Se ha visto en las películas distópicas y ahora lo ha señalado también un relator de la ONU sobre derechos humanos: desde la vigilancia 24/7 hasta la imputación de un delito no cometido, el rostro digitalizado en malas manos se puede volver en contra de nuestra persona física. Y advierte que si  no se regula, el uso del reconocimiento facial por parte de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia puede erosionar derechos fundamentales.


Imagina que caminas por una manifestación pacífica. No llevas cartel, no gritas consignas. Solo estás allí, ejerciendo tu derecho a expresar una opinión. Pero una cámara con reconocimiento facial te identifica, etiqueta tu rostro y lo guarda en una base de datos policial. Sin que lo sepas. Sin que hayas dado tu consentimiento. O aún peor, que no seas tú, pero te identifiquen a ti.

Esto no es una distopía de ciencia ficción. Ya está ocurriendo en numerosos países. Y un experto en derechos humanos ha lanzado recientemente una advertencia contundente: si no se regula con urgencia, el uso del reconocimiento facial por parte de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia puede erosionar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación.

Ben Saul, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, presenta un nuevo documento de posición que examina cómo esta tecnología, capaz de identificar o verificar a una persona a partir de una imagen de su rostro, se está desplegando en contextos policiales y de seguridad nacional «sin marcos legales claros que garanticen su compatibilidad con los derechos humanos».

Tres usos, un denominador común: la falta de control

El informe distingue tres modalidades principales de reconocimiento facial: verificación con consentimiento: cuando tú autorizas el uso de tu rostro para desbloquear un dispositivo o pasar un control fronterizo; vigilancia en tiempo real: cámaras en espacios públicos que comparan rostros con bases de datos policiales al instante, sin aviso previo y por úlitmo, análisis retrospectivo: cuando las autoridades revisan grabaciones de protestas, redes sociales o circuitos cerrados para identificar personas después de un incidente

El denominador común, señala Saul, es la ausencia de regulación específica. «En la mayoría de los países, no existe una ley parlamentaria que autorice explícitamente el uso de reconocimiento facial, establezca sus límites o prevea mecanismos de supervisión independiente», explica el experto. «La tecnología no es neutral. Cuando se usa sin supervisión, puede convertir espacios públicos en zonas de vigilancia permanente” asegura Ben Saul en el documento.

Cuando el algoritmo se equivoca, los que pagan son humanos

Uno de los riesgos más documentados es el sesgo algorítmico. Estudios independientes han demostrado que muchos sistemas de reconocimiento facial cometen más errores al identificar a mujeres, personas de piel oscura y jóvenes. Un falso positivo no es solo un fallo técnico: puede traducirse en una detención injusta, una investigación infundada o la inclusión errónea en una lista de vigilancia.

Además, la fiabilidad de estos sistemas disminuye en condiciones del mundo real: mala iluminación, ángulos complicados, movimientos rápidos o el uso de mascarillas. Y aunque algunas empresas prometen tecnología capaz de «reconocer emociones» a partir de expresiones faciales, el informe recuerda que no existe consenso científico que respalde tales afirmaciones. Inferir orientación política, creencias religiosas o estado emocional a partir de un rostro no solo es cuestionable: es peligroso.

Protestar no debería ser un delito

Uno de los capítulos más sensibles del documento aborda el uso del reconocimiento facial en contextos de protesta social. Cuando las cámaras identifican automáticamente a participantes en manifestaciones pacíficas, se genera un «efecto enfriamiento»: las personas pueden dejar de ejercer sus derechos por miedo a ser vigiladas, etiquetadas o represaliadas.

«El derecho a reunirse pacíficamente es un pilar de toda democracia», subraya el informe. «Cualquier tecnología que disuada su ejercicio debe someterse a un escrutinio riguroso y, en muchos casos, prohibirse». Por eso, el relator especial recomienda prohibir expresamente el uso de reconocimiento facial para identificar a participantes en protestas legítimas, salvo en casos excepcionales de violencia grave y siempre con autorización judicial previa.

Cinco límites al reconocimiento facial

El documento no busca frenar la innovación, sino orientarla con criterios de derechos humanos. Estas son sus recomendaciones clave: Base legal clara: cada uso de reconocimiento facial debe estar autorizado por una ley parlamentaria que defina fines, límites y mecanismos de control. Prohibiciones absolutas: vetar la vigilancia facial masiva e indiscriminada en espacios públicos; la identificación de manifestantes pacíficos; y los sistemas que pretendan inferir emociones, creencias u orientación política.

Y los otros tres límites son: Autorización judicial: exigir validación de un juez antes de desplegar reconocimiento facial en tiempo real, salvo urgencia justificada con revisión posterior en 24 horas. Transparencia y recurso: publicar políticas de uso, tasas de error y resultados de auditorías; garantizar que cualquier persona pueda impugnar una identificación errónea. Control de exportaciones: someter la venta internacional de esta tecnología a evaluaciones de riesgo de derechos humanos y prohibir transferencias a regímenes con historiales de abuso.

