en cuenta la escala, la naturaleza, la forma y el impacto de los supuestos crímenes.
Las investigaciones de la CPI pueden durar años, pero los fiscales tienen varias ventajas en este caso que podrían agilizar el proceso. En primer lugar, la CPI lleva investigando los presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde 2014, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda inició una investigación preliminar. En 2015, amplió el alcance para incluir cualquier presunto delito cometido a partir del 20 de febrero de 2014.
En 2020, dijo que había una base razonable para creer que se habían cometido tres tipos de crímenes: los cometidos en el contexto de las hostilidades, los cometidos durante las detenciones y los cometidos en Crimea. Ahora el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, está abriendo la investigación propuesta por su predecesor, y ampliándola para incluir la reciente invasión en Ucrania.
En segundo lugar, las nuevas tecnologías facilitan la recopilación de pruebas, como imágenes y grabaciones de los hechos, junto con testimonios de víctimas y testigos. La CPI recibirá las numerosas pruebas reunidas por organizaciones como la agencia de periodismo de investigación Bellingcat. También se dispondrá de las pruebas de los teléfonos móviles de los ciudadanos ucranianos.
¿Arrestar a Putin?
Una vez que se encuentren pruebas suficientes para establecer de manera razonable que se han cometido crímenes atroces, el fiscal puede solicitar a una sala de la CPI que emita una orden de detención contra la persona presuntamente responsable. Esto podría obligar a la persona a comparecer en el juicio, garantizar que no obstruya la investigación e impedir que siga cometiendo atrocidades.
Si la CPI emitiera una orden de detención contra Putin, este no podría viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.
Pero una orden de detención no es una garantía de condena. Y es difícil vincular directamente a un jefe de Estado en funciones con delitos cometidos por las fuerzas armadas sobre el terreno. En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, por cuatro cargos de crímenes contra la humanidad cometidos en 2010 y 2011. Ese mismo año fue trasladado a La Haya. Su juicio comenzó en 2016 y fue absuelto tres años después.
La CPI consideró que las pruebas presentadas en el caso de Gbagbo “no eran suficientes para apoyar una condena”. La fiscalía no demostró que Gbagbo tuviera una “política” para atacar a la población civil, ni un “plan común” para mantenerse en el poder cometiendo crímenes contra civiles. No demostró que los discursos de Gbagbo contribuyeran a los crímenes cometidos en la violencia postelectoral.
Precedentes
Además de Gbagbo, la CPI solo ha lanzado órdenes de detención contra otros dos jefes de Estado en ejercicio o recientemente destituidos, y ninguno de ellos ha sido juzgado. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en activo sobre el que recayó una orden de detención de la CPI. Desde 2009 se le busca por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur (Sudán).
En 2020, el consejo militar gobernante de Sudán acordó entregarlo a la CPI. Sin embargo, el Gobierno sudanés ha acordado ahora crear un tribunal especial sobre crímenes de guerra en Sudán, y el alcance de la investigación del tribunal incluiría a Bashir.
En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra el líder de Libia, Muamar Gadafi, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue asesinado antes de que pudiera ser juzgado.
Si se produjese un cambio de régimen en Rusia, Putin podría seguir siendo entregado a la CPI, o, como ocurrió con Bashir en Sudán, Rusia podría crear su propio tribunal para investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Este es un caso legal inusual porque ni Ucrania ni Rusia son signatarios de la CPI. Pero Ucrania ha hecho dos declaraciones a la CPI dando a la corte jurisdicción ad hoc para los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
En los Estados en los que la CPI ejerce su jurisdicción, lo hace sobre los crímenes independientemente de la nacionalidad de las personas que los hayan cometido, incluso si son ciudadanos de estados que no son parte de la CPI, por lo que pueden investigar a Putin.
Ucrania también está buscando otra vía para responsabilizar a Rusia del crimen de agresión a través de la Corte Internacional de Justicia, que ha programado audiencias públicas. Este tribunal de la ONU se ocupa de las disputas entre países, por lo que no daría lugar a ningún cargo penal contra Putin como individuo.
