Aún colea la polémica por los altos cargos del Ejército y los múltiples responsables políticos españoles que se han saltado los protocolos y las «colas» para vacunarse contra el coronavirus. Pero las irregularidades y «trampas» no están siendo exclusivas de España y otros muchos países de todo el planeta también las están viviendo. En algunos casos, el escándalo ha sido porque los beneficiarios no estaban entre los grupos de riesgo o prioritarios o por beneficiar a familiares o ex políticos. Pero también ha suscitado indignación la falta de transparencia o la opacidad de algunas decisiones y el hecho de priorizar a numerosos cargos públicos.

En Polonia el escándalo se produjo al inicio de la campaña de vacunación, pero se ha conocido recientemente: 18 personalidades, muchas de ellas del mundo de la cultura, recibieron la primera dosis a pesar de que las directrices del gobierno aseguraban que estaban reservadas para el personal médico. Entre ellos estaban actrices, actores y también un eurodiputado que aseguraron, en su defensa, que formaban parte de una campaña, organizada por la Universidad de Medicina de Varsovia para convertirse en embajadores de la vacuna. Pero esto no ha evitado la polémica, al existir mucha opacidad sobre esa supuesta campaña y no haberse publicado oficialmente la lista de participante. También ha suscitado escándalo, un diputado del partido en el poder que fue vacunado fuera del protocolo y que ha sido suspendido tras hacerse público.

En Italia, de forma similar a lo sucedido en España, ha habido políticos y funcionarios que se han «colado» para ser vacunados a pesar de no pertenecer a los grupos prioritarios. En la provincia siciliana de Ragusa, hasta cuatro exalcaldes recibieron la primera dosis provocando una polémica y una investigación oficial. Otros alcaldes, funcionarios e incluso sacerdotes también han sido señalados por recibir la inyección saltándose los protocolos. Varios lo han justificado asegurado que las dosis que les administraron eran «sobrantes» o que se vacunaron «para dar ejemplo».

En EEUU está habiendo controversia por el tratamiento preferencial que han recibido los políticos en la campaña de vacunación. Además de las principales autoridades del país, se han vacunado antes que el personal sanitario en primera línea, medio millar de congresistas y decenas de gobernadores. Y particularmente polémica ha sido la vacunación de varios republicanos que habían minimizado sistemáticamente la gravedad del virus y negándose a utilizar la mascarilla.

En Ecuador, el ministro de Salud decidió que no hubiera prioridad de las residencias públicas en la vacunación y una de las primeras que recibió dosis fue en la que están su madre y más familiares suyos. La polémica y la indignación se centra en Juan Carlos Zevallos, epidemiólogo y máximo responsable de la política sanitaria del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno por la gestión del plan de vacunación que empezó el pasado 21 de enero. Zevallos anunció que las 8.000 primeras dosis que recibió el país se administraría a personal médico y a ancianos en centro geriátricos. Pero el escándalo ha estallado tras conocerse que uno de las primeras residencias en administrar la vacuna fue un exclusivo centro privado de Quito en el que están ingresados varios familiares del ministro, incluida, según el diario El Comercio, la propia madre de Zevallos. Él ha defendido su decisión de no priorizar a los centros públicos en la vacunación asegurando que «todos tienen derecho» a recibirla, pero su gestión del plan ha generado un enorme malestar y peticiones de cese.

En Reino Unido, el diputado conservador Brendan Clarke-Smith recibió la vacunado sin pertenecer a grupos prioritarios. El lo justificó asegurando que quería dar ejemplo de que la vacuna era segura y la dosis que le fue suministrada sobraba al final del día y se la pusieron después de colaborar durante media jornada como voluntario en un hospital de su distrito electoral en Nottinghamshire y ante la perspectiva de desecharla. Por estas circunstancias, el gobierno ha respaldado a Clarke-Smith y ha apoyado que los médicos tomen decisiones para «maximizar el número de personas vacunadas» y eviten que algunas dosis se desperdicien.

En Canadá, también ha habido vacunaciones fuera de protocolo polémicas. Una de las más sonadas la han protagonizado un millonario de Vancouver y su mujer que se desplazaron al pueblo de Beaver Creek, en el Yukon, donde las autoridades decidieron vacunar a toda la población por vivir a una gran distancia de cualquier hospital. La pareja se presentó allí y se hizo pasar por empleados del motel del pueblo para recibir la primera dosis. Y una vez vacunados abandonaron rápidamente la localidad provocando sospechas y que se conociera el caso, que está ahora siendo investigado por las autoridades. Además está causando cierta polémica la actitud de algunos ciudadanos canadienses que están viajando a Florida para beneficiarse allí de la masiva campaña de vacunación.

En Portugal, la decisión de vacunar de forma prioritaria a los políticos también está generando polémica. El  plan incluye al presidente de la República, al primer ministro, a miembros destacados de su Gabinete pero también a diputados del Parlamento y representantes de las cámaras municipales. Y aunque desde el gobierno se justifica como algo «normal» teniendo en cuenta «el grado de responsabilidad» de los altos cargos, en un momento en el que además Portugal va a asumir la presidencia de la UE, ha despertado las críticas del sector sanitario y de partidos políticos. Algunos incluso han renunciado a la vacuna al considerar que da un «pésimo ejemplo» al no estar aún vacunados grupos de riesgo y otros califican el plan de «exagerado».

En el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparency International, España mantiene la misma puntuación que en 2019, 62 puntos, pero baja dos puestos y se sitúa en el 32º de los 180 países analizados. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan el ranking con 88 puntos y son considerados los menos corruptos, mientras que mientras Somalia, Sudán del Sur y Siria cierran la lista.

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2020 https://t.co/kDFcFmHEXT

— Transparency Int’l (@anticorruption) January 28, 2021

En 2019. España subió de 58 a 62 puntos en el índice de Transparency Internacional y con ello ello mejoró su posición global hasta la 30ª plaza. Pero en 2020, pese a mantener la puntuación ha caído hasta el puesto 32, justo por detrás de Bahamas y Qatar que obtuvieron 63 puntos, y justo por encima de Portugal y Corea del Sur, sumaron 61 puntos.

La posición de España queda muy lejos de la de los líderes, Dinamarca y Nueva Zelanda, pero también de otros países europeos como Alemania (9ª posición),  Bélgica (15ª), Irlanda (20ª) o Francia (23ª) y evidencia que la corrupción sigue siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía española, según la organización.

En este sentido recuerda que en 2012, España obtuvo 65 puntos, pero desde entonces ha ido cayendo en el ranking, aunque en 2019 empezó a recuperarse. Aunque según la metodología de TI solo existe una mejoría real de la posición cuando un país continúa subiendo su puntuación en años sucesivos de tal forma que para poder confirmarla por lo menos habría de mantenerla durante el año próximo.

Pese a ello, España se encuentra en la parte alta de la tabla, ya que 2/3 de los países tienen puntuaciones inferiores a 50 y la nota media es de 43 sobre 100. Y en este sentido los peores parados son Somalia y Sudán del Sur  que cierran el ranking. Siria, por su parte ocupa el puesto justo anterior (178), y Yemen y Venezuela comparten la 176ª posición.