Eugene Robinson – Washington. Los muchos caminos de investigación de las abusivas «técnicas de interrogatorio» practicadas por la administración Bush conducen a un hecho inconveniente y terco: la tortura no es sólo inmoral, sino también ilegal. Esto significa que una vez que sepamos toda la verdad, estaremos obligados por ley a actuar al respecto.
Comprensiblemente, la administración Obama quiere evitar entramparse en un largo y agotador drama legal que casi seguro será partidista y divisorio. Pero no estoy seguro de que sea posible esquivar las implicaciones delictivas de lo que ya sabemos, por no hablar de lo que podríamos descubrir en el curso de una investigación integral de estilo «comisión de la verdad» con acceso a todos los testigos y documentos relevantes.
Con la cuestión moral, la administración ha sido directa y honrada. Una de las primeras acciones del Presidente Obama fue anunciar que Estados Unidos no va a practicar más el interrogatorio por ahogamiento ni ningún otro método de interrogatorio abusivo, diciendo que tales aberraciones son hostiles a los valores y las tradiciones de nuestra nación. El fiscal general Eric Holder afirmaba durante su vista de confirmación que «el interrogatorio por ahogamiento es constitutivo de tortura.? Esta claridad refrescante y admirable supone un acusado contraste con la neblina de equívocos legalistas entre los que la administración Bush disimulaba sus cárceles secretas.
Con la cuestión legal, sin embargo, el equipo Obama viene siendo mucho menos tajante. Esto es lo que decía Dennis Blair, director de Inteligencia nacional, a su personal acerca de los abusos en los interrogatorios a través de una nota la semana pasada: «Me gusta pensar que yo no habría aprobado esos métodos en el pasado, pero no critico a aquellos que tomaron las decisiones en aquel momento, y decididamente defenderé a aquellos que llevaron a cabo los interrogatorios cumpliendo las órdenes que recibieron.?
Por dejar constancia de lo evidente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Si Blair no hubiera autorizado «esos métodos» — parte de los cuales cumplen claramente la definición legal de tortura, en mi opinión — entonces ¿por qué exonerar a aquellos que ordenaron los abusos y a aquellos que los llevaron a cabo?
Al menos Blair, a cargo de los agentes que desempeñaron los abusos, tiene motivos para mostrarse tan equívoco a propósito de la transparencia. Y podemos estarle agradecidos por refutar de forma tajante la defensa de la tortura que se cita con mayor frecuencia: que la asfixia por ahogamiento, la privación del sueño, las posturas tensionales y los demás abusos eran necesarios para obtener información vital que protegió a los estadounidenses de otro ataque de al-Qaeda.
«La información más estimada salió de interrogatorios en los que se utilizaron esos métodos,» escribía Blair en el memorando. Pero en un comentario independiente, añadía que «no existe forma de saber si esa misma información se podría haber obtenido o no a través de otros medios.?
Esto debería ser evidente. Sí, la gente se derrumba bajo torturas y canta lo que sabe, junto a lo que no sabe y lo que piensa que sus torturadores quieren escuchar. Pero no hay manera de estar seguros de que la valiosa información no habría salido a través de métodos tradicionales — y legales — de interrogatorio.
Incluso si los expertos tienen opiniones encontradas acerca de la eficacia de la tortura, hay un punto en el que no pueden discrepar: la tortura viola el Derecho estadounidense y el internacional.
¿Qué abusos son constitutivos legalmente de tortura? Eso probablemente dependa del criterio legal aplicable que se aplique. Como mínimo, no obstante, me parece que está claro que la asfixia por ahogamiento casi seguro sería declarada ilegal en caso de ser sometida a escrutinio judicial. La práctica se ha considerado tortura por lo menos desde la Inquisición española — excepto, al parecer, entre las paredes de la Oficina de Asesoramiento Legal bajo George W. Bush.
No sé qué más vamos a descubrir si un panel burocrático de investigación de algún tipo se constituye. Pero lo que ya sabemos es suficiente para poder asegurar que antes o después, los abusivos métodos de interrogatorio autorizados por George W. Bush y Dick Cheney entre otros funcionarios van a chocar con la ley. Nuestro sistema, actuando sin intervención, no está diseñado para dar a conocer y después ignorar actos ilegales.
Desde el punto de vista de la administración Obama, las alternativas pueden ser poco atractivas y hasta inaceptables. Nadie quiere ver caer a agentes corrientes de interrogatorios de la CIA por lo que sus superiores les dijeron que era legal, especialmente si los superiores no rinden cuentas. Pero la imputación criminal de funcionarios de máxima graduación de la administración anterior carecería de precedentes, y no está claro adónde podría conducir un proceso así.
Va a ser difícil detener este tren una vez en marcha, no obstante. El Estado de Derecho es uno de los principios fundacionales de esta nación. No es algo opcional. Nuestras leyes contra la tortura exigen ser obedecidas — y exigen ser implementadas.
Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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