Dada la escalada de la situación en Ucrania, con muchas muertes de civiles y niños, los líderes de todo el mundo deben asegurarse de que la CPI tiene la financiación y la capacidad para llevar a cabo sus investigaciones. La postura generalizada de 141 Estados en la Asamblea General de la ONU contra la invasión de Ucrania es una clara señal para Putin de que podría incurrir en responsabilidad personal por esta invasión. La Corte Penal Internacional sólo ha dictado órdenes de detención contra tres jefes de Estado. ¿Podría ser Putin el siguiente?
Catherine Gegout, Fellow at the Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, 2021. Jean Monnet Research Fellow, EUI, Firenze, 2019-20. Pierre Keller Visiting Professor at the Harvard Kennedy School in 2019. Associate Professor in International Relations, University of Nottingham
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Cancelación de obras rusas, censura de medios, sanciones a “responsables de desinformación”,… ¿Y la libertad de expresión?
Cancelaciones de obras culturales, censura de medios, sanciones a «actores responsables de desinformación»,… La Cafetera reflexiona sobre las líneas rojas que se están traspasando en Europa en materia de libertad de expresión y el peligroso territorio por el que se desliza una sociedad cuándo abre las puertas a la caza de brujas. Subrayando que, así como Putin debe ser llevado ante la justicia internacional, también, paralelamente, no se deben olvidar las líneas en materia de derechos civiles que se están atravesando en Europa.
El director de orquesta ruso Valeri Guérguiev ha sido apartado de la escena cultural mundial. Varias orquestas y festivales han anulado sus compromisos y ha sido despedido de la Filarmónica de Munich, de La Scala de Milán y de la Filarmónica de París. También, el Metropolitan Opera de Nueva York ha cancelado las actuaciones de la soprano rusa Anna Netrebko, criticada por su supuesta complacencia con Vladimir Putin. No ha importado que Netrebko declararse en Instagram su oposición a esta guerra.
En España, la Filmoteca de Andalucía ha cancelado la proyección de Solaris, de Andréi Tarkovski. La institución se ha justificado diciendo que lo hace en el marco de las recomendaciones de la European Film Academy, y dicen en la Filmoteca que la delicada situación mundial les ha llevado a cancelar esta proyección. Y, el Festival de Cannes también ha anunciado que no aceptará delegaciones rusas en su próxima edición. Cannes ha dicho que une su voz a la de todos aquellos que se oponen a esta situación inaceptable. Y, de esta manera, han decidido que, a menos que se ponga fin a la guerra de agresión en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano, no se recibirán delegaciones oficiales procedentes de Rusia ni se aceptará la presencia de ningún organismo vinculado al gobierno ruso.
En Europa tanto Google, YouTube como Twitter han cancelado las emisiones de Russia Today y de la agencia rusa Sputnik en las redes sociales. El bloqueo y la cancelación de cuentas responde al reglamento especial que aprobó la Unión Europea el pasado 2 de marzo, supuestamente, para luchar contra la desinformacion y la propaganda ante la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, como se ha destacado en La Cafetera, el bloqueo de Russia Today y Sputnik sienta un grave precedente y de dudosa legalidad contra la libertad de expresión. Pero, las líneas rojas que se han atravesado no se quedan allí.
Este martes Josep Borrell anunció que la UE aprobará un nuevo marco para sancionar a «responsables de la desinformación», un concepto tan amplio como subjetivo, ahora periodistas y opinadores estarán también bajo la mira telescópica de la arbitrariedad.
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La prensa global subraya que Juan Carlos “visitará periódicamente” España
La carta en la que el ex monarca español ha anunciado que no trasladará su residencia de forma inmediata de Abu Dhabi a España, pero que planea «visitas frecuentes» es destacada en numerosos medios internacionales que ya se habían hecho eco de que el archivo de las investigaciones por fraude contra Juan Carlos «abrían la vía a su regreso«. Se pone de relieve que ha sido la Casa Real de Felipe VI quien ha divulgado el comunicado de Juan Carlos I en el que asegura «preferir seguir residiendo» por ahora en los Emiratos Árabes, donde se exilió en 2020 por los escándalos financieros. Se apunta asimismo que Juan Carlos ha «lamentado sinceramente» el impacto en la opinión pública de «eventos pasado de su vida privada» y algún medio también subraya que el presidente del gobierno ha defendido que el Rey Emérito «debe una explicación a los españoles».
