Hay cierta tendencia en este país a leer todos los acontecimientos de la actualidad en clave política-electoral. De ese modo el daño ecológico del vertido del Prestige, las muertes de inocentes en Irak, la falta de libertades en Afganistán o la educación que recibirán nuestros hijos terminan teniendo menos protagonismo que la bronca que ello genera entre PP y Psoe.

Hay cierta propensión al reduccionismo, al debate primario, a los titulares centrados en las peleas políticas y no en los asuntos que generan dichas peleas. Si un tema se convierte en objeto de disputa política tendrá garantizado su espacio en los medios de comunicación.

De este modo se habla de inmigración si Psoe y PP discuten de inmigración, pero apenas se da voz a los inmigrantes; se habla de operaciones militares en el exterior si PP y Psoe debaten sobre operaciones militares en el exterior, pero no se da protagonismo a quienes viven en primera línea las consecuencias de esas operaciones.

Lo mismo ocurre con cualquier otro tema presente en la realidad pero a menudo ausente en la realidad mediática, esa ilusión óptica que confundimos con el reflejo de nuestro mundo. Es la agenda setting: los políticos marcan la actualidad. Si ofrecen una conferencia tienen garantizado un espacio destacado en la prensa, radio y televisión.

La tarea periodística consiste en buscar la realidad más allá de los titulares confeccionados a medida por los asesores políticos; medir el ambiente de la calle y no solo el de los despachos; buscar en el centro y en la periferia de los pueblos y ciudades las repercusiones de las decisiones políticas; informar de la existencia de otros mundos ajenos a los de las grandes cuentas bancarias.

Sin embargo, no son pocos los medios de comunicación que ayudan a los políticos a marcar esa agenda setting en vez de guiarse por las reglas básicas del periodismo.

Ahora un nuevo tema de actualidad -las manifestaciones contra la impunidad del franquismo- corre el riesgo de verse reducido al cruce de acusaciones entre políticos. Mientras un sector de la sociedad civil pide ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos, para defender la recuperación de la Memoria Histórica, algunos políticos se tiran los trastos a la cabeza y se instalan en el �??y tú más�?�.

Unos acusan a sus rivales de presionar al poder judicial, los otros contestan recordando que los unos se manifestaron no hace tanto contra una decisión del Tribunal Supremo. Y buena parte de los medios de comunicación se centran en este debate político y no en las demandas de las víctimas y familiares del franquismo. Parece que el derecho a enterrar a los muertos sigue siendo algo secundario.

Los al menos 113.000 desaparecidos a causa de la represión franquista no se merecen ser víctimas de un debate público reduccionista.

Una política seria, reflexiva y a la altura de las circunstancias -junto con un buen trabajo periodístico- consistiría en analizar la situación y preguntarse por qué hoy, después de tantos años, un sector de este país sigue necesitando enterrar a sus muertos. Por qué los nietos de desaparecidos se preguntan aún dónde están sus abuelos. Qué puede hacer el Estado al respecto. De qué modo han sido abordados los crímenes de las dictaduras en otros países. Por qué es bueno no dar la espalda a la Historia.

Los Estados que han sufrido asesinatos y desapariciones masivas de ciudadanos viven un trauma subterráneo pero latente que solo se cura con tratamiento. La receta es fácil: verdad, justicia y reparación.

Mientras sigamos instalados en el olvido, en la impunidad y en el desprecio a las víctimas, este país seguirá siendo escenario de un fenómeno sociológico digno de estudio en las universidades. La negación del problema no resuelve el problema: lo perpetúa.

La clase política española tiene una buena oportunidad para mostrar elegancia y eficacia. Solo debe fijarse más en el desamparo de los familiares de las víctimas del franquismo y menos en cómo las demandas y manifestaciones contra la impunidad afectan a la popularidad de sus partidos.
Con los fusilados y desaparecidos no se hace marketing político ni se busca rentabilidad electoral.