El periodista Ignacio Escolar publica un interesante texto en estrelladigital.es sobre la acusación de Prevaricación contra Garzón. De nuevo, un simple vistazo a la jurisprudencia desmonta las teorías de quienes defienden que lo que hay contra Garzón es un asunto técnico-jurídico; sólo prevaricación. Mentira. El problema es que Garzón encontró el acta de defunción de Franco, sí, pero no el del franquismo.

«….La prevaricación es un delito que sólo pueden cometer los jueces, funcionarios públicos y autoridades administrativas; es un delito muy poco común, porque la mayoría de las ocasiones en las que un juez es acusado de prevaricar, las denuncias son archivadas. Contra Garzón, Manos Limpias ya había presentado otras 18 querellas antes, hasta ahora sin éxito.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la prevaricación sólo se produce cuando existe una actuación «tan patente y manifiesta, que pueda ser apreciada por cualquiera«.

«Es necesario que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad», – afirma una sentencia del Supremo, del 17 de junio de 1998.

«Sólo cabe prevaricación cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda al respecto, la resolución de que se trate carece de toda explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho», dice otra sentencia del supremo del 26 de junio de 1996.

Y en el caso de Garzón resulta difícil de argumentar esta actuación judicial «grosera y evidente» porque parte de los jueces de la sala de la Audiencia Nacional que en aquel momento estudiaron su competencia compartieron sus tesis. Es decir, que si Garzón prevaricó, también lo hicieron los otros magistrados que le apoyaron.

Aún en el caso de que un juez llegue a ser condenado por prevaricación, la doctrina del Tribunal Supremo suele ser bastante laxa. En 1986 absolvió al juez Jaime Rodríguez Hermida, que había convencido a otro compañero de la Audiencia Nacional de dejar en libertad al jefe de la Camorra Antonio Bardellina. Y más recientemente, el Supremo también ha dado un trato amable al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cohecho y prevaricación a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación como juez. Su delito lo merecía: había cobrado 73.800 euros de Juan Antonio Roca -el cabecilla de la trama corrupta marbellí destapada por la ‘operación Malaya’- a cambio de varias sentencias favorables.

El juez Urquía recurrió y le fue bien. El Tribunal Supremo rebajó la condena de cohecho a 21 meses de suspensión de empleo y eliminó la prevaricación. […]

Para más ironía, de lo más grosera y evidente, entre los firmantes de aquella sentencia que absolvió a Urquía de prevaricar está el propio Luciano Varela, el mismo que ahora ha ordenado que Garzón se siente en el banquillo por prevaricar.

Lo que está sucediendo contra el juéz Baltasar Garzón es simple y llanamente un golpe judicial, un golpe contra la democracia jurídica.

Ninguna democracia del mundo se puede construir sobre la impunidad. En efecto, como dice Hugo Martínez Abarca, el Juicio a Garzón tumba el mito de la «Transición modélica».

Si todos los jueces fueran como Baltasar Garzón, terroristas, narcotraficantes, golpistas,  dictadores, asesinos, corruptos y ladrones estarían entre rejas, así que solo nos queda preguntarnos ¿Quien, entonces, no quiere que Garzón siga siendo Juéz? y ¿Por qué?

España -argumentan- firmó una Ley de Amnistía en octubre del año 77. Sí, cuando los sacerdotes entraban a bendecir el dormitorio de los recién casados. Quienes se olvidan de aquello, se olvidan también de que nuestro país firmó pocos meses antes el Pacto internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. «Toda persona tiene derecho a un juicio justo y a asistencia Penal», -dice el tratado. ¿Pero quien asiste a las víctimas del Franquismo que piden reconocimiento y recuperar a los suyos? Sólo Baltasar Garzón.

Este es precisamente uno de los asuntos más obviados. No es Baltasar Garzón quien inicia las pesquisas para reparar los delitos cometidos durante la represión, -delitos perseguidos por el derecho internacional, que no prescriben-. Son las familias quienes le piden que lo haga.

Por eso la prensa extranjera no da crédito a lo que está sucediendo. No da crédito porque Garzón va a ser la primera persona en acabar en un banquillo por el Franquismo, como dice Nacho Escolar, pero no da crédito, sobre todo porque España, procesándole, incumple esos Convenios Internacionales.

¿Es la Prevaricación lo que terminará con el juez? No. Eso es falso y el que lo diga está mintiendo. Lo que se está llevando a Garzón por delante es haberse atrevido a investigar al PP con Gürtel e investigar el Franquismo.

Porque hablemos de prevaricaciones: ¿Confesarse amigo íntimo de un encausado y absolverle después es prevaricar? ¿Saben los ciudadanos, por ejemplo, que los jueces están obligados a personarse en fosas donde haya restos humanos? Así lo dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal -tiene sentido para que nadie aproveche una fosa para ocultar otro delito- ¿Saben cuantas veces han acudido los jueces? 5 veces….y eso que se han abierto 160 fosas, ¿eludir la Ley de Enjuiciamiento Criminal es prevaricar?

Pues bien. Hablemos claro. Perseguir a Garzón por estos asuntos es dar un golpe judicial y maquillar el franquismo. Quienes defienden su imputación pueden ignorar a Amnistía Internacional y a todos los organismos internacionales que se han pronunciado en contra. Pueden ignorar a las víctimas y no preocuparse de que puedan descansar junto a los suyos. Pueden incluso ignorar a toda la prensa internacional.

Por lo menos así habrá quedado claro para la historia y para los ciudadanos que mientras que universidades, policías, ejército, políticos, e instituciones, pasaron por la transición, solamente nuestra justicia pasó por encima de ella, como una apisonadora.  Que tengan suerte en los libros de historia: sus nombres figurarán en ellos.