E. Robinson Premio Pulitzer 2009, Catedrático Neiman de Periodismo en Harvard y Editor de la sección Exterior del Washington Post.   Sobre Robinson Sus columnas, ahora en radiocable.com Otros columnistas del WP

Eugene Robinson – Washington. La tortura es un asunto delicado. El objetivo es herir, pero no incapacitar – infligir dolor y terror con la suficiente precisión para quebrar la voluntad de un sujeto, pero no más. Para calibrar el grado adecuado de abuso, el torturador debe tener un sentido exacto de la cantidad de agonía que la mente del sujeto y el cuerpo pueden tolerar.En el programa de «interrogatorio avanzado» de la administración Bush, este conocimiento era aportado por médicos y psicólogos – profesionales que se supone curan y tranquilizan. Un nuevo informe de Médicos por los Derechos Humanos reúne las pruebas y llega a una conclusión repugnante, pero inevitable: «Los profesionales sanitarios desempeñan un papel central en el desarrollo, la implementación y la implantación de la tortura».

Quédese con eso por un margen, especialmente si usted es de los que creen que la decisión de la administración Bush de someter a sospechosos de terrorismo a prácticas de interrogatorio medieval estuvo de alguna manera justificada – o incluso si cree que la tortura estaba mal pero que ahora debemos «mirar hacia adelante» y pretender que nunca ha sucedido. Así es como la tortura deforma una sociedad y distorsiona sus valores.

Mucha de la información citada por Médicos por los Derechos Humanos había sido descubierta anteriormente, pero algunos nuevos detalles fueron revelados en el informe del inspector general de la CIA, difundido la semana pasada – que revela «un nivel de ausencia de ética que no había salido a la luz antes», según el grupo de derechos humanos.

De fuentes que incluyen los informes difundidos, una investigación del Comité Internacional de la Cruz Roja y varios documentos sacados al gobierno con gancho por instituciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, he aquí parte de lo que sabemos:

El programa de interrogatorios – utilizando 11 «técnicas avanzadas» abusivas como la asfixia simulada – fue diseñado por dos psicólogos doctorados. Las técnicas, según un comunicado anunciado en abril por el presidente de la American Psychological Association James H. Bray, «equivalen a tortura tal como se define por la APA y el derecho internacional».

Dice la Asociación: «El principio central del código deontológico de la psicología es, como el de la medicina, no hacer daño. Es impensable que algún psicólogo pueda evaluar las posturas de estrés, la desnudez forzada, privación del sueño, explotación de fobias y la asfixia simulada – junto a otras formas de técnicas de tortura que la Asociación ha condenado y prohibido – que no causan un daño permanente a la psique del ser humano».

Según Bray, «Hay una respuesta ética a la orden de tortura desobedecer la orden.»

Sabemos que se solicitó a médicos que aprobaran formalmente las técnicas «avanzadas». Sabemos por los propios detenidos, citados por la Cruz Roja, que se hacía un seguimiento médico de las sesiones de asfixia simulada. Sabemos por el informe del inspector general de la CIA que una carta fechada en 2004 y firmada por un funcionario del Departamento de Justicia reautorizaba la utilización de la asfixia simulada específicamente un máximo de dos sesiones de dos horas al día, presentes tanto el médico como un psicólogo.

Desde el punto de vista del torturador, esto probablemente parezca compasión – un intento de garantizar que los interrogadores no van demasiado lejos, que no causan daños permanentes, que no salen de las pautas burocráticas fijadas. Pero desde cualquier otra perspectiva, es simple y llanamente grotesco.

Que algún médico pueda ayudar a diseñar o revisar un programa de torturas, y mucho menos estar presente en los interrogatorios violentos constitutivos de tortura que se estaban llevando a cabo, sería una violación ética grave.

El código deontológico de la Asociación Médica Americana «afirma taxativamente la oposición de la medicina a la tortura o la coacción en los interrogatorios y prohíbe la participación de médicos en esas actividades», según una carta de los funcionarios de la AMA enviada al Presidente Obama en abril. Las directrices de la AMA señalan que «los médicos no deben llevar a cabo ni participar directamente en un interrogatorio», y que los médicos «no deben controlar los interrogatorios con la intención de intervenir en el proceso, porque esto constituye participación directa».

Entonces, ¿cómo se supone que nuestro gobierno lleva a cabo interrogatorios abusivos, sin la orientación de psicólogos que indiquen si están perjudicando irreparablemente la mente del sujeto, o de médicos que establezcan si están dañando irreparablemente el cuerpo del sujeto?

Hubiera sido imposible.

Los médicos y los psicólogos podrían haber sido capaces de evitar este vergonzoso episodio en su totalidad al negarse a participar. En cambio, los profesionales que fueron entrenados en la disciplina de la curación utilizaron su experiencia y habilidades de una forma que facilitó el abuso. Jugaron un papel fundamental en la tortura.

Me gusta creer que algunos psicólogos y médicos adoptaron una postura inflexible y dijeron que no. En cuanto a los que dijeron que sí, la ley debe hacerles rendir cuentas – igual que, es de esperar, ya estarán haciendo sus conciencias.

Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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