Marie Cocco Sus columnas han ganado los premios de Associated Press, el Newswomen�??s Club of New York, el Sindicato de Periódicos de Nueva York, la Asociación de Editores del Estado de Nueva York y el Club de Prensa de Nueva York…   Otros columnistas del Washington Post en radiocable

Marie Cocco – Washington.  Ahora que muchos de nosotros hemos sido sableados, es momento de eliminar el término «reforma de las prestaciones sociales» del diccionario político.

La formulación es un monumento al oscuro arte de la desinformación. Su premisa es que «los derechos sociales» federales -es decir, la seguridad social, Medicare y Medicaid- están arruinando al país y lastrando a generaciones de jóvenes estadounidenses con el extraordinario peso de hacerse cargo de sus venerables padres y abuelos.

La gente se tragó la propaganda -al menos hasta que la juerga de consumo a crédito irresponsable, los bancos carroñeros y la especulación rampante empezaran a arruinar al país y lastraran a generaciones de estadounidenses, jóvenes y viejos. Ahora tenemos que desmantelar décadas de esta desinformación en torno a «la crisis de los derechos sociales» antes de que los legisladores puedan afrontar cualquier crisis a la que estemos realmente abocados.

En primer lugar, la seguridad social no forma parte de ello, y no lo ha formado nunca. Medicare y Medicaid no son lastres caros y pesados por ser «derechos sociales» sino porque forman parte del sistema de salud estadounidense que se va a pique — un sistema que es caro y pesado.

El Presidente Obama sabe esto. Pero sigue dando demasiada de su credibilidad a la idea convencional, modelada a través de décadas de retórica conservadora y respaldada por demasiados Demócratas, de que de alguna manera la crisis «de los derechos sociales» debe ser afrontada -y ya. Llamativamente, muchas de las personas que vienen advirtiendo a perpetuidad de esta crisis son las mismas lumbreras que decían que se podía solucionar abriendo cuentas privadas de ahorro para reemplazar en gran parte la prestación mensual garantizada que proporciona la seguridad social. Párese a pensar lo bien que habría salido eso.

¿Por qué tenemos que creer ahora a esta tropa?

Usted pensará que con los saldos de los planes de jubilación cada vez más escasos, los mercados inmobiliarios en caída libre y la economía en general tambaleándose, Obama tendría motivos de preocupación más acuciantes que la inquietud por solucionar un programa que lleva más de siete décadas funcionando correctamente. Pero en los preparativos de la cumbre «de responsabilidad fiscal» del lunes, el presidente trasladaba imprudentemente la opinión de que hay que arreglar la seguridad social -y pronto. A esa reunión invitó a algunos de los adivinos cuyos dogmas en materia de la seguridad social han demostrado equivocarse una y otra vez.

Al menos ahora sabemos que con 130 participantes, no es muy probable que esta «cumbre» vaya a dar lugar a resultados concretos. Y eso es bueno.

«La seguridad social es la parte fiscalmente más responsable de todo el presupuesto federal,» dice Nancy Altman, la que fuera una de los principales asesores de Alan Greenspan cuando la comisión encabezada por Greenspan en 1983 sí tuvo que evitar una crisis inminente de verdad. �??La seguridad social pasará en superávit las dos próximas décadas.�?�

Y más allá de eso, el sistema puede sufragar la prestación íntegra hasta el año 2040, según los administradores de la seguridad social – ó 2049, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

En lugar de alimentar el mito de que la seguridad social forma parte de una «crisis» de los derechos sociales, Obama debería aprovechar la coyuntura para refutarlo. Para hacerlo debe diferenciar retóricamente entre seguridad social y Medicare y Medicaid.

Aunque los costes se elevan acusadamente, esto no representa una crisis en Medicaid y ni siquiera en el sistema público de Medicaid destinado a los pobres. Es una crisis de la sanidad.

Estudios independientes han demostrado repetidamente que Medicare es igual de eficaz -más, en muchos sentidos- que la industria del seguro privado. La Kaiser Family Foundation, una organización de investigación sanitaria independiente, afirma que entre 1970 y 2005, el crecimiento del gasto por asegurado de Medicare anual ha rondado un punto porcentual menos que el crecimiento del gasto por parte de las aseguradoras privadas. Esta regla se cumple incluso si los ancianos pacientes de Medicare son mucho más dados a enfermar y necesitan más atención que la población joven atendida por las aseguradoras privadas.

De forma que el verdadero problema de la financiación de Medicare no se puede describir con precisión como gasto «desenfrenado» en derechos sociales. Es otro caso más de retórica política alejada de los hechos.

El Presidente afirma querer abordar los problemas presupuestarios a largo plazo que fueron descuidados -agravados, en la práctica- por su predecesor. No hay nada de malo en ello. Pero primero la opinión pública tiene que entender cuáles son realmente los problemas. Por el momento, no lo entiende. Eso se debe en parte a que la presente tesitura económica difícil exigirá probablemente años de gasto deficitario sólo para impedir que la tendencia bajista se agrave. Pero también se debe a que nos han bombardeado con falsas reclamaciones y advertencias exageradas sobre la seguridad social y Medicare que con frecuencia han venido de aquellos que ideológicamente son contrarios a estos programas en cualquiera de sus formas.

En lo que respecta a los derechos sociales, lo último que necesitamos es una «comisión de derechos.�?� Lo que necesitamos realmente es una comisión de la verdad.

Marie Cocco
© 2009, Washington Post Writers Group