Las autoridades españolas someten a los inmigrantes menores de 18 años que piden asilo en el país a un «invasivo» examen médico para certificar su edad que está siendo criticado por ONGs y el Defensor del Pueblo y que incluso ha provocado la condena de España en el Comité de derechos de la Infancia de la ONU en cinco casos por fallar en la protección de menores vulnerables con derecho a asilo. Es lo que destaca la TV pública británica en una reportaje de James Badcock que pone el foco en el controvertido sistema de evaluación de edad de los inmigrantes que realiza la Fiscalía en España. Relata los casos concretos de varios menores perjudicados por estos test médicos que además les dejan en un limbo burocrático y legal, ya que no pueden ser apelados, y los condena a una situación de «calvario».

La BBC detalla el caso de una joven camerunesa de 15 años que huyó a Madrid en busca de asilo porque había sufridos abusos sexuales domésticos e iba a ser casada por la fuerza. Pero explica que fue rechazado por las autoridades españolas al no creer que era menor de edad, pese a su documentación, sobre la base de un examen médico que dictaminó que el desarrollo de su pecho era de adulto y tenía pelo en axilas y pubis. Pero subraya que es solo uno de las docenas de casos que las ONG´s han documentado y por los que acusan a España de violar los derechos de los inmigrantes menor de edad al obligarles a pasar «invasivos» exámenes médicos -que dependen de la Fiscalía y conllevan un examen físico y estudios óseos de la muñeca y estimación dental- e ignorando sus documentos de identidad.

El reportaje enfatiza que a pesar de tener un amplio margen de error, las conclusiones de estas pruebas se superponen de forma rutinaria a otras evidencias y no se pueden apelar. Y detalla que de los 5.600 tests hechos en 2017 en España a inmigrantes, 2.205 determinaron que tenían más de los 18 años que declaraban. Pero advierte de que tanto el Defensor del Pueblo como un informe del servicio de inmigración de la Fiscalía se han mostrado críticos con el sistema de evaluación de edad y consideran que debería revisarse. Pero la BBC señala además la ONG Raíces y ACNUR han llevado ante el Comité de derechos de la Infancia de la ONU nueve casos de inmigrantes declarados adultos por estos test médicos y cinco de ellos ya han terminado con una «reprimenda» a España por fallar en la protección de menores vulnerables con derecho a asilo.

BBC, British Broadcast Corporation, es la radiotelevisión pública británica. Fundada en 1922 es el mayor consorcio de radiodifusión del planeta con unos 23.000 empleados y el paradigma de emisora pública. Es una empresa estatal pero independiente de controles comerciales y/o políticos y que ha hecho de la neutralidad su emblema. No tiene publicidad y se financia mediante un canon que paga cada propietario de televisor y la venta de algunos productos (programas, libros, revistas…) Cuenta con varios canales de TV y radio en Reino Unido y un Servicio Mundial que transmite en el resto del planeta en más de 30 idiomas, siendo BBC Mundo su canal para el mundo hispano. Se estima que tiene una audiencia global de 330 millones de hogares. Su website es uno de los más seguidos del mundo con 2 millones de páginas vistas cada día. Ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el gobierno británico como en el transcurso de la guerra de Irak y recientemente la BBC se ha visto envuelta en un escándalo por los abusos sexuales de uno de sus presentadores estrella que ha obligado a alguno de sus directivos a dimitir.

James Badcock es el corresponsal en España del Telegraph desde principios de 2015, pero es también colaborador o ha escrito para la BBC, Newsweek, Foreign Policy o The Guardian. Fue asimismo coordinador de la versión en inglés de El País. Ha escrito y puesto el foco en asuntos como la pobreza energética, el olvido a las víctimas de la Talidomida, la polémica por la pensión de veteranos de la División Azul o el liderazgo mundial de España en donación de órganos. Y ha señalado cómo la implicación internacional de España no se corresponde con su peso.

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La propuesta de la formación de extrema derecha española exigiendo que los padres puedan impedir que sus hijos asistan a clases o actividades escolares en «contra de sus principio morales» está llamando la atención de los medios globales que resaltan la polémica desatada y la reacción crítica del gobierno. Explican que Vox llama a su propuesta «pin parental» para proteger a los menores, pero The Guardian habla de «veto» y Le Figaro de «cruzada ideológica». Y aunque mencionan algunos de los argumentos de Abascal y su partido, resaltan que la medida es acusada de buscar evitar que haya debate en las escuelas sobre temas como género, orientación sexual, feminismo o ecología. Señalan que se trata de la primera batalla ideológica del nuevo gobierno que se ha comprometido a revocarla. NOTICIA ACTUALIZADA: Le Monde señala que la extrema derecha españpola desafía al gobierno sobre la educación sexual en colegios y Les Echos de que Vox intenta imponer sus normas en la escuela pública.