El informe alerta también sobre un fenómeno menos visible pero igualmente preocupante: la transferencia de tecnología de reconocimiento facial desde países con marcos regulatorios sólidos hacia Estados con historiales deficientes en derechos humanos. Sin controles adecuados, una herramienta diseñada para la seguridad puede convertirse fácilmente en un instrumento de represión.

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Trump vuelve a situar a España en el centro del debate sobre la OTAN con una nueva amenaza: «se van a arrepentir». ¿Pero cómo funcionan realmente las relaciones entre aliados? ¿Qué podría hacer el presidente de EEUU contra España? En este episodio de La Cafetera analizamos la presión internacional, el gasto militar, el nuevo equilibrio de poder, el papel de Europa y las consecuencias políticas de una tensión que va mucho más allá de una simple declaración.

Además repasamos noticias como la polémica por la investidura del presidente andaluz Juanma Moreno que ha dado entrada a Vox en su gobierno, de las rotundas críticas a las políticas migratorias occidentales del Papa en Lampedusa y de las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+ durante la celebración del Orgullo. También elegimos, con los oyentes, la portada más teatral y cizañera de la prensa española y en la Sobremesa Cafetera, Fernando enseña su nuevo juguete: una flauta.IMG_2153

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Una encuesta revela que más del 30% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia física, amenazas o violencia sexual desde los 15 años. Y dos datos son especialmente preocupantes de esta encuesta: que este porcentaje es similar al que ya existía hace diez años y que en países como Finlandia, Suecia o Dinamarca el número de mujeres que asegura haber sufrido violencia están en torno o superando el 50%. Esto refleja un patrón y en el caso de los países nórdicos, que están entre los más desarrollados e igualitarios del mundo, una paradoja. En The Conversation analizan el problema global de la violencia contra las mujeres, señalando que es más acusado entre las más jóvenes y que el caso nórdico evidencia que no se eliminará automáticamente a medida que las sociedades se vuelvan más ricas o más igualitarias.

violencia genero mujer

Enrique Gracia, Universitat de València

Casi una de cada tres mujeres de la Unión Europea ha sufrido violencia física, amenazas o violencia sexual desde los 15 años. Es decir, aproximadamente 50 millones de mujeres. Estas son las conclusiones de la última encuesta de la UE sobre violencia de género, basada en entrevistas a más de 114 000 mujeres.

Lo que hace que esta cifra sea alarmante no es solo su magnitud, sino su persistencia. Diez años antes, la primera encuesta a escala de la UE reveló el mismo patrón. Tal y como señaló el director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE: “Una década después, seguimos siendo testigos de los mismos niveles impactantes de violencia”.

En un artículo reciente, publicado en Nature Communications, analicé si la Meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas –que tiene como objetivo eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas para 2030– es realista.

La incómoda respuesta es no, ni para 2030 ni al ritmo actual.

Un problema que se agrava

Las estadísticas de la UE coinciden de forma llamativa con lo que observamos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública de “proporciones pandémicas”. Sus últimas estimaciones, publicadas en 2025, sugieren que el 30,4 % de las mujeres de todo el mundo –aproximadamente 840 millones de mujeres — han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Estas cifras se han mantenido prácticamente sin cambios durante más de dos décadas. La OMS califica las reducciones recientes de mínimas, demasiado lentas y muy insuficientes. Es posible que incluso esto subestime la magnitud real, ya que muchas mujeres no revelan la violencia que sufren en las encuestas, y algunas formas de maltrato (violencia psicológica, control coercitivo, maltrato económico, acoso en línea) apenas se reflejan en las estadísticas generales.

La paradoja nórdica

Quizás el hallazgo más sorprendente sea dónde se registran los niveles más altos de violencia. En la encuesta de la UE de 2024, la prevalencia fue del 57 % en Finlandia, del 52 % en Suecia y del 47 % en Dinamarca, todas ellas muy por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 30,7 %. Estos países se encuentran entre los más desarrollados del mundo y ocupan sistemáticamente los primeros puestos en las clasificaciones mundiales de igualdad de género.

Este patrón, a menudo denominado “paradoja nórdica”, pone en tela de juicio una suposición común: que el desarrollo económico y la igualdad de género, por sí solos, conducirán a una reducción de la violencia. Estos avances son esenciales, pero está claro que no bastan por sí solos para prevenir la violencia.

Si las sociedades más avanzadas e igualitarias del mundo no logran reducir la violencia contra las mujeres, ¿qué perspectivas hay en el resto del mundo?

Las mujeres jóvenes son más vulnerables

En la UE, las mujeres de entre 18 y 29 años ya denuncian niveles de violencia superiores a la media general. Esta tendencia ya era visible hace una década y no ha mejorado. Las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno con más debate público sobre la igualdad de género y más campañas de sensibilización que ninguna otra generación anterior.

Si las medidas de prevención actuales funcionaran, cabría esperar ver reducciones claras. Los datos no lo reflejan.

Al mismo tiempo, la propia violencia está cambiando. La tecnología digital ha abierto nuevas vías para el acoso, el control y la humillación: el acoso en línea, las amenazas en las redes sociales, la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas y los deepfakes sexuales generados por IA. Aunque estas herramientas no causan violencia física directa, facilitan la comisión de los abusos, dificultan escapar de ellos y aceleran su difusión.

