Varios presidentes autonómicos pertenecientes al PP, con Ramon Luis Valcarcel de Murcia a la cabeza, han asegurado que no «hay motivos para cumplir» la nueva Ley del aborto. Los populares han recurrido la norma al Constitucional y hasta que éste se pronuncie «defienden» poner trabas a su aplicación. La blogosfera denuncia esta actitud como peligrosa y antidemocrática y se lamenta que el PP se dedique a a recurrir judicialmente las leyes aprobadas en las Cortes que no les gustan y boicotearlas o promover su incumplimiento.

Fernando Garea comenta en su blog que: «si el PP hace bandera del principio de que las comunidades autónomas deben respetar la voluntad de las Cortes, no se entiende que donde gobierna vaya a boicotear la ley del aborto aprobada el el Congreso con votos de todos los grupos parlamentarios, salvo el popular. O si se entiende».

Manuel Rico ironiza en su blog Trinchera digital sobre la reacción «antisistema» del presidente murciano del PP: «Mientras Rajoy no desautorice a Valcárcel, queda claro que el PP avala el incumplimiento de determinadas leyes. Sería de enorme utilidad que aclarase qué normas propone saltarse a la torera y qué parte del sistema legal cree necesario acatar. Claro que eso quizá sería desvelar parte de su programa secreto. Y no parece estar por la labor.»

Felix Soria en Im-pulso cree que la actuación de los populares persigue que España sea como quiere el PP o no será: «Todas las leyes aprobadas por las Cortes del Estado o por los parlamentos autonómicos que conculquen los criterios, los valores o las apetencias del PP deben ser recurridas ante el Constitucional para que las cambie o las derogue, sin menoscabo de que previamente ya sean incumplidas y boicoteadas, tal y como una y otra vez proponen los sabios prohombres y dignas damas del PP.»

Juan Luis Escudier en el blog En tierra de nadie apunta a que «en Murcia se aborta más en términos relativos que en cualquier otro lugar de España. […] La insumisión pregonada por este señor de Murcia es de una gran desfachatez y deja a la intemperie a aquellas mujeres que se vean obligadas a interrumpir su embarazo.»

Borja Ventura en su Blog de notas denuncia la actitud del PP: «Voy de constitucionalista, pero no me apetece cumplir la Ley. Es decir, el Congreso aprueba una ley que mi partido considera injusta y me dedico a promover su incumplimiento o, directamente, decido que en mis Comunidades Autónomas esa ley no se cumple.»

Emilio Silva en Quitándole el fuego a los dioses considera que la sublevación del PP es un tic pero cree que «debería regularse la existencia de mecanismos que obliguen a cumplir las leyes porque se trata de un hecho extremadamente grave que quienes deben ser ejemplares: �??no vean razones�?� para cumplirlas, como ha dicho el presidente de la comunidad autónma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Que no vea razones para cumplir una ley aprobada por un Gobierno legítimo podría querer decir que tiene un problema de miopía democrática.»

Carlos Rodriguez de Apodérate se pregunta si el Valcarcel no está incurriendo en un delito de prevaricación: «Es del todo intolerable que el representante ordinario del Estado en nuestra Comunidad lance mensajes animando directamente a la insumisión y a la rebelión contra una Ley que le guste o no ha sido aprobada donde debe hacerse: En las Cortes Generales. Es peligroso que el Sr. Valcárcel y los dirigentes del Partido Popular se salten tan alegremente nuestro ordenamiento constitucional y digan abiertamente que no acatan una Ley. «

Jose Cavero destaca en su blog que  «la dirección del PP observa �??con comprensión�?�l a actitud de abierta rebelión y desobediencia activa de un Gobierno autónomo» en referencia a la decisión de Valcarcel. Y asegura que «no había precedentes de un presidente de Comunidad, por su cuenta y riesgo, anunciara que no acata una norma aprobada por las Cortes generales.»

En el blog Ciberculturalia denuncian como peligroso y antidemocrático que «el Constitucional se ha convertido en un instrumento político utilizado con frecuencia por el Partido Popular, toda vez que se aprueba una norma en el Parlamento con la que no está de acuerdo. Si no les gusta, llaman a la insumisión y ponen un recurso ante el Tribunal Constitucional[…] Se subvierte el sistema al cambiar la decisión de los parlamentos sobre temas sujetos a la opinión, sujetos a la interpretación y al debate. Sujetos a la decisión de la mayoría.