King Felipe VI is accepting his father’s desire to return to Spain for periodic visits, although Juan Carlos I will remain based in the United Arab Emirates where he moved in 2020 following investigations into his financial dealings. https://t.co/vNUfJJAzKh
— AP Europe (@AP_Europe) March 7, 2022
ABC News resalta que el emérito visitará España «periódicamente», pero vivirá fuera. La TV estadounidense detalla cómo el Rey Felipe VI ha «aceptado el deseo de su padre de volver a España para visitas periódicas, aunque Juan Carlos seguirá residiendo en los Emiratos Árabes. Se hace eco de la carta enviada por el ex monarca en la que expresa su «deseo de visitar a familiares y amigos» en España tras el archivo de las investigaciones en su contra por el fiscal del Tribunal Supremo. Enfatiza que Juan Carlos ha señalado que prefiere seguir viviendo en Abu Dhabi «por razones de ámbito privado» y que ha admitido «la importancia para la opinión pública de eventos pasados de su vida privada» añadiendo que «lo siente sinceramente».
Le Figaro apunta que el ex rey Juan Carlos «prefiere quedarse en Abu Dhabi». El rotativo francés explica que el Emérito ha comunicado su voluntad de seguir en los Emiratos Árabes a pesar del reciente cierre de las investigaciones fiscales que le concernían y que le habían obligado a exiliarse. Recoge la carta de Juan Carlos, difundida por la Casa Real española, en la que anuncia que tras el archivo de las causas en su contra ha empezado a pensar en regresar a España, «pero no de forma inmediata» y aunque resalta que anuncia «visitas frecuentes». Recuerda que el ex monarca español ha admitido que tuvo que exiliarse en agosto de 2020 por las sospechas de malversación y para «facilitar el ejercicio de las funciones» de Felipe VI.
Reuters subraya que el ex monarca español seguirá en los Emiratos tras archivarse las investigaciones por fraude. La agencia británica se hace eco del anuncio de la Casa Real española de que Juan Carlos I seguirá de momento residiendo en Abu Dhabi pero visitará España frecuentemente. Explica que este comunicado se conoce después de que la fiscalía cerrará la semana anterior dos investigaciones sobre presunto fraude del Emérito en sus acuerdos de negocio que provocaron su exilio en 2020. Añade que también estaba siendo investigado por blanqueo por la autoridades suizas, pero todas estas causas han sido archivadas en los últimos meses al no encontrase «suficientes evidencias» de actividad criminal. Añade que esto había desatado las especulaciones sobre un regreso a España, que Juan Carlos asegura haber descartado, al menos en lo «inmediato».
L´Independant recoge que Juan Carlos no volverá a vivir en España y la petición de explicaciones de Sánchez. El periódico francés destaca que tras el archivo de las investigaciones en su contra que habían abierto la vía a su posible regreso a España, Juan Carlos ha escrito una carta anunciando que quiere seguir residiendo de manera permanente en Abu Dhabi u volver a España de visita. Y enfatiza que esta decisión «no ha sido del gusto» de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que ha insistido que el rey emérito «sigue debiéndoles una explicación a los españoles».
La carta de Juan Carlos y el anuncio de que seguirá manteniendo su residencia en Abu Dhabi aunque visitará España «frecuentemente» también son destacados en medios como NBC, Ouest France, Houston Chronicle, RND, Ansa, International Business Times, TV5 o Vanity Fair, entre otros.