El conocimiento existe, pero las respuestas se quedan cortas

La realidad de la violencia contra las mujeres es profundamente preocupante. Pero ser realista no significa resignarse. Al contrario, la magnitud persistente del problema exige una respuesta mucho más ambiciosa.

Los datos no indican que el objetivo de eliminar toda la violencia contra las mujeres y las niñas para 2030 –la meta 5.2 de la ONU– haya fracasado, ni que sea imposible. Lo que revelan es la enorme brecha que existe entre la ambición del objetivo y la magnitud, la intensidad y la coherencia de los esfuerzos actuales para alcanzarlo.

Y ya disponemos de herramientas para hacerle frente. Las investigaciones realizadas durante la última década han identificado estrategias de prevención con efectos demostrados en la reducción de la violencia. El marco “RESPECT Women” de la OMS, que se ha actualizado recientemente a partir de revisiones sistemáticas a nivel mundial, organiza esta evidencia en siete estrategias interconectadas. Estas abarcan desde el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las normas de género nocivas hasta el refuerzo de los servicios para las supervivientes y la reducción de la pobreza.

El marco evalúa la evidencia por separado para los países de ingresos altos y para los de ingresos bajos y medios. Esta característica estructural es reveladora en sí misma, ya que pone de manifiesto la desigualdad con la que se ha desarrollado la investigación sobre prevención en los distintos contextos.

Pero ninguna estrategia por sí sola es suficiente. Una prevención eficaz implica combinar enfoques a nivel individual, comunitario y social. Y el criterio de referencia definitivo, tal y como subraya el propio RESPECT, es si estos esfuerzos conducen a reducciones cuantificables en la prevalencia de la violencia a nivel poblacional. Según ese criterio, los esfuerzos actuales se quedan claramente cortos.

El problema es que las herramientas de eficacia probada no se están aplicando a la escala ni durante el tiempo necesarios. Se lanzan campañas, pero no se mantienen. Se aprueban leyes, pero no se financian ni se hacen cumplir adecuadamente. El principal obstáculo no es la falta de conocimientos. Es una brecha persistente entre los compromisos y la acción, y entre los recursos disponibles, la voluntad política y la rendición de cuentas necesaria para garantizar su uso.

Una crisis de proporciones pandémicas

Puede que el plazo de 2030 ya esté fuera de nuestro alcance, pero no debe abandonarse el objetivo en sí. Un problema que afecta a millones de mujeres no puede tratarse como una cuestión política secundaria.

Cuando el mundo se enfrenta a otras emergencias sanitarias graves, moviliza la ciencia, la financiación y la cooperación internacional. La violencia contra las mujeres requiere una ambición comparable: inversión a largo plazo, pruebas más sólidas y rendición de cuentas pública.

Lo que muestra la paradoja nórdica es que la violencia contra las mujeres no se eliminará automáticamente a medida que las sociedades se vuelvan más ricas o más igualitarias. Se necesitarán medidas deliberadas, sostenidas y cuantificables, respaldadas por la voluntad política y la rendición de cuentas necesarias para estar a la altura de la magnitud de la crisis. La promesa de eliminar la violencia contra las mujeres debe pasar de ser una aspiración a convertirse en realidad.The Conversation

Enrique Gracia, Full Professor of Social Psychology, Universitat de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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A la pregunta de si el grafiti es ¿vandalismo o una voz democrática?, el artista urbano Sue 975 lo tiene claro: «Más grafiti es más democracia”. Visita el estudio de La Cafetera para hablar de su libro el «Tratado del ilustre arte del grafiti», que es un recorrido por la historia de esta variante del lenguaje visual urbano que ha ido del tag al mural y de la calle a un movimiento cultural que redefine el espacio público. Con él hablamos de técnicas de grafiti y de su significado social en la ciudad contemporánea, entre creatividad, rebeldía y comunicación directa.

Sue 975 empieza comentando la compleja relación entre los artistas de grafiti, las autoridades y la percepción pública y desvela que en la actualidad incluso existen brigadas «anti-grafiti» que, utilizando métodos de documentación y análisis de grafólogos, buscan identificar y sancionar a los infractores. Pero critica la falta de objetividad en la tasación de daños, señalando que las compañías a menudo inflan las cifras para justificar penas desproporcionadas, que pueden arruinar la vida de jóvenes artistas.

 «El grafiti es un arte democrático. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene acceso a él. No todo el mundo tiene acceso a las galerías de arte, no todo el mundo tiene acceso a a las academias de arte o a las escuelas de bellas artes de diseño, tal, tal, tal. Pero al grafiti, sí.», explica el artista. Y defiende que el graffiti, lejos de ser un delito es un indicativo de la salud democrática de una sociedad: a menor grafiti, mayor seguridad y, paradójicamente, menores libertades.

Sue también revela que en el «Tratado del Ilustre arte del grafiti» propone una visión del grafiti como una forma de arte accesible, donde la inversión económica no es un impedimento y todos tienen derecho a expresarse. Además, resalta que al estar estructurado en máximas, no requiere una lectura lineal e invita a comprender el pensamiento de los escritores de grafiti, abarcando desde el «bombardeo» y los trenes hasta la crucial importancia de la fotografía para preservar un arte inherentemente efímero.