The Guardian destaca la polémica en España por la política veto parental en las clases del partido de extrema derecha. El diario británico destaca en una crónica de su corresponsal Sam Jones que el gobierno de coalición español se ha comprometido a revertir la «autoritaria» iniciativa lanzada por Vox para que los padres pueda sacar a sus hijos de las actividades escolares que consideran que van «contra sus principios morales». Menciona que la formación de extrema derecha sostiene que su «pin parental» protege a los niños de ser expuestos a «valores éticos y sociales o de moral sexual o cívica», pero enfatiza que los críticos señalan que se trata de un intento de evitar el debate sobre genero, orientación sexual, feminismo o medio ambiente, ya que requiere el consentimiento para cualquier actividad que plantee cuestiones socialmente controvertidas o sobre sexo.

Le Figaro apunta que Vox está en «cruzada contra la ideología» en las salidas escolares. La noticia del rotativo francés es de Mathieu de Taillac y detalla cómo la pretensión de pedir a los padres autorización cada vez que el colegio organiza actividades ajenas a las clases ha provocado la primera gran batalla ideológica del nuevo gobierno español de Pedro Sánchez. Resalta que la polémica ha saltado tras pedir la formación de extrema derecha Vox que se imponga un «código PIN parental» para autorizar la asistencia de sus hijos a actividades escolares que van desde un taller de reciclaje a una lección de educación sexual o la visita a un asociación. Pero destaca que la izquierda y algunos medios de comunicación han calificado esta medida de «veto» y «censura» y desde el gobierno se denuncia la iniciativa de la extrema derecha.

The Telegraph subraya que el gobierno español se compromete a revocar la iniciativa de la extrema derecha que permite a los padres impedir que sus hijos asistan a clases «objetables». El periódico británico, en una información que firma James Badcock, explica que el gobierno de Murcia ha acordado la introducción de un veto parental propuesto por Vox que permite que los padres saquen a sus hijos de clases en las que se hable de asuntos de sexo o de género. Recoge las palabras de Santiago Abascal asegurando que el veto es necesario para «prevenir la corrupción de los menores» y que en las escuelas se «enseñan juego eróticos a niños de seis años». Pero enfatiza que el nuevo gobierno de coalición de izquierda ha respondido advirtiendo de que se trata de una medida «ilegal» y que defenderá el derecho de las escuelas a garantizar un educación diversa.

ACTUALIZACIÓN:

Le Monde señala que la extrema derecha española desafía al gobierno sobre la educación sexual en colegios. El diario francés explica en una crónica de Sandrine Morel que la imposición de Vox en Murcia de un derecho al veto parental es el «primer gran trofeo cultural» del movimiento de extrema derecha a cambio de su apoyo a la coalición en la región. Detalla cómo desde la vuelta al colegio, los padres pueden oponerse a que sus hijos asistan a actividades complementarias en horario escolar que traten la diversidad sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia machista, el racismo o la homofobia «o materias que toque cuestiones morales socialmente controvertidas», en palabras de Abascal. Pero enfatiza que el intento del «movimiento reaccionario y ultranacionalista» de ir más lejos y pedir que el «veto parental» se incluya en la ley de educación ha provocado una «viva controversia» con el gobierno central.

Les Echos apunta que la extrema derecha española quiere imponer sus normas en la escuela pública. El rotativo galo, en un artículo de su corresponsal Cécile Thibaud explica que Vox reivindica el derecho de veto de los padres para evitar enseñanzas contrarias a sus convicciones en materia de educación sexual, feminismo o anti-racismo. Recoge que en Murcia, el partido de extrema derecha se ha aprovechado de su posición de aliado necesario para imponer lo que llaman «pin parental» mientras en las redes sociales y gru`ps «circulan toda clase de rumores y bulos sobre supuestas actividades escolares escandalosas». Resalta que el gobierno se ha indignado por la iniciativa, pero señala que esta no hubiera pasado de ser una «simple provocación», si no fuera porque desde el PP, con Pablo Casado a la cabeza, la han aplaudido.

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