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La crisis climática acerca a la selva del Amazonas al punto de no retorno de convertirse en sabana
El 75% del bosque o selva amazónica muestra un incremento en su deterioro desde el año 2000 “compatible con la aproximación a una transición crítica” en la que “la deforestación y el cambio climático pueden haber empujado a la Amazonía hacia un umbral de extinción del bosque”. Así de contundente son las conclusiones de una investigación de la Universidad de Exeter publicada en Nature. Esto incrementa el temor de que el Amazonas se pueda estar acercando al punto de no retorno que terminaría convirtiendo el bosque tropical en una sabana.
The #Amazon rainforest is approaching a tipping point and it’s happening faster than expected, according to research published in @Nature.
What happens when the world’s largest rainforest loses its ability to recover? pic.twitter.com/MtQk5Eyif6
— Pattrn (@pattrn) March 8, 2022
El estudio de la Universidad de Exeter, del que se hace ElDiario.es, se ha basado en observaciones reales por satélite y ha concluído que tres cuartas partes de la selva amazónica han perdido resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Añaden qu este ecosistema padece “temporadas secas más largas y mayor frecuencia de las sequías” además de la acción humana directa.
Alertan de que este tipo de deterioro es el camino para convertirse en sabana. Es decir, pasar de un ecosistema de bosque tropical a otro con árboles más pequeños, más arbustos y una densidad mucho menor. Su dosel arbóreo, en contraste con el de una selva, presenta poca cobertura.
Aunque la imagen más habitual de sabana se relaciona con África, este biotopo también se da en Brasil. La zona de El Cerrado, al sur del bosque tropical, es la sabana más grande del mundo. Y está acelerando su deforestación a base de incendios para convertirse en fincas de cultivo industrial de soja.
Los investigadores tambén han aportado «evidencias del riesgo de extinción del bosque que tendría unas profundas implicaciones en la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y el cambio climático a escala global”. En concreto señalan que la capacidad de la Amazonía, en su estado de bosque, de ser una especie de esponja de CO2 y absorber emisiones de gases de efecto invernadero, podría revertirse.
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Aumentar la inversión en cuidados podría crear casi 300 millones de empleos, según la OIT
Si se aumenta la inversión en cuidados se podrían crear cerca de 300 millones de empleos, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. La organización advierte de cómo «las persistentes y significativas brechas en los servicios y medidas de cuidado han dejado a cientos de millones de trabajadores con responsabilidades familiares sin la protección y el apoyo adecuados». Y «satisfacer estas necesidades podría crear casi 300 millones de empleos para 2035″- aseguran.
La organización insiste en que «resolver las importantes existentes en los servicios de cuidados» podría generar casi 300 millones de empleos y crear «una continuidad de cuidados que ayudaría a aliviar la pobreza, fomentar la igualdad de género y contribuir al cuidado de niños y ancianos».
El estudio concluye que tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad, y subraya que más de 1.200 millones de hombres en edad reproductiva viven en países que no tienen derecho al permiso de paternidad, «aunque éste ayudaría a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de madres y padres».
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«El feminismo no es la antítesis de la extrema derecha, es su antídoto»
La vicepresidenta de la Comisión de Igualdad en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, reflexionó en La Cafetera de Radiocable.com sobre los retos del feminismo y el papel que puede jugar frente a la extrema derecha.
Según Rodríguez Palop, «el feminismo no es la antítesis de la extrema derecha, sino su antídoto«. Porque «ofrece un imaginario de lo común distinto frente al mismo diagnóstico (la vulnerabilidad, el miedo, y la soledad)».
Para enfrentar ese «pulso» contra la extrema derecha instó a «salir del victimismo, de la zona de confort, de la cierta superioridad moral e intelectual en la que a veces nos hemos instalado» y, «ofrecer un futuro mucho más deseable, y menos distópico«. Construyendo una «agenda propia» de «cuidados y ecosocial».
Para María Eugenia Rodríguez Palop «el feminismo tiene que bascular alrededor de la agenda de los cuidados, que hoy son más necesarios que nunca».