El autor busca fomentar un «grafiti ético», instando a los artistas a reflexionar sobre el impacto de sus intervenciones, especialmente en pequeños comercios, y a considerar alternativas menos perjudiciales. Pero enfatiza: «Yo recomiendo que la gente se manifieste en los muros. Que todos cojan spray o tiza y pongan sus reivindicaciones en los muros, que los muros se ven y que tienen impacto y hacen llegar el mensaje. Si escribes en el muro alcalde o comisario HP, te garantizo que en tres días  lo han borrado. Entonces yo animo a que la gente reivindique no solo en las manifestaciones, sino en los muros, porque funciona, de verdad.

 

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Las críticas y dudas sembradas por Alberto Núñez Feijóo sobre «manipulación del censo» por la concesión de la nacionalidad a descendientes de republicanos exiliados en la ley de 2022 y la petición de Vox de prohibir el voto desde el exterior han tensado el debate político en España y han llamado la atención de la agencia británica. Recoge los detalles de las denuncias de PP y Vox aunque subrayan que no han presentado ninguna evidencia que las respalde y detalla también los datos de las nacionalidades concedidas y el porcentaje de votos de españoles que llega desde el extranjero.


Reuters resalta que la norma de reparación española que concede el derecho a la nacionalidad a los descendientes de republicanos que tuvieron que exiliarse durante el franquismo ha desatado un acalorado debate político con figuras de la oposición conservadora acusando al gobierno de intentar manipular las elecciones generales de 2027 incluyendo a nuevos votantes. Explica que desde que la llamada Ley de Nietos -en realidad un artículo de la Ley de Memoria Democrática- fuera aprobada en 2022 se ha concedido la nacionalidad española a 544.722 personas, de las cuales 306.000 han sido incluidas en el censo electoral y hay unas 650.000 solicitudes pendientes de ser procesadas. Pero enfatiza que varios políticos de derechas han acusado en este final de junio a los socialistas «aunque sin presentar ninguna prueba» de estar interfiriendo en las solicitudes provenientes de países «donde es menos probable que les voten y en cambio estar registrando nuevos votantes de zonas menos favorecidas para «asegurarse nuevos escaños». Y subraya que el partido de ultraderecha, Vox, incluso ha pedido que se prohíba el voto desde el exterior

El artículo apunta que esta retórica recuerda las denuncias de Donald Trump en EEUU o Jair Bolsonaro en Brasil de fraude electoral antes de importantes votaciones. Detalla que las encuestas españolas indican que en caso de elecciones, los conservadores del PP ganarían, pero necesitarían el apoyo de Vox para gobernar, y que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de intentar «fabricarse votantes, dado que los números no le salen». Destaca que el gobierno español ha rechazado estas afirmaciones calificándolas de «profundamente irresponsable» y recordando que no tiene influencia sobre el lugar en el que se registran nuevos votantes y también ha denunciado que la extrema derecha afirma falsamente que la regularización de migrantes persigue alterar el equilibrio electoral, a pesar de que solo otorga un permiso de residencia, no la ciudadanía o el derecho a voto. Añade asimismo que en las elecciones de 2023, solo el 9% de los 2,3 millones de españoles votaron y que en las autonómicas de este año, el voto exterior se ha inclinado hacia el PSOE, aunque eso no influyó en la severas derrotas sufridas.

Reuters es una agencia de noticias internacional con sede en Londres y fundada en 1851. Está considerada una de las más prestigiosas del mundo y suministra información tanto a medios de comunicación como a mercados financieros (valores, análisis de productos, etc). Antes independiente (sus estatutos prohibían que alguien poseyera más del 15% de las acciones), pertenece desde 2008 a The Thomson Corporation y ahora es conocida como Thomson Reuters. Está presente en 200 países y cuenta con unos 2.500 periodistas y 600 fotoperiodistas que cada día transmiten más de ocho millones de palabras en 26 idiomas. Durante la crisis del euro Reuters destacó por revelar varias informaciones exclusivas sobre España (adelantó la petición del rescate a la banca).

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido.

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Mientras las autoridades de transporte europeas se esfuerzan por hacer frente al derretimiento de las vías férreas y al abombamiento de las carreteras en medio de una sofocante ola de calor, un informe  de Naciones Unidas anticipa fenómenos meteorológicos aún más extremos en las próximas décadas para Europa, Asia Central y América del Norte. Esto supondrá entre 10 y 50 días más al año con temperaturas de más de 25ºC que tendrán que impactarán en carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y vías navegables.

La intensa ola de calor que afecta a Europa es un anticipo de un problema mucho mayor. Un informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa advierte de que el cambio climático someterá a carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y vías navegables a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos durante las próximas décadas. «El actual episodio de calor extremo en Europa occidental ha puesto de manifiesto los riesgos climáticos y sus consecuencias para el transporte», declaró un portavoz de la Comisión.

La agencia señala que el calor ya está provocando retrasos y cancelaciones de trenes en varios países europeos, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Francia y el Reino Unidos, por la deformación de las vías, el deterioro del asfalto, el fallo del aire acondicionado a bordo, el sobrecalentamiento de los sistemas de señalización y las dificultades para la navegación fluvial.

