Ruth Marcus – Washington Post. La demanda, presentada por Activistas y Defensoras Gays y Lesbianas (GLAD), argumenta que la Sección 3 viola la cláusula de protección paritaria de la Constitución al tratar las parejas homosexuales que han contraído matrimonio legal bajo la ley estatal de forma diferente a las parejas heterosexuales casadas.
Ello cuestiona, entre otras cosas, negar la pensión de viudedad al cónyuge viudo; vetar la posibilidad de que una pareja haga la declaración de la renta conjunta, una opción que les ahorraría miles de dólares en devoluciones; e impedir que un funcionario federal añada a su cónyuge a su seguro médico.
La demanda de GLAD sostiene que el Congreso tradicionalmente ha delegado en los estados la regulación del matrimonio. De cualquier forma, dice, el motivo de que los legisladores aprobaran la Ley de Defensa del Matrimonio -impulsar «los intereses del gobierno en la defensa y la conservación de la institución del matrimonio heterosexual tradicional… defendiendo las nociones tradicionales de moralidad… (y) ahorrando recursos públicos preciosos»- no puede justificar la discriminación de las parejas del mismo sexo.
«El Congreso no ha identificado todavía un motivo de que a los individuos homosexuales que han cumplido sus obligaciones como contribuyentes y casados con alguien del mismo sexo se les deba negar las protecciones que se facilitan a las personas casadas con alguien del sexo contrario,» reza la demanda.
Este caso es a la vez atrevido y contenido. Sus reclamaciones son inevitables y obvias -y potencialmente revolucionarias. Plantea un enigma legal -y se podría convertir en un importante dolor de cabeza político- para la administración Obama.
La demanda es contenida en el sentido de que no solicita al gobierno federal nada más que el respeto a las decisiones estatales en materia marital. Si prospera, solamente afectará a los estados que reconocen el matrimonio homosexual (Massachusetts y Connecticut) o que reconocen los matrimonios homosexuales contraídos en otros lugares (Nueva York).
Es atrevida porque los defensores de los derechos de los homosexuales, en su mayoría, han evitado escrupulosamente las salas federales en los últimos años. Aunque defendiendo el matrimonio al nivel de la justicia estatal, los colectivos homosexuales han sido reticentes a elevar una demanda federal que podría sentar un mal precedente desde un tribunal de orientación conservadora.
Pero con más de 1.100 leyes y regulaciones federales que conceden prestaciones o realizan otras distinciones basadas en el estado civil, era inevitable que un desafío así se presentara una vez que los estados empezaron a reconocer los matrimonios homosexuales; de ahí la parte inevitable y obvia.
La resolución de este caso, sin embargo, tendrá implicaciones mucho más allá de las discretas cuestiones en materia de pensión de viudedad o tipo de declaración, que es lo que la hace potencialmente revolucionaria y arriesgada. El gran vacío del Derecho Constitucional es el grado al que se garantiza la igualdad ante la ley y la protección equitativa a los derechos homosexuales. La forma en la que la justicia afronte la cuestión relativamente limitada en la picota podría modelar los límites de la ley en este terreno durante años -para bien o para mal.
Por ejemplo, si negar estas prestaciones es inconstitucional, ¿también es inconstitucional negarse a reconocer los matrimonios homosexuales o relegarlos a la posición de uniones civiles equivalentes pero diferentes? Yo diría que sí, pero dudo que el Supremo actual lo vea de esa forma. Y el riesgo potencial reside en generar una ley detestable que termine atando de manos a los futuros tribunales.
Hablando de atar: incluso si el Obama candidato apoyó la derogación de la Ley de Defensa del Matrimonio, el Departamento de Justicia está en general obligado a defender la constitucionalidad de un estatuto. Políticamente, el Departamento de Justicia de Obama está en un punto delicado: no ha manifestado ninguna gana de cabrear a los social conservadores, pero defender la ley provocaría una tormenta desde la izquierda.
En mi opinión, los demandantes de este caso tienen derecho, por política y por ley. Les animo a seguir -pero sigo sin ver claro cómo acaba.
Ruth Marcus
© 2009, Washington Post Writers Group
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