Además, recordó que las mujeres en un contexto de guerra como el que viven las ucranianas, «sufren esencialmente la retórica belicista y la lógica de la guerra, porque son el objeto de la violencia -también en tiempos de paz, pero de forma más furibunda en tiempos de guerra-«. «La violación se consideró crimen de guerra con la guerra de los Balcanes»- apuntó. Además, «a mayor gasto militar, menor gasto social y por tanto más desigualdades». Y, añadió, si las mujeres son «de los colectivos más vulnerables, sufriremos más esa desigualdad».
Pilar del Río, periodista y presidenta de la Fundación José Saramago, también conversó en La Cafetera sobre el papel de las mujeres «frente a todas las agendas estratégicas que nos ofrecen»: «Nosotras tenemos que apostar por la paz». «Hemos sostenido la vida, la hemos dado, la hemos amamantado, la hemos cuidado, y también somos las constructoras del futuro«- dijo.
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“En España, abortar sigue siendo un derecho con barreras” apuntan medios internacionales
Coincidiendo con el 8M, medios como France 24, International Business Times o RFI ponen de relieve que aunque está despenalizado desde 1985, en España sigue habiendo numerosos obstáculos para las mujeres que deciden abortar. Explica que la objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en el sector público, es una de las principales causas y eso hace que el 84% de los abortos que se practican en España sean en centros privados y que incluso haya provincias del país en las que nunca se han llevado a cabo.
#Europe / #France #France24 «En Espagne, avorter reste un droit semé d’embûches» https://t.co/a5XmnhkdJY
— ☞ ＭＥＧＡＢＯＸ ☜ (@Megabox_2424) March 7, 2022
France 24 apunta que en España, abortar sigue siendo un derecho plagado de obstáculos. La TV francesa enfatiza que entre objeciones de conciencia masivas por parte de médico, movimientos anti-aborto muy activos y autorizaciones parentales para menores, facilitar la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un combate que el gobierno «de izquierdas y feminista» sigue librando y espera ganar. Resalta que en España el 84,5% de los abortos se realizan en el sector privado, porque la mayoría de los médicos de la Sanidad Pública se niegan a practicarlos y eso obligar a muchas mujeres a tener que recorrer centenares de kilómetros para ejercer este derecho.
International Business Times enfatiza que en España, aunque el aborto es legal, sigue habiendo barreras. El diario anglosajón detalla el caso concreto de una mujer médico del Hospital Clínico San Carlos que a pesar de necesitar un aborto terapéutico por motivos de salud no consiguió que ninguno de sus colegas ginecólogos se lo practicaran aduciendo objeción de conciencia y la derivaron a un centro privado. Resalta que esta historia ilustra cómo las mujeres en España siguen teniéndose que enfrentar a barreras cuando intentan interrumpir voluntariamente su embarazo, algo que es legal desde 1985.
RFI subraya que el gobierno español prepara una ley para garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos. La radio gala recoge que según las asociaciones médicas, la mayoría de los ginecólogos del sector público son objetores de conciencia y no practican abortos, por lo que el 84,5% de los que se realizaron en España en 2020 fueron en centros privados. Menciona que el gobierno español ha revelado que esto ha hecho que en 8 de las 50 provincias, no se haya llevado a cabo ningún aborto desde que se despenalizó en 1985. Y enfatiza que se está preparando una ley que garantice el acceso al aborto en los hospitales públicos españoles.
MSN señala la objeción de conciencia médica como una de las grandes barreras para el derecho al aborto en España. El digital estadounidense explica que a pesar de que el aborto se despenalizó en 1985 en España, las mujeres siguen sufriendo obstáculos para interrumpir voluntariamente sus embarazos siendo la objeción de conciencia médica una de las causas. Resalta que el gobierno de Pedro Sánchez está intentando cambiar esta situación, pero no hay datos estadísticos de la cantidad de médicos españoles que se niegan a practicar abortos. Aunque menciona que según asociaciones de doctores, la mayoría de los ginecólogos que trabajan en la Sanidad Pública se ha acogido a esta figura que acuñaron los pacifistas para rechazar el servicio militar.
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Sobremesa: Claves para enfrentar el clima apocalíptico
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