50 días más al año por encima de los 25ºC y enormes costes financieros

De cara a la segunda mitad del siglo, las infraestructuras de transporte tendrán que soportar entre 10 y 50 días más al año con temperaturas superiores a los 25 grados centígrados. Por su parte, el aumento de las lluvias intensas y de las inundaciones incrementará el riesgo de deslizamientos de tierra y daños en carreteras y líneas ferroviarias.

El informe concluye que las pérdidas económicas derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos pueden dispararse si no se actúa. «Los sistemas de transporte son vitales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y economías», afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tatiana Molcean, pero «las interrupciones pueden tener consecuencias dramáticas para las comunidades y suponer enormes costes financieros».

Por ejemplo, durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 se registraron daños por valor de 232.000 millones de dólares, con pérdidas específicas en los puertos estimadas en 7500 millones de dólares al año y un riesgo sistémico anual para el transporte marítimo mundial, el comercio, las cadenas de suministro y la actividad económica estimado en 81.000 y 122.000 millones de dólares, respectivamente.

El documento también presenta proyecciones preocupantes para las regiones, con lluvias intensas en zonas ya afectadas por fenómenos extremos, entre ellas la costa occidental de Noruega, los Alpes, los Balcanes, el norte de Türkiye, partes de Asia Central, la costa de la Columbia Británica y la costa este de Estados Unidos.

Estas condiciones aumentarían el riesgo de deslizamientos de tierra, fallos en los terraplenes, sobrecarga de los sistemas de drenaje y destrucción de infraestructuras en carreteras, ferrocarriles y vías navegables interiores.

La adaptación «es un imperativo»

La Comisión subraya que adaptar las infraestructuras ya no es una opción, sino una necesidad urgente. «Dado que los fenómenos meteorológicos extremos ya no son un riesgo futuro, sino una realidad actual, la adaptación de las infraestructuras de transporte es un imperativo», afirmó Molcean.

Según el informe, cada dólar invertido en adaptación climática genera más de diez dólares en beneficios económicos, sociales y ambientales. Por ello, pide a gobiernos y empresas acelerar las medidas para reforzar la resiliencia de los sistemas de transporte.

Los nuevos datos de la regularización de inmigrantes en España desmontan por completo los relatos de la extrema derecha. En La Cafetera analizamos las cifras oficiales que demuestran cómo este proceso está sacando de la economía sumergida a miles de trabajadores, aumentando las afiliaciones a la Seguridad Social y fortaleciendo nuestro sistema público. ¿Es una regularización o una normalización del país?

En este episodio también repasamos cómo ha informado la prensa internacional del final del proceso de regularización de migrantes y otras noticias de España como la polémica sobre la Ley de Nietos lanzada por el PP, los problemas que tiene ahora Madrid como «superciudad» o el recuerdo de la primera marcha del Orgullo española que se hizo en Barcelona en 1977. Y en la Agenda Cafetera hablamos del debate generado por la revelación del entrenador de fútbol Bielsa sobre las dificultades de sus jugadores para mantener la atención en las charlas técnicas más de 10 minutos; del mayor estudio sobre las vacunas ARNm que confirma su seguridad y eficacia y de la nueva taza de café de la NASA para microgravedad cuya forma está dando que hablar.

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El final del plazo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria que impulsó el gobierno español entre abril y junio de este año y las cifras de peticiones registradas que ha dado a conocer Pedro Sánchez han sido ampliamente recogidas por los medios internacionales, que han seguido con mucha atención todo el plan. Lo que más se destaca es que el número de migrantes que ha solicitado acogerse a la regularización ha superado el millón, lo que supone doblar las estimaciones iniciales del gobierno que se habían fijado en 500.000. Se subraya que esto convierte esta «amnistía» en la mayor de la historia en Europa y que coincide con un momento en el que la tendencia en el continente es precisamente la contraria: intentar reducir las llegadas. Se apunta también que se trata de la séptima regularización de migrantes que se hace en España desde la transición y que mientras las demás generaron un consenso generalizado, ésta de 2026 ha sido ferozmente criticada y atacada por la derecha y la extrema derecha.

The New York Times subraya que más de un millón de migrantes piden tener estatus legal en España. El diario estadounidense explica que desde abril, l gobierno español abrió un camino para que los migrantes indocumentados pudieran solicitar su regularización y según ha revelado el presidente Pedro Sánchez, más de un millón de personas lo han solicitado. Enfatiza que el número de peticiones ha sido una cuarta parte más alta de lo que se había estimado, pero el programa ha sido defendido por Sánchez como un «hito» que ayudará a revertir el problema del envejecimiento. Añade que esta regularización ha ampliado la reputación del líder español en la izquierda global al contrarrestar la tendencia mayoritaria de los gobiernos occidentales, a menudo presionados por la extrema derecha, para restringir la inmigración. Menciona que el gobierno español ha defendido el plan tanto desde el punto de vista humano como económico, señalando que sin migrantes, el país perdería el 19% de PIB para 2050. Aunque recoge que la regularización ha sido ampliamente criticado por la oposición conservadora y menciona en concreto la palabras de Feijóo calificándola de «injusta e insostenible» y las de Abascal hablando de «invasión».

