Ellen Goodman – Boston. Supongo que tiene algo de encantador contemplar a los políticos conservadores de Texas intentando preservar de manera tan ardiente el matrimonio homosexual.
¿De qué otra forma cabe explicar su apasionada oposición a la sentencia judicial dictaminada la pasada semana que permite que una pareja casada de manera legal en el estado de Massachusetts se divorcie en su estado?
Este relato de amor y matrimonio homosexuales, del te casaste y la pringaste, y las dificultades para dejarla de pringar, arranca en el año 2006, cuando dos caballeros conocidos como JB y HB se casan con el ajuar habitual de esperanzas y sueños. Un año más tarde, uno de ellos fue trasladado por motivos de trabajo y se mudó a Texas. Allí, el matrimonio se fue a pique.
En enero pasado, la pareja llegó a un acuerdo amistoso para dividir sus bienes. Pero cuando acudieron a los tribunales para formalizar el acuerdo de conciliación, el Fiscal General Republicano Greg Abbott abrió la caja de los truenos. Dado que el matrimonio homosexual está prohibido en virtud de una enmienda constitucional, argumentó, el estado no puede disolver un matrimonio que no reconoce.
La magistrada Tena Callahan veía las cosas de diferente manera. Texas, dictaminó, puede conceder el divorcio a las parejas casadas legalmente en las demás jurisdicciones. De hecho, en este «asunto concreto» de divorcio, resolvía, la prohibición al matrimonio homosexual que desde hace cuatro años contiene la constitución del estado viola el derecho federal a la igualdad ante la ley.
En ese punto, Abbott prometía que recurriría al caso para «defender la definición tradicional del matrimonio.» El Gobernador, Rick Perry, y la Senadora Kay Bailey Hutchison, que se presenta contra él, se dejaron la voz de igual forma en su tentativa por conservar unidos hasta que la muerte los separe a JB y HB.
Como dice Evan Wolfson, del colectivo Libertad para Casarse, «la ironía reside en que las fuerzas anti -gay tan contrarias a las relaciones homosexuales ni siquiera dejan que alguien abandone una de ellas.»
Vamos a suponer que JB y HB no se proponían desafiar la prohibición. Que tampoco aspiraban a convertirse en la pareja icono del divorcio homosexual. Pero los divorcios ocurren. Los matrimonios homosexuales son más dados a terminar igual que los matrimonios heterosexuales. Una de las protecciones legales de las que menos se habla ofrecidas por el matrimonio es, bueno, el divorcio. Y uno de los extraños efectos secundarios del mosaico de leyes homo-heterosexuales que rigen el matrimonio es su impacto sobre los matrimonios agotados.
El matrimonio homosexual es hoy legal en Vermont, Connecticut, Iowa y Massachusetts. En enero, New Hampshire se unirá a la lista. El Distrito de Columbia puede ser el siguiente si la legislación presentada esta semana supera el trámite. Y la cuestión se somete a votación este noviembre en Maine. Mientras tanto, 29 estados lo prohíben.
Los hombres y las mujeres también se casan con arreglo a las leyes estatales, pero no se quedan solteros nada más cruzar las fronteras de su estado. En virtud del principio de igualdad ante la ley con independencia del estado, su matrimonio puede ser reconocido — o disuelto — en cualquier parte. Esto no es necesariamente así en el caso de las parejas homosexuales. Rhode Island e Indiana han negado por separado el divorcio homosexual a las parejas casadas en otros estados, mientras que Nueva Jersey lo ha permitido. Eso es sólo el principio.
La negativa de un estado a reconocer el matrimonio legal de otro estado conduce a ciertas conclusiones muy poco prácticas, bastante injustas y demenciales. Los B, por ejemplo, tendrían que regresar a Massachusetts a residir durante un año sólo para divorciarse.
Eso no es nada en comparación con los escenarios imaginado por el profesor de Derecho de la Northwestern Andrew Koppelman, autor de «Mismo sexo, diferente estado.» ¿En su lista? Si un hombre tiene un marido en Iowa, puede casarse con una mujer en Texas sin ser acusado de bigamia. Si un matrimonio de Connecticut sufre un accidente en Texas, una mujer puede tener vetado el acceso al lecho de muerte de su esposa por no ser familia. De hecho, añade Koppelman, Texas podría convertirse en el refugio seguro del padre homosexual irresponsable que vacía las cuentas conjuntas en Vermont y abandona marido e hijos.
Lo que estamos viendo son todo tipo de agujeros legales en el desigual camino a la igualdad. ¿Se acuerda del nombre de aquel compromiso de los homosexuales en el ejército: «No Preguntes, No Respondas»? Ahora, los investigadores del ejército lo llaman «un fracaso estrepitoso.» Es la ley, no los soldados homosexuales, lo que está socavando la moral.
¿Se acuerda de la DOMA, la Ley de Defensa del Matrimonio que generaba una extraña doble nacionalidad para las parejas homosexuales — con derecho a las ventajas del matrimonio bajo ciertas leyes estatales pero sin ese trecho a ellas en virtud de la ley federal? Ahora Bob Barr, el ex congresista que redactó la DOMA, la desaprueba y Bill Clinton, el presidente de la aprobó, se decanta públicamente por el matrimonio homosexual. Hay un proyecto de ley para su derogación.
Pero por pura perversidad, nada supera a la actual chorrada de divorcio en Texas. Allí, las mismas personas que insisten en que nada les gustaría más que poner fin al matrimonio homosexual son las que se están empleando a fondo por conservar unido un matrimonio homosexual en infeliz perpetuidad. ¿En las duras y las maduras? Esa es una decisión fácil.
Ellen Goodman
© 2009, Washington Post Writers Group
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