The Telegraph apunta que la de España es «la mayor amnistía de migrantes de la historia en Europa». El rotativo británico apunta que el plazo para el plan lanzado por el gobierno español para dar residencia legal y permiso de trabajo a migrantes indocumentados terminó este 30 de junio y se ha convertido en la mayor amnistía de este tipo llevada a cabo en la historia europea. Recoge que el presidente español ha revelado que se han recibido un millón de solicitudes para acogerse a la regularización y menciona también que Sánchez ha vuelto a defender el proceso por la necesidad de sostener el crecimiento económico y salvaguardar las pensiones en un contexto de envejecimiento de la población española.

La Croix apunta que el gobierno español quería regularizar a 500.000 migrantes, pero más de un millón lo han pedido. El periódico francés resalta que las administraciones españolas van a tener que gestionar cerca de 1,3 millones de peticiones de regularización de migrantes tras cerrarse este 30 de junio el plazo abierto en abril para presentarlas. Enfatiza que las previsiones del gobierno han sido ampliamente superadas tal y como habían advertido las ONG de ayuda o la Iglesia Católica. Señala que nadie sabe aún el número de peticiones de migrantes que serán aceptadas y les darán estatus legal, pero subraya que «una cosa es segura», este proceso que es el séptimo que se hace en España desde la Transición es «de lejos el más amplio».

The Guardian resalta que un millón de migrantes piden su regularización en España bajo el nuevo plan. El diario británico enfatiza que el programa español que ofrecer un permiso de residencia y trabajo por un año ha atraído al doble de solicitantes de lo que se esperaba, más de un millón frente a las 500.000 previstos. Recuerda que esta regularización que pone el foco en los beneficios de la inmigración ha sido impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que la mayoría de países europeos están cerrando los puentes de entrada. Recoge las palabras del presidente español señalando que la gran acogida en números de la regularización evidencia hasta qué punto era necesaria para que estas personas pudieran tener derechos y responsabilidades. Menciona que Sánchez también ha vuelto a insistir en que España necesita migrantes para crecer económicamente, revertir la crisis demográfica y financiar el estado de bienestar.

 
Pero enfatiza que aunque regularizaciones similares anteriores fueron desarrolladas por gobiernos anteriores tanto socialistas como conservadores, esta última ha sido ferozmente criticada por el PP y por el partido de extrema derecha Vox. Menciona asimismo que Alberto Núñez Feijóo, además de cuestionar la regularización, ha atacado la Ley de Memoria Democrática de 2022 que otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por la guerra y la dictadura y con la que ya han sido inscritos 544.000 personas. Resalta que el líder popular ha acusado a Sánchez de hacer «ingeniería electoral» y de fabricar nuevos votantes aunque recoge también la réplica del gobierno señalando la «irresponsabilidad» de estas declaraciones que achacan a la frustración y desesperación del PP.

Le Monde advierte que las autoridades españolas tienen tres meses para examinar las peticiones de un millón de candidatos a la regularización. El rotativo francés recoge que el propio Pedro Sánchez ha anunciado este 30 de junio al acabar el plazo, que el proceso de regularización extraordinaria lanzado por su gobierno en abril ha recibido más de un millón de peticiones, el doble de lo estimado inicialmente, empezando ahora la revisión de las solicitudes que se hará en los próximos tres meses. Enfatiza que se trata de la séptima medida de este tipo que se hace en España en los últimos 40 años y el actual presidente la ha defendido como una forma de sostener el crecimiento económico en un contexto de «invierno demográfico». Menciona que Sánchez también ha señalado que el plan ayuda a salir de la «invisibilidad» a centenares de miles de migrantes que ya viven en el país argumentando que su política migratoria es «legal, segura, ordenada y necesaria». Pero advierte que si bien las regularizaciones causaban inicialmente bastante consenso, en la actualidad y a pesar del apoyo a la medida de empresarios o la Iglesia, genera división.

El fin del proceso de regularización de migrantes en España y las cifras del mismo también son destacados en otros muchos medios internacionales como Frankfurter Algemeine, The Politico, Le Figaro, Euronews, Reuters, Tagesspiegel, AP, Les Echos, RFI, I Paper, Deutschlandfunk, France 24, etc.

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Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez fue designado nuevo presidente del gobierno. A pesar de haberse formado y prosperado dentro del Franquismo, fue la personas elegido para liderar el país en tiempos turbulentos y para hacer la transición de la dictadura a la democracia. Cuando se cumplen 50 años de su llegada al poder, en The Conversation repasan la figura y carrera de Adolfo Suárez, un político que ha quedado, con sus luces y con sus sombras, en la memoria colectiva como el líder histórico de la transición política.

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Gaizka Fernández Soldevilla, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo

Con solo 43 años, el 3 de julio de 1976 Adolfo Suárez se convirtió en presidente del Gobierno. Su ascenso fue solo el principio. En los meses siguientes, este político que había hecho carrera en el franquismo, director general de Radio Televisión Española entre 1969 y 1973 y, desde abril de 1975, ministro secretario general del Movimiento (el partido único del régimen), protagonizó la transformación de la dictadura en una democracia.

A través de la Ley de Reforma Política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976, desmanteló el aparato institucional al que pertenecía y pilotó la transición democrática buscando el consenso. Las decisiones de sus primeros meses de mandato fueron controvertidas (amnistía, legalización del PCE, Pactos de la Moncloa, convocatoria de elecciones democráticas…) y generaron desconfianza, tanto entre los sectores inmovilistas como entre la oposición, que recelaba de sus orígenes.

Nombramiento

Los desacuerdos entre el rey Juan Carlos I y el presidente Carlos Arias Navarro, que había sido incapaz de reformar la dictadura, provocaron la dimisión de este último. El 3 de julio de 1976, el monarca encargó la formación de un nuevo gobierno a Adolfo Suárez. A pesar de la lógica desconfianza de la oposición, fue sumando voluntades y lideró la transición de la dictadura de Franco (1939-1975) a la democracia.

Primeros pasos: aministía y diálogo

Suárez anunció que iba a convocar elecciones al año siguiente. Y reforzó sus palabras con una amnistía para “todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión” con la única exclusión de la violencia. Aunque continuaron exigiendo una “amnistía total”, los antifranquistas valoraron positivamente el gesto.

Además, el Gobierno estableció un diálogo con toda la oposición, incluyendo a las organizaciones terroristas. Por medio del Servicio Central de Documentación (SECED), entró en contacto con las dos ramas de ETA, que aquel año asesinaron a 17 personas. ETA político-militar aceptó esa vía, pero ETA militar se cerró en banda.

Los ultras

También se cerró la extrema derecha, que tachaba al presidente de “traidor”, “perjuro”, “masón” y “Judas”. En palabras de uno de sus militantes más conocidos, Ernesto Milà, Suárez constituía “la quintaesencia de lo que todos nosotros odiábamos”. Era “indiscutiblemente la bestia negra de la ultraderecha, al mismo nivel que Santiago Carrillo”.

Este sector conservaba una fuerte presencia en sectores clave de las estructuras del Estado, desde los que intentó torpedear los esfuerzos de Suárez. En septiembre el general Fernando de Santiago dimitió como vicepresidente del Gobierno. Al mes siguiente, el Consejo Nacional del Movimiento elaboró un informe contra la Ley para la Reforma Política, diseñada para desmantelar las estructuras franquistas y convocar unas elecciones libres.



Ley para la Reforma Política.
BOE

Con todo, el 18 de noviembre la ley llegó a las Cortes: 13 procuradores se abstuvieron, 425 votaron a favor y otros 59 lo hicieron en contra. Entre quienes se opusieron estaba Blas Piñar, quien denunció que el texto pretendía “la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco”. No le faltaba razón.



Manuel Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez. Diario 16, 19-11-1976.
Archivo Linz de la Transición española, FAL

Por “perjuro” y por “masón”

Como reacción, los involucionistas se echaron a la calle. El 20 de noviembre la Confederación Nacional de Combatientes conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del “Caudillo” y el cuadragésimo del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera con una concentración en la plaza de Oriente. Los cerca de 100 000 asistentes lanzaron gritos contra sus enemigos: “¡Procuradores, sois unos traidores!”, “¡Juan Carlos, Sofía, el pueblo no se fía!”, “¡Suárez dimisión, por perjuro y por masón!” y “¡Tarancón al paredón!”. También hubo lemas nostálgicos como “¡Franco resucita, España te necesita!” y apelaciones directas al golpismo: “¡Ejército al poder!”.

1976: el año de la violencia

A decir del entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, la extrema derecha “pisaba a fondo el acelerador del activismo para intentar contrarrestar la marea que se avecinaba”. A lo largo de noviembre se produjeron ocho atentados contra el mundo del libro. En la librería Pórtico (Zaragoza) los atacantes dibujaron cruces gamadas en el escaparate de junto a un mensaje amenazador que incluía estas palabras: “Los comunistas, como los bárbaros, necesitan traidores que les abran las puertas”.

Tal vez por eso, como ha calculado la hispanista Sophie Baby, 1976 fue el año en el que se produjeron más atentados de signo ultra en toda la Transición. Obviando las amenazas, hay 153 contabilizados. Las estadísticas del Ministerio del Interior elevaban la cifra a 243. Se registraron cuatro víctimas mortales: Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero el 9 de mayo, María Norma Menchaca, el 9 de julio, y Carlos González Martínez, el 27 de septiembre.

La Ley de Reforma Política

De acuerdo con una circular interna, el Gobierno era consciente de que, si el resultado del referéndum le resultaba adverso, las consecuencias “pueden ser graves”. El conjunto de la oposición, tanto la democrática como la vinculada a ETA y la adscrita a la rama “auténtica” de Falange, se decantó por la abstención. En cambio, la ultraderecha pidió a la ciudadanía que emitiese una papeleta negativa: “Franco hubiera votado no”. Según el diario derechista El Alcázar, la ley “favorece los esfuerzos de los marxistas para convertir España en una república marxista, federal y descristianizada”.

Tan solo cuatro días antes del plebiscito, el 11 de diciembre, los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) secuestraron a Antonio María de Oriol Urquijo, presidente del Consejo de Estado y antiguo ministro de Justicia. La extrema izquierda violenta trataba de torpedear el proceso de democratización. Se trataba de un objetivo compartido por la ultraderecha. Esa misma jornada comenzó el I Congreso de Fuerza Nueva (partido de extrema derecha), que terminó el 13 de diciembre. Su líder, Blas Piñar, dedicó el discurso de cierre a atacar al PSOE, a Alianza Popular, al Gobierno y al rey. De acuerdo con la crónica de El País, “su intervención fue constantemente interrumpida con aplausos, gritos de ‘traidores’ y asentimientos fervorosos”.



Diario 16, 13-12-1976.
Archivo Linz de la Transición española, FAL

A pesar de los GRAPO y de la extrema derecha, el referéndum se desarrolló con normalidad el 15 de diciembre. Con un 77,72 % de participación, el “sí” a la Ley para la Reforma Política obtuvo 16 573 180 votos (el 94,45 % del total) y el “no”, únicamente 450 102 (el 2,56 %).

Aquel resultado demostraba que solo una exigua minoría de los españoles deseaba un franquismo sin Franco. Fue el primer gran éxito de Adolfo Suárez y su equipo.

Luego vendrían la Constitución de 1978, la crisis de su partido (la Unión de Centro Democrático), el acoso político, su dimisión el 29 de enero de 1981, el 23-F, la etapa del CDS (Centro Democrático Social) y la tragedia personal del alzhéimer, que borró sus recuerdos mientras su figura como líder histórico de la transición política se instalaba definitivamente en la memoria colectiva.The Conversation

Gaizka Fernández Soldevilla, Responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Cuando en 2021 surgieron las primeras vacunas contra la covid-19 basadas en el ARN mensajero, proliferaron bulos y teorías conspiranoicas asegurando que «reseteaban» el sistema, cambiaban el ADN o provocaban esterilidad o parálisis. Ya entonces los científicos los desmintieron con datos. Pero ahora además se ha llevado a cabo el mayor análisis sobre estas vacunas que reúne la evidencia obtenida en ensayos clínicos, estudios de laboratorio y el uso de miles de millones de dosis y conforma que son una herramienta segura y eficaz. En Sinc explican que sus autores destacan asimismo el potencial de la tecnología ARNm para prevenir y tratar otras enfermedades, además de la covid-19.

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) constituyen una herramienta segura y muy eficaz para prevenir enfermedades infecciosas como la covid-19 y podrían ampliar su uso a otras infecciones, algunos tipos de cáncer y dolencias autoinmunes, según una revisión publicada este martes en The Lancet.

El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), integra resultados de investigaciones básicas, ensayos clínicos y estudios de efectividad en condiciones reales. Los autores describen el funcionamiento de estas vacunas, revisan su perfil de seguridad y eficacia y analizan las perspectivas de una tecnología que continúa evolucionando.

“Después de miles de millones de dosis, contamos con una cantidad extraordinaria de evidencia científica”, afirma la autora principal, Anna Blakney, investigadora de los Michael Smith Laboratories y de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la universidad canadiense. “Esta revisión confirma que las vacunas de ARNm constituyen una plataforma segura y muy eficaz, respaldada por rigurosos ensayos y por la vigilancia en condiciones reales. Proporciona una base científica para su expansión hacia nuevas áreas de la medicina”.

Beneficios superiores a los riesgos

Los investigadores recuerdan que, como cualquier vacuna, las de ARNm también pueden causar efectos secundarios. Sin embargo, la revisión concluye que las reacciones graves son poco frecuentes y que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos. Entre esos efectos figura la miocarditis, que aparece con mayor frecuencia en varones jóvenes, aunque los autores subrayan que su incidencia es baja y queda compensada por la protección frente a enfermedad grave, hospitalización y muerte.

El análisis confirma además que las vacunas ofrecen una elevada protección frente a las formas graves de la covid-19 en distintos grupos de población, incluidos niños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. También destaca que las dosis de refuerzo prolongan esa protección y que la actualización de las formulaciones ha permitido mantener su eficacia frente a las nuevas variantes del virus.

“Con cualquier vacuna o medicamento nuevo es importante comunicar de forma clara y transparente los datos de seguridad y el rigor de las pruebas que respaldan su uso”, señala Manish Sadarangani, profesor de Pediatría en la Universidad de Columbia Británica y director del Vaccine Evaluation Center del BC Children’s Hospital Research Institute. “Esto es esencial para generar confianza pública, contrarrestar la desinformación y favorecer decisiones informadas sobre la vacunación”.

Una tecnología con nuevas aplicaciones

La revisión también aborda algunos de los mitos que aún rodean a estas vacunas. Los autores recuerdan que el ARN mensajero no modifica el ADN humano. Su función consiste en proporcionar instrucciones temporales para que las células produzcan una proteína inocua del virus que active la respuesta inmunitaria. Tanto el ARN como las nanopartículas lipídicas que lo transportan se degradan y eliminan del organismo poco después.

Además de su uso frente a la covid-19, varios grupos desarrollan vacunas de ARNm contra la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), así como vacunas personalizadas para determinados tumores y otras terapias basadas en